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lunes, 24 de abril de 2017

Discapacidad y curatela. Orden de llamamiento del curador. Las razones por las que el tribunal puede apartarse del orden legal son muy variadas. En ocasiones, porque el primer llamado no está en condiciones de hacerse cargo de la tutela, esto es, carece de la idoneidad exigida, o bien porque no quiera, pues, aunque constituye un deber legal, puede resultar contraproducente el nombramiento de quien no está dispuesto a asumir la tutela. Pero también es posible que la conflictividad familiar, unida a la situación de la persona tutelada, pueda desaconsejar el nombramiento de uno de los parientes llamados legalmente. En cualquier caso, todas ellas hacen referencia al beneficio de la persona necesitada de tutela.

Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de abril de 2017 (D. EDUARDO BAENA RUIZ).

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PRIMERO.- Resumen de antecedentes.
Son hechos relevantes de la instancia para la decisión del recurso los que se exponen a continuación:
1.- El Ministerio Fiscal formuló demanda contra don Carlos Daniel, solicitando que se dictase sentencia por la que se decretase la incapacidad absoluta del demandado y la rehabilitación de la patria potestad de ambos padres.
El demandado se opuso a tal pretensión en su escrito de contestación a la demanda.
2.- El Juzgado de Primera Instancia declaró la incapacitación parcial de don Carlos Daniel y nombró curador de él a su padre don Desiderio.
Se limitó la incapacitación, y la necesidad de asistencia del curador, para los actos de disposición o administración de sus bienes cuyo importe supere los 400 € mensuales y para las cuestiones relativas a la curación, seguimiento y tratamiento de su enfermedad.
3.- Motiva su decisión en los siguientes términos:
(i) El demandado carece de control por el trastorno de personalidad mixto que padece, con rasgos impulsivos y antisociales, que no cumple totalmente los requisitos necesarios para su incapacidad, pero sí precisa control y tratamiento psiquiátrico continuado.
Tal aserto se funda en el informe del médico forense, como más reciente al ser de 29 de enero de 2015, así como en los múltiples informes que obran en autos, y recoge la sentencia, a partir del día 7 de agosto de 2007.
También se tiene en cuenta la exploración judicial del demandado, en la que se aprecia su renuncia a medicarse, por negar su trastorno.
Finalmente se relata el suceso acaecido en el acto de la vista de abandonar la sala sin advertencia alguna y dando un portazo, tras negarse a contestar al Ministerio Fiscal y poner de manifiesto su bajo nivel de tolerancia a la frustración.

Seguro de vida con cobertura de invalidez permanente absoluta vinculado a préstamo hipotecario, y designación de la entidad prestamista como primer beneficiario por el capital pendiente. Legitimación activa del asegurado/tomador para pedir el cumplimiento del contrato. Deber de declaración del riesgo: el asegurador asume las consecuencias de la presentación de una declaración o cuestionario de salud excesivamente ambiguos o genéricos.

Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de abril de 2017 (D. Francisco Marín Castán).

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QUINTO.- Los dos primeros motivos deben examinarse conjuntamente por su estrecha vinculación, ya que en el primero se sostiene que la asegurada/tomadora-recurrente se encontraba legitimada activamente frente a la aseguradora demandada para interesar el cumplimiento del contrato y, por tanto, ante la pasividad de la entidad prestamista beneficiaria, el cumplimiento de las prestaciones a cargo de la aseguradora para el caso de acontecer el riesgo objeto de cobertura, mientras que en el segundo se defiende que el pago no se quiso para sí, sino por cuenta de la beneficiaria hasta el límite de la deuda que la recurrente mantenía con ella, habiéndose disipado cualquier duda al respecto mediante la aclaración realizada en el momento y por el cauce procesal oportunos.
La doctrina jurisprudencial pertinente para resolver ambos motivos es la siguiente:
1.- Esta sala se ha venido pronunciando a favor de reconocer legitimación activa al tomador, sin perjuicio de cumplir sus obligaciones con el beneficiario, particularmente en casos como este de seguros de vida e incapacidad vinculados con un préstamo hipotecario en los que el primer beneficiario es la entidad prestamista.
Así, la sentencia 1138/1994, de 17 de junio (citada por la recurrente) declaró, en relación con un seguro de daños, que «la existencia de beneficiario en la póliza de seguros y que autoriza el artículo 7 de la Ley de Contrato de Seguro de 7 de octubre de 1.980, en relación al artículo 1257 del Código Civil, no impide al tomador el ejercicio de los derechos derivados del contrato ante los Tribunales, sin perjuicio de sus obligaciones frente al beneficiario, ya que favorece y facilita sus créditos si le son otorgadas las indemnizaciones que peticiona. En el sinalagma contractual la figura del tomador, en este caso, tomador- asegurado-, tiene condición principal, en orden a la necesaria bilateralidad negocial, como titular del interés, objeto del seguro de daños concertado, sin perjuicio de la cesión que procede llevar a cabo del derecho a la indemnización, que sólo se presenta nítidamente como prestación autónoma, adquirida por terceros, en los seguros de vida, conforme al artículo 88 de la Ley especial de Seguros».

