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lunes, 24 de noviembre de 2014

Mercantil. Concursal. Art. 84 LC. Créditos contra la masa. Créditos contingentes. Créditos derivados de arrendamiento de servicios jurídicos. Cuantificación.

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada de 7 de octubre de 2014 (D. ENRIQUE SANJUÁN MUÑOZ).
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Primero: Depuración del proceso.
Inicialmente y sobre el planteamiento de la parte demandada, administración concursal, conviene señalar que el trámite previsto en el marco del artículo 191 para los procedimientos abreviados no deja de ser curioso y ciertamente confuso. Si bien es cierto que tras la presentación del informe debe darse traslado a la administración concursal de las impugnaciones ( sin incoar incidente) a los efectos de su aceptación o no también lo es que dicha comunicación debe partir del juzgado. Informáticamente la forma de registrar los citados incidentes, que posteriormente si deben ser admitidos para su traslado, lo es desde la propia base de datos y por ello ese traslado que no impide, de otra forma, que si existe oposición ya se tramite tras el escrito inicial ( demanda entonces) y la oposición ( contestación).
A tal efecto en este juzgado se dictó resolución de 19 de mayo de 2014 dando traslado a la administración concursal conforme al 191.4.21 LC de dicho escrito en estricto cumplimiento de la norma y por tanto y ante la oposición el consiguiente paso es la tramitación por incidentes tal y como recoge la misma.
Segundo: Sobre las causas de impugnación y oposición.
La parte demandante realiza peticiones de reconocimiento y calificación como ordinarios, contra la masa y otros que llama créditos contra la masa contingentes. Estos últimos no están previstos en la normativa concursal pero es evidente que se reconocen en apartados como el 84.2.1, 5 0 10 LC por citar algunos ejemplos.
Los créditos contra la masa son créditos de prededucción y preferencia y su nacimiento determina (a partir del criterio devengo o vencimiento - apartados 3 y 4 del artículo 84 LC ) el orden de pago que habrá de seguirse.

Información del B.O.E. del día 24 de noviembre de 2014 sobre personas jurídicas y físicas declaradas en Concurso de Acreedores.

- DECLARACIÓN DE CONCURSOS:

ALBACETE: 638/14 MEDOPE 2, S.L. B 02322212 (AC: CARLOS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ crodriguez@cuspideauditores.com)
BARCELONA 6: 684/14 PROMOCIONES DOSCA, S.L. B58155938 (AC: Alhos Abogados y Economistas, SLP, Josep Puigvert Ibars pdosca.684-14@alhosgroup.com)
BARCELONA 10: 802/2014-D GALT VALLÉS S.L. B65309734 (AC: Blanco White & Ramón, S.L.P., emmablanco@icab.cat)
CÁDIZ 1: 1292/2014 FRANCISCO JAVIER VELA GARRIDO 31257176-S (AC: Ana del Rocío Salamanca Suárez, concursos@acrabogados.es)
CUENCA: 550/2014 TALLERES VILLAESCUSA, S.L.U. B16126062 (AC: Germán Chamón Arribas, gchamon@asesoriachamon.com)
GIRONA: 562/2014 MONTELEC 2 SOCIEDAD LIMITADA B-17642695 (AC: Unix Suport, Sociedad Limitada Personal unixsuport@gmail.com)
HUELVA: 372/2014 MUEBLES CAPILLA, S.L. B 21189683 (AC: Rocío López Urieta, rlopez999@icahuelva.es)

Información del B.O.E. del día 22 de noviembre de 2014 sobre personas jurídicas y físicas declaradas en Concurso de Acreedores.

- DECLARACIÓN DE CONCURSOS:

