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martes, 30 de junio de 2015

Información del B.O.E. del día 30 de junio de 2015 sobre personas jurídicas y físicas declaradas en Concurso de Acreedores.


- DECLARACIÓN DE CONCURSOS:

A CORUÑA 2: 143/15-L QUEIXERÍA ARZUANA, S.L. B-70.159.819 (AC: José Manuel Mosquera Santé, economista4490@yahoo.es)
A CORUÑA 2: 233/15-M REMANOSA, S.A.L. B-15255961 (AC: Luciano de Dios Teijeira, remanos@plade.es)
BARCELONA 9: 337/2015 C3 TACER TECNICS, S.L. B62833793 (AC: CROWE HORWATH CONCURSAL, S.L.P., EMILIO ÁLVAREZ PÉREZ concursotacer@crowehorwath.es)
BARCELONA 9: 286/2015 C5 OBITRANS MEDITERRANI, S.L. B-65531063 (AC: Miliners Concursal, S.L.P., Joaquín Bordas Montoliu, concursal@miliners.com)
BARCELONA 9: 187/2015 C4 CREACIONES GENUINE, SOCIEDAD ANÓNIMA, A-62521612 (AC: Rodrigo Cabedo Gregori info@cabedo.com)
BILBAO 2: 314/2015 J Y J SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 2012, SOCIEDAD LIMITADA B95680153 (AC: Mikel Iglesias Altolaguirre concursojjconstrucciones@audyge.com)
BURGOS: 375/2015 CENTRO ASISTENCIAL VILLALBILLA, S.L. B09349705 (AC: Francisco Martínez Beltrán de Heredia, fmb@abascalabogados.com)
CÁDIZ 1: 1151/2015 BOVEDILLAS CERÁMICAS ANDALUZAS, S.A. A-11609682 (AC: Leopoldo del Puerto Cabrera, leopoldodelpuerto@apasesores.net)
CIUDAD REAL: 0875 /2008 CONSTRUCCIONES MORALES ANDÚJAR, S.L. B-13299052  (AC: M.ª TERESA NÚÑEZ NAVARRO moralesandujar@btia-administradoresconcursales.es)

lunes, 29 de junio de 2015

Juicio cambiario. La demanda tan solo puede ir dirigida frente a quien haya estampado su firma en el título cambiario de que se trate, por lo que no invocar la teoría del levantamiento del velo para dirigir la acción cambiaria contra un tercero que no figura en el título como obligado a su pago.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (s. 14ª) de 28 de mayo de 2015 (D. RAMON VIDAL CAROU).

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SEGUNDO.- La doctrina del levantamiento del velo
Para una adecuada contextualización de la aplicación de esta doctrina conviene recordar que los pagarés traen causa del 'contrato de permuta de solar por edificación futura' que el día 30 de septiembre de 2005 celebraron el padre de las demandantes y la sociedad PRO-MAS CAHL, SL, que es la firmante de los pagarés que nos ocupan, y que la parte actora dirige su demanda también frente a la sociedad PASCAR HOUSE por cuanto es la actual propietaria de dicho solar a título de 'aportación social' materializada en escritura pública de 31 de julio 2009 la cual daba cumplimiento a los acuerdos de ampliación de capital social acordados en esta última sociedad la cual, en aquellos momentos, tenía como socio único a la mercantil PRO-MAS CAHL SL
La jurisprudencia se ha hecho eco de la llamada teoría del levantamiento del velo en reiteradas ocasiones. La STS de 9 de noviembre de 1998 señala como en ciertos casos y circunstancias es permisible penetrar en el substratum personal de las entidades o sociedades a las que la Ley confiere personalidad jurídica propia, con el fin de evitar que, al socaire de esa ficción o forma legal -de respeto obligado, por supuesto- se puedan perjudicar ya intereses privados o públicos, o bien ser utilizada como vehículo de fraude. Y la reciente STS de 3 de Enero del 2013 señalaba que "el hecho de que nuestro ordenamiento jurídico reconozca personalidad a las sociedades de capital, como centro de imputación de relaciones jurídicas, y sea la sociedad la que deba responder de su propio actuar (...) no impide que, "excepcionalmente, cuando concurren determinadas circunstancias -son clásicos los supuestos de infracapitalización, confusión de personalidades, dirección externa y fraude o abuso- sea procedente el «levantamiento del velo» a fin de evitar que el respeto absoluto a la personalidad provoque de forma injustificada el desconocimiento de legítimos derechos e intereses de terceros" (...) pero, como recordábamos en la Sentencia 326/2012, de 30 de mayo, la jurisprudencia insiste en que este remedio tiene carácter excepcional y por ello debe aplicarse de forma restrictiva (...). La norma general ha de ser respetar la personalidad de las sociedades de capital y las reglas sobre el alcance de la responsabilidad de las obligaciones asumidas por dichas entidades, que no afecta a sus socios ni administradores, salvo en los supuestos expresamente previstos en la Ley. Este carácter excepcional del levantamiento del velo exige que se acrediten aquellas circunstancias que ponen en evidencia de forma clara el abuso de la personalidad de la sociedad. Estas circunstancias pueden ser muy variadas, lo que ha dado lugar en la práctica a una tipología de supuestos muy amplia que justificarían el levantamiento del velo, sin que tampoco constituyan numerus clausus. En cualquier caso, no pueden mezclarse un tipo de supuestos con otro, pues en la práctica cada una de ellos requiere sus propios presupuestos y, además, pueden conllevar distintas consecuencias"

Información del B.O.E. del día 29 de junio de 2015 sobre personas jurídicas y físicas declaradas en Concurso de Acreedores.