La condición de consumidor en los contratos con doble finalidad. Cuando no resulte acreditado claramente que un contrato se ha llevado a cabo de manera exclusiva con un propósito ya sea personal, ya sea profesional, el contratante en cuestión deberá ser considerado como consumidor si el objeto profesional no predomina en el contexto general del contrato, en atención a la globalidad de las circunstancias y a la apreciación de la prueba.

Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de abril de 2017 (D. Pedro José Vela Torres).

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PRIMERO.- Resumen de antecedentes.
1.- El 10 de junio de 2005, D. Bernardino suscribió con la Caja de Ahorros de Galicia (actualmente, NCG Banco S.A.) un préstamo con garantía hipotecaria, por importe de 540.000 €, que fue ampliado en 156.000 € en escritura de 21 de junio de 2006, y en 72.000 € en escritura de 12 de febrero de 2007. Al pactarse un interés variable, se incluyó una cláusula de limitación a dicha variabilidad, del siguiente tenor literal:
«El tipo de interés vigente en cada periodo en ningún caso podrá exceder del 10% ni ser inferior al 3%».
2.- El Sr. Bernardino interpuso demanda contra la entidad prestamista, en la que solicitó la nulidad de la mencionada cláusula y la devolución de las cantidades cobradas como consecuencia de su aplicación.
3.- El Juzgado de lo Mercantil estimó íntegramente la demanda.
4.- La Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación de la entidad financiera y desestimó la demanda. En lo que ahora importa, declaró probado lo siguiente:
«En el caso, en la demanda no se especifica en qué condición actuó el actor cuando solicitó el préstamo si como consumidor o empresario, o, lo que es lo mismo, si el dinero prestado estaba destinado al uso familiar o una actividad empresarial, únicamente se señala que la finca hipotecada constituía el domicilio familiar del concursado.
»Pues bien, aunque en la escritura de constitución de hipoteca y en las ulteriores de ampliación se señala que el actor tenía su domicilio en la casa situada en el nº NUM000 de la c/ DIRECCION000, en el padrón de habitantes de Leioa figura que D. Bernardino y su familia se dieron de alta en la referida vivienda en abril de 2012.

lunes, 17 de abril de 2017

Pensión compensatoria. Extinción. El TS confirma la sentencia de la Audiencia que extingue la pensión compensatoria que acordaron los esposos en convenio regulador de separación matrimonial al considerar acreditado que la demandada mantuvo una convivencia con una tercera persona que tiene carácter de "vida marital". Y ello aun cuando se califique los encuentros como esporádicos, porque por lo menos los fines de semana viven juntos, se reconocen como novios, actúan socialmente con la apariencia de un matrimonio, sus encuentros se producen también de manera pública, en su vehículo, en la vía pública y en los establecimientos públicos de su residencia.

Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de marzo de 2017 (D. José Antonio Seijas Quintana).