ALBACETE: 667/14 ÁNGEL LUIS AZAÑA, S.L. B02216034 (AC: J.A. FUSTER Y ASOCIADOS, S.L.P., JUAN ANTONIO FUSTER MATOSAS, concursoazana@jafuster.com)
ALICANTE 3 (ELCHE): 554/2014 AC: COLONIA ROMANA S.L. EN LIQUIDACIÓN B-53524153 (Paula Rodríguez Gomis paulargomis@icaorihuela.com)
BARCELONA 6: 747/2014 TRACKSUIT, S.L. B60372315 (AC: David Andrés Valencia md@mdjuridico.es)
BARCELONA 10: 728/2014-D DE VECCHI EDICIONES, S.A. A65371742 (AC: Eulalia Folguera Sans, dve@jausaslegal.com)
BARCELONA 10: 863/14-B ELVIRA INGENIEROS S.A. A58684416 (AC: Bufete Marroquín Abogados y Economistas, Ignacio Marroquin Sagales, concursal@bufetemarroquin.com)
BARCELONA 1: 918/2014 G CEFRUSA SERVICIOS FRIGORÍFICOS, S.A. A08206799 (AC: FTI & Partners Corporate Recovery Spain, SLP, Ignacio Figueras Nadal, info@pentalegis.com)
BARCELONA 9: 624/2014 C2 CATALONAN FOREST, S.L. B65337404 (AC: Auren Concursal, S.L.P., Miguel Ángel Catalán Blasco concursal@bcn.auren.es)
BARCELONA 5: 651/2014-6.ª VERSÁTIL S.A. A-58592817 (AC: CONVENIA PROFESIONAL S.L.P., Marc Bernabéu Antón, versatil@convenia.es)
BARCELONA 4: 751/2014-J CEL DE CRISTALL, S.L. B62119128 (AC: Irene Pedreño Vargas, irene@pedreno.es)
BARCELONA 2: 857/2014 AIRTECNO TECNOLOGÍAS DEL AIRE, S.L. B-60949294 (AC: BLANCO WHITE & RAMÓN, S.L.P., emmablanco@icab.cat)

Información del B.O.E. del día 21 de noviembre de 2014 sobre personas jurídicas y físicas declaradas en Concurso de Acreedores.

En el BOE de 21 de noviembre de 2014 no se informa de ninguna declaración de concurso. 

Estadísticas de Notas de Jurisprudencia: 24 de noviembre de 2014.

jueves, 20 de noviembre de 2014

Información del B.O.E. del día 20 de noviembre de 2014 sobre personas jurídicas y físicas declaradas en Concurso de Acreedores.

- DECLARACIÓN DE CONCURSOS:

ALMERÍA: 472/14 EJIDOFRUIT SCA F-04210878 (AC: Magdalena Salvador Ventura, abogada@despachomsalvador.com)
ALMERÍA: 692/2014 GRÚAS Y TRANSPORTES RUBIRA, S.L. B-04459442 (AC: David Romera Gómez, davidromera@letrados.com)
BARCELONA 3: 888/2014 SEGRA Y TRITUSAN, SOCIEDAD LIMITADA B59559526 (AC: Emilio Segura Fernández, esegura@icab.es)
BARCELONA 6: 827/14-A SUMINISTROS AZOFRA, SOCIEDAD LIMITADA B62648712 (AC: FERNANDO REDONDO GARCÍA, concursal@dricater.com)
BARCELONA 2: 814/2014 GASOLINERA TORRELLES, S.L. B62048772 (AC: Oriol Ripoll Pañella (Advante Concursal) concursal@addvante.com)
BILBAO 1: 845/2014 SAN MIGUEL GARRAIOAK, SOCIEDAD LIMITADA B20568630 (AC: Onintze Oleaga Solaguren, oleagasolaguren.admconcursal@gmail.com)
CIUDAD REAL: 328/2013 ELECAM INGENIERÍA, S.L.U. B-13493853 (AC: Miguel Sánchez Jaramillo, lumisanja@icacr.es)

miércoles, 19 de noviembre de 2014

Información del B.O.E. del día 19 de noviembre de 2014 sobre personas jurídicas y físicas declaradas en Concurso de Acreedores.

- DECLARACIÓN DE CONCURSOS:

A CORUÑA 2: 460/14 –N ABAIXO DO REAL, S.L. B-15774243 (AC: Alfonso Freire Picos, administracion@abogadoscorporacion.com)
BARCELONA 5: 107/2014 7ª IPSDOS, S.L. B-59367649 (AC: Inmaculada Sallent Roig, ipsdos@jausaslegal.com)
BARCELONA 5: 729/14-8 IMVIV, SLU B-58206954 (AC: Yvonne Pavia Lalauze, yvonne.pavia@crowehorwath.es)
BARCELONA 2: 897/2014 ARTÍCULOS METÁLICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA A08240806 (AC: Josep Maymi Colominas, articulosmetalicos@lexaudit.com)
BILBAO 2: 716/2014 INVERSIONES INVERSOR, S.L. B-95698478 (AC: José Ignacio Iturbe-Ormaeche Muñoz, inversionesinversorac@gmail.com)
BILBAO 2: 880/2014 JOSÉ ANTONIO OLABARRI CONSTRUCCIONES, S.L. B-48151344 (AC: Allengar Sociedad para Administración concursal, Tomás García Villanueva, tomas@litemoba.com)
BILBAO 1: 914/2014 SERVICIOS ELECTRÓNICOS Y TELECOMUNICACIONES IGORRE, S.L. B-95115598 (AC: Carlos Alonso Asesores, S.L., Agustín Castro Alonso, igorre@viaconcursal.com)

Legislación: Códigos y Leyes Básicas (ver: noticias.juridicas.com).