- DECLARACIÓN DE CONCURSOS:

ALICANTE 3 (ELCHE): 268/2015 VALLEMAR URBANA DEL MEDITERRÁNEO, S.L. B-53583126 (AC: Francisco Gonzalvez Diez, mng@mngabogados.com)
BARCELONA 4: 320/2015-I VENDA MATERIAL D'AIRE CONDICIONAT, S.L. B63793558 (AC: Rodríguez & Sapena Concursalistas, SLP, vendamaterial@concursalistas.com)
LOGROÑO: 324/2015 TRAMITACION DE RESIDUOS, S.L. B26332767 (AC: FERNANDO RUBIO GÓMEZ, concursotres@serte.es)
MADRID 9: 296/2015 BULLTECH ELECTRONIC PRODUCTS, S.L. (AC: CÉSAR DÍAZ ARAGONESES, cesardiazarag@gmail.com)
MADRID 9: 387/2015 EDICIONES DIGITALES INTEGRADAS, S.L. B-8017455084 (AC: Tomás Bravo Pascual, tomás.bravo.ac@gmail.com)
MADRID 10: 332/2015 VÉRTICE INTERLAND, S.L.U. B-84202993  (AC: José Antonio Sánchez Pérez, concursosdeacreedores@gmail.com)
MURCIA 1: 235/2015 SUCESORES DE LUIS CREMADES, S.A. A30035547 (AC: FUENTES Y MAIQUEZ ABOGADOS, S.L.P., despacho@fuentesymaiquez.com)

domingo, 28 de junio de 2015

Medidas cautelares. Solicitud de suspensión de la aplicación de la cláusula suelo mientras se tramita la demanda de nulidad de la misma. Se desestima por no cumplirse uno de los presupuestos, es decir, la existencia de "periculum in mora".

Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Málaga de 3 de junio de 2015 (Dª. MARIA DEL ROCIO MARINA COLL).

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PRIMERO.- El proceso cautelar es un instituto basado en la tutela judicial efectiva, que podría verse perjudicada de no establecerse un instrumento ágil de toma de decisiones para evitar que la lentitud tradicional de los procedimientos judiciales pueda dar al traste con la efectividad de los derechos que el ordenamiento jurídico trata de proteger. Sólo desde su consideración de instrumento al servicio de la tutela judicial efectiva (derecho fundamental reconocido en el art. 24 de la Constitución) puede comprenderse la verdadera esencia de las medidas cautelares y de los presupuestos de su adopción, que son los siguientes:
1º Fumus boni iuris, o lo que es lo mismo, apariencia de buen derecho.- Este requisito hace referencia a la existencia una situación jurídica cautelable, merecedora de protección (art. 728.2 LEC: "el solicitante de medidas cautelares también habrá de presentar los datos, argumentos y justificaciones documentales que conduzcan a fundar, por parte del tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión. En defecto de justificación documental, el solicitante podrá ofrecerla por otros medios").
2º Periculum in mora (728.1 de la LEC), es decir, peligro de que, por la lenta tramitación de los procesos judiciales, el derecho que pretende ver reconocido la actora pueda quedar perjudicado.
Asimismo, el artículo 728.1, párrafo segundo establece que " No se acordarán medidas cautelares cuando con ellas se pretenda alterar situaciones de hecho consentidas por el solicitante durante largo tiempo, salvo que este justifique cumplidamente las razones por las cuales dichas medidas no se han solicitado hasta entonces." 3º Constitución de una caución o garantía para poder atender a los daños y perjuicios que se puedan ocasionar al demandado para el caso de que con posterioridad se ponga de manifiesto que la medida carecía de fundamento.-

Procesal Penal. Auto que ordena continuar las actuaciones por los trámites del proceso abreviado. Naturaleza. Requisitos. El Juzgador debe realizar un encaje jurídico o calificación provisoria de los hechos punibles, de modo que puedan ser subsumidos en uno o varios tipos penales, sin que esté obligado el Juzgador a acertar en dicha calificación, pues tiene carácter provisional y no es a él, sino al Ministerio Fiscal y a las Acusaciones personadas, a las que les corresponde ejercer la labor acusatoria.

Auto de la Audiencia Provincial de Les Illes Balears (2ª) de 2 de junio  de 2015 (D. Diego Jesús Gómez-Reino Delgado).

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PRIMERO.- (...) Al respecto de las imputaciones que el auto apelado vierte y especialmente con relación al de delito electoral que supuestamente se atribuye cometido al recurrente Juan Antonio y por el que se ha decretado la apertura de juicio oral, cabe significar que el auto transformador no tiene otro objeto que delimitar objetiva y subjetivamente el proceso.
La delimitación objetiva supone la fijación de los hechos punibles y la importancia de este elemento factual resulta esencial porque garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva y ello por dos motivos. En primer lugar, porque con el dictado de esta resolución se pone fin a la actividad instructora y una vez firme ya no cabe la práctica de nuevas diligencias de investigación, a salvo de la posibilidad limitada que asiste a las acusaciones para solicitar la práctica de diligencias complementarias que sean imprescindibles para formular la calificación. Y, en segundo lugar, porque los hechos así fijados, esencialmente, serán los que, en su caso, habrán de ser objeto de calificación provisional por las partes y de enjuiciamiento posterior en el acto del juicio oral, pues esta vedado después en el juicio realizar modificaciones sustanciales a fin de evitar que se produzca indefensión en los acusados. Por eso mismo, resulta irrelevante e intrascendente que el Juez y las partes acusadoras e incluso las defensas discrepen a la hora de efectuar la calificación jurídica que se haga de tales hechos.
Y en lo que respecta a la delimitación subjetiva, implica la identificación de los distintos sujetos pasivos imputados y su relación con los hechos punibles. Obvio es, que este aspecto comporta la asunción por el Juez instructor de que existen indicios racionales de la conexión de un hecho con apariencia de delito y de la participación en el mismo, ya directa o indirecta, de los distintos sujetos encausados, mas la presencia de tales indicios ha de ser examinada y contemplada desde la óptica de la mera probabilidad o posibilidad de su participación criminal, pero no exige un principio de certeza absoluta o de seguridad en la imputación, porque el auto de transformación no comporta ni supone un juicio anticipado de culpabilidad, ni compromete la presunción de inocencia que ampara al imputado, que solo y únicamente se destruye a través de las pruebas a practicar en el acto del juicio oral con las debidas garantías procesales y sometimiento en su obtención a los principios de oralidad, publicidad, contradicción e inmediación.