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PRIMERO.- Se recurre el pronunciamiento de la sentencia que extingue la pensión compensatoria que acordaron los esposos en convenio regulador de separación matrimonial aprobado en sentencia de 21 de septiembre de 2011. La extinción se produce en el posterior juicio de divorcio instado por don Rodrigo contra doña Noemi, beneficiaria de la pensión, en el que se imputaba a la esposa la convivencia con otra persona. Lo acordó la sentencia que ahora se recurre, revocando la del juzgado que no había considerado «plenamente probada a través de la prueba practicada» la convivencia de la demandada con una tercera persona.
Es hecho probado de la sentencia de la Audiencia que «desde el mes de junio de 2014 hasta la actualidad» la Sra. Noemi mantuvo una convivencia con una tercera persona que «tiene carácter de "vida marital" a los efectos de la extinción de la pensión compensatoria, de acuerdo con lo establecido en el Art. 101 CC. Y ello aun cuando se califique los encuentros como esporádicos, porque, se reconoce que, por lo menos los fines de semana viven juntos, se reconocen como novios, actúan socialmente con la apariencia de un matrimonio, sus encuentros se producen también de manera pública, en su vehículo, en la vía pública y en los establecimientos públicos de su residencia».
SEGUNDO.- El recurso se formula por infracción de los artículos 1258 y 1091 del Código Civil, en relación con los artículos 90, 91, 97, 100 y 101 del citado texto legal, así como por oponerse a las sentencias de 2 de diciembre de 1987, 10 de marzo 2009 y 25 de marzo de 2014.
Se desestima.
El recurso se formaliza por la infracción de una normativa ajena al recurso y por unos hechos que tampoco tienen que ver con los que la recurrente opuso en el escrito de contestación a la demanda ni con aquellos que justifican en la sentencia la extinción de la pensión compensatoria. Se formaliza, además, con la cita de tres sentencias de esta sala sin referencia alguna a su contenido y sin explicar o razonar sobre la concreta vulneración de la jurisprudencia que se ha cometido por la Audiencia Provincial, en relación con la concreta infracción legal que se considera infringida, pues lo cierto es que no se refiere al modo en que fue resuelta la cuestión -convivencia marital- ni a las valoraciones jurídicas realizadas en la sentencia a partir de los hechos que tuvo en cuenta, sino que se proyecta hacia un supuesto distinto -autonomía de la voluntad, expresada en un convenio regulador-, desentendiéndose por completo del resultado de los hechos y de las consecuencias jurídicas derivadas de los mismos.

domingo, 16 de abril de 2017

SWAP. Ausencia de información previa. Error excusable. Lo determinante no es tanto que aparezca formalmente cumplido el trámite de la información, sino las condiciones en que materialmente se cumple el mismo. Los deberes de información que competen a la entidad financiera, concretados en las normas antes transcritas, no quedan satisfechos por una mera ilustración sobre lo obvio, esto es, que, como se establece como límite a la aplicación del tipo fijo un referencial variable, el resultado puede ser positivo o negativo para el cliente según la fluctuación de ese tipo referencial. No se trata de que el Banco pudiera adivinar la evolución futura de los tipos de interés, sino de que ofreciera al cliente una información completa, suficiente y comprensible de las posibles consecuencias de la fluctuación al alza o a la baja de los tipos de interés y de los elevados costes de la cancelación anticipada.

Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 2017 (D. FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS).

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PRIMERO.- Antecedentes.
1. La demanda.
La demanda se interpone por una sociedad limitada contra el banco (Banco de Santander), sobre nulidad de 2 contratos de swap por error en el consentimiento.
En la demanda se alegó que no se entendieron las explicaciones recibidas del banco y que se firmó por confianza en la entidad de crédito que les indicó que era un producto beneficioso.
2. La sentencia de primera instancia.
Estimó en parte la demanda.
Declaró la nulidad del swap suscrito en el año 2007.
Consideró que el banco no había acreditado haber suministrado la información a que estaba obligado.
Estimó parcialmente la demanda al entender que no cabía pronunciarse sobre la anulabilidad del contrato de swap de 2005, dado que el mismo había sido cancelado anticipadamente.
3. La sentencia de segunda instancia.
Estimó el recurso de apelación del banco y desestimó la demanda.
Es una sentencia extensa porque describe la sentencia de primera instancia y una parte de la demanda, pero el razonamiento desestimatorio de la demanda está en que la Audiencia declara que el error no sería excusable por falta de diligencia del cliente que reconoció que firmó sin entenderlo.
4. El recurso de casación.
Se interpone por la mercantil demandante, y la casación solo accede el tema relativo al segundo contrato (suscrito el 10 de abril de 2007) ya que la sentencia de primera instancia denegó la nulidad del primer swap, suscrito en el año 2005 - 2006, por haber sido cancelado simultáneamente con la firma del swap litigioso, teniendo ese primer contrato una liquidación positiva para la sociedad demandante.
5. No hay oposición a la admisión.
El banco demandado, parte recurrida, al comparecer en casación, se opuso a su estimación.

Adquisición de obligaciones subordinadas. Cumplimiento por la entidad de servicios de inversión de los deberes de información impuestos legalmente. Inexistencia de error en el consentimiento.

Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 2017 (D. Pedro José Vela Torres).

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PRIMERO.- Resumen de antecedentes.
1.- El 1 de julio de 2009, D. Jose Antonio y Dña. Fidela adquirieron obligaciones subordinadas «Caja Duero 2009», por importe de 300.000 €.
En el momento de la firma de la orden de adquisición, se cumplimentó un test de conveniencia a cada uno de los contratantes.
2.- El Sr. Jose Antonio interpuso una demanda de juicio ordinario contra Banco Ceiss S.A. (sucesor de Caja Duero), en la que solicitaba la nulidad del contrato de adquisición de las obligaciones subordinadas por error en el consentimiento; y subsidiariamente, la resolución del contrato por incumplimiento de la entidad financiera; en ambos casos, con restitución de las prestaciones.
3.- Opuesta a tales pretensiones la entidad financiera, el juzgado dictó sentencia en la que desestimó la demanda, al considerar resumidamente que la información suministrada por la Caja de Ahorros fue suficiente y clara, por lo que no hubo ni error en la prestación del consentimiento, ni incumplimiento contractual por parte de la entidad comercializadora.
5.- Interpuesto recurso de apelación por el demandante, la Audiencia Provincial lo desestimó. En síntesis, consideró que el cliente conocía el producto, que fue informado suficientemente sobre sus características y riesgos, que tenía experiencia inversora previa y que no pudo confundir el producto con una imposición a plazo fijo. En lo que ahora importa, la Audiencia declaró probado lo siguiente:
(i) En el folleto se hace referencia a los factores de riesgo de los valores, relativos a la subordinación y prelación, riesgos de mercado, riesgo de liquidez, riesgo de amortización anticipada, riesgo de solvencia y riesgo de variación de la calidad crediticia. Si bien no es concluyente en cuanto al riesgo de pérdida de todo lo invertido.
(ii) La entidad financiera informó suficientemente al actor sobre la naturaleza, características y riesgos de las obligaciones subordinadas. En el test de conveniencia consta que se encuentra totalmente familiarizado con el producto.
(iii) La prueba de interrogatorio de parte practicada en el acto del juicio puso de manifiesto que el actor conocía el producto financiero contratado y se expresó con todo rigor acerca de sus condiciones, tipos de interés, diferenciales del momento, etcétera, e incluso que había rechazado una inversión en participaciones preferentes porque no tenían plazo.
(iv) De todo lo anterior concluye que la entidad financiera facilitó al cliente la información que legalmente le era exigible, según la Ley española y la normativa de la Unión Europea, lo que le permitió entender en lo sustancial el contenido y riesgos del contrato, e incluso, discutir alguna de las condiciones.

Derechos fundamentales. Derecho a la propia imagen de una menor. Aparición en un diario de una noticia bajo el título de "Alumnos cántabros empeoran levemente" en los resultados del informe Pisa en la que se insertaba una fotografía de diversos jóvenes en actitud de estudio siendo la hija menor de los demandantes la que ocupaba la imagen central. No hay vulneración en los casos de accesoriedad. Existe accesoriedad cuando, como aquí sucede, la imagen no es elemento principal, porque no es necesaria la presencia, ni tiene especial relación con el objeto de la captación o proyección.

Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 2017 (D. José Antonio Seijas Quintana).

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PRIMERO.- La demanda que da lugar al recurso la formula doña Asunción contra Editorial Cantabria SA y don Lucas, sobre protección de la imagen de su hija menor, Rita, de 16 años de edad, y tiene su origen en la aparición en el diario Montañés de Cantabria del día 3 de diciembre de 2013 de una noticia bajo el título de "Alumnos cántabros empeoran levemente" en los resultados del informe Pisa en la que se insertaba una fotografía de diversos jóvenes en actitud de estudio siendo Rita la que ocupaba la imagen central.
La demanda fue desestimada en ambas instancias. La menor, dice la sentencia ahora recurrida, «contaba en el momento de la publicación con 16 años de edad y era estudiante de 1.º de Bachillerato por lo que ha de concluirse, a falta de prueba en contrario, que tenía edad y madurez suficiente para prestar su consentimiento a la captación de la imagen, tal y como se razona en la resolución recurrida, sin que suponga obstáculo a la eficacia de tal consentimiento que la menor considere que ha salido poco favorecida o no le guste el gesto, ni aun que no se le informase sobre el título del artículo periodístico, pues ha de señalarse que en ningún caso la inclusión de la imagen en el texto periodístico supone menoscabo de su honra o reputación o es contrario a los intereses de la menor. Ha de resaltarse que el artículo no se refiere (obviamente) a personas en concreto, ni siquiera a centros de educación determinados, ni puede atisbarse otra finalidad que la anual publicación del informe del programa internacional para evaluación de estudiantes que publica la OCDE (de innegable y constante actualidad informativa) teniendo, por otro lado, la fotografía cuestionada, un valor pura y meramente accesorio dentro del artículo».