- Constitución Española.

- Código Civil.

- Código Penal.

- Estatuto de los Trabajadores.


martes, 18 de noviembre de 2014

Procesal Civil. Terminación del proceso por carencia sobrevenida de objeto.

Auto del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 2014 (D. José Antonio Seijas Quintana).

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1.- La concurrencia de circunstancias sobrevenidas, una vez iniciado el proceso, que determina la falta de interés legítimo en obtener la tutela inicialmente pretendida ( art. 5 LEC ) y en la continuación de la causa, se halla regulada en los arts. 19 y 22 LEC . En principio, la carencia sobrevenida de objeto debe generar que deje de haber interés legítimo en la continuación del proceso, bien se admita por las dos partes, art. 22.1 LEC, bien se acuerde y se determine por la Autoridad judicial, art. 22.2 LEC, y esa plenitud se dará cuando haya identidad entre la pretensión articulada en la demanda o en la reconvención y el acto o el hecho que motivó la satisfacción.
En el caso de falta de acuerdo, para la procedencia de este supuesto, resulta condición esencial que alguna de las partes realice de manera fundada y motivada una doble manifestación. Por una parte, negar la concurrencia de efectiva carencia sobrevenida de objeto que invoca la otra parte y, por otra, indicar que sigue teniendo un interés legítimo en que el procedimiento continúe. Y es que la resolución que pone fin a este incidente se contrae a resolver sobre si el proceso continúa, lo que supone que sólo pueden ser objeto de alegación en la comparecencia las cuestiones relativas a si el proceso sigue manteniendo su objeto y a si concurre interés legítimo en su continuación.

Información del B.O.E. del día 18 de noviembre de 2014 sobre personas jurídicas y físicas declaradas en Concurso de Acreedores.

- DECLARACIÓN DE CONCURSOS:

ALICANTE 3 (ELCHE): 522/2014 POINTURE, S.L. B-54601331 (AC: M.ª Teresa Sempere Maestre, msemperemae@icae.es)
BARCELONA 4: 749/2014-J CATERING 1997, S.L. B65239071 (AC: Irene Pedreño Vargas, irene@pedreno.es)
BARCELONA 9: 637/14 C3 ESPORTS SAGI, S.A. A-08.848.814 (AC: Pablo José Ferrándiz Avendaño, administracionconcursal@ferrandiz-abogados.com)
BARCELONA 4: 747/2014-I CLARITY SYSTENS, S.L. B-60490802 (AC: Carlos Zarco Puente, concursal@zarcoabogadosslp.com)
BILBAO 2: 842/2014 BIZALA SERVICIOS, S.L. B48485692 (AC: Neftalí Fuentes Calvo n.fuentes@eurotaxbilbao.com)
BILBAO 2: 842/2014 BIZALA EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A. A48836225 (AC: Neftalí Fuentes Calvo n.fuentes@eurotaxbilbao.com)

lunes, 17 de noviembre de 2014

Información del B.O.E. del día 17 de noviembre de 2014 sobre personas jurídicas y físicas declaradas en Concurso de Acreedores.

- DECLARACIÓN DE CONCURSOS:

A CORUÑA 1: 384/2014-B CAFÉ-BAR BUSCORUÑA, S.L. B-70012513 (AC: Marta Pato Diéguez, martapato@iglesias-abogados.es)
ALICANTE 2: 52/2014K SERRALBOL, S.L. B53907648 (AC: Jorge Pastor Sempere, jpastor@jpsabogados.com)
BARCELONA 8: 737/2014 A QUANTUM POLIMERS, S.L. B-65733115 (AC: Bmr Advocats i Economistes SLP., Jordi Romero Climent quantum@bmrconcursal.com)
BARCELONA 7: 692/2014-G FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL SANT JAUME I SANTA MAGDALENA DE MATARÓ G-08.477.788 (AC: LUIS ÁVILA JARRIN luis@simonavila.es)
BARCELONA 3: 833/2014 PALETS BADIA VIÑA, S.A. A58221755 (AC: Emma Alemana Baqués, concurso.paletsbadia@paeasesores.com)
BARCELONA 5: 610/2014 8 POSTANOVA, S.L. B-60071558 (AC: Compas Concursales, S..LP., Angels Roqueta Rodríguez, info@compasconcursal.com)
BARCELONA 1: 797/2014B DIKRAM SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L. B-62846530 (AC: Alicia Herrador Muñoz, a.herrador@fpfconcursal.com)