sábado, 27 de junio de 2015

Nulidad de contrato Clip Hipotecario BANKINTER. Magnífica sentencia que contiene un estudio recopilatorio de la jurisprudencia y doctrina sobre las obligaciones de las entidades financieras al comercializar productos financieros complejos y el error del consentimiento derivado del incumplimiento de dichas obligaciones.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (s. 25ª) de 27 de mayo de 2015 (D. Ángel Luis Sobrino Blanco).

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PRIMERO.- La adecuada resolución del litigio sometido a la consideración de este tribunal de apelación exige efectuar, con carácter previo, determinadas precisiones de carácter técnico jurídico sobre la ineficacia, en general, de los negocios jurídicos; entendiendo por ineficacia, la reacción sancionadora del ordenamiento jurídico frente a un negocio jurídico irregular.
Desde esta perspectiva, ha de recordarse que todo negocio jurídico puede venir ineficaz por la concurrencia de alguna de las siguientes causas:
I.- Por su NULIDAD RADICAL y absoluta -inexistencia-: Es la máxima sanción que establece el ordenamiento jurídico, porque niega al negocio la posibilidad de producir consecuencias jurídicas: QUOD NULLUM EST, NULLUM EFFECTUM PRODUCIT.
II.- Por su NULIDAD RELATIVA o anulabilidad: Su característica principal es que el negocio jurídico produce sus efectos desde el momento de su perfección, como cualquier otro negocio normal o regular; pero tales efectos son claudicantes, es decir, que la eficacia negocial se destruye por el ejercicio de la acción de anulabilidad o bien se hace definitiva por la confirmación del mismo negocio (que le sana del vicio del que adoleciere) o por la caducidad de aquella acción, que no se ejercita en el plazo legal.
III.- Por su RESCINDIBILIDAD: La rescisión es la ineficacia sobrevenida de un negocio jurídico al cual no le falta ninguno de sus elementos esenciales ni hay vicio en ellos, como tampoco adolece de ausencia de alguno de los presupuestos que su tipo negocial requiere. Supone la existencia de un negocio jurídico perfectamente válido y regularmente celebrado, pero que contribuye a obtener un resultado injusto, inicuo o contrario a Derecho: produce un fraude de acreedores o una lesión. Y, por esta razón, y por el perjuicio que supone para determinadas personas, el ordenamiento jurídico concede una acción (acción rescisoria) para hacer cesar su eficacia. Acción que tiene carácter subsidiario, ya que sólo cabe acudir a su ejercicio cuando no se pueda reparar el perjuicio por ningún otro medio, y que está sujeta a un plazo legal de caducidad.


Información del B.O.E. del día 27 de junio de 2015 sobre personas jurídicas y físicas declaradas en Concurso de Acreedores.


- DECLARACIÓN DE CONCURSOS:

CÁCERES: 729/2013 JOSÉ CARLOS ROJO SÁNCHEZ Y MARÍA LUISA SÁNCHEZ Botejara (AC: Celestino Sánchez-Oro Sánchez, sanchezoro.ac@gmail.com)
A CORUÑA 1: 224/2015-da IMAXEN-DOUS PELUQUEIRAS, S.L. B15743412 (AC: Olga Pedreira Ferreño, pedreirasantamariaavogadas@gmail.com)
ALICANTE 3 (ELCHE): 258/2015 HERMANOS BELMONTE, SOCIEDAD LIMITADA B03298940 (AC: Francisco Javier Durán Díaz, concurso.hbelmonte@insolvenzy-legal.com)
ALICANTE 2: 359/2015-MJ RAFAEL VILAPLANA SANMIGUEL 21.688.574-B (AC: Ángel Pedro Ponce Vicente, a.p.ponce.vicente@coev.com)
BARCELONA 7: 692/2014-G FUNDACIÓ PRIVADA HOPITAL SANT JAUME I SANTA MAGDALENA DE MATARÓ G-08.477.788 (AC: CANSECO Y CEPEDA AUDITORES, S.L., Miguel Valdes-Hevia Temprano, b7692@cansecoycepeda.com)
BARCELONA 6: 348/2015 FRUITES DACHS, S.A. A-58254822 (AC: Compas Concursal, S.L.P., Angels Roqueta Rodríguez, info@compasconcursal.com)
BARCELONA 5: 454/2015 6 TEMAS V, S.A. A58533076 (AC: BMR ADVOCATS I ECONOMISTES, S.L.P. temasv@bmrconcursal.com)
BARCELONA 5: 179/2014-8 ABRILSET, S.L. B-63294862 GRUPO BÉTULO conclusal SLP (AC: José Antonio Regalado Morillas, comunicaciones@grupobetulo.com)
BARCELONA 1: 241/2015G DISEÑO Y CONFORT NORESTE, S.L. B62878400 (AC: Jaume Alonso-Cuevillas Sayrol, disenoyconfortnoreste@acgconcursal.com)
BARCELONA 2: 470/2015 PROVISUR GENERAL SHIP CHANDLER, S.L. B21502307 (AC: Jordi Gras Sagrera, jordi.grasisagrera@es.ey.com)