martes, 4 de abril de 2017

Demanda de juicio monitorio. Es admisible que la petición inicial de proceso monitorio se base en facturas expedidas por el acreedor, sin que se exija cumulativamente la aportación del contrato firmado por el deudor.

Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (s. 9ª) de 1 de diciembre de 2016 (D. José María Pereda Laredo).

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SEGUNDO.- El auto apelado inadmitió a trámite la petición de proceso monitorio presentada por Endesa Energía, SAU, en la que reclama de Dª Sabina el pago de 3.033,34 euros, importe de las facturas por suministro eléctrico que se acompañan en fotocopia a la petición inicial. La juzgadora de instancia no admitió a trámite el proceso monitorio por entender que debió aportarse el contrato de suministro eléctrico, habiendo apelado dicho auto la solicitante Endesa Energía, SAU.
TERCERO.- El artículo 812.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que «Podrá acudir al proceso monitorio quien pretenda de otro el pago de deuda dineraria de cualquier importe, líquida, determinada, vencida y exigible, cuando la deuda se acredite de alguna de las formas siguientes:» (...) «2.ª Mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax o cualesquiera otros documentos que, aun unilateralmente creados por el acreedor, sean de los que habitualmente documentan los créditos y deudas en relaciones de la clase que aparezca existente entre acreedor y deudor».
Esta Sala ya ha declarado en ocasiones anteriores la habilidad de las facturas como documentos iniciales del proceso monitorio por cumplir los requisitos legales, dada su expresa mención en el artículo 812.1.2ª citado. Así, los autos de esta Sección Novena de 12 de abril de 2012 (recurso 530/2011), de 28 de marzo de 2014 (recurso 109/2014) y de 16 de julio de 2015 (recurso 199/2015), entre otros muchos, declararon que "A la vista del precepto, es claro que permite que la petición inicial de proceso monitorio se base en facturas expedidas por el acreedor, sin que se exija cumulativamente la existencia de contrato firmado por el deudor. Este último supuesto es el del número 1º del artículo 812.1, derivando de ese art. 812.1 que la deuda se puede acreditar "de alguna de las formas siguientes", esto es, bien mediante contrato firmado por el deudor (1º), bien mediante facturas u otros documentos del número 2º. En consecuencia, las facturas son documentos hábiles para la admisión del proceso monitorio sin que sea necesario aportar con ellas documento que demuestre la relación contractual entre las partes. Constituyen un "principio de prueba del derecho del peticionario" (artículo 815.1 de la L.E.Civil)".

Demanda de juicio monitorio. La AP confirma el auto de inadmisión a trámite. La parte ahora apelante se limitó a aportar una mera fotocopia de testimonio de la escritura de cesión parcial de los activos y pasivos de CITIBANK ESPAÑA A favor del BANCO POPULAR- E, testimonio que se circunscribe a recoger una "cesión de determinados activos y pasivos y demás elementos que integran el negocio de tarjetas de crédito". BANCO POPULAR-E, S.A. no ha acreditado su legitimación activa, al no existir principio de prueba documental (art. 812 LEC) de que en la cesión de créditos estuviera incluido el crédito que ostentaba el cedente frente al deudor demandado, o al menos que dicha cesión parcial comprendiera todos los créditos pendientes de cobro que CITIBANK tenía frente a terceros por el negocio de tarjetas de crédito.

Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (s. 9ª) de 1 de diciembre de 2016 (D. Juan Luis Gordillo Álvarez-Valdés).

