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miércoles, 10 de enero de 2018

Impugnación de la tasación de costas formulada por Bankia, S.A. en un juicio de nulidad de la compra de acciones de dicha entidad, solicitando que se minore la minuta del letrado en un 60% al considerar excesivos los honorarios del abogado minutante al considerar que tratándose el asunto enjuiciado de un procedimiento repetitivo o en masa, de nula complejidad en la actualidad, la dedicación y esfuerzo del letrado ha sido mínima. La sección 4ª de la AP de Las Palmas confirma el decreto dictado por la señora Letrada de la Administración de Justicia de la Sección que desestimaba la impugnación.

    Auto de la Audiencia Provincial de Las Palmas (s. 4ª) de 10 de enero de 2018 (D. Juan José Cobo Plana).


HECHOS

PRIMERO.- Por el Letrado de la Administración de Justicia se dictó Decreto de fecha 6 de noviembre de 2017.

SEGUNDO.- Contra el referido Decreto la representación procesal de Bankia, S.A. interpuso recurso de revisión, del que se dio traslado a la otra parte que lo impugnó.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Resolviendo una cuestión idéntica a la que aquí se plantea, el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (sec. 8ª) de 31 de octubre de 2017 (Pte: D. JESUS GAVILAN LOPEZ) dice lo siguiiente:

PRIMERO. - Antecedentes y objeto del recurso de revisión.

1.- La impugnación de honorarios por excesivos de la minuta del Letrado trae causa de la demanda planteada por Dª María Inés, contra BANKIA S.A., en reclamación de derecho y cantidad, solicitando que se declarara nulo el contrato de compra de acciones de Bankia S.A., y que se condenara a la demandada a abonarle la cantidad de 17.872,56 euros, más el interés desde la compra, con simultánea anotación en cuenta de la nulidad de la transmisión de acciones, o, subsidiariamente, la resolución del contrato por incumplimiento de las obligaciones de información, con indemnización de daños y perjuicios, demanda que fue estimada en su integridad con imposición de costas a la demandada.

2.- Dicha impugnación se fundamenta en el hecho de tratarse de un procedimiento que se considera repetitivo de otros anteriores de similar naturaleza y sin complejidad, interesando se redujera la minuta presentada de 1.747,00 euros, más IVA, a la más moderada de 1.378,45 euros, más IVA, de acuerdo con el Auto de la Sección 14ª de esta Audiencia Provincial de Madrid.

3.- Conferido traslado a la minutante y al Colegio de Abogados de Madrid, por el primero se opuso a la reducción, y por el segundo se emitió dictamen confirmando la procedencia de la minuta, por ser ajustada a los criterios orientativos del dicho Colegio. Finalmente por la Sra. Letrado de esta Sala se dictó Decreto confirmando la tasación de costas en la cuantía solicitada inicialmente.


domingo, 7 de enero de 2018

Solicitud de diligencias preliminares. Magnífico estudio sobre los límites del derecho de acceso a la documentación propia de terceros por vía de las diligencias preliminares.

Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (s. 28ª) de 7 de julio de 2017 (D. Enrique García García).

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PRIMERO.- La recurrente, Dª. Graciela, manifiesta su discrepancia con la decisión del juez de lo mercantil por la que le rechazó la petición de diligencias preliminares que aquella le planteó. La solicitud tenía por objeto la exhibición de una gran cantidad de documentación (informes de vida laboral, facturas de clientes y proveedores, cuentas anuales, modelos de retenciones de rendimientos del trabajo, de declaración de operaciones con terceros, del impuesto de sociedades, de retenciones de arrendamientos, etc) que se referiría a un amplio marco temporal (desde el ejercicio 2011 al 2015) y que pertenecía a cuatro diferentes sociedades BLOCK REAL SL, TODOLAC SL, BLOCK LACADOS MADRID SL Y MADRID BLOCK DESIGN SL. La petición se dirigía contra estas entidades y contra otras cuatro personas físicas, a las que por sus cargos o relaciones con aquellas también se les reclamaba que mostrasen la documentación social mencionada que pudiera estar en su poder.
El juez de lo mercantil rechazó la solicitud porque entendió que el gran alcance de la petición y la amplitud de la finalidad que se perseguía con ella resultaban incompatibles con el objeto para el que están legalmente diseñadas las diligencias preliminares. Advirtió, además, que la condición de administradora de BLOCK REAL SL de la peticionaria, Dª. Graciela, no casaba bien con la solicitud por su parte de exhibición de documentación de esta entidad a la que debería haber podido acceder por sus propios medios.
En el escrito de recurso se nos alega por la defensa de Dª. Graciela que lo único que pretende preparar la solicitante con la diligencia preliminar, tras recibir información sobre el destino del patrimonio social de BLOCK REAL SL, no es una acción de responsabilidad ni tampoco de rendición de cuentas, sino una reclamación de cantidad y que lo que persigue es delimitar su cuantía y contra quien la dirige. Sostiene además que el acceso por sí misma a la documentación social no le era posible, pues en su momento cesó en el cargo de administradora de BLOCK REAL SL, y fue con posterioridad cuando se produjo la creación de las otras sociedades a las que se refiere su solicitud. Reclama de este tribunal una interpretación flexible de la normativa que haga posible que se admitan las diligencias de exhibición de documentación que ha reclamado.

sábado, 6 de enero de 2018

Intereses del art. 20.8º LCS. Exitencia de causa justificada de la oposición de la entidad aseguradora a la vista del contenido del atestado policial que señala que de las manifestaciones de un testigo y del conductor del autobús «parece desprenderse que el peatón irrumpe en la calzada, precipitadamente y por lugar no habilitado, interponiéndose en la trayectoria del autobús» y que «el citado peatón se encontraba con un grupo de personas, todas ellas con signos de haber ingerido gran cantidad de alcohol».

Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2017 (D. José Antonio Seijas Quintana).

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PRIMERO.- El único motivo del recurso de casación, de los tres formulados, que ha sido admitido a tramite, denuncia la infracción de la regla 8.º del artículo 20 LCS, y de la doctrina de esta Sala sobre los casos en que cabe considerar que concurre la «causa justificada», expresada en las sentencias que cita, especialmente referidas al criterio restrictivo en su apreciación.
Estos intereses traen causa de la indemnización que la sentencia concede al recurrente como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente de tráfico ocurrido el día 21 de marzo de 2008, sobre las 22,10 horas, a la altura del núm. 117 de la calle Bravo Murillo, en la confluencia con la calle Almansa, de Madrid, cuando el autobús, marca Irisbus, modelo Cityclas, matrícula.... WNB, propiedad de la EMT, asegurado en la entidad Zurich y conducido por D. Bernardo, golpeó con el espejo retrovisor derecho la cabeza de D. Adrian, quien se encontraba al borde de la acera.
Por estos hechos se siguieron actuaciones penales concluidas mediante sentencia dictada en fecha 15 de febrero de 2010, en el Juicio de Faltas núm. 544/08 del Juzgado de Instrucción núm. 14 de Madrid, que se aceptaron y dieron por reproducidos en la sentencia dictada por la Sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Madrid, en fecha 24 de mayo de 2010, en la que fue condenado el conductor del autobús, junto con la propietaria y aseguradora del vehículo, como autor de una falta de lesiones cometida por imprudencia leve (artículo 621.3 del Código Penal), sin entrar a resolver sobre la responsabilidad civil al haberse reservado el lesionado las acciones civiles.
La sentencia del juzgado desestimó la demanda y fue revocada por la sentencia ahora recurrida en la que después de estimar una concurrencia de culpas, que fija en una proporción del 85 % a cargo del conductor del autobús y en un 15 % a cargo del peatón, estima que existe justa causa para denegar el recargo del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro desde la fecha del accidente pata computarlo «desde la fecha del dictado de la sentencia del Juzgado de Instrucción ya citado y en la cuantía fijada en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro hasta su completo pago, teniendo en cuenta el pago parcial efectuado y la fecha de éste a los efectos del cómputo, pues si bien es cierto que la citada entidad, en un principio, pudo, atendiendo al juicio crítico del atestado efectuado por la fuerza actuante, entender que el conductor del vehículo asegurado por ella no era el responsable del siniestro, es lo cierto que la responsabilidad penal de éste fue declarada por la citada sentencia, de fecha 15 de febrero de 2010, no siendo hasta 16 de junio de 2011 cuando abonó al lesionado el importe que consideró ajustado a lo dispuesto por el Médico Forense a cuyas conclusiones se atuvo».

Reclamación de daños y perjuicios por lesiones en accidente de circulación. Comienzo del plazo de prescripción. Con carácter general, el momento del alta definitiva es el momento en que las secuelas han quedado determinadas y en el que comienza la prescripción de la acción para reclamar la indemnización, o, en su caso, a partir del momento de fijación de la incapacidad o defectos permanentes originados por el suceso lesivo, lo que no excluye que en atención a las circunstancias especiales concurrentes en casos determinados pueda apreciarse que el plazo de prescripción se inicia en un momento posterior por resultar necesarias ulteriores comprobaciones para determinar el alcance de las secuelas.

Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2017 (D. José Antonio Seijas Quintana).

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PRIMERO.- Don Casimiro, recurrente, tuvo un accidente de tráfico cuando circulaba con su ciclomotor el día 14 de diciembre de 2007 en el que resultó lesionado. El día 19 de agosto de 2008 recibió el alta médica, a pesar de lo cual continuó recibiendo tratamiento: el primer acto médico consistió en una resonancia magnética (2 de noviembre de 2009), tras lo cual fue revisado por la unidad de traumatología (3 de mayo de 2010), unidad de artroscopia (25 de enero de 2011), siendo operado el 23 de junio de 2011 y recibida alta médica el 23 de junio de 2011. La demanda se formula el 4 de septiembre de 2012.
La sentencia del juzgado consideró que la acción formulada por el sr. Casimiro no había prescrito. Sitúa el día inicial en la fecha de la segunda alta, lo que descarta la sentencia de la Audiencia que considera que ha transcurrido más de un año desde la primera, hasta que se formula la demanda, sin tomar en cuenta los hechos posteriores. Según se recoge en la sentencia del juzgado y no se discute en el recurso de apelación, dice la sentencia:
«el actor sufrió un accidente el 14 de diciembre de 2007, por el que recibió el alta médica el 19 de agosto de 2008, comenzando a computarse en dicho momento el plazo de prescripción de la acción que no consta interrumpido por reclamación judicial o extrajudicial dentro del plazo de un año. Si bien se señala en la sentencia que a pesar de dicho alta médica el actor continuó recibiendo tratamiento, el primer acto médico que consta en la sentencia, consistente en una resonancia magnética, es de 2 de noviembre de 2009, tras lo cual fue revisado por la unidad de traumatología el 3 de mayo de 2010, unidad de artroscopia el 25 de enero de 2011, operado el 23 de junio de 2011 y recibida alta médica el 23 de junio de 2011. Atendiendo a dichas fechas, la acción para la reclamación de los daños sufridos en el accidente prescribió el 19 de agosto de 2009, esto es, transcurrido un año desde la estabilización de las lesiones el 19 de agosto de 2008, sin que se haya acreditado su interrupción durante dicho periodo, ni conste que aparecieron sobrevenidas lesiones o consecuencias del siniestro durante dicho plazo».