viernes, 26 de junio de 2015

Civil. Daños a una vivienda causados por el incendio de un vehículo estacionado en la calle. Legitimación pasiva de la entidad aseguradora del vehículo al entender que constituye un hecho de la circulación. Acreditado el origen del siniestro, el incendio del vehículo, la negligencia del dueño del coche se presume, presunción iuris tantum que ha de desvirtuarse o probando que el incendio ha sido totalmente ajeno a su coche o que ha existido la intervención de un tercero, o que se ha dado un supuesto de fuerza mayor.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (s. 18ª) de 28 de mayo de 2015 (D. Jesús Celestino Rueda López).

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PRIMERO.- Con fundamento legal en los arts. 1902 y 1903 C.c. y 43 y 76 LCS se ejercitó en su día por la aseguradora demandante como subrogada en los derechos de su asegurada Ipega S.L. propietaria de la vivienda unifamiliar sita en La Moraleja (Alcobendas) c/ Vereda del Altozano nº 1, una acción personal de reclamación de cantidad en repetición de la suma de 50.805,07.- € abonados por la misma a su asegurada para la reparación de los daños sufridos en la citada vivienda consecuencia del incendio del vehículo....-PWG estacionado junto a la misma en el interior de la parcela en que se encuentra edificada, acción dirigida tanto contra el propietario del citado vehículo como contra la aseguradora de éste, pretensiones a las que se formuló oposición por ambos demandados, alegando con carácter previo la aseguradora su falta de legitimación causal al no haberse causado el siniestro por hecho de la circulación y por ende no ser objeto de la cobertura pactada referida al seguro obligatorio de vehículos de motor y al voluntario complementario de éste, siendo dictada sentencia en la instancia por la que se estimaba en su integridad la demanda e interponiéndose por la aseguradora demandada el recurso que es ahora objeto de consideración por esta Sala y que ha venido a fundamentarse en su discrepancia con la valoración probatoria efectuada en la instancia al considerar que el vehículo no estaba estacionado sino depositado en la finca no siendo por ello objeto de cobertura y en la, a su juicio, también errónea valoración de la prueba en la aplicación del los arts. 1902 y 1903 C.c. al no haberse acreditado la causa del siniestro.
SEGUNDO.- Planteada en tales términos la cuestión en esta alzada, es clara la improsperabildad del recurso puesto que no existe prueba alguna acreditativa de la existencia de un contrato de depósito entre la entidad propietaria de la vivienda y el titular del vehículo incendiado. Ni de la declaración del propietario del vehículo ni del detective que emitió en informe obrante en autos se deriva algo distinto a la existencia de un mero consentimiento para que el primero estacionase su vehículo en el interior de la parcela en que se halla la vivienda dañada, sin que exista ni traslado posesorio ni por ende obligación alguna de restitución de una posesión no transferida, como tampoco contraprestación alguna, que conste; y aunque es cierto que el artº. 1760 C.c. configura el depósito como un contrato gratuito, salvo que se haya pactado lo contrario, tampoco lo es que ninguna ventaja percibía la entidad mercantil propietaria de la vivienda a cambio de que el codemandado dejara en la parcela el vehículo por lo que no puede sino en la más pura lógica concluirse que se trataba de una mera tolerancia el facilitar el estacionamiento del vehículo en tal lugar quedando bajo la exclusiva responsabilidad de su propietario los daños que pudieran producirse. Y por otra parte ninguna afirmación concreta manifiesta la recurrente como efectuada por la testigo Sra. Magdalena (propuesta y citada como tal en nombre propio y no como representante de Ia sociedad titular de la vivienda dañada) en la que se reconozca la existencia de un contrato de depósito como algo distinto a una mera autorización de estacionamiento.
Por lo tanto, siendo obvio que el vehículo estaba estacionado en tal lugar, es de aplicación la doctrina sentada por el TS en su sentencia de 6 de febrero de 2012, en litigio en el que era también parte Mapfre, en cuya virtud "...Con respecto a lo que debe entenderse por hecho de la circulación, de lo afirmado por esta Sala en STS de 2 de diciembre de 2008 (en un intento de fijar doctrina uniforme ante la casuística existente en esta materia), se desprende que, si la regla general es considerar como tal las situaciones en las que el vehículo se encuentra en movimiento, no obstante lo anterior, ningún obstáculo legal ni -como veremos- jurisprudencial existe, para calificar también como hechos de la circulación los siniestros que acontezcan durante paradas ocasionales en la ruta seguida por el vehículo -ya sea por exigencias del propio trayecto, ya sea por exigencias legales, para facilitar el debido descanso del conductor-, ni para considerarlos incluidos en el ámbito del seguro obligatorio de responsabilidad civil (como acontecería de haberse producido con el vehículo en marcha y circulando). Según esta interpretación, no cabe deducir automáticamente la inexistencia de riesgo derivado de su conducción de la simple constatación de que el vehículo se encuentre parado..." y concluye "...La duda que pudiera subsistir tras la lectura de los anteriores preceptos acerca de la posibilidad de compatibilizar la situación de aparcamiento o estacionamiento del vehículo con el concepto de hecho de la circulación se resuelve acudiendo a las previsiones del RDL 339/1990 de 2 de marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos de Motor y Seguridad Vial, habida cuenta que la situación de aparcamiento o estacionamiento está expresamente regulada en la Sección 7.ª, Capítulo II del Título II, artículos 38 y siguientes.
En virtud de los razonamientos expuestos resulta razonable concluir que el estacionamiento o aparcamiento de un vehículo merece la consideración de hecho de la circulación, por extenderse esta situación a cualquiera que derive del uso del vehículo. De esta forma, el riesgo objeto de aseguramiento obligatorio debe comprender, además del ligado a su desplazamiento, también el eventual riesgo que para terceros puede derivar de su incendio, por razón del empleo de sustancias inflamables y de elementos eléctricos para su normal funcionamiento....De ahí que la jurisprudencia existente en sentido contrario no constituya un precedente, merezca ser objeto de una interpretación muy restrictiva y resulte inhábil para resolver correctamente supuestos distintos de los enjuiciados, caracterizados, como común denominador, por contemplar a un vehículo que se hallaba definitivamente fuera de la circulación...".
Procede, pues, la desestimación del primer motivo de recurso.
TERCERO.- E igual suerte desestimatoria ha de correr el segundo de los motivos de apelación en relación con la sedicente errónea valoración de la prueba en relación con la aplicación de los arts. 1902 y 1903 C.c. puesto que no existe duda alguna de que es el propietario y por ende la compañía de seguros del vehículo donde se originó el fuego quien debe indemnizar los daños a la aseguradora que, por asegurar la vivienda dañada por tal fuego, indemnizó a su propietaria por tales daños, y ello porque no se da un supuesto de caso fortuito ni ausencia de relación de causalidad al darse la presunción, próxima a la doctrina de la responsabilidad objetiva, de que si un vehículo se incendia debe ser porque no tiene un mantenimiento adecuado o que se ha producido una avería, lo que no dispensa ni justifica el causar daños a los vehículos estacionados en su proximidad a los cuales se propaga el fuego o a las viviendas aledañas, con lo que acreditado el origen del siniestro, el incendio del vehículo hecho claramente probado, la negligencia del dueño del coche se presume, presunción iuris tantum que ha de desvirtuarse o probando que el incendio ha sido totalmente ajeno a su coche o que ha existido la intervención de un tercero, o que se ha dado un supuesto de fuerza mayor, lo que desde luego no se ha probado.
Efectivamente, es doctrina jurisprudencial consolidada, de la que son muestra las STS de 27 de febrero de 2003, 5 de marzo de 2007, y 14 de junio de 2013, reproduciendo ésta la contenida en las anteriores de 22 de mayo de 1999 y 31 de enero de 2000 que, aun en los casos de desconocimiento del origen del incendio, se excluye la aplicación automática de la exención de responsabilidad por caso fortuito, tanto por el control que todo poseedor ejerce o puede ejercer sobre las cosas que utiliza como por las dificultades de lograr la prueba de la concurrencia de los factores que posibilitan imputarle la pérdida o destrucción de aquellas, así como la admisibilidad de un grado razonable de probabilidad cualificada, sin precisión de la certeza absoluta, para considerar lograda la reconstrucción procesal de la relación causal, todo lo cual ha llevado, con carácter general, a rechazar una equiparación entre desconocimiento de la causa del incendio y caso fortuito y a aplicar con criterios correctores las reglas sobre la carga de la prueba en este tipo de casos, constituyéndose una presunción de culpa, derivada de dicha doctrina jurisprudencial, cuya destrucción corresponde, exclusivamente, a la parte demandada que afirma el origen fortuito del incendio y la indeterminación de su causa.