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SEGUNDO.- En el auto que es objeto del recurso de apelación no se admite a trámite la solicitud del proceso monitorio, al entender que de los documentos que se aportan con la demanda no se acredita o aporta un principio de prueba de la cesión de créditos.
TERCERO.- El proceso monitorio, novedad introducida por la nueva Ley de Enjuiciamiento, se configura como un proceso sencillo y rápido para la reclamación de deudas líquidas, vencidas y exigibles, y que se encuentren documentadas.
La idea que subyace en la creación de este procedimiento es servir para aquellos supuestos, verdaderamente numerosos en el tráfico jurídico, que quedan plasmados en documentos que en rigor no pueden considerarse verdaderos títulos ejecutivos pero que sí nos aportan un principio de prueba de la existencia de la deuda. Y ello porque la existencia o no de dicha deuda y la forma en que va a verse acreditada va a depender de la posterior actuación del demandado, ya que puede asumir el pago reconociendo entonces su existencia, puede no comparecer despachándose ejecución, o bien puede oponerse, en cuyo caso las partes se ven abocadas a un proceso ordinario donde lógicamente el actor ya debe acreditar, con los medios de prueba ordinarios, la realidad de la deuda, otra cosa conllevaría la desestimación de su reclamación.
El artículo 812 indica los casos en los que cabe el procedimiento monitorio señala en primera lugar que podrá acudir al proceso monitorio quien pretenda de otro el pago de deuda dineraria, vencida y exigible, de cantidad determinada, cuando la deuda de esa cantidad se acredite de alguna de las formas siguientes: 1.- Mediante documentos, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o con su sello, impronta o marca o con cualquier otra señal, física o electrónica, proveniente del deudor.
2.- Mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax o cualesquiera otros documentos que, aun unilateralmente creados por el acreedor, sean de los que habitualmente documentan los créditos y deudas en relaciones de la clase que aparezca existente entre acreedor y deudor.

Demanda de desahucio por precario dirigida contra “los actuales e ignorados ocupantes” de la vivienda propiedad del actor. La AP revoca el auto del juzgador que inadmitía la demanda por falta de identificación de los demandados. Nada obsta a que se demande a personas desconocidas cuando se destaque su relación con el objeto litigioso y se posibilite su comparecencia y defensa, como sucede en este caso en el que se designa el domicilio en que pueden ser citados.

Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (s. 8ª) de 1 de diciembre de 2016 (D. Jesús Gavilán López).

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PRIMERO.- Antecedentes y objeto del recurso.-
1.- El Auto apelado trae causa de la acción ejercitada por Bankia S.A. contra los actuales e ignorados ocupantes de la c/ Juan del Risco nº 52, Planta Baja Puerta 2, Finca Registral nº 25.799 Madrid 28039, en juicio verbal donde se ejercita acción de desahucio por precario. El hecho que origina la demanda es la posesión material, ilícita, sin título y sin pago de contraprestación alguna por parte de un número indeterminado de personas, en la vivienda titularidad de la actora, al tiempo de la presentación de la demanda. Por todo lo anteriormente expuesto, se solicita dictar sentencia, estimando la demanda, declarándose el desahucio por precario condenando a los demandados expresamente a las costas del procedimiento El Auto de 5 de Septiembre de 2016, inadmitió a trámite la demanda, puesto que no se identificaba debidamente a la persona o personas contra las que se pretendía interponer la demanda al amparo del artículo 399.1 y 403.1 de la LEC; se argumenta igualmente no haber realizado la entidad actora gestiones al efecto, no constar haberse producido denuncia o informe policial al respecto, ni las diligencias preliminares a que se refiere el artículo 256 de la LEC.
2.- El recurso planteado por la representación procesal del BBVA, S.A. se fundamenta, a modo de síntesis comprensiva de las alegaciones formuladas en el escrito de interposición, en la infracción de los artículos 399.1 y 437 de la LEC.
Se solicita la revocación del Auto, dictando otro por el que se admita a trámite la demanda.

Demanda de juicio monitorio. Son aptos los documentos de ejecución contractual, esto es, los que reflejan la dinámica del contrato, creados por el acreedor específicamente para que sirvan de cauce a su reclamación, sin necesidad de ir amparados, a su vez, por el contrato generador de las obligaciones reclamadas, que no se menciona en el art. 812 LEC.

Auto de la Audiencia Provincial de Valencia (s. 11ª) de 1 de dicembre de 2016 (D. Alejandro Francisco Giménez Murria).

