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miércoles, 4 de marzo de 2015

Civil – Obligaciones. Daños en accidente de circulación. Incapacidad permanente. Factores de corrección. Baremo.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (s. 5ª) de 17 de noviembre de 2014 (D. Pedro Antonio Pérez García).

¿Conoces la FUNDACIÓN VICENTE FERRER?. ¿Apadrinarías un niño/a por solo 18 € al mes?. Yo ya lo he hecho. Se llaman Abhiran y Anji. Tienen 7 y 8 años y una mirada y sonrisa cautivadoras.
TERCERO.- Pero aquella norma ha sido objeto de interpretación amplia por el Tribunal Supremo en recientes Sentencias, que el Sr, Juez también cita, en el que se tiende, sin descuidar la aplicación de aquellos preceptos en que se ha de basar la indemnización con cargo al seguro obligatoria, a una restitución integral del daño producido, con la argumentación esencial de que dicho factor incluido en el correspondiente baremo tiene como objeto principal el reparar el daño moral ligado a los impedimentos de cualesquiera ocupaciones o actividades, siempre que merezcan el calificativo de habituales, conclusión que se alcanza valorando, entre otras razones, que en la enunciación del factor de corrección se utiliza el término «ocupación o actividad habitual» y no se contiene ninguna referencia a la actividad laboral del afectado, así como que, de acuerdo con la explicación del sistema que contiene el Anexo segundo, b), con relación a dicha Tabla IV, se trata de un factor de corrección compatible con los demás de la Tabla, entre los que se encuentra el factor de corrección por perjuicios económicos. En efecto en la tabla correspondiente existe una referencia a "Daños morales complementarios", y al aludir a la incapacidad permanente absoluta, se indica "
Con secuelas que inhabiliten al incapacitado para la realización de cualquier ocupación o actividad", pero sin comprender la actividad laboral del afectado, tomando en consideración lo que se argumenta en la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 25 de 25 de marzo de 2010, básica para la resolución del asunto, que se transcribirá más tarde. Todo ello -bien lo reconoce el Sr. Letrado de la compañía de seguros demandada-- siguiendo los criterios expuestos por la unión europea en diversas Directrices sobre responsabilidad civil en accidentes de circulación, aun cuando la reciente Sentencia de su Tribunal (Sala Segunda) de 23 de enero de 2014, caso Enrico Petillo y Carlo Petillo contra Unipol Assicurazioni SpA, TJCE 2014\19, reconozca las singularidades de cada legislación.
En este sentido, es de invocar en primer lugar A) la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) de 21 de enero de 2013, número 10/2013, recurso 1614/2009, cuando establece que: "

Civil – Contratos. Contrato de asesoría fiscal. Responsabilidad de asesor fiscal por sanción impuesta a su cliente por incumplimiento de normas tributarias relativas a la obligatoriedad de repercutir y liquidar el impuesto sobre el valor añadido de una operación inmobiliaria.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (s. 5ª) de 31 de octubre de 2014 (D. Pedro Antonio Pérez García).

¿Conoces la FUNDACIÓN VICENTE FERRER?. ¿Apadrinarías un niño/a por solo 18 € al mes?. Yo ya lo he hecho. Se llaman Abhiran y Anji. Tienen 7 y 8 años y una mirada y sonrisa cautivadoras.
PRIMERO.- En el actual pleito, la actora reclama de la demandada el pago de la indemnización que dice le corresponde por el defectuoso cumplimiento de las obligaciones asumidas por éste como asesor fiscal en el contrato celebrado, como consecuencia de lo cual se instruyeron actas de sanción tributaria por infracción de normas de esta naturaleza, que aquella tuvo que satisfacer. En primer lugar, debe considerarse cual sea la naturaleza del contrato de asesoría fiscal, y contenido y alcance de las obligaciones asumidas por el asesor, al objeto de determinar su genérica responsabilidad. Expuesto lo anterior, ya en las circunstancias del supuesto, debe estudiarse la clase de infracción tributaria que fue cometida y que determinó la imposición de las sanciones por las que se recurre, si en ellas tuvo intervención, o debió tener intervención, el demandado como consecuencia de las obligaciones asumidas, y si en definitiva debe entenderse que es responsable de las mismas al no actuar con la diligencia que le es exigible.
Respecto de la primera cuestión apuntada, acerca del más amplio tema de la naturaleza de la relación contractual que une al abogado con su cliente, en el cual debe comprenderse también la del asesor fiscal, debe citarse, entre otras muchísimas que también podrían serlo, con referencia a las cuestiones que han sido apuntadas, la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 2007, en la que se señala que la responsabilidad civil de un abogado "Constituye un tipo más de responsabilidad profesional, derivada de un contrato de prestación de servicios que como relación personal "intuitu personae" incluye un deber de fidelidad que deriva de la norma general del artículo 1258 del Código civil, y el deber del abogado de llevar a cabo la ejecución óptima del servicio contratado, que presupone la adecuada preparación profesional y supone el cumplimiento correcto del encargo, de forma que si no se ejecuta o se hace incorrectamente se produce el incumplimiento total o el cumplimiento defectuoso de la obligación que corresponde al profesional".

Mercantil. Sociedades. Disolución de sociedad por la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (s. 5ª) de 31 de octubre de 2014 (D. Pedro Antonio Pérez García).