Y en el presente caso como precisamente no se ha acreditado cual sea la causa del incendio, como bien afirma la recurrente, ni se ha afirmado la concurrencia de caso fortuito ni se ha alegado ni menos probado la intervención de tercero o de un hecho natural ajeno a cualquier intervención humana, es claro que no se ha destruido tal presunción derivada de que el incendio se produjo dentro del círculo de actividad sometido a control y vigilancia del demandado propietario del vehículo, por lo que en ningún error valorativo incurrió la sentencia recurrida, que por ello ha de confirmarse, desestimándose el recurso formulado con imposición a la recurrente de las costas procesales causadas en esta alzada, ex artº. 398 LEC. 

Concursal. Arts. 164 y ss. LC. Concurso culpable. Comisión de irregularidades contables relevantes. Retraso en la solicitud de concurso. Responsabilidad por déficit concursal.


Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid de 1 de junio de 2015 (D. Francisco Javier Vaquer Martín).

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SEGUNDO.- Calificación del concurso.
A.- Con carácter previo a entrar en el examen de la valoración de las propuestas de calificación formuladas por la Administración concursal y Ministerio Fiscal -en su caso-, debe significarse que la finalidad de la sección 6ª es la de calificar el concurso como fortuito o culpable y en este último supuesto determinar las personas afectadas por la calificación y, en su caso, cómplices, estableciendo una serie de pronunciamientos sobre los efectos personales y patrimoniales que la declaración culpable del concurso conlleva.
Frente al Derecho histórico - Art. 886 y Art. 887 del Código de Comercio - donde se recogía una definición legal de la quiebra fraudulenta, la legislación concursal vigente no define el concurso fortuito, limitándose a afirmar en el Art. 163.2 L.Co. que "... el concurso se calificará como fortuito o como culpable...", por lo que debe concluirse que deben incluirse dentro de su ámbito todos aquellos no calificables de culpables; concurso culpable que sí define la Ley Concursal (en adelante L.Co.).
B.- Al concurso culpable se refiere el artículo 164.1 de la LC, que señala que "... el concurso se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de hecho...".
Ello implica que el legislador no atribuye a la previa y necesaria situación de insolvencia un carácter peyorativo, negativo o perjudicial que pueda justificar por sí sola una reacción sancionatoria de la Ley Concursal; resultando que tal régimen sancionador encuentra su justificación y fundamento en la propia conducta [desvalor de la acción] del deudor común (dolo y culpa grave) y en el resultado [desvalor del resultado] consistente en el agravamiento o causación de tal estado de insolvencia.