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PRIMERO.- Este procedimiento se inició por la demanda en la que la mercantil Asisa, Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros S.A.U. presentó demanda de proceso monitorio frente a doña Irene, en reclamación de la cantidad principal de 157,2 euros, por el impago de la prima correspondiente a la póliza de seguro de asistencia sanitaria convenida entre las partes.
Presentada la demanda se dictó Auto, por el que se inadmitió la petición monitoria, por no acompañarse los documentos necesarios para su admisión.
Resolución que fue apelada por la demandante, en el entendimiento que el recibo acompañado es suficiente a los efectos del artículo 812 de la LEC.
SEGUNDO.- Exponiendo la recurrente haber acompañado la documentación adecuada para ser admitida su demanda de proceso monitorio, se está de acuerdo con él, ya que el recibo expedido a nombre de la demandada conteniendo los datos de identificación y domicilio de este, de la póliza y periodo de cobertura de cobertura y firma de representante de la actora junto al importe de la prima, que es la que se reclama (folio 10), resulta documento suficiente, para ser admitida a trámite la demanda monitoria de reclamación del importe de aquella prima, al encajar dentro de las posibilidades admitidas por el artículo 812-2 LEC, esto es: facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax o cualesquiera otros documentos que, aun unilateralmente creados por el acreedor, sean de los que habitualmente documentan los créditos y deudas en relaciones de la clase que aparezca existente entre acreedor y deudor.

lunes, 3 de abril de 2017

Procesal Civil. Condena en costas. No imposición en caso de serias dudas de hecho o de derecho. Requisitos para su apreciación.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (s. 28ª) de 21 de noviembre de 2016 (D. Gregorio Plaza González).

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PRIMERO. La mercantil CHARTIS EUROPE LIMITED interpuso demanda de juicio ordinario contra ALFONSO PÉREZ CRUZA, S.L. por la que solicitaba la condena a la demandada a que abone a la actora la cantidad de 474.861,41 euros, más intereses y costas.
La citada cantidad es el equivalente abonado por la actora como aseguradora de GARMIN (EUROPE) LTD a consecuencia del siniestro sufrido por la sustracción de una partida de material eléctrico durante el transporte terrestre por carretera de la carga desde Venlo (Países Bajos) hasta las instalaciones de GARMIN IBERIA en Badalona. El camión se encontraba estacionado en un parking cercano al hotel Nacional, en el Km. 774 de la N-II en la noche del 17 al 18 de diciembre de 2011. Se produjo el robo de la mercancía cortando la lona del camión, sustrayéndose siete palets que contenían el material electrónico.
La sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil resultó desestimatoria de la pretensión al entender que el transportista hizo todo lo necesario para que no se produjera el robo y si se produjo fue por el comportamiento delictual de un tercero por lo que se debe considerar que concurre causa de fuerza mayor.
No obstante la desestimación de la demanda, la sentencia aprecia "dudas de índole fáctico" por lo que no efectúa expresa imposición de costas.
SEGUNDO. Frente a la citada sentencia se alza el recurso de apelación interpuesto por la demandada ALFONSO PÉREZ CRUZA, S.L.
Se circunscribe el recurso al pronunciamiento relativo a las costas, al entender que se vulnera lo dispuesto en el artículo 394 LEC al no imponer las costas a la demandante. La sentencia no razona cuales son las dudas de índole fáctico ni se aporta jurisprudencia al respecto en casos similares.

domingo, 2 de abril de 2017

ESTADÍSTICAS DE NOTAS DE JURISPRUDENCIA (1-4-2017)

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Tentativa de homicidio. Distinción de lesiones consumadas. Determinación del ánimo de matar. Criterios de inferencia: el ataque se produjo con un vaso de cristal, el ataque se dirigió al cuello de la víctima, golpeando de forma sorpresiva a la víctima y huyendo del lugar despreocupándose del estado del herido. En el dolo de matar se incluye tanto el dolo directo o de primer grado constituido por el deseo y la voluntad del agente de matar, a cuyo concreto objetivo se proyecta la acción agresiva, como el dolo eventual, que surge cuando el sujeto activo se representa como probable la eventualidad de que la acción produzca el resultado lesivo al sujeto pasivo, aunque este resultado no sea el deseado, a pesar de lo cual persiste en dicha acción que obra como causa del resultado producido.

Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2017 (D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre).