Seguro de vida. Interpretación del art. 15.2 LCS, en caso de impago de alguna de las primas sucesivas del contrato de seguro. Cuando se haya fraccionado el pago de la prima y se deja de pagar el primer fraccionamiento, a su vencimiento, desde ese momento opera la previsión contenida en el art. 15.2 LCS, sin que sea necesario esperar al vencimiento del último fraccionamiento. A los efectos del art. 15.2 LCS la prima debe entenderse impagada, y por ello desde ese momento comienza el plazo de gracia de un mes, y a partir de entonces se suspende la cobertura del seguro, hasta la extinción del contrato a los seis meses del impago, siempre que en este tiempo no conste que la aseguradora ha optado por reclamar la prima.

Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2017 (D. IGNACIO SANCHO GARGALLO).

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PRIMERO. Resumen de antecedentes
1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.
Simón concertó un seguro de vía con la compañía de seguros Winthertur Vida Sociedad Anónima de Seguros, el día 18 de abril de 2002. La cobertura del riesgo comenzaba el día 1 de mayo de 2002. El riesgo asegurado era el fallecimiento del tomador del seguro, el Sr. Simón, y la suma asegurada pactada era 60.101,21 euros. Los beneficiarios del seguro eran la esposa del Sr. Simón, Sacramento, y sus hijos, Valentina y Fernando.
Para el pago de la prima se convino su domiciliación en la cuenta NUM000, del BSCH, titularidad del Sr. Simón. Se pactó el fraccionamiento de la prima en dos pagos semestrales, el primero antes del comienzo del primer semestre y el segundo antes del comienzo del segundo semestre.
Para el pago de la primera prima, la del año 2002, la compañía de seguro pasó el recibo del primer fraccionamiento a la cuenta designada para su pago, el día 6 de mayo de 2002, y el segundo el día 4 de noviembre de 2002. Los recibos correspondientes a los fraccionamientos de la prima del año 2003 se pasaron a la cuenta designada los días 5 de mayo de 2002 y 4 de noviembre de 2003. Este último recibo fue cargado en la cuenta, a pesar de que el saldo era negativo.
Por lo que respecta al año 2004, la aseguradora pasó al cobro el primer fraccionamiento de la prima el día 4 de mayo de 2004. Esta cantidad inicialmente fue cargada en la cuenta designada, a pesar de que el saldo era negativo. Pero unos días después, el 13 de mayo de 2004, fue anulado el pago.
Más tarde, el día 5 de julio de 2004, falleció Adriano.

viernes, 5 de enero de 2018

Alimentos de los hijos menores. Fecha desde la que se deben. Cada resolución desplegará su eficacia desde la fecha en que se dicte y será solo la primera resolución que fije la pensión de alimentos la que podrá imponer el pago desde la fecha de la interposición de la demanda, porque hasta esa fecha no estaba determinada la obligación, y las restantes resoluciones serán eficaces desde que se dicten, momento en que sustituyen a las citadas anteriormente.

Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2017 (D. José Antonio Seijas Quintana).

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PRIMERO.- La sentencia que ahora se recurre en casación acordó que los alimentos que venía prestando el padre a uno de sus dos hijos fueran a cargo de la madre en la cantidad de ciento cincuenta euros al mes, dado que se había ido a vivir con él a raíz de la denuncia que contra el mismo interpuso su madre. Estos alimentos se consideran debidos en la sentencia desde la formulación de la demanda, aspecto este último contra el que se alza el recurso de casación cuyo interés casacional se justifica por vulnerar la doctrina de esta sala expresada en las sentencias de 18 y 19 de noviembre de 2014 y 3 de octubre de 2008.
El motivo de desestima
1. Como reiteramos en la sentencia 389/2015, de 23 de junio :
«(E)sta Sala ha tenido ocasión de fijar doctrina jurisprudencial en interés casacional en las sentencias de 26 de marzo de 2014 y 19 de noviembre de 2014.
»Según esta doctrina, no cabe confundir dos supuestos distintos: aquel en que la pensión se instaura por primera vez y aquel en el que existe una pensión alimenticia ya declarada (y por tanto, que ha venido siendo percibida por los hijos menores) y lo que se discute es la modificación de la cuantía (...).
»En el primer caso debe estarse a la doctrina sentada en sentencias de 14 de junio 2011, 26 de octubre 2011 y 4 de diciembre 2013, según la cual "(d)ebe aplicarse a la reclamación de alimentos por hijos menores de edad en situaciones de crisis del matrimonio o de la pareja no casada la regla contenida en el art. 148.1 CC, de modo que, en caso de reclamación judicial, dichos alimentos deben prestarse por el progenitor deudor desde el momento de la interposición de la demanda". Sin duda esta regla podría tener excepciones cuando se acredita que el obligado al pago ha hecho frente a las cargas que comporta el matrimonio, incluidos los alimentos, hasta un determinado momento, con lo que, sin alterar esta doctrina, los efectos habrían de retrotraerse a un tiempo distinto, puesto que de otra forma se estarían pagando dos veces.

Alimentos a hija mayor de edad, 23 años que vive de forma independiente de sus progenitores. Ha completado sus estudios y desarrollado actividades laborales de forma intermitente, aunque al interponer la demanda figura como demandante de empleo, careciendo de ingresos. No se ha constatado su falta de diligencia ni que dicha situación la haya creado ella, pues aparece documentado que ha trabajado de forma intermitente y que ha completado su formación. El TS confirma la cantidad de 150 euros mientras subsista la necesidad atendiendo a los recursos del padre.

Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2017 (D. FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS).