¿Conoces la FUNDACIÓN VICENTE FERRER?. ¿Apadrinarías un niño/a por solo 18 € al mes?. Yo ya lo he hecho. Se llaman Abhiran y Anji. Tienen 7 y 8 años y una mirada y sonrisa cautivadoras.
PRIMERO. - El artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital señala "Causas de disolución. La sociedad de capital deberá disolverse:...Por la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento". Se configura, pues, el supuesto como una causa específica o autónoma, independiente de la que en el párrafo inmediato anterior se señala, aunque, en definitiva, implique una manifestación de la imposibilidad de realizar el fin social derivada de la propia paralización de los órganos sociales, y así lo argumentan las Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 1945, 3 de julio de 1967, 23 de marzo de 1974, 5 de junio de 1978, 15 de diciembre de 1982, 12 de noviembre de 1987, 13 de mayo de 1994, 10 de junio de 1994, 2 de marzo de 1998, 7 de abril y 4 de noviembre de 2000). De esta misma forma se manifiesta el artículo 2448, apartado 3, del Código Civil italiano: "Per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività del l'assemblea". Por lo demás, el anterior motivo resulta de obvia formulación, pues si la esencia del contrato de sociedad es el deseo de constituirla, la "affectio societatis", y así se desprende por ejemplo de lo dispuesto en el artículo 1665 del Código Civil, entre otros preceptos afines, que exige un propósito común en su formulación y determinada intencionalidad -"Con ánimo de partir entre sí las ganancias"--, en consideración al hecho de que lo que importa es que dicha actividad exige la exteriorización de la voluntad social para poder cumplir tanto su fin como sus objetivos, (Sentencias del Tribunal Supremo 10 de junio de 1999, 25 de julio de 1995 y 7 de abril de 2000), como expresa la Sentencia de esta Sección que luego se dirá, una vez que hayan desparecido aquellos -el propósito de constituirla y la intención de lograr un cierto fin--, constatado el clima de enfrentamiento entre los socios, contrario a aquellos, con paralización de sus órganos rectores, la sociedad carece de razón de ser y debe extinguirse.

Mercantil. Banca. Acción de nulidad por error-vicio en la prestación del consentimiento en la adquisición en 2011 de acciones emitidas por Bankia. La incorrección, inveracidad, inexactitud o los errores contables sobre esos datos publicitados en el folleto de emisión lleva a concluir que la información económica financiera contable divulgada al público suscriptor, resultó inexacta e incorrecta, en aspectos relevantes, primordiales.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (s. 9ª) de 7 de enero de 2015 (D. Gonzalo María Caruana Font de Mora).

¿Conoces la FUNDACIÓN VICENTE FERRER?. ¿Apadrinarías un niño/a por solo 18 € al mes?. Yo ya lo he hecho. Se llaman Abhiran y Anji. Tienen 7 y 8 años y una mirada y sonrisa cautivadoras.
PRIMERO. Eugenio y Tatiana presentaron demanda contra Bankia SA ejercitando la acción de nulidad por error-vicio en la prestación del consentimiento en la adquisición en fecha de 19/7/2011 de 5.565 acciones emitidas por la sociedad demandada, por importe de 20.868,75 euros y alternativamente la resolución del contrato con la exigencia de daños y perjuicios y se acordase la nulidad de la orden de compra de las mentadas acciones, condenándose a Bankia SA a la devolución a los actores de 20.868,75 euros, minoradas con los intereses cobrados, mas el interés legal devengado desde la fecha de la formalización de los contratos quedando en poder de la demandada los títulos en ella depositados. Subsidiariamente, se declarase la resolución contractual del contrato de adquisición de acciones con la indemnización de 20.868,75 euros con los intereses legales desde la fecha de la interpelación judicial.
La parte demandada se opuso a la pretensión deducida de contrario, solicitando la desestimación de la demanda.
La sentencia del Juzgado Primera Instancia desestima la demanda por ser las acciones productos no complejos, cuyo significado y funcionamiento conocían los actores; haber dado el consentimiento los actores; ser una operación autorizada por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante CNMV), no existiendo datos de que el precio fijado para la acción fuese inexacto o ilegal; no concurriendo los requisitos para el error en la prestación de dicho consentimiento.
Se interpone recurso de apelación por la parte actora alegando, en esencia y sumario, como motivos los que seguidamente se enuncian: 1º) Error de valoración de la prueba en cuanto al perfil de los actores; 2º)Error de valoración de la prueba sobre la información sobre los riesgos inherentes a las acciones de Bankia; concurriendo hechos notorios sobre los beneficios que Bankia publicitó para salir a Bolsa y las cuentas reformuladas con las pérdidas que muestran que el valor contable no fue cierto; 3º) Error en la valoración de la prueba del empleado de Bankia afirmando que la información económica del folleto era errónea; 4º) Concurrir perjuicio en los actores; 5º) Error de valoración de la prueba sobre la falta de información, sobre la situación económica de Bankia siendo error esencial y excusable y 6º) Falta del cumplimiento de la obligación de Bankia de practicar el test de idoneidad a los demandantes; solicitando la revocación de la sentencia del Juzgado Primera Instancia por otra que estime la acción de nulidad de la adquisicion de las acciones de Bankia SA, con las declaraciones fijadas en la demanda y subisidiariamente la resolución del contrato por el incumplimiento del deber de información, deber de diligencia y lealtad con la consiguiente indemnización de daños y perjuicios por el importe de 20.868,75 euros.

Mercantil. Sociedades. Demanda de nulidad de acuerdo de aprobación de las cuentas anuales por no reflejar la imagen fiel del patrimonio de la sociedad y por infracción del derecho de información ejercitado en la propia junta. Se desestima.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (s. 28ª) de 9 de enero de 2015 (D. Alberto Arribas Hernández).