Concursal. Art. 84.5 LC. Calificación, como crédito contra la masa o como crédito concursal, de las indemnizaciones por extinción fijadas con posterioridad a la declaración de concurso pero que tienen su origen en hechos o causas anteriores a la declaración de concurso.


Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia de 2 de junio de 2015 (D. FRANCISCO CANO MARCO).

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SEGUNDO.- Resuelto lo anterior, y entrando a conocer sobre el fondo del asunto, FOGASA impugna los textos definitivos del informe por considerar 1) que dicho organismo ha abonado en concepto de indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo la suma de 848.208,97 euros. 2) que dicha suma debe ser calificada como crédito contra la masa en el que ha quedado subrogado el FOGASA al tratarse de extinción de contratos acordada con posterioridad a la declaración de concurso. 3) subsidiariamente, que el citado importe sea calificado en su totalidad con privilegio general.
(...)
TERCERO.- En segundo lugar, estima FOGASA que dichas sumas deben ser calificadas como créditos contra la masa por considerar que corresponden a extinciones acordadas entre las partes con posterioridad a la declaración de concurso, siendo que la administración concursal postula su consideración como créditos concursales dado que corresponden a peticiones de extinción por hechos anteriores a la declaración de concurso, en concreto, las peticiones se referían a impagos de enero de 2013 a marzo de 2014 y el concurso se declara el 7 de febrero de 2014.
Se plantea por las partes del presente incidente la compleja cuestión de la calificación, como crédito contra la masa o como crédito concursal, de las indemnizaciones por extinción fijadas con posterioridad a la declaración de concurso pero que tienen su origen en hechos o causas anteriores a la declaración de concurso.

Información del B.O.E. del día 26 de junio de 2015 sobre personas jurídicas y físicas declaradas en Concurso de Acreedores.


- DECLARACIÓN DE CONCURSOS:

BURGOS: 99/2014 ÍÑIGO AYUSO MARTÍN 131444501R (AC: Judith Bailón Sánchez, creditos@verdesabogados.com)
LEÓN: 1288/2015 ROEL HISPÁNICA, S.A. A24056319  (AC: IRAGO CONCURSAL, S.L.P., dizvarela@irago.pro)

SORIA: 169/2015 MEVION TECHNOLOGY, S.L. B85779775 (AC: DE MIGUEL, LA FUENTE, SOTO ASOCIADOS, SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL, santiago@elitemultigestion.com)

jueves, 25 de junio de 2015

Extinción de un contrato de concesión o distribución. Compensación por clientela. El demandante que pretenda esta indemnización por clientela debe probar la efectiva aportación de clientela y su potencial aprovechamiento por el concedente.

Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2015 (D. IGNACIO SANCHO GARGALLO).

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16. Desestimación del motivo tercero. La jurisprudencia de esta Sala se halla contenida en la sentencia de Pleno 1392/2007, de 15 de enero de 2008: «en los casos de extinción de un contrato de concesión o distribución, la compensación por clientela y la aplicación analógica de la idea inspiradora del art. 28 LCA no pueden obedecer a criterios miméticos o de automatismo. Lejos de ello, como la jurisprudencia viene reiterando sin fisuras, el demandante que pretenda aquella compensación habrá de probar la efectiva aportación de clientela y su potencial aprovechamiento por el concedente, del mismo modo que corresponderá a los tribunales ponderar todas las circunstancias del caso, como en especial sería la integración o no del concesionario en una red comercial que aproxime significativamente su posición a la del agente». En sentencias posteriores nos hemos hecho eco de esta doctrina, sin perjuicio de su aplicación al caso concreto (Sentencias 239/2010, de 30 de abril; 457/2010, de 12 de julio; y 149/2011, de 3 de marzo).
En realidad, como afirmamos en la Sentencia 569/2013, de 8 de octubre, «lo que puede justificar la compensación no es la discutida semejanza entre el contrato de agencia y el de distribución, cuyas diferencias han sido expuestas por esta Sala en otras ocasiones (Sentencias 897/2008, de 15 de octubre; y 88/2010, de 10 de marzo), sino que el propio contrato obligue a considerar como "activo común" la clientela creada o acrecentada gracias al esfuerzo del distribuidor y no exista previsión contractual sobre su liquidación».
En cualquier caso, y este es realmente el punto controvertido en este motivo de casación, en esta jurisprudencia se afirma que el demandante que pretenda esta indemnización por clientela debe probar la efectiva aportación de clientela y su potencial aprovechamiento por el concedente (Sentencias 652/2008, de 9 de julio; 904/2008, de 15 de octubre; 28/2009, de 21 de enero; y 560/2012, de 2 de octubre).


Interpretación de los contratos. El sentido literal, como criterio hermenéutico, es el presupuesto inicial, en cuanto que constituye el punto de partida desde el que se atribuye sentido a las declaraciones realizadas, se indaga la concreta intención de los contratantes y se ajusta o delimita el propósito negocial proyectado en el contrato.

Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2015 (D. IGNACIO SANCHO GARGALLO).