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PRIMERO.- Antecedentes.
El recurso de casación, tiene por objeto la sentencia dictada en un juicio verbal de alimentos, con tramitación ordenada por razón de la materia en el artículo 250.1. 8.ª LEC, con acceso a casación por el cauce previsto en el ordinal 3.º del artículo 477.2 LEC que exige acreditar debidamente el interés casacional.
El procedimiento se inicia a instancias de D.ª Gloria, nacida el NUM000 1991, mayor de edad, quien reclama alimentos a su padre. Este se opone, dictándose sentencia en primera instancia que desestima la demanda y es recurrida.
En la sentencia dictada en primera instancia consta que el padre trabaja en el sector de hostelería y en el año 2016, según nóminas aportadas, percibía 906,70 euros mensuales más las propinas.
La sentencia de la Audiencia Provincial estima parcialmente el recurso de apelación, interpuesto por D.ª Gloria, y revoca la dictada en primera instancia y condena al demandado a pagar a su hija 150 euros como pensión de alimentos, desde mayo de 2015 y mientras subsista la necesidad de la alimentista, y actualizable.
Atiende a las siguientes circunstancias, conforme a su fundamento de derecho tercero, 1. Es mayor de edad, 23 años al interponer la demanda; 2. Vive de forma independiente de sus progenitores; 3. Ha completado sus estudios y desarrollado actividades laborales de forma intermitente, aunque al interponer la demanda figura como demandante de empleo, careciendo de ingresos. 4. Convive desde hace años con sus tíos maternos; 5. Su madre está en situación económica precaria e imposibilitada para prestar alimentos. Considera que no es necesario demandar a quien carece de recursos para cumplir la obligación de alimentos, y el padre ha reconocido que la madre de la recurrente jamás ha contado con ingresos propios y carece de medios para hacer frente incluso a sus propias necesidades, por lo que dicha obligación recae exclusivamente en el padre. Sin que el hecho de que la hija tenga cubierta su necesidad de habitación, por prestarla voluntariamente sus tíos maternos, le impida reclamar alimentos al padre, pues no todas sus necesidades imprescindibles las tiene cubiertas, pues consta que está en desempleo y sin ingresos, y no se ha constatado su falta de diligencia ni que dicha situación la haya creado ella, pues aparece documentado que ha trabajado de forma intermitente y que ha completado su formación. Se fija la cantidad de 150 euros mientras subsista la necesidad atendiendo a los recursos del padre.

Cláusula suelo. Fecha de retroacción para la restitución de las cantidades. Principio de congruencia. Una cosa es que la restitución de las prestaciones sea un efecto ex lege de la declaración de nulidad (art. 1303 CC), y otra que dicho efecto no pueda modularse en función del principio dispositivo. De manera que si la propia parte solicitante de la nulidad circunscribe su reclamación a un lapso temporal más corto, como en este caso en que se reclaman desde que se produjo la reclamación extrajudicial, el tribunal queda vinculado por dicha limitación de los efectos, conforme a los arts. 216 y 218.1 LEC.

Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2017 (D. Pedro José Vela Torres).

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TERCERO.- Segundo motivo de infracción procesal. Incongruencia
Planteamiento :
1.- En el segundo motivo de infracción procesal, formulado al amparo del art. 469.1.2º LEC, se denuncia la infracción del art. 218 LEC, por incongruencia ultra petita, o subsidiariamente extra petita.
2.- En el desarrollo del motivo se alega, resumidamente, que en la demanda se solicitó la devolución de las cantidades cobradas por la aplicación de la cláusula suelo desde que se produjo la reclamación extrajudicial (ante el defensor del cliente de la propia entidad, el 11 de marzo de 2011), ambas sentencias de instancia conceden la devolución desde que se aplicó la cláusula, con el argumento de que eficacia ex tunc deriva de la propia declaración de nulidad y es un efecto legal.
Decisión de la Sala :
1.- Como hemos dicho en múltiples resoluciones (por todas, sentencia 580/2016, de 30 de julio), la congruencia exige una correlación entre los pedimentos de las partes oportunamente deducidos y el fallo de la sentencia, teniendo en cuenta la petición y la causa de pedir. Adquiere relevancia constitucional, con infracción no sólo de los preceptos procesales (art. 218.1 LEC), sino también del art. 24 CE, cuando afecta al principio de contradicción, si se modifican sustancialmente los términos del debate procesal, ya que de ello se deriva una indefensión a las partes, que al no tener conciencia del alcance de la controversia no pueden actuar adecuadamente en defensa de sus intereses. A su vez, para decretar si una sentencia es incongruente o no, ha de atenderse a si concede más de lo pedido (ultra petita), o se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes (extra petita) y también si se dejan incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las partes (citra petita), siempre y cuando el silencio judicial no puede razonablemente interpretarse como desestimación tácita. Se exige para ello un proceso comparativo entre el suplico integrado en el escrito de demanda y, en su caso, de contestación, y la parte resolutiva de las sentencias que deciden el pleito.

jueves, 28 de diciembre de 2017

Deudas a cargo de la sociedad de gananciales. La responsabilidad de los cónyuges será solidaria, y no mancomuanada, cuando se acredite que se trata de una deuda contraída conjuntamente, de forma que la solidaridad se funda en que entre los deudores existe una comunidad jurídica de objetivos y queda evidenciada la voluntad de los contratantes de obligarse conjuntamente. En tales casos, a pesar de la solidaridad, habrá que demandar a ambos cónyuges de forma que si solo se demanda a uno deberá apreciarse la existencia de litisconsorcio pasivo necesario. Voto particular.

Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2017 (D. EDUARDO BAENA RUIZ).