domingo, 16 de noviembre de 2014

Artículos Doctrinales: La minuta de abogados a efectos de prescripción.

Autores: Gracia LLácer Muñoz y Alfonso Gili Jáuregui.


Social – Seguridad Social. Incapacidades laborales. Invalidez permanente absoluta. Debe declararse la IPA cuando resulte una inhabilitación completa del trabajador para toda profesión u oficio, al no estar en condiciones de acometer ningún quehacer productivo, porque las aptitudes que le restan carecen de suficiente relevancia en el mundo económico para concertar alguna relación de trabajo retribuido.

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León sede en Burgos de 8 de octubre de 2014 (D. José Luis Rodríguez Greciano).

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PRIMERO.- Frente a la Sentencia de Instancia, se alza la representación letrada del Organismo Gestor, a través de un único motivo de Suplicación.
Entiende, al amparo del artículo 193 c de la LRJS, que la sentencia de Instancia ha infringido, por aplicación errónea, el contenido del artículo 137.5 de la LGSS.
Entiende que las dolencias que padece el actor no son merecedoras del grado reconocido, puesto que las lesiones son de índole psíquica, estando establece desde 2008.
Debemos partir, como no podemos hacer otra cosa, de los antecedentes fácticos de la sentencia de Instancia, no combatidos.
Del relato fáctico se desprenden las siguientes conclusiones:
a). El actor es ayudante de fontanería.
b). Se halla en seguimiento por el Servicio de Psiquiatría, con diagnóstico de trastorno esquizoafectivo de tipo bipolar, diagnosticado a los 13 años que se intensifica a partir de los 19. Tiene 35 en la actualidad. Con episodios recidivantes que les han llevado a varios ingresos hospitalarios, cinco o seis, el último en el año 2008 por ideación delirante. Desde entonces se halla en tratamiento ambulatorio.
c). Padeciendo como secuelas debilidad del juicio, inestabilidad emocional que le impiden establecer vínculos afectivos estables. Su estado psíquico obliga a supervisión intermitente en ambientes protegidos y supervisión total fuera de éstos. Presenta deficiencias en la concentración, continuidad y ritmo en la ejecución de tareas. Con tratamiento permanente psicofarmacológico y psicoterapia, y acude a revisiones mensuales y bimensuales.

Social – Laboral. Causa de nulidad despido por discriminación por razón de minusvalía. Se exige que el trabajador aporte un principio de prueba que razonablemente permita considerar que la empresa ha actuado guiada por intereses ilícitos, contra derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos. Se desestima.

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de de Castilla-León sede en Burgos de 8 de octubre de 2014 (D. José Luis Rodríguez Greciano).

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SEGUNDO.- Al amparo ya del artículo 193 c de la LRJS, considera procedente la revocación de la sentencia, entendiendo que ha existido causa de nulidad por discriminación por razón de minusvalía. Entendiendo, además, que no existen causas objetivas para dar lugar al despido.
De los hechos probados, incluyendo la rectificación aceptada por esta Sala se determina que:
a). La actora tiene una minusvalía del 65%, lo que no obsta a haber trabajado en la empresa desde 2004, pero habiendo existido una conversión de su contrato a indefinido desde 13 de enero de 2005.
b). El despido de la trabajadora lo es por causas técnicas, organizativas y de producción, que se concretan en una fuerte disminución de la actividad de la empresa, y reducción de pedidos. Y cambios introducidos en el Departamento de Producción tecnificando los procesos productivos.
c). La empresa facturó por ventas en el año 2011, 8.030.906, en el año 2012, 7.116.471 euros, y en el 2013 de 7.367.996 euros.
d). Exigiéndose la necesidad de amortizar su puesto de trabajo de operaria de producción. Para dar lugar a una reducción del gasto, derivado de la disminución de pedidos a la empresa.
e). Los datos económicos de la empresa son facturación por ventas, año 2012, de 7.116.471,43 euros, incrementadas las ventas en el año 2013. Siendo la evolución de ventas de menos del 8 por ciento en el año 2011, de 7,12 % en el año 2012, en el 2013 del 7,37 %, y en el primer trimestre del año 2014, del 3,22 %. Habiendo extinguido otras relaciones laborales anteriormente.
f). La empresa ha introducido innovaciones tecnológicas consistentes en robots manipuladores, cintas transportadoras, cintas transportadoras imantadas, separadoras de bebedores, platos rotativos, máquinas bi-inyección, conllevando la necesidad de amortizar puestos de trabajo.
En relación con la primera de las tesis, la nulidad del despido por razón de minusvalía, hemos de recordar el contenido de la STSJ de Madrid de fecha de 16 de diciembre de 2013, donde se venía a señalar que: Para que se declare la nulidad del despido es preciso que la extinción de la relación laboral sea la consecuencia del despido discriminatorio. Es decir que en la decisión extintiva ha concurrido alguna de las circunstancias previstas en el artículo 53.4 del Estatuto de los Trabajadores en relación con el articulo 4.2 C del Estatuto de los Trabajadores.