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13. Desestimación de los motivos primero y segundo. Como hemos hecho en otras ocasiones, debemos partir de dos consideraciones previas. La primera se refiere al alcance de la revisión en casación de la interpretación realizada en la instancia: la interpretación de los contratos constituye una función de los tribunales de instancia, y la realizada por estos ha de prevalecer y no puede ser revisada en casación salvo cuando sea contraria a alguna de las normas legales que regula la interpretación de los contratos o se demuestre su carácter manifiestamente ilógico, irracional o arbitrario (Sentencias 524/2013, de 23 de julio, y 252/2014, de 14 de mayo).
La segunda versa sobre el sentido de las reglas legales de interpretación de los contratos, de conformidad con la finalidad de la interpretación, tal y como se viene entendiendo por la jurisprudencia (Sentencias 294/2012, de 18 de mayo, y 27/2015, de 29 de enero).
El principio rector de la labor de interpretación del contrato es la averiguación o búsqueda de la voluntad real o efectivamente querida por las partes. Esta búsqueda de la intención común de las partes se proyecta, necesariamente, sobre la totalidad del contrato celebrado, considerado como una unidad lógica y no como una mera suma de cláusulas, de ahí que la interpretación sistemática (art. 1285 CC) constituya un presupuesto lógico-jurídico de esta labor de interpretación.
No obstante, el sentido literal, como criterio hermenéutico, es el presupuesto inicial, en cuanto que constituye el punto de partida desde el que se atribuye sentido a las declaraciones realizadas, se indaga la concreta intención de los contratantes y se ajusta o delimita el propósito negocial proyectado en el contrato.

Concursal. Art. 165.1 LC. Sección de calificación. Concurso culpable. Retraso en la solicitud de concurso. Alcance de la presunción del art. 165.1 LC. Condena a la cobertura del déficit concursal y a inhabilitación.


Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2015 (D. Rafael Sarazá Jimena).

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QUINTO.-Decisión de la Sala. El alcance de la presunción del art. 165.1 de la Ley Concursal
1.- Es doctrina jurisprudencial consolidada la que afirma que el art. 165.1 de la Ley Concursal es una norma complementaria de la del artículo 164.1. Contiene efectivamente una concreción de lo que puede constituir una conducta gravemente culpable con incidencia causal en la generación o agravación de la insolvencia, y establece una presunción "iuris tantum" [que puede desvirtuarse mediante prueba en contrario] en caso de concurrencia de la conducta descrita, el incumplimiento del deber legal de solicitar el concurso, que se extiende tanto al dolo o culpa grave como a su incidencia causal en la agravación de la insolvencia (sentencias de esta Sala núm. 259/2012, de 20 de abril; 255/2012, de 26 de abril; 298/2012, de 21 de mayo; 459/2012, de 19 de julio, 122/2014, de 1 de abril, y 275/2015, de 7 de mayo).
2.- Se trata, por otra parte, de una consecuencia lógica del principio "id quod plerumque accidit" [lo que normalmente sucede], puesto que el retraso en solicitar la declaración del concurso suele provocar una agravación de la insolvencia del concursado, por lo que sin necesidad de tal presunción legal, la carga de la prueba de que tal agravación no se ha producido recaería también sobre las personas afectadas por la calificación por cuanto que se trataría de un hecho excepcional.
Recurso de casación
SEXTO.- Formulación del primer motivo de casación
1.- El epígrafe que encabeza este primer motivo es el siguiente: « Al amparo del art. 477.3 en relación con el art. 477.1 y 477.2.3º de la LEC, por haber infringido la sentencia recurrida el artículo 164.1 de la Ley Concursal y la Doctrina Jurisprudencial emanada en torno a la misma por la Sala Civil del Tribunal Supremo ».
2.- Los argumentos que se exponen como fundamento del motivo consisten, resumidamente, en que en atención a las dudas admitidas, esas dudas deberían pesar más que la presunción de dolo o culpa grave, y que además no se ha probado que ese retraso en la solicitud de la declaración de concurso agravara la insolvencia.

Demanda de responsabilidad extracontractual. El plazo de prescripción de un año, cuando ha habido un previo un proceso penal, comenzará en el momento en que la sentencia penal absolutoria o el auto de sobreseimiento hayan adquirido firmeza. Excepcionalmente, si en las actuaciones penales se ha dictado auto de cuantía máxima, el plazo de prescripción comenzará a correr a partir de que dicho auto se haya notificado. Sin embargo, esto no implica que pueda hacerse regla general de la excepción y dilatar indefinidamente el comienzo del cómputo del plazo de prescripción en los casos en que no se hubiera dictado ese auto, ni tan siquiera se sabe si llegará a dictarse.

Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de junio de 2015 (D. José Antonio Seijas Quintana).