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PRIMERO.- Resumen de Antecedentes.
Son hechos relevantes de la instancia para la decisión del recurso los que se exponen a continuación:
1.- Dª. Eva María interpuso demanda contra Dª. Debora en reclamación de 72.000 euros que, según aquella, le adeuda.
En concreto, alega la actora que la entidad mercantil Decoplan S.L. ejecutó en el año 2007 unas obras por encargo de la demandada, que tenían por objeto la adaptación de un local para la actividad médico-estética que desarrollaría D.ª Debora.
D.ª Eva María el día 5 de noviembre de 2007 realizó a Decoplan una transferencia de 72.000 euros, por cuenta de D.ª Debora, para surtir efecto como pago de parte del precio de la ejecución de las obras.
Cuando tuvo lugar la transferencia la demandada era cónyuge del hijo de la actora, D. Agustín, pero afirma la demandante que tal cantidad fue un préstamo que hizo solo y exclusivamente a su nuera D.ª Debora, no a su hijo D. Agustín.
2.- La demandada, que se encuentra divorciada de su esposo D. Agustín y en trámite de liquidación de la sociedad legal de gananciales, opuso en la contestación a la demandada como excepción, en lo ahora relevante, que el único deudor es D. Agustín, hijo de la actora y su cónyuge al tiempo de la transferencia, y no ella, pues las obras tenían como finalidad la adaptación del local a un negocio común; por lo que en la liquidación de la sociedad de gananciales procedería una compensación de créditos.
Concluye que carece de legitimación pasiva en relación con la acción ejercitada, entendida como falta de legitimación "ad causam".
Pero añade que, si así no se entendiese, y estuviese pasivamente legitimada para soportar la acción ejercitada, que se declare, con carácter subsidiario, defectuosamente constituida la relación jurídico procesal, «incurriendo en el supuesto de litisconsorcio pasivo necesario, toda vez que siendo el esposo, D. Agustín el obligado directo, quien por tanto resultaría afectado por el resultado del pleito tendría que ser traído al procedimiento a fin de evitar indefensión...»

lunes, 25 de diciembre de 2017

Modificación de medidas. El TS acuerda la guarda y custodia compartida. Para ello tiene en cuenta que se da el transcurso de tiempo suficiente, desde la interposición de la demanda de divorcio el 12 de noviembre de 2012, hasta la interposición de la demanda de modificación de medidas el 19 de febrero de 2016. Unido a ello, el padre ha conseguido su traslado a la localidad en la que los menores cursan sus estudios, lo que beneficia que el padre (profesor de matemáticas) pueda disponer de más tiempo y controlar los estudios del hijo menor, de rendimiento escolar irregular.

Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 2017 (D. FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS).

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PRIMERO.- Antecedentes.
1.- Acciones ejercitadas y sentencia de primera instancia.
El presente recurso trae causa de la demanda de modificación de medidas adoptadas en sentencia de divorcio ejercitada por el marido, solicitando la adopción de la guarda y custodia compartida.
Por la sentencia de primera instancia se declaran como hechos probados:
a) Que el régimen de visitas y comunicaciones se ha desarrollado prácticamente sin incidencias.
b) Que el trabajo del padre como profesor de matemáticas de secundaria y jefe de departamento, le proporciona un horario que le permite organizar una adecuada asistencia a sus hijos.
c) Que no consta que el enfrentamiento entre los padres, haya transcendido a los menores. No obstante, el menor Herminio es un niño «vago, poco trabajador», teniendo que estar sobre él para que trabaje un poco más.
d) Que los dos progenitores residen en la localidad de Ramacastañas a una distancia de cinco minutos a pie.
e) Que los progenitores han llegado a acuerdos en el régimen de vacaciones establecido en sentencia en interés de los menores.
f) Que el padre parece más proclive a sentarse con sus hijos a hacer las tareas escolares que la madre, que no obstante cuida de sus hijos de una manera adecuada.
g) Que los menores tienen buenas relaciones con ambos progenitores, y que el hijo menor Herminio ha manifestado querer pasar más tiempo con su padre.
Por todo ello el juzgador de primera instancia, valoradas estas circunstancias, así como el interés de los menores, accede a la modificación de medidas solicitada en la demanda y, en consecuencia se establece un régimen de guarda y custodia compartida con alternancia semanal.

Doctrina jurisprudencial sobre el derecho a alimentos de los hijos mayores de edad afectados por minusvalía, física, mental, intelectual o sensorial. Debe darse una respuesta adaptada a las particulares circunstancias tanto de la persona afectada por la minusvalía como del progenitor alimentista.

Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 2017 (D. José Antonio Seijas Quintana).

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PRIMERO.- Don Augusto interesó en juicio de divorcio la modificación de las medidas acordadas en procedimiento de separación matrimonial concluido mediante sentencia de 16 de febrero de 2016. En concreto, solicita la supresión o reducción de los alimentos fijados en el convenio regulador de separación a favor de su hijo, Augusto, en la actualidad mayor de edad, por importe de 200 euros mensuales, así como la contribución fijada para gastos extraordinarios.
El demandante funda su petición en el hecho de que se encuentra afectado por incapacidad física para realizar su actividad laboral que le obliga a hacer frente a gastos farmacéuticos y tratamientos derivados de su enfermedad, y tiene además embargada la nómina de la cantidad de 200 euros por atrasos en el pago de los alimentos, por lo que carece de capacidad económica para pagar la pensión alimenticia fijada a favor de su hijo, que no cursa estudios de formación y que tiene ingresos propios trabajando como fotógrafo.
La sentencia del juzgado estima la demanda y extingue los alimentos. Sostiene que el hijo cuenta en la actualidad 27 años de edad y cursa estudios para la obtención del grado de educación secundaria obligatoria para mayores de edad, sin obtener ningún resultado académico al no haberse presentado a ninguna de las asignaturas en las que se matriculó, no existiendo razón alguna que justifique la demora y tardanza en completar los estudios correspondientes a la enseñanza obligatoria.
En relación al alimentante, señala, se encuentra actualmente en situación de incapacidad absoluta para toda actividad laboral, percibiendo una pensión del INSS, de 703,26 euros mensuales. En relación al alimentista, dice lo siguiente la sentencia: «es cierto que el hijo común de los litigantes tiene reconocido, por resolución de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales (delegación Territorial de Granada), de fecha 8 de julio de 2015, un grado de discapacidad del 42% con un grado de limitación en la actividad del 32%..., si bien no es menos cierto que no consta que dicha discapacidad haya influido en el desarrollo de su formación con aprovechamiento, como tampoco consta que la misma le impida integrarse en el mundo laboral. Es más... Augusto realiza trabajos de fotografía, por lo que está en condiciones de desarrollar una actividad laboral y está capacitado para obtener ingresos por dicha actividad, aun cuando no conste dado de alta en la Seguridad Social».