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PRIMERO.- ... Pues bien la determinación del ánimo homicida (vid SSTS. 1188/2010 de 30 diciembre, 86/2015 del 25 febrero, constituye uno de los problemas más clásicos del derecho penal habiendo elaborado esta Sala una serie de criterios complementarios, no excluyentes, para que en cada caso, en un juicio individualizado riguroso, se pueda estimar concurrente -o por el contrario cualquier otro distinto, animo laedendi o vulnerandi, en una labor- se dice en la STS. 172/2008 de 30.4, inductiva pues se trata de que el Tribunal pueda recrear, ex post facti, la intención que albergara el agente hacia la víctima, juicio de intenciones que por su propia naturaleza subjetiva solo puede alcanzarlo por vía indirecta a través de una inferencia inductiva que debe estar suficientemente razonada.
Por ello en este sentido el elemento subjetivo de la voluntad del agente, substrato espiritual de la culpabilidad, ha de jugar un papel decisivo al respecto llevando a la estimación, como factor primordial, del elemento psicológico por encima del meramente fáctico, deducido naturalmente de una serie de datos empíricos, muchos de ellos de raigambre material o físico, de los que habría que descubrir el ánimo del culpable, y ello a pesar de su relatividad y la advertencia de las dificultades derivadas de la circunstancia de la igualdad objetiva y equivalencia del bien jurídico vulnerado en las lesiones consumadas y el homicidio imperfecto en su ejecución. Las hipótesis de disociación entre el elemento culpabilístico y el resultado objetivamente producido, dolor de matar, por un lado y mera originación de lesiones, por otro, ha de resolverse llegando a la determinación de si realmente hubo dolo de matar, dolo definido en alguna de sus formas, aún el meramente eventual.

Delito contra la salud pública. Presunción de inocencia. Prueba de cargo. El TS casa la sentencia de la AP y absuelve al acusado. El presupuesto necesario para poder destruir la presunción de inocencia no se satisface con la simple presencia formal de medios de pruebas, sino que es imprescindible que los datos obtenidos con su práctica tengan un contenido incriminatorio que sea congruente con las proposiciones fácticas introducidas en el proceso por las acusaciones y que constituyen su objeto, permitiendo, desde un criterio racional, tener por acreditada la participación del acusado en el hecho delictivo y la propia existencia del hecho punible, más allá de toda duda razonable.

Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 2017 (D. PABLO LLARENA CONDE).

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PRIMERO.- La Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Valencia, en su Procedimiento Abreviado n.º 23/16, procedente del Procedimiento de esa misma clase registrado con el número 80/2015 de los del Juzgado de Instrucción nº 4 de Valencia, dictó Sentencia el 25 de julio de 2016, en la que declaró probado que D. Isaac entregó un objeto a su hija, D.ª Sofía, cuando ambos se encontraban en un portal sito en la CALLE000 de Valencia. Considera la resolución que ambos detectaron la presencia de un vehículo policial, por lo que se separaron y abandonaron el lugar, proclamando además que la patrulla policial visualizó cómo D.ª Sofía arrojó, dentro del patio, el objeto que hacía recibido y que " recuperado dicho objeto por el agente interviniente, se encontró en su interior 0,14 gr. de cocaína, con una pureza del 49%, lo que supone una sustancia pura de 0,06 gr, valorada en 57,68 euros". En un cacheo posterior efectuado al acusado D. Isaac, se le intervino un mechero, dos trozos de 0,76 gr y 0,23 gr de hachís y diez euros.
Desde este relato fáctico, la sentencia que se impugna condenaba a D. Isaac como autor de un delito contra la salud pública del artículo 368.2 del Código Penal, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de prisión por tiempo de 1 año y 6 meses, inhabilitación especial para el derecho del sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 400 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago por insolvencia, de 40 días de prisión.
El condenado estructura su recurso sobre dos motivos. El primero de ellos se formula al amparo del artículo 849.1 de la LECRIM, por entender indebidamente aplicado el artículo 368 del Código Penal, y sosteniendo además que debería habérsele apreciado la atenuante de haber actuado con ocasión de su adicción a las drogas (art. 21.2 CP) ó, en su caso, la atenuante analógica del artículo 21.7 CP, en relación con el artículo 21.2 del mismo texto legal. No obstante, como quiera que este primer motivo exige de un relato fáctico definido y estable, sobre el que se pueda evaluar la corrección del juicio de subsunción típica que el recurso plantea, procede invertir el orden de análisis de los motivos formulados y resolver, con carácter previo, el extremo del segundo de ellos que, desde los artículos 5.4 de la LOPJ y 852 de LECRIM, denuncia infracción de precepto constitucional, por quebranto del derecho del recurrente a la presunción de inocencia y por desatención de su derecho a la tutela judicial efectiva.