¿Conoces la FUNDACIÓN VICENTE FERRER?. ¿Apadrinarías un niño/a por solo 18 € al mes?. Yo ya lo he hecho. Se llaman Abhiran y Anji. Tienen 7 y 8 años y una mirada y sonrisa cautivadoras.
SEGUNDO.- La sentencia considera que las cuentas anuales no reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad con infracción del artículo 34 del Código de Comercio y 172.2 de la Ley de Sociedades Anónimas (actualmente, artículo 254.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital) y, en consecuencia, declara la nulidad de los acuerdos impugnados.
La falta de imagen fiel se sostiene en la sentencia en determinadas omisiones contenidas en algunos de los apartados de la memoria y en la circunstancia reflejada en el informe de auditoría sobre la falta de una adecuada separación entre saldos comerciales y saldos financieros con empresas vinculadas, sin que existan acuerdos escritos sobre plazos y condiciones de devolución de estos últimos.
Los defectos que se imputan a la memoria son los siguientes: a) en el punto 15.e no se detallan las partidas correspondientes a las compras y servicios y a las ventas y servicios con las empresas vinculadas "FORJADOS LOECHES, S.A., EN LIQUIDACIÓN" y "PROMOTORA DE VIVIENDAS SÁNCHEZ PRIMO, S.A.", reflejando el importe total de las operaciones con cada una de las sociedades; b) en el apartado de acreedores comerciales del punto 14.d existe una partida de facturas pendientes de recibir por importe de 403.341 euros, que supone un 19,9% de las compras, de las cuales 364.588 euros corresponden a la empresa vinculada "FORJADOS LOECHES, S.A., EN LIQUIDACIÓN" y en la partida de clientes, hay facturas pendientes de emitir por importe de 160.531 euros que corresponden a esa misma empresa vinculada y supone un 5,48% sobre las ventas; c) según el punto 15.c se ha producido un aumento de 25.800 euros en reparaciones y conservación y de 26.400 euros en suministros, sin que se especifique la razón de un incremento tan elevado en suministros, así como una disminución de 185.700 euros en la partida de transporte que tampoco se especifica; y d) en la.nota 15.g se comprueba que la plantilla ha aumentado de 7 a 23 trabajadores, incrementándose los gastos de personal en 51.200 euros, sin que se especifiqué la razón del incremento y si el personal procede de empresas vinculadas.

Mercantil. Sociedades. Junta de aprobación de las cuentas anuales. Derecho de información del socio. El informe de auditoría de las cuentas anuales facilita a los socios una información importante para decidir sobre la aprobación de las cuentas anuales, pero no excluye que sea la junta societaria quien tenga el poder de control, escrutinio y aprobación de tales cuentas para lo que se precisa que el socio siga teniendo un derecho de información completa sobre las mismas.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (s. 28ª) de 19 de diciembre de 2014 (D. Ángel Galgo Peco).

¿Conoces la FUNDACIÓN VICENTE FERRER?. ¿Apadrinarías un niño/a por solo 18 € al mes?. Yo ya lo he hecho. Se llaman Abhiran y Anji. Tienen 7 y 8 años y una mirada y sonrisa cautivadoras.
7.- No cabe, desde luego, combatir la justeza de la resolución impugnada acudiendo a planteamientos genéricos del estilo de que el derecho de información del socio no justifica cualquier solicitud ni es ilimitado, o que ningún amparo puede tener el abuso en el ejercicio de ese derecho, como los que sirven de armazón al discurso impugnatorio de las recurrentes. Lo importante a tales efectos, y esto lo olvidan las apelantes, es poner de manifiesto las circunstancias que nos permitan apreciar la patología y, por tal vía, considerar ajustada a derecho la negativa a satisfacer las demandas del socio. De otro modo el argumento queda, como aquí sucede, vacío de contenido.
8.- Todo ello, en la conciencia de que, como declaración de principio, no cabe señalar al derecho de información del socio, en cuanto a su alcance, otros límites que los que expresamente establecidos en la norma, como era el caso, al tiempo de producirse los hechos enjuiciados, del artículo 112.3 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y del segundo inciso del artículo 51 LSRL, y, después, artículos 196 y 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los cuales no aplican aquí (las propias recurrentes hicieron abandono de los argumentos esgrimidos en primera instancia en torno al segundo de los preceptos señalados), así como los que resultan de la interdicción del ejercicio de los derechos con abuso o mala fe (es de observar cómo, en la modificación operada en el texto refundido de la ley de sociedades de capital por la reciente Ley 31/2014, de 3 de diciembre, que entrará en vigor pocas fechas después de la de esta resolución, se produce cierta integración, por lo que a las sociedades anónimas se refiere, en el sentido e que el artículo 197.3 exime a los administradores a proporcionar la información solicitada por el socio cuando la misma "sea innecesaria para la tutela de los derechos del socio", entre otros supuestos).

Información del B.O.E. del día 4 de marzo de 2015 sobre personas jurídicas y físicas declaradas en Concurso de Acreedores.