El Tribunal Supremo considera privativa y no ganancial la indemnización por incapacidad percibida por el esposo antes del divorcio, con base en una póliza colectiva suscrita por la empresa donde este trabajaba. La pensión derivada de una incapacidad permanente dispensa protección a quien ve mermada su capacidad laboral como consecuencia de una enfermedad o de un accidente: se dirige a compensar un daño que afecta a la persona del trabajador, la ausencia de unas facultades que tenía y que ha perdido, lo que en el futuro le mermará las posibilidades de seguir obteniendo recursos económicos por la aplicación de esas facultades. El reconocimiento del carácter privativo de la pensión tiene como consecuencia que, después de la disolución de la sociedad, el beneficiario no debe compartir la pensión con su cónyuge.

Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2017 (Dª. María de los Ángeles Parra Lucan).

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PRIMERO.- Los antecedentes más relevantes para la decisión del presente recurso son los siguientes:
1. - D.ª Sacramento y D. Rosendo contrajeron matrimonio el 4 de noviembre de 1989.
El 6 de mayo de 2013 se admite a trámite la demanda de divorcio y el 25 de septiembre de 2013 D.ª Sacramento presenta solicitud de formación de inventario al amparo de lo dispuesto en el art. 808 LEC.
Citados los cónyuges, en el acto celebrado el 19 de diciembre de 2013, D. Rosendo manifiesta que se opone parcialmente a la propuesta presentada por D.ª Sacramento. En el mismo acto, cada una de las partes solicita la inclusión en el inventario de otras partidas sobre las que tampoco alcanzan un acuerdo. Conforme a lo dispuesto en el art. 809 LEC, se ordena la continuación de la tramitación con arreglo a lo previsto en el juicio verbal.
Por lo que aquí interesa, discrepan los litigantes acerca de la naturaleza, privativa o ganancial, de la indemnización en concepto de incapacidad permanente absoluta percibida por D. Rosendo antes del divorcio. La indemnización fue abonada por la compañía aseguradora Antares, que tenía concertada con la empresa en la que trabajaba D. Rosendo (Telefónica Gestión de Servicios Compartidos SAU) una póliza de seguro colectivo que cubría el siniestro acaecido.
D.ª Sacramento defiende que la indemnización es ganancial, de acuerdo con el art. 1347 CC, porque la indemnización se percibe por un beneficio social que concede la empresa a sus trabajadores y no se indemnizan los daños sufridos (art. 1346.6.º CC) ni es inherente a la persona (art. 1346.5.º CC).
D. Rosendo argumenta por el contrario que, de acuerdo con el art. 1346 CC, la indemnización es privativa, pues ha sido abonada por un seguro como consecuencia de haber sido incapacitado para toda profesión, por lo que se trataría de un bien inherente a la persona incluido en el art. 1346.5.º CC.

lunes, 18 de diciembre de 2017

Condiciones generales de la contratación. Requisitos para que una estipulación contractual sea condición general de la contratación. Predisponente: no tiene que ser el auto material de la cláusula. Improcedencia de la aplicación de oficio de la retroactividad de los efectos de la nulidad de la cláusula suelo cuando la propia parte consintió la limitación temporal acordada en primera instancia, al no recurrir la sentencia en apelación.

Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 2017 (D. Pedro José Vela Torres).

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SEGUNDO.- Primer motivo de casación. Condiciones generales de la contratación. Predisposición
Planteamiento:
1.- En el primer motivo de casación, Catalunya Banc S.A. (como sucesora de Caixa Catalunya, aunque actualmente es BBVA) alegó la infracción de los arts. 1 y 4.2 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación (en adelante, LCGC), así como el art. 1.2 de la Directiva 93/13/CEE. También consideró infringidas las sentencias de esta sala de 9 de mayo de 2013 y 8 de septiembre de 2014.
2.- En el desarrollo del motivo argumenta, resumidamente, que la promoción de viviendas en la que los demandantes adquirieron las suyas se realizó en ejecución de un plan especial de la Junta de Extremadura, en cuyo marco se firmó un convenio entre la administración y la entidad financiadora, donde se establecieron las condiciones de los futuros préstamos hipotecarios. En consecuencia, las condiciones fueron impuestas por la administración y tienen carácter imperativo. De donde se desprende que ni la cláusula litigiosa es una condición general de la contratación, ni la entidad prestamista fue predisponente.
Decisión de la Sala:
1.- El art. 1 LCGC dice que son condiciones generales de la contratación «las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos».
A su vez, cuando el contratante sea consumidor, el art. 80 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (en adelante, TRLGCU) utiliza la expresión «cláusulas no negociadas individualmente» en los contratos celebrados con consumidores. Y para conocer el significado de «cláusula no negociada individualmente», hemos de acudir a la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, cuyo art. 3.2 establece que se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente «cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en los contratos de adhesión».