Social – Laboral. Despido por causas técnicas, organizativas y de producción, motivado por la pérdida de pedidos y la necesidad de introducir cambios tecnificando los procesos productivos. Despido procedente.

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de de Castilla-León sede en Burgos de 8 de octubre de 2014 (D. José Luis Rodríguez Greciano).

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TERCERO.- La cuestión a analizar a continuación es si el despido merece o no la calificación de improcedente.
El motivo de despido no es por causas económicas, sino por causas técnicas, organizativas y de producción, motivado por la pérdida de pedidos y la necesidad de introducir cambios tecnificando los procesos productivos. Modernizando las líneas para reducir las tasas de piezas defectuosas o devueltas, y en la línea de reducir los costes de personal con el fin de mejorar la competitividad de la empresa. Debiendo mejorar los precios de las ofertas para ajustarnos a la situación de competencia del sector.
Habiendo procedido la empresa a introducir robots manipuladores, cintas transportadoras, cintas transportadoras imantadas, cintas separadoras de bebedores-piezas, mesas porta insertos, dosificadores de master, secadores, deshumificadores, platos rotativos, máquinas bi-inyección, poka-yokes para la revisión de semicarcasas, dando lugar -ordinal sexto- a la necesidad de amortizar puestos de trabajo.
Esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse, sobre despidos anteriores de la misma empresa, y referidos a otros trabajadores por razones objetivas. Las mismas que ahora son mencionadas en la carta de despido y referidas a la trabajadora recurrente. Y en concreto, en sentencia de 24 de julio de 2012, recurso 513/2012.
En la referida sentencia se indica que en el art 51.1 del ET, se definen cada una de las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción y los requisitos que deben de concurrir para su aplicación en los siguientes términos: Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo. A estos efectos, la empresa tendrá que acreditar los resultados alegados y justificar que de los mismos se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado.

Social – Laboral. Controversia sobre si cabe otorgar efectos liberatorios o extintivos al acta de conciliación judicial convenida entre partes respecto a la acción de despido y por extensión a la reclamación de cantidad por adeudos de contenido salarial que se hallaban pendientes.

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León sede en Burgos de 8 de octubre de 2014 (D. José Luis Rodríguez Greciano).

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SEGUNDO.- (...) Tal como ha venido siendo acordado por la doctrina, entre ellas, STSJ de CCAA de Valencia de 1 de febrero de 2011, recurso de Suplicación 1536/2010, el núcleo central de la controversia consiste en determinar si cabe otorgar efectos liberatorios o extintivos al acta de conciliación judicial convenida entre partes respecto a la acción de despido y por extensión a la reclamación de cantidad por adeudos de contenido salarial que se hallaban pendientes. La resolución de instancia se inclinó por otorgar los susodichos efectos dado que en la misma acta aunque con relación al despido impugnado y sin reconocimiento expreso de la improcedencia, se acordó el pago de una indemnización, a favor del trabajador, complementaria, de 4.535 euros, considerándose el actor, saldado y finiquitado por todos los conceptos, comprometiéndose a nada más pedir ni reclamar. Pues bien, la participación de asistencia letrada al actor en dicha acta, que se celebró a presencia judicial, la constancia literal que figura en el acuerdo "por todos los conceptos", y no solo las que venían referidas a la indemnización por despido, permitiría encajar dentro del acuerdo con avenencia a los que ahora son objeto de reclamación judicial al no constar salvedad alguna en el compromiso suscrito. Ajustándose así a los criterios jurisprudenciales establecidos de forma reiterada y constante que determinan como norma o principio general a los finiquitos, como expresión que son de la libre voluntad de las partes, la eficacia liberatoria y extintiva definitiva que les corresponda en función del alcance de la declaración de voluntad que incorporan, debiéndose tener en cuenta:
1.- De un lado, que el carácter transaccional de los finiquitos (art. 1.809 del Código Civil en relación con los arts. Concordantes de la LRJS) exige estar a los limites propios de la transacción, de modo que los actos de disposición en materia laboral han de vincularse a la función preventiva del proceso propia de aquella; y aun en ese marco, la ley ha establecido las necesarias cautelas para evitar que, casos de lesión grave, fraude de ley o abuso de derecho prevé la normativa procesal (STS de 28-4-04, rec. 4247/02).