- DECLARACIÓN DE CONCURSOS:

BADAJOZ: 030/2015 AGUAS CLARAS S. COOP. F-06111306 (AC: JUSTO JOSÉ PAJUELO GRIÑÓN, aguasclaras.concursoacreedores@gmail.com)
BARCELONA 3: 98/2015 CASTELLNOU DE PROYECTOS, SOCIEDAD LIMITADA B62019518 (AC: Vanessa Casas Du Bar vcdubar@icab.cat)
BARCELONA 8: 1129/2014 A PLAIN ESTRUCTURAS, S.A. A60225455 (AC: Carme Tort Carré, smrcons@smrcons.com)
BARCELONA 8: 1108/2014 G BULTE 2002 EMPRESARIAL, S.L. B-62936554 (AC: Pablo Ferrandiz Avendaño, administracionconcursal@ferrandiz-abogados.com)
BARCELONA 10: 914/2014-B MARTORA COSMETICS, S.L. B60115383 (AC: ALHOS CONCURSAL, S.L.P., mcosmetics.914-14@alhosgroup.com)
GIRONA: 1050/14 TALLERS ELÉCTRICS GIRONA, SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL A-17023482 (AC: Rebollo Melció y Asociados Administradores Concursales, Sociedad Limitada Profesional tegirona@rmconcursales.com)
GIRONA: 1045/14 COMERCIAL ELÉCTRICA BLANES, SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL A-17044694 (AC: Rebollo Melció y Asociados Administradores Concursales, Sociedad Limitada Profesional ceblanes@rmconcursales.com)
GIRONA: 1102/2014 STAR LINE GIFTS & WEAR, S.A. A-08929036 (AC: GABINET CAMERO CASTIBLANQUE, S.L. jce@economistes.com)

martes, 3 de marzo de 2015

Información del B.O.E. del día 3 de marzo de 2015 sobre personas jurídicas y físicas declaradas en Concurso de Acreedores.

¿Conoces la FUNDACIÓN VICENTE FERRER?. ¿Apadrinarías un niño/a por solo 18 € al mes?. Yo ya lo he hecho. Se llaman Abhiran y Anji. Tienen 7 y 8 años y una mirada y sonrisa cautivadoras.
- DECLARACIÓN DE CONCURSOS:

A CORUÑA 2: 15/15-L PASCUAL MARTÍNEZ, S.L. B-15.047.392 (AC: Germán-Faustino Fernández Linares, germanfernandez@icam.es)
A CORUÑA 2: 439/14-L FROITAL SUPRA, S.L.U. B-70.207.634 (AC: Ángel Sánchez-Cendal Bermejo, concursal@cendal.com)
BARCELONA 1: 1098/2014-G BRUC 42LH B64078744 (AC: Euro Audit, S.L.P., Emilio Álvarez Pérez, emilio.alvarez@crowehorwath.es)
BARCELONA 3: 142/2015 C5 INCRYEN 2014, S.L. B25441767 (AC: Bufete Marroquin Abogados y Economistas, S.L.P., Víctor Marroquin Sagales, concursal@bufetemarroquin.com, Addvante Concursal, S.L.P., Enrique Faura Lluis, concursal@addvante.com)
BARCELONA 8: 1061/14 C TRANSPORTES A GRANEL, S.L.U. B08556078 (AC: BMR Advocats i Economistes, S.L.P. transportesagranel@bmrconcursal.com)
CÁCERES: 892/2014 HERGUEZ CÁCERES, S.L. B10234235 (AC: ADMICOEX, S.L., admicoex@admicoex.com)
GRANADA 1: 1332/2014 JUNDESOL NUEVAS ENERGÍAS, S.L.U. Y SOLCASTEL ENERGÍAS ALTERNATIVAS, S.L.U. B85.093.706, B85.071.553 (AC: Gestión y Administración Concursal, S.L.P., jipraena@gyadcon.es)
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1: 100/2014 PROMOTORA DE VENTAS CANARIAS, S.L. B-35.054.048  (AC: Claudio Almeida Santana, jcalmeida@crvconsultores.com)

lunes, 2 de marzo de 2015

Penal – P. General. Eximente de miedo insuperable. Eximente incompleta. Si el miedo resultó insuperable, se aplicaría la eximente, y si, por el contrario, existen elementos objetivos que permiten establecer la posibilidad de una conducta o comportamiento distinto, aún reconociendo la presión de las circunstancias, será cuando pueda apreciarse la eximente incompleta.

Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2015 (D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre).