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QUINTO.- Se formulan dos motivos. En el primero se denuncia la infracción de la doctrina de esta Sala (SSTS 2 de abril 2014, 22 de febrero de 2012, 23 de marzo 2006, entre otras) que determinan la fecha de notificación a la víctima del auto ejecutivo, a que se refiere el artículo 10 del Decreto 632/1968 (actual artículo 13 RD Leg 8/2004), o la fecha en que adquirió firmeza la resolución por la que concluyó el juicio ejecutivo sumario, como la que debe tenerse en cuenta para computar el plazo de prescripción regulado en los artículos 1968.2, 1969 y 1973, referidos a la prescripción de la acción para exigir responsabilidad civil por las obligaciones derivadas de culpa o negligencia a la que se refiere el artículo 1902 CC. En el segundo, la infracción de la doctrina que establece que la prescripción debe ser interpretada restrictivamente y en beneficio del perjudicado, al o estar basada en principios de estricta justicia, sino de seguridad jurídica y de presunción de abandono del derecho.
Los dos se desestiman.
Según reiterada jurisprudencia, que cita la sentencia de 2 de abril 2014, la determinación del día inicial para el cómputo del plazo de prescripción de las acciones presenta una doble dimensión, fáctica y jurídica. El juicio fáctico, ligado a la valoración probatoria, corresponde en principio al tribunal de instancia, en ejercicio de sus facultades exclusivas, y no es revisable en casación. Por el contrario, la apreciación de la prescripción desde el plano jurídico permite a esta Sala revisar la decisión de instancia por razones de correcta aplicación e interpretación de la normativa y jurisprudencia aplicables.
Como recuerda la sentencia de 25 de abril de 2013, el inicio del plazo de prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual viene determinado por el conocimiento por el perjudicado de la existencia del hecho determinante de la responsabilidad («desde que lo supo el agraviado»). El día inicial para el ejercicio de la acción es aquel en que puede ejercitarse, según el principio actio nondum nata non praescribitur (la acción que todavía no ha nacido no puede prescribir) (SSTS, entre las más recientes, de 24 de mayo de 2010, rec. num. 644/2006; 12 de diciembre de 2011, rec. num. 2017/2008, y 9 de enero de 2013, rec. num. 1574/2009), de manera que el plazo de prescripción no comienza a correr en contra de la parte que se propone ejercitar la acción mientras no disponga de los elementos fácticos y jurídicos idóneos para fundar una situación de aptitud plena para litigar (es decir, hasta el efectivo conocimiento por el perjudicado del alcance o grado del daño corporal sufrido).

Interpretación de los contratos. La indagación de la voluntad realmente querida por los contratantes debe ser examinada en la contemplación conjunta de todo el conjunto contractual. Obligaciones recíprocas. La reciprocidad depende del contenido del vínculo y de la repercusión que dicho contenido tiene en el funcionamiento de la relación.

Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 2015 (D. SEBASTIAN SASTRE PAPIOL).

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TERCERO.- (...) Criterio de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre interpretación de los contratos. (...)
1. El proceso interpretativo de los contratos ha sido abordado por esta Sala, en SSTS, como las más recientes, de 29 de enero de 2015, núm. 27/2015, de 19 de mayo de 2015 núm. 106/2015 y la de 18 de junio de 2012, núm. 294/2012, según las cuales, con carácter general, tiene por objeto la atribución de sentido o de significado a una determinada declaración de voluntad. La labor interpretativa no puede hacerse desde una libertad absoluta en la búsqueda o atribución de sentido, sino que está sujeta a las reglas interpretativas que exige el proceso. En este contexto, esta Sala se ha ocupado establecer una serie de directrices que, en síntesis son: en primer lugar, la intención común de las partes debe proyectarse sobre la totalidad del contrato y no como una mera suma de cláusulas y anexos (canon hermenéutico de la totalidad del art. 1286 CC); en segundo lugar, debe señalarse el carácter instrumental que presenta la interpretación literal que se infiere del criterio gramatical (art. 1281.1 CC) que no puede ser valorada como un fin en sí mismo, pues la atribución de sentido objeto de interpretación, conforme a un segundo párrafo, sigue estando en la voluntad realmente querida por las partes.
2. Respecto del motivo planteado, la unidad que presenta la aplicación del art. 1281 CC en el plano de la interpretación del contrato marco y sus tres pactos complementarios, y su lógica conexión con lo dispuesto en el art. 1282 CC, tiene su fundamento en el llamado principio "espiritualista", de lo que deriva necesariamente que la indagación de la voluntad realmente querida por los contratantes debe ser examinada en la contemplación conjunta de todo el conjunto contractual.

Información del B.O.E. del día 25 de junio de 2015 sobre personas jurídicas y físicas declaradas en Concurso de Acreedores.


- DECLARACIÓN DE CONCURSOS:

A CORUÑA 2: 308/2015-J INDUSTRIAS GENEROSO SANTALLA, S.L. B-15332356 (AC: Diego Comendador Alonso, concursogenerososantalla@comendadoreconomistas.es)
ALBACETE: 465/15 COMPAÑÍA QUESERA Y AGROPECUARIA, S.A. A-02028108 (AC: Fernández Frias, Vergara y Garcia Blanca, S.C.P., coqueyaenconcurso@gmail.com)
ALBACETE: 422/15 CORPORACIÓN ENERGÉTICA VENTIA, S.A. A-02480689 (AC: José Ángel Muñoz Garrido, acventia@abogalba.com)
ALICANTE 3 (ELCHE): 271/2015 BROWCERS SPC SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL B54530936 (AC: MUNUERA Y RIBEIRO CONSULTORES, S.L.P., browcers@adminconcursal.eu)
ALICANTE 2: 180/2015-K USHUAIA LOUNGE, S.L. B-57656936 (AC: Leopoldo Pons Albentosa, 1pa@admconcursal.com)
BARCELONA 1: 343/2015A ESTABLECIMIENTOS DALMAU OLIVERES, S.L. B-08007338 (AC: LUIS GUERRA VIDIELLA, nmf@auditia.es)
BARCELONA 5: 114/2015  INFUNDA, S.A. A58282856 (AC: Serafín Martínez Díaz wataru@semarconsultora.com)
BARCELONA 3: 529/2015 SISTEMAS INTEGRADOS DE ESTAMPACIÓN, S.L. B65451098 (AC: Fernando Garriga Ariño, concursos@bufetegarriga.com)
BARCELONA 7: 417/15 TROQUELES DELTA, S.L. B-61260188 (AC: Víctor Marroquín Sagalés concursal@bufetemarroquin.com)
BURGOS: 443/2015 ALMACENES GADYMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA A09022765  (AC: Fernando de las Heras Cantalapiedra, concursoalmacenesgadymar@globaliuris.com)