Procesal Social. Sentencia. Revisión del relato fáctico. Motivo de Suplicación consistente en la revisión de los hechos tenidos como probados en la Sentencia de instancia recurrida.

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León sede en Burgos de 8 de octubre de 2014 (D. José Luis Rodríguez Greciano).

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PRIMERO.- Frente a la Sentencia de Instancia, se alza la representación letrada del trabajador en base a una serie de motivos de Suplicación. En primer lugar, y al amparo del artículo 193 b de la LRJS, solicita la revisión del relato fáctico. De tal modo, que pretende que el hecho probado primero quede redactado incluyendo la siguiente mención. "Desde la reincorporación a la empresa tras el periodo de baja el trabajador no volvió a desempeñar las tareas específicas de su profesión habitual de soldador, desempeñando otras tareas".
Cita en apoyo de esta modificación el certificado de la empresa codemandada Metálicas Estrujar de 26 de noviembre de 2012. Donde se indica que "el trabajador prestó, a partir de 7 de mayo de 2009, otras tareas como corte con cizalla, taladro, sierra y organización de almacén entre otras".
Es bien conocida la doctrina de esta Sala, representada, entre otras, por sentencia de 10 de enero de 2012, sobre revisión del relato fáctico, a partir de dictámenes obrantes en la causa, y así, debemos entender que del artículo 193, b) de la LRJS y de la que viene siendo su interpretación jurisprudencial pacífica, deriva la siguiente doctrina general, respecto al motivo de Suplicación consistente en la revisión de los hechos tenidos como probados en la Sentencia de instancia recurrida:
1) Que se debe señalar en el motivo, con una absoluta claridad, cual sea el concreto hecho o hechos probados de los que se pretende obtener su modificación, con detalle en su caso del particular párrafo que se quiere hacer objeto de la misma. Y si lo postulado es su eliminación o su sustitución por otro texto alternativo, debe entonces ser ofrecido en su redacción literal, lo mismo que si lo pretendido es adicionar al relato de hechos probados un determinado texto nuevo y particular, o añadir un completo hecho probado.

Social – Seguridad Social. Declaración de incapacidad laboral. Presupuestos a la hora de evaluar la incapacidad en cualquiera de sus grados. Disminución de la agudeza visual. Soldador. No procede el reconocimiento en su favor del grado de incapacidad permanente parcial pretendido.

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León sede en Burgos de 8 de octubre de 2014 (D. José Luis Rodríguez Greciano).

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SEGUNDO.- Al amparo ya del artículo 193 c de la LRJS, entiende que nos encontramos ante unas dolencias que incapacitan de forma total, o subsidiariamente parcial, al trabajador para el desempeño de las tareas propias de su profesión u oficio.
Hemos de partir del relato de hechos probados. Del mismo se desprende que:
a). El actor es soldador, dando lugar al uso del equipo de soldadura para la fabricación y montaje de estructuras de metal, debiendo repasar con radial los bordes soldados. Contando con gafas de protección ocular y contando, en su puesto de trabajo, con valores de exposición a contaminantes químicos muy por debajo de los admisibles.
b). Se le reconoció afecto de lesiones permanentes no invalidantes.
c). Presenta traumatismo con estallido ocular derecho, con pérdida de agudeza visual de ojo derecho de lejos, sin corrección, OD 0,16 y 0,9 y con corrección OD 0,3 y OI 0,9. De cerca OD más 3,0 campo visual de ojo derecho falla algún punto periférico, no los centrales, y en ojo izquierdo normal. Con grado discapacidad del 33 %, con un 30 % de disminución de eficiencia visual.
Y para concretar, con valor de hecho probado, en el fundamento cuarto de la sentencia, se indica que tiene una agudeza visual casi íntegra, en ojo izquierdo, y parcial en el derecho, con mantenimiento prácticamente íntegro del campo visual. Contando con protecciones necesarias para el desempeño del trabajo, y no estando sometido a contaminantes químicos por encima de lo permitido o a vibraciones particularmente intensas.