¿Conoces la FUNDACIÓN VICENTE FERRER?. ¿Apadrinarías un niño/a por solo 18 € al mes?. Yo ya lo he hecho. Se llaman Abhiran y Anji. Tienen 7 y 8 años y una mirada y sonrisa cautivadoras.
CUARTO: (...) Como hemos dicho en STS. 172/2008 de 30.4, el miedo, de larga tradición jurídica (metus), considerado por la moderna psicología como una emoción asténica de fondo endotimico, en su vertiente jurídica, como circunstancia eximente ha sido analizado por la doctrina jurisprudencial, por todas SS. 783/2006 de 29.6, 180/2006 de 16.2 y 340/2005 de 8.3, que parte de la consideración de que la naturaleza de la exención por miedo insuperable no ha sido pacífica en la doctrina. Se la ha encuadrado entre las causas de justificación y entre las de inculpabilidad, incluso entre los supuestos que niegan la existencia de una acción, en razón a la paralización que sufre quien actúa bajo un estado de miedo. Es en la inexigibilidad de otra conducta donde puede encontrar mejor acomodo, ya que quien actúa en ese estado, subjetivo, de temor mantiene sus condiciones de imputabilidad, pues el miedo no requiere una perturbación angustiosa sino un temor a que ocurra algo no deseado. El sujeto que actúa típicamente se halla sometido a una situación derivada de una amenaza de un mal tenido como insuperable. De esta exigencia resultan las características que debe reunir la situación, esto es, ha de tratarse de una amenaza real, seria e inminente, y que su valoración ha de realizarse desde la perspectiva del hombre medio, el común de los hombres, que se utiliza de baremo para comprobar la superabilidad del miedo.
El art. 20.6 del nuevo Código Penal introduce una novedad sustancial en la regulación del miedo insuperable al suprimir la referencia al mal igual o mayor que exigía el antiguo art. 8.10º del Código Penal derogado. La supresión de la ponderación de males, busca eliminar el papel excesivamente objetivista que tenía el miedo insuperable en el Código anterior y se decanta por una concepción más subjetiva y pormenorizada de la eximente, partiendo del hecho incontrovertible de la personal e intransferible situación psicológica de miedo que cada sujeto sufre de una manera personalísima. Esta influencia psicológica, que nace de un mal que lesiona o pone en peligro bienes jurídicos de la persona afectada, debe tener una cierta intensidad y tratarse de un mal efectivo, real y acreditado. Para evitar subjetivismos exacerbados, la valoración de la capacidad e intensidad de la afectación del miedo hay que referirla a parámetros valorativos, tomando como base de referencia el comportamiento que ante una situación concreta se puede y se debe exigir al hombre medio (S 16-07-2001, núm. 1095/2001). La aplicación de la eximente exige examinar, en cada caso concreto, si el sujeto podía haber actuado de otra forma y se le podría exigir otra conducta distinta de la desarrollada ante la presión del miedo. Si el miedo resultó insuperable, se aplicaría la eximente, y si, por el contrario, existen elementos objetivos que permiten establecer la posibilidad de una conducta o comportamiento distinto, aún reconociendo la presión de las circunstancias, será cuando pueda apreciarse la eximente incompleta (S 16- 07-2001, núm. 1095/2001).

Penal – P. General. Magnífica exposición sobre la distinción entre dolo eventual y culpa consciente y las diferentes posturas doctrinales al respecto. Requisitos de la imprudencia grave. Imputación objetiva.

Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2015 (D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre).

¿Conoces la FUNDACIÓN VICENTE FERRER?. ¿Apadrinarías un niño/a por solo 18 € al mes?. Yo ya lo he hecho. Se llaman Abhiran y Anji. Tienen 7 y 8 años y una mirada y sonrisa cautivadoras.
SEGUNDO: (...) Como señala STS. 1014/2011 de 10.10, esta Sala reiteradamente, ha venido diciendo, el dolo eventual es del todo equiparable al dolo directo o intencional en cuanto al merecimiento del castigo aplicable, puesto que ambos suponen igual menosprecio del autor por el bien jurídico tutelado.
Siendo así en SSTS. 172/2008 de 30.4, y 210/2007 de 15.3, hemos precisado que el dolo directo o de primer grado constituido por el deseo y la voluntad del agente de matar, a cuyo concreto objetivo se proyecta la acción agresiva, y el dolo eventual que surge cuando el sujeto activo se representa como probable la eventualidad de que la acción produzca el resultado lesivo al sujeto pasivo, aunque este resultado no sea el deseado, a pesar de lo cual persiste en dicha acción que obra como causa del resultado producido (STS. 8.3.2004).
Por consiguiente tal como se aprecia en los precedentes jurisprudenciales reseñados -recuerdan las SSTS. 1187/2011 de 2.11 y 890/2010 de 8.10, esta Sala, especialmente a partir de la sentencia de 23-4-1992 (relativa al caso conocido como del "aceite de colza" o "del síndrome tóxico") ha venido aplicando en numerosas resoluciones un criterio más bien normativo del dolo eventual, en el que prima el elemento intelectivo o cognoscitivo sobre el volitivo, al estimar que el autor obra con dolo cuando haya tenido conocimiento del peligro concreto jurídicamente desaprobado para los bienes tutelados por la norma penal.
Sin embargo, se afirma en la sentencia 69/2010, de 30 de enero, "ello no quiere decir que se excluya de forma concluyente en el dolo el elemento volitivo ni la teoría del consentimiento. Más bien puede entenderse que la primacía que se otorga en los precedentes jurisprudenciales al elemento intelectivo obedece a un enfoque procesal del problema. De modo que, habiéndose acreditado que un sujeto ha ejecutado una acción que genera un peligro concreto elevado para el bien jurídico con conocimiento de que es probable que se produzca un resultado lesivo, se acude a máximas elementales de la experiencia para colegir que está asumiendo, aceptando o conformándose con ese resultado, o que cuando menos le resulta indiferente el resultado que probablemente va a generar con su conducta".

Concursal. Art. 172 LC. Responsabilidad concursal del administrador social. Condena a la cobertura parcial del déficit concursal. En el régimen anterior al Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo no es necesaria la concurrencia de una relación de causalidad entre la conducta del administrador o liquidador determinante de la calificación del concurso como culpable y el déficit concursal del que se hacía responsable a dicho administrador o liquidador.

Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 2015 (D. RAFAEL SARAZÁ JIMENA).
CUARTO.- Formulación del motivo del recurso de casación
1.- El segundo motivo del recurso de casación, que como se ha expuesto es realmente el único motivo de casación formulado, se encabeza así: « Infracción de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad concursal de los administradores sociales (artículo 172.3 de la Ley Concursal)».
2.- El motivo se fundamenta alegando que la Audiencia Provincial, al prescindir de la incidencia en la generación o agravación de la insolvencia de la conducta determinante del carácter culpable de la calificación la ha configurado como de naturaleza sancionatoria o punitiva, lo que es contrario a lo declarado en por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
El recurrente reproduce diversas resoluciones de esta Sala para afirmar que de ellas se desprende que se ha considerado la responsabilidad concursal de los administradores sociales por déficit como una responsabilidad de naturaleza resarcitoria, que debe graduarse según la mayor o menor incidencia de la conducta en la generación o agravación de la insolvencia, debiéndose también identificar de entre las posibles personas afectadas por la calificación, quiénes son responsables, en atención a su participación en la conducta que ha merecido la calificación de culpable y la generación o agravación de la insolvencia. Por tanto, añade el recurrente, se exige una relación de causalidad entre la conducta de los administradores a quienes se quiere hacer responsables de la cobertura del déficit y la insuficiencia del activo.
QUINTO.-Decisión de la Sala. La responsabilidad del administrador social por déficit concursal
1.- La sentencia núm. 772/2014, de 12 de enero de 2015, dictada por el Pleno de esta Sala, declaró que la naturaleza del régimen de responsabilidad concursal establecido en el art. 172.3 de la Ley Concursal, antes de la reforma operada por el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, había sido fijada por una serie de sentencias de esta Sala de un modo razonablemente uniforme, de modo que no podía considerarse como una responsabilidad de naturaleza resarcitoria sino como un régimen agravado de responsabilidad civil por el que, concurriendo determinados requisitos, el coste del daño derivado de la insolvencia podía hacerse recaer, en todo o en parte, en el administrador o liquidador social al que son imputables determinadas conductas antijurídicas, y no en los acreedores sociales. Por tanto, no se exigía la concurrencia de una relación de causalidad entre la conducta del administrador o liquidador determinante de la calificación del concurso como culpable y el déficit concursal del que se hacía responsable a dicho administrador o liquidador o, por decirlo en otras palabras, no era necesario otro enlace causal distinto del que resulta "ex lege" de la calificación del concurso como culpable según el régimen de los arts. 164 y 165 de la Ley Concursal y la imputación de las conductas determinantes de tal calificación a determinados administradores o liquidadores de la persona jurídica concursada.

Concursal. Art. 169 LC. Sección de calificación. Está justificado que en determinadas circunstancias, el Juez del concurso pueda posponer el inicio del plazo para formular el informe de la Administración Concursal (bien desde el primer momento, bien dejando sin efecto el trámite iniciado). Para ello es necesario que concurran circunstancias que lo justifiquen y que la posposición del inicio del plazo sea razonable.

Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 2015 (D. RAFAEL SARAZÁ JIMENA).
SEGUNDO.- Formulación del recurso extraordinario por infracción procesal
1.- El epígrafe del recurso extraordinario por infracción procesal es el siguiente: « Infracción de los artículos 134.1 y 136 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ».
2.- En el motivo, el recurrente expone que el informe de la Administración Concursal en el que se postulaba la calificación del concurso como culpable y se hacían una serie de peticiones derivadas de esta calificación, fue presentado cuando el trámite procesal previsto al efecto había precluido, por lo que no podía tener el efecto pretendido. Y que el plazo para emitir el informe es improrrogable.
TERCERO.- Decisión de la Sala. Posibilidad de fijar el inicio del plazo para emitir el informe de la Administración Concursal sobre la calificación del concurso con posterioridad a la expiración de los plazos para personación de los interesados.
1.- El informe de la Administración Concursal fue presentado al Juzgado dentro del plazo que este le fijó. La cuestión es que el Juzgado pospuso el inicio de tal plazo a un momento posterior a la finalización del plazo de personación y alegaciones de los interesados previsto en el art. 168 de la Ley Concursal, pues suspendió (en realidad, dejó sin efecto) la apertura del trámite inicialmente acordada ante la petición de la Administración Concursal, que necesitaba conocer el resultado de la auditoría de cuentas para formular su informe.
2.- El art. 169 de la Ley Concursal prevé que el plazo de quince días para que la Administración Concursal presente el informe razonado y documentado sobre los hechos relevantes para la calificación del concurso, con propuesta de resolución, se iniciará tras la expiración del previo plazo de diez días que para la personación y alegaciones de los interesados establece el art. 168 de la Ley Concursal.
En la sentencia de esta Sala núm. 122/2014, de 1 de abril, declaramos que el inicio del plazo del art. 169 de la Ley Concursal no se produce automáticamente cuando expira el plazo del trámite previo, previsto en el art. 168, sino que es necesario que el Juez del concurso dicte una resolución en que acuerde la apertura de tal plazo.
En el presente recurso se plantea una cuestión diferente pero complementaria de la resuelta en esa sentencia anterior. Mientras que en el anterior supuesto no existía ningún obstáculo para que el plazo de emisión del informe se iniciara una vez constatada la finalización del plazo de personación y alegaciones de los interesados en la sección de calificación, en el presente caso la Administración Concursal solicitó la posposición del inicio del plazo de emisión del informe porque no contaba con los elementos necesarios para elaborarlo. En concreto, se trataba de una sección de calificación que se había abierto como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación derivada del incumplimiento de un convenio, y no existía el informe de auditoría preceptivo porque la sociedad concursada no había procedido a nombrar el auditor de cuentas. El Juez del concurso accedió a la solicitud, y una vez que la Administración Concursal contó con el informe de auditoría, abrió el plazo de emisión del informe.

Civil – Personas. Derechos fundamentales. Los límites de la libertad de expresión y del derecho al honor, en relación con las expresiones ("perro" y "perra") vertidas en un artículo de opinión periodístico, sobre personas presuntamente implicadas en un proceso penal de relevancia social, como es el caso de los ERE.

Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2015 (D. José Antonio Seijas Quintana).

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PRIMERO. -Doña Julia y don Carlos Manuel formularon demanda contra Audiovisual Española 2000 SA y don Roque. La primera como editora del diario La Razón y el segundo como autor de un artículo publicado en el citado diario con el título "Mr. Perro y Miss. Perra".Reclaman que se declare que se ha cometido una intromisión ilegítima en el derecho a su honor, a que se difunda el texto de la sentencia tanto en edición impresa como digital, y solicitan que se les condene solidariamente al pago de 30.000 euros a cada uno de ellos, en concepto de indemnización.
En lo que interesa, el texto del artículo es el siguiente:" Como la justicia siempre va lenta y como el parto de la investigación interna de la Junta sobre la trama de los ERE se producirá con el retraso habitual - aunque el consejero Porfirio diga que va "a toda máquina"-, será preciso abrir otras imaginativas líneas de investigación para enterarnos de cuantos intrusos hay en esta ensaladilla de prejubilados. A la que, por cierto, no le falta ningún ingrediente para ser el más sabroso caso de corrupción conocido en este país. Pero a lo que íbamos. Corre por los mentideros que el salón de turismo que se acaba de inaugurar en Torremolinos será clave para desentrañar la trama de los ERE. Será el punto de encuentro de muchos infiltrados en los expedientes que llegaron recientemente en una camioneta a los Juzgados de Sevilla. Sólo hay que atender al título: Expojubilados, el Salón Internacional del Turismo y la Economía. Y a las bases: está destinado a mayores de 50 años "para el desarrollo de las capacidades y habilidades psíquicas y de ocupación positiva del tiempo libre y de ocio de los jubilados y prejubilados".Entre los concursos, hay algunos que, a priori, no se espera que sean de participación masiva por parte de los infiltrados laborales, como el "Gran premio de España de manualidades", o el certamen "Abuela de España" para el que suma enteros los centellantes Visi Pazos; una sevillana del 55 que dice usar "jeans con botas si hace falta" y que aspira a ir a "Sálvame Delux" cuando suba al estrellato."Todas las miradas están puestas en otro concurso: en Mr. Perro y Mrs. Perra de España". Ahí si se puede hacer desfile de infiltrados en busca del prestigioso galardón, haciendo valer la hoja de servicio demostrada durante los duros años de servicio de tajo, pan, sardina arenque. Porque...es difícil imaginar al conseguidor-prejubilado Carlos Manuel y a su prejubilada mujer compitiendo a morreo libre en el concurso del beso más largo, pero en el de Mr.Perro y Mrs Perra la verdad es que la cosa cambia".
(...)

Información del B.O.E. del día 2 de marzo de 2015 sobre personas jurídicas y físicas declaradas en Concurso de Acreedores.

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- DECLARACIÓN DE CONCURSOS:

A CORUÑA 2: 42/15-M DISVIPER, S.L. B-15627623 (AC: José Alberto Carballo Calvar, albertocc@icasantiago.org)
ALICANTE 2: 46/2015K RALOR 98, S.L. B-53354866 (AC: M. Elvira Pérez Llorca, elviraperezllorca@yahoo.es)
ALMERÍA: 124/2014 ALMENDRAS ALARCÓN, S.A. A-04044456 (AC: Allforce Capital Concursal, S.L.P., Carlos Palanca Cruz, carlospalanca@allforcecapital.com)
BARCELONA 8: 18/15 y 19/15 D FRANCISCO SÁNCHEZ GONZÁLEZ Y LAURA ÁNGELA BUENO ROBLEDILLO 46520152F, 46521233F (AC: Víctor Marroquín Sagales, concursal@bufetemarroquin.com)
CASTELLÓN 1: 194/2014 PROMOCIONES GARALPI 95, S.L. B12412565 (AC: José Manuel Gozalbes Llorca, jmllorca@economistas.org)
CIUDAD REAL: 311/2014 AUTOESCUELA ALFONSO, S.L. B13269972 (AC: AE2 ADMINISTRADORES CONCURSALES, S.L.P., Santiago Manuel Oliveros Lapuerta  oliveros@visolauditores.es)
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2: 77/2015 FANEGA FOOD, S.L. B35453711 (AC: Vidal y Verano Abogados, S.C.P., Eugenio Vidal Rivera,  concursohermet@gmail.com)
LA RIOJA: 459/2014 PREFABRICADOS NEWPLACK S.L. (AC: Santiago Baena Moreno, administración@afiba.es)
LA RIOJA: 71/2015 FORGARELLA, S.L. B26386672 (AC: ILDEFONSO GONZALEZ MATA, igonzalez@icar.es)

domingo, 1 de marzo de 2015

Concursal. Arts. 15 a 20 LC. Examen del Juez de la concurrencia de los requisitos objetivos para la admisión a trámite de la solicitud de concurso necesario. Legitimación activa. Basta con que el instante aporte un principio de prueba documental favorable a la existencia del crédito y de la potencialidad del mismo. Hechos reveladores de la insolvencia: sobreseimiento generalizado de pagos.

Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona de 20 de enero de 2015 (Dª. BÁRBARA MARÍA CÓRDOBA ARDAO).
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FUNDAMENTOS DE DERECHO:
PRIMERO. Alegaciones Las presentes actuaciones tienen su origen en la demanda de solicitud de concurso necesario presentada por la mercantil BANK OF AMERICA LYNCH INTERNACIONAL LIMITED contra la compañía HOTEL DIAGONAL 205 SA.
Como presupuesto subjetivo de la acción, justifica la actora su condición de acreedor en base a la póliza de cesión de derechos de crédito suscrito el día 25 de septiembre de 2014 con diversas entidades bancarias, por importe de 9.388.431,71 euros. Dicho contrato tiene su origen, a su vez, en un contrato de préstamo sindicado suscrito por la demandada con diferentes entidades bancarias el día 15 de septiembre de 2009 y novado el día 22 de diciembre de ese mismo año, para refinanciar el pago de su deuda.
Como presupuesto objetivo de la acción o hecho revelador de la insolvencia, conforme al art. 2.4 LC, basa la actora su solicitud en el sobreseimiento generalizado de pagos, al constarle, al menos, otro acreedor impagado como es la sociedad MIDDLEBURY INVEST SL, la cual habría también adquirido los derechos de crédito por importe de 17.185.232,57 euros, en virtud de un contrato de arrendamiento financiero y 6.044.346 euros del contrato de préstamo sindicado de 15 de septiembre de 2009, novado el 22 de diciembre de ese mismo año.
La parte demandada se opone a su estimación alegando, en primer lugar, varias excepciones procesales cuya estimación, supondría la suspensión de este proceso, excepciones procesales a las que la parte actora se opuso oralmente en el acto de la vista. En resumen:
1.- Ilicitud de los documentos aportados de contrario por haber sido obtenidos de manera ilícita, con abuso de derecho y fraude de ley.
2.- Cuestión prejudicial penal conforme al art. 40 LEC, pues la actora accedió a documentación confidencial de la demandada con el único objeto de comprar el crédito de las entidades bancarias para interponer el concurso de acreedores.
3.- Cuestión prejudicial civil conforme al art. 43 LEC, al existir un procedimiento judicial en marcha en el que se discute tanto la cesión del crédito por parte de las entidades bancarias que formaban parte del préstamo sindicado a la actora, por lo que ésta carece de legitimación activa para instar este concurso. Asimismo, está subiudice si la decisión de vencimiento anticipado fue ajustada a derecho por lo que, sin tal vencimiento, la deuda no es exigible ni hay insolvencia.

sábado, 28 de febrero de 2015

Mercantil. Banca. Demanda de nulidad de cláusula suelo. Solicitud de medida cautelar de suspensión de su eficacia. Se desestima. No se aprecia el periculun in mora, al no haber acreditado la actora que la cláusula suelo tenga un impacto económico relevante para el consumidor ni para su economía familiar.

Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona de 16 de enero de 2015 (Dª. Bárbara María Córdoba Ardao).

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PRIMERO. Introducción: Antecedentes normativos y jurisprudenciales
Aunque nos pueda parecer que la materia de consumidores y usuarios es algo reciente o que surge después de la STS de 9 de mayo de 2013, lejos está de la realidad. Ya la directiva comunitaria 93/13/CE fijaba los objetivos que debían cumplir las legislaciones nacionales en materia de protección y defensa de los consumidores. En concreto, su art. 7 obligaba a los estados miembros a prever en sus legislaciones "medios y mecanismos eficaces" de tutela y protección de los consumidores para que éstos pudieran denunciar la abusividad de aquellas cláusulas impuestas que habían sido incorporadas a sus contratos. Asimismo, el apartado 2, disponía que tal denuncia podía partir de los propios consumidores o bien, de las asociaciones de consumidores habilitadas a tal efecto. Por último, su apartado 3 preveía que tales personas, "bien conjuntamente o de forma individual", pudieran dirigirse contra varias entidades demandadas para denunciar esas cláusulas abusivas.
La Ley 1/2000 trató de dar respuesta a ese cometido en sus arts. 11, 13, 15, 221, 222, 579 o 694 LEC. Pese al empeño, el TJUE ha puesto en evidencia que nuestra legislación adolece de muchos defectos y que es contraria al ordenamiento jurídico comunitario en muchos extremos en materia de tutela y protección de los consumidores. Tal jurisprudencia nos puede resultar chocante, en ocasiones, al ir en contra de principios y axiomas que todos tenemos interiorizados de nuestro proceso civil, como el principio dispositivo, a instancia de parte o que no puede haber dos resoluciones judiciales sobre el mismo objeto.

Mercantil. Banca. Demanda de nulidad de cláusula suelo. Se solicita como medida cautelar la suspensión de la eficacia de la misma. Se accede. Se fija una caución de 100 euros.

Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia de 15 de enero de 2015 (D. FRANCISCO CANO MARCO).

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PRIMERO.- Señala el artículo 726 de la Ley de Enjuiciamiento Civil "1. El tribunal podrá acordar como medida cautelar, respecto de los bienes y derechos del demandado, cualquier actuación, directa o indirecta, que reúna las siguientes características: 1ª Ser exclusivamente conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de modo que no pueda verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante la pendencia del proceso correspondiente.
2ª No ser susceptible de sustitución por otra medida igualmente eficaz, a los efectos del apartado precedente, pero menos gravosa o perjudicial para el demandado.
2. Con el carácter temporal, provisional, condicionado y susceptible de modificación y alzamiento previsto en esta Ley para las medidas cautelares, el tribunal podrá acordar como tales las que consistan en órdenes y prohibiciones de contenido similar a lo que se pretenda en el proceso, sin prejuzgar la sentencia que en definitiva se dicte."
Por su parte, el artículo 728 de la Ley de Enjuiciamiento Civil regula los tradicionales requisitos de peligro de mora procesal, apariencia de buen derecho y caución necesarios para la adopción de una medida cautelar en los siguientes términos