Banner arriba

Formulario de contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

domingo, 1 de febrero de 2015

Información del B.O.E. del día 31 de enero de 2015 sobre personas jurídicas y físicas declaradas en Concurso de Acreedores.

- DECLARACIÓN DE CONCURSOS:

BADAJOZ: 605/2014 ALMACÉN DE MADERAS MORALES, S.L. B-06460646 (AC: TOMÁS SECO RUBIO, concursalmaderasmorales@tsasesores.com)
BARCELONA 10: 1068/2014- C GÉNEROS DE PUNTO CLARÍN, S.A. A-59076877 (AC: Bufete Martínez Castejón, S.L.P., Roldán Martínez Castejón, info@martinezcastejon.net)
BARCELONA 10: 1067/2014- C INDUSTRIAS LUIS PRAT, S.A. A58105701 (AC: Bufete Martínez Castejón, S.L.P., Roldán Martínez Castejón, info@martinezcastejon.net)
BARCELONA 10: 960/2014- D JUAN CARLOS RAMOS ARENAS 52210083Z (AC: Jaume Campà Gracia, jcarenas@campagracia.es)
BARCELONA 6: 654/2014 COPISTERÍA LLEIDA, S.L. B61542494 (AC: Laura Pedreño laura@pedreno.es)
BARCELONA 10: 904/2014-A GRADAPA FIN, S.L. B62971791 (AC: Elena Balaguer Llobregat, ebalaguer@balaguerlobregat.com)
BARCELONA 10: 961/2014-D FRANCISCA RUIZ DE CASTAÑEDA GARCÍA 77281074Q (AC: Jaime Campà Gracia, mfruiz@campagracia.es)
BILBAO 2: 1052/2014 COMERCIAL BILBAO GOLF, S.L. B95650065 (AC: Amaia Obieta Muñoz, combilbaogolf@gmail.com)
BILBAO 2: 939/2014 AGORANET 2, S.L. B-48848840 (AC: Carlos Zaldúa Arrese czaldua@bio.auren.es)
BILBAO 2: 939/2014 AGORANET 2, S.L. B48848840 (AC: Carlos Zaldúa Arrese czaldua@bio.auren.es)

sábado, 31 de enero de 2015

Concursal. Arts. 164 y ss LC. Concurso culpable. Irregularidad relevante en la contabilidad. Inexactitud grave en el inventario presentado con la solicitud de concurso. Alzamiento de bienes. Salida fraudulenta de bienes. Responsabilidad por el déficit concursal.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (s. 28ª) de 28 de noviembre 2014 (D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ).
Conócenos en Facebook Notas de Jurisprudencia, y síguenos pulsando Me Gusta
[Ver resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]
SEGUNDO.- Recurso de apelación interpuesto por la concursada y don Samuel.
1.- Irregularidad relevante en la contabilidad.
La sentencia dictada en primera instancia declara probado que en la contabilidad de la concursada se ha cometido irregularidad relevante para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la sociedad (artículo 164.2.1º de la Ley Concursal).
Dicha irregularidad consistiría en la contabilización en el activo de la sociedad a 31 de diciembre de 2007 de un importe de 1.775.631,93 euros como obra en curso cuando el 31 de marzo de 2008 se procede a regularizar la situación contable de dichas obras resultando un saldo negativo de 1.376.004,33 euros, de modo que la sociedad pasó de tener unos fondos propios de más de 500.000 euros a 31 de diciembre de 2007 a lucir fondos propios negativos por un importe cercano a los 2.500.000 euros a 31 de marzo de 2008.
No se niega que con fecha 31 de marzo de 2008 se procedió a regularizar la partida de obra en curso de modo que el saldo positivo de 1.775.631,93 euros que figuraba en la contabilidad se transformó en uno negativo de 1.376.004,33 euros, con el correspondiente impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias y en los fondos propios de la sociedad.
Los apelantes para justificarlo alegan que: "En concreto, la "obra en curso" estaba contabilizada a lo largo de los ejercicios 2005, 2006 y 2007, puesto que GRUPO RAGA, S.A., como socio de la concursada era avalista en distintas operaciones, incluyendo la compraventa de naves donde radicaba el domicilio social de la concursada. Es fundamental manifestar que lo que hizo posible que dicha "obra en curso" quedara regularizada en marzo de 2008 fue que hubiera existido un previsión de obra contratada para el año 2008 de casi 20 millones de euros, y que GRUPO RAGA, S.A. no participara en la sociedad concursada de ningún modo....

Concursal. Art. 96 LC. Reconocimiento de créditos contra la masa. Que no sea susceptible de impugnación la relación separada de créditos contra la masa que se une a la lista de acreedores, no significa que no pueda promoverse un incidente de impugnación de la lista de acreedores o, en su caso, del inventario, para discutir la cuantía o existencia de un crédito contra la masa cuando su reconocimiento implique la modificación de dichos textos.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (s. 28ª) de 28 de noviembre 2014 (D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ).
Conócenos en Facebook Notas de Jurisprudencia, y síguenos pulsando Me Gusta
[Ver resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]
http://www.tirantonline.com
TERCERO.- La sentencia apelada desestima la pretensión de reconocimiento en favor del demandante de un crédito contra la masa por importe de 794.621,30 euros, incluido en la lista de acreedores como concursal con la calificación de ordinario en la cuantía de 709.944,30 euros y de subordinado por importe de 84.676,98 euros, al considerar que no cabe pretender el reconocimiento de un crédito contra la masa a través del incidente de impugnación de la lista de acreedores. Sólo en el caso de que se hubiera impugnado la lista de acreedores para excluir el mismo crédito incluido como concursal podría acumularse la pretensión dirigida a su reconocimiento como crédito contra la masa.
La sentencia entiende que el actor no solicitó la exclusión de los créditos incluidos en la lista de acreedores como concursales y que por ello no es posible la calificación de esos mismos créditos con el carácter de créditos contra la masa. Añade que por razones de congruencia no puede acordarse la exclusión de los créditos concursales como consecuencia