El orden de los apellidos de un menor, existiendo desacuerdo de los progenitores, en caso de paternidad reconocida en procedimiento de reclamación de paternidad no matrimonial. Lo relevante no es el deseo del padre desde que tuvo lugar el nacimiento del menor, por noble que fuese, sino cual será el interés protegible de ese menor al día de hoy respecto al cambio del orden de los apellidos con el que consta inscrito en el Registro Civil, y con el que viene identificado, desde entonces, en la vida familiar, social o escolar.

Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de diciembre de 2017 (D. EDUARDO BAENA RUIZ).

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PRIMERO.- Resumen de Antecedentes.
Son hechos relevantes de la instancia para la decisión del recurso los que se expresan a continuación.
1.- El 23 de febrero de 2016 D. Cristobal formuló demanda de determinación legal de la filiación frente a D.ª Graciela, con quien había mantenido una relación sentimental de la que quedó embarazada y dio a luz una niña el día NUM000 de 2015.
Con fundamento en tales hechos solicitó que en sentencia se declare la filiación paterna de la menor y que se acuerde la rectificación de la inscripción de nacimiento de la misma a fin de introducir los datos del demandante y que el apellido paterno pase a ser el primero.
2.- La parte demandada reconoció en la contestación a la demanda la paternidad del demandante, pero se opuso a la rectificación del apellido solicitada de contrario, por cuanto si bien es cierto que, según el art. 194 RRC, se impondrá en primer lugar el apellido paterno, tal solución favorece el predominio de la desigualdad, máxime, cuando durante el embarazo y crianza de la niña se ha visto sola.
3.- La sentencia dictada en primera instancia, con cita de la sentencia de esta sala de 17 de febrero de 2015, desestima la petición del padre sobre los apellido. Ante la falta de acuerdo de los progenitores, la juzgadora mantiene la opción de fijar el primer apellido de la madre y el segundo del padre, de acuerdo con la opción de la madre en el interrogatorio y que considera justificada: « [...] por ser ella quién se ha venido haciendo cargo de la menor desde que nació y de cara a terceros la menor lleva ostentando casi un año los apellidos maternos [...]».
4.- Interpuesto recurso de apelación por el demandante, la Sección 22.ª de la Audiencia Provincial del Madrid dictó sentencia que estima el recurso de apelación y declara que la menor ostentará como primer apellido el del padre y como segundo el de la madre.
La sentencia recurrida con cita y extracto de la sentencia del Tribunal Supremo 15/2016, de 1 de febrero, argumenta que pese a la orientación jurisprudencial:

El tipo de referencia IRPH. Control de transparencia de la cláusula de interés variable que lo referencia al IRPH. El Tribunal Supremo establece que la mera referenciación de una hipoteca al IRPH no supone falta de transparencia o abusividad. Por las mismas razones por las que la Audiencia Provincial anula la referencia al IRPH podría haber anulado una referenciación al Euribor, si su evolución hubiera sido más desfavorable para el consumidor. Voto particular.

Sentencia del Tribunal Supremo en Pleno de 14 de febrero de 2017 (D. Pedro José Vela Torres).

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PRIMERO.- Resumen de antecedentes
1.- El 21 de septiembre de 2007, D. Darío suscribió con la Caja de Ahorros de Vitoria y Álava (actualmente, Kutxabank S.A.) un contrato de préstamo con garantía hipotecaria, por importe de 250.000 euros y plazo de treinta y cinco años. Posteriormente, el 2 de marzo de 2009 se firmó una novación del préstamo, que afectó únicamente al plazo de vencimiento, que se amplió hasta el 14 de octubre de 2048.
En dicho contrato se incluían sendas cláusulas sobre el interés remuneratorio y el interés de demora.
2.- Respecto del interés remuneratorio, se pactó que durante los primeros doce meses se devengaría un interés fijo del 4,250% anual. Y transcurrido dicho plazo, se aplicaría un interés, al alza o a la baja, de acuerdo con el procedimiento que se establecía en la cláusula tercera bis, revisable cada seis meses.
La cláusula tercera bis, bajo la rúbrica «Margen», decía lo siguiente:
«CONJUNTO DE ENTIDADES: Para cada uno de los períodos semestrales siguientes, el tipo de interés será el resultante de adicionar el MARGEN al tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para la adquisición de vivienda libre, concedidos por el conjunto de entidades de crédito definido por la Circular 5/94 del Banco de España de 22-7-94, que se publica en el B.O.E. de 3-8-94».
»MARGEN, es el porcentaje a añadir al tipo determinado de acuerdo con el apartado anterior. El MARGEN será de cero coma cincuenta (0,50) puntos».
A su vez, la cláusula tercera.bis 2.a) decía:
«El tipo que servirá para este cálculo se define en la Circular 7/99 del Banco de España de 29-6-99 y se publica en el Boletín Oficial del Estado, tomándose como referencia el publicado el mes anterior a aquel en que deba efectuarse la revisión».
Y la cláusula tercera bis.2.e), titulada «Interés Sustitutivo», decía:

domingo, 10 de diciembre de 2017

Procesal Civil. Legitimación activa. Nulidad de compraventa. En aquellos casos en que se actúa para la aplicación de normas de derecho dispositivo (como podría suponer la petición de resolución contractual), se requiere la intervención de todos los que compraron conjuntamente pero no cuando se pretende la declaración de nulidad, radical e insubsanable, de un contrato por incurrir en alguna prohibición legal (artículo 6 CC) o por su carácter de absolutamente simulado, supuesto en que cualquiera de los intervinientes por sí solo puede instar la declaración de nulidad como también lo puede hacer un tercero.

Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 2017 (D. ANTONIO SALAS CARCELLER).