Social – Laboral. Responsabilidad empresarial por accidente de trabajo. Desde el plano del deber de seguridad asumido por el empleador, lo que ha de examinarse es si existe o no una relación de causalidad entre la conducta de carácter culpabilistica por acción u omisión del empresario, en relación con la adopción de medidas de seguridad en el trabajo y el accidente producido.

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 9 de octubre de 2014 (D. José García Rubio).

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TERCERO.- (...) 2. En segundo lugar se denuncian como infringidos el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre; la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 y sus modificaciones posteriores; el art. 16 del Convenio 155 de la OIT; las Directivas comunitarias, en particular la 89/391, de 12 de junio; el art. 40.2 de la CE; los artículos 5, 14.2, 15.4, 17.1, 123.1 y 2, de la LGSS y 96...1 y 2 de la Jurisdicción social; así como la jurisprudencia y doctrina que se cita.
Se exponen en el motivo, tras la cita de sentencias del TS, en concreto de 2-10-2000, los requisitos para la imposición del recargo de prestaciones, y por lo que respecta al primero de los elementos a tal fin, que el empresario incumpla alguna medida de seguridad general o especial, abunda el recurrente sobre todo y principalmente en la situación que califica de "deplorable", en que se encontraba el edificio, en una de cuyas partes había de tener lugar la obra concreta en cuestión con ocasión de la cual tuvo lugar el accidente, al no haberse llevado a cabo, desde el punto de vista preventivo, las actuaciones concretas de inspección, teniendo en cuenta la antigüedad del edificio y la fecha en que se construyó, sin olvidad la calidad de los materiales con los que se construía en la época, para así haberse redactado un plan de seguridad, atendiendo más a la prevención ante las circunstancias relacionadas que hubieran podido evitar la producción del accidente lesivo, en lugar de un plan que se califica de rutinario para cualquier obra, tal y como viene a considerarse por el recurrente.
Conviene precisar con carácter previo, aunque sea de manera resumida, los criterios doctrinales sobre la figura regulada en el art. 123 de la LGSS, que constituye una norma central en la materia objeto del litigio actual del recargo de prestaciones. Al respecto, la STS de 26 de mayo de 2009, recoge la jurisprudencia formada en la materia, aludiendo que desde el plano del deber de seguridad asumido por el empleador, lo que ha de examinarse es si existe o no una relación de causalidad entre la conducta de carácter culpabilistica por acción u omisión del empresario, en relación con la adopción de medidas de seguridad en el trabajo y el accidente producido, y todo ello está en relación con la doctrina sobre la carga de la prueba. Asimismo, como se señala en la también STS de 12 de julio de 2007, el concepto de responsabilidad a que se contrae el precepto invocado por "el incumplimiento de los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales", se reafirma en el art. 42 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, extremo que se especifica también en el art. 14.2 de la Ley cuando dice que "en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo...", añadiéndose en el apartado 4 del art. 15 "que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador"; y por último estableciéndose en el art. 17.1 la obligación del empresario en la adopción de cuantas medidas garanticen la seguridad y salud de los trabajadores.

Procesal Penal. Constitucional. Derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Falta de pronunciamiento de la Audiencia Provincial sobre la regularidad constitucional de las escuchas judicialmente autorizadas como fuente de la información policial por medio de la cual fueron detenidos en poder de la sustancia estupefaciente aprehendida. Prohibición de la prueba obtenida de modo constitucionalmente ilícito y de las que se basan, apoyan o derivan de la misma. Nulidad de actuaciones.

Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2014 (D. Julián Artemio Sánchez Melgar).

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PRIMERO.- La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a Inocencio, Edmundo y Elsa como autores criminalmente responsables de un delito contra la salud pública a las penas que dejamos expuestas en nuestros antecedentes, frente a cuya resolución judicial han interpuesto este recurso de casación los aludidos acusados en la instancia, recursos que pasamos seguidamente a analizar y resolver. También condenó la Audiencia a Olga, pero este pronunciamiento no ha sido objeto de este recurso de casación, ni los absolutorios de Fructuoso y Antonia.
SEGUNDO.- Los tres aludidos recurrentes formalizan un motivo por vulneración constitucional, alegando como infringida la tutela judicial efectiva, en la variante de falta de respuesta a una cuestión sometida a la consideración de la Sala sentenciadora de instancia, derecho fundamental proclamado en el art. 24.1 de nuestra Carta Magna.
A tal efecto, los recurrentes se quejan de que, a pesar de haber reprochado el origen de la fuente de conocimiento por medio del cual la policía actuante les detuvo en la localidad de El Cuervo (Sevilla), tal aspecto impugnativo no ha sido resuelto, toda vez que tal información se obtuvo mediante escuchas telefónicas que fueron autorizadas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Jerez de la Frontera (D.P. 228/2009), mediante Auto de fecha 19 de enero de 2009, que consideran nulas.
Alegan, pues, los recurrentes que siendo inválidas las intervenciones telefónicas, también lo sería la fuente de donde procede la noticia de que Edmundo habría ido a Lisboa a buscar a su hermano Inocencio y a la mujer de éste, Elsa (junto a un sobrino, que también viajaba), al aeropuerto de dicha capital, siendo interceptados sobre las 21:30 horas del día 30 de marzo de 2009, descubriéndose en una maleta con ropa de bebé 1.716 gramos de cocaína (que arrojó la suma de 211,740 gramos de principio activo puro).

Procesal Penal. Tribunal del jurado. Motivación de las sentencias cuando son dictadas en un procedimiento de Jurado. No puede exigirse a los ciudadanos que emitan el veredicto con el mismo grado de razonamiento intelectual y técnico que un juez profesional. La motivación del veredicto, que debe ser lo suficientemente explícita para que el Magistrado-Presidente pueda cumplir con la obligación de concretar la existencia de prueba de cargo. Motivación complementaria atribuible al Magistrado-Presidente.

Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2014 (D. Alberto Gumersindo Jorge Barreiro).

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TERCERO. 1. Sobre la motivación de las sentencias tiene establecido esta Sala que cuando son dictadas en un procedimiento de Jurado no puede exigirse a los ciudadanos que emitan el veredicto con el mismo grado de razonamiento intelectual y técnico que un juez profesional. Por ello la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado solo requiere en el artículo 61.1.d) que conste en el acta de votación la expresión de los elementos de convicción y una sucinta explicación de las razones por las que han admitido o rechazado como probados unos determinados hechos. Con ello se configura la motivación del veredicto, que debe ser lo suficientemente explícita para que el Magistrado-Presidente pueda cumplir con la obligación de concretar la existencia de prueba de cargo que le impone el artículo 70.2 de la Ley, completando aquellos aspectos (SSTS 816/2008, de 2-12; 300/2012, de 3-5; 72/2014, de 29-1; 45/2014, de 7-2; y 454/2014, de 10-6, entre otras).
Y en las mismas sentencias que se acaban de citar también se argumenta que la motivación de la sentencia del Tribunal del Jurado viene precedida del acta de votación, que constituye su base y punto de partida, pues contiene la expresión de los elementos de convicción y una sucinta explicación de las razones por las que el colegio decisorio ha admitido o rechazado determinados hechos como probados. Pero debe ser desarrollada por el Magistrado-Presidente al redactar la sentencia, expresando el contenido incriminatorio de esos elementos de convicción señalados por los jurados y explicitando la inferencia cuando se trate de prueba indiciaria o de hechos subjetivos. Se trata de una responsabilidad que la Ley impone a quien puede cumplirla, pues el Magistrado-Presidente ha debido asistir atento al juicio y a sus incidencias, ha estimado en el momento procesal correspondiente que existe prueba valorable que impide la disolución anticipada, ha redactado el objeto del veredicto y ha debido impartir al Jurado instrucciones claras sobre su función y la forma de cumplirla adecuadamente. Visto lo cual, debe estar en condiciones de plasmar con el necesario detalle en cada caso cuáles son las pruebas tenidas en cuenta por los jurados y cuál es su contenido incriminatorio, así como, en caso de prueba indiciaria y de elementos subjetivos, cuál es el proceso racional que conduce de forma natural desde unos hechos indiciarios ya probados hasta otros hechos, objetivos o subjetivos, inferibles de aquellos.

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