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PRIMERO.- Don Alexander interpuso demanda contra don Juan y don Emiliano solicitando la declaración de nulidad, con restitución recíproca de prestaciones, del contrato de compraventa que suscribieron en fecha 12 de noviembre de 2007, por el que el demandante y el codemandado don Juan compraban conjuntamente al codemandado Sr. Emiliano -padre del segundo comprador- determinada porción de terreno, debiéndose otorgar escritura pública una vez obtenida licencia municipal de parcelación. Subsidiariamente, solicitó la «rescisión» de la compraventa, y también subsidiariamente a esta petición, que se declare la obligación del vendedor de entregar la parcela en las condiciones pactadas así como la condena de éste al pago de ciertas cantidades.
La demanda se fundamentaba en la inexistencia de causa en el contrato, al resultar la parcela vendida de imposible segregación y división por no concederse licencia por el Ayuntamiento ni por la Administración Autonómica competente, debido a que la superficie que se pretende segregar es inferior a la unidad mínima de cultivo, según dispone el artículo 24 de la Ley 19/1995. La nulidad del contrato la fundamentaba en los artículos 6.3, 1272 y concordantes, 1295, 1303 y concordantes CC, en cuanto a los efectos de la «rescisión» y de la nulidad de los contratos, y en el artículo 1469 del mismo código respecto de la obligación de entregar la cosa vendida.
El demandado se opuso a la demanda alegando, en primer lugar, falta de legitimación activa, porque la parte demandante no se integra por ambos compradores. Niega que sea imposible la segregación del terreno vendido, invocando diversa normativa urbanística y discute las consecuencias de la eventual nulidad. También considera que está prescrita la acción según el derecho catalán. El demandado don Juan, comprador junto con el demandante, contesta alegando falta de legitimación activa por no ser demandantes ambos compradores

Condiciones generales de la contratación. La persona física que actúa al margen de una actividad empresarial es consumidora, aunque tenga ánimo de lucro. Sin embargo, el ánimo de lucro del consumidor persona física debe referirse a la operación concreta en que tenga lugar, puesto que si el consumidor puede actuar con afán de enriquecerse, el límite estará en aquellos supuestos en que realice estas actividades con regularidad (comprar para inmediatamente revender sucesivamente inmuebles, acciones, etc.), ya que de realizar varias de esas operaciones asiduamente en un período corto de tiempo, podría considerarse que, con tales actos, realiza una actividad empresarial o profesional, dado que la habitualidad es una de las características de la cualidad legal de empresario.

Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2017 (D. EDUARDO BAENA RUIZ).

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SEXTO.- A los contratos que no tienen por objeto membresías la sentencia recurrida les niega la aplicación de la Ley 42/1998 al negar que los adquirentes tengan la consideración de consumidores.
Ello enlaza con el motivo segundo del recurso.
«A tal fin se ha de estar a la doctrina recientemente fijada por la sentencia de Pleno número 16/2017, de 16 de enero :
«El artículo 1.5 de la derogada Ley 42/1998 (precepto equivalente al nuevo art. 23.5 de la vigente Ley) se limitaba a delimitar el concepto de transmitente pero no definía al adquirente. Por el contrario, el art. 2 de la Directiva 94/47/CE sí contenía una definición de adquirente, que acercaba tal concepto al de consumidor (lo que ha quedado claro en la Directiva 2008/122/CE, que en su propia rúbrica hace mención a los consumidores), al decir que, a los efectos de la Directiva, se entenderá por:
»"adquirente": toda persona física a la que, actuando en los contratos comprendidos en el ámbito de la presente Directiva, con fines que se pueda considerar que no pertenecen al marco de su actividad profesional, se le transfiera el derecho objeto del contrato, o sea la destinataria de la creación del derecho objeto del contrato».
»A su vez, el art. 2.1 f) de la Directiva 2008/122/CE, sobre contratos de aprovechamiento por turno, contiene la siguiente definición:
»"consumidor": toda persona física que actúe con fines ajenos a su actividad económica, negocio, oficio o profesión».

Condiciones generales de la contratación. La cualidad de consumidor ha de tenerse en el momento de celebración del contrato. A efectos del préstamo para la financiación de la construcción, el auto-promotor es consumidor, puesto que aunque aborde tareas que, en principio, se encomiendan a profesionales, como la gestión de la construcción de un edificio, no lo hace en el marco de una actividad empresarial, sino para la satisfacción de necesidades personales, en este caso las de acceso a una vivienda.

Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2017 (D. Pedro José Vela Torres).

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SEGUNDO.- Primer motivo del recurso de casación. Condición legal de consumidor. Estimación
Planteamiento:
1.- El primer motivo de casación se formula al amparo de los arts. 477.2.3.º y 477.3 LEC, por interés casacional, y denuncia la infracción de los arts. 9.3 CE, 8.2 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación (en adelante, LCGC) y 3 del Texto Refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias (en adelante, TRLGCU).
2.- En el desarrollo del motivo se aduce, resumidamente, que el prestatario demandante no puede ser considerado consumidor porque la finalidad declarada del préstamo era financiar la compra de un solar y la construcción en él de una vivienda para su posterior reventa a un tercero. De manera que la financiación se otorgó en el marco de una actividad empresarial y hace inaplicable al caso la normativa de protección de los consumidores.
Decisión de la Sala:
1.- Aunque en el motivo se invoca como infringido el art. 3 TRLGCU, ha de advertirse que cuando se firmó el contrato en el que se incluye la cláusula cuya nulidad se pretende, el 22 de noviembre de 2007, todavía no estaba en vigor el mencionado Texto Refundido, puesto que, si bien se promulgó por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, no entró en vigor hasta el 1 de diciembre siguiente. Por lo que, en todo caso, lo que se habría infringido sería el art. 1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, cuyos apartados 2 y 3 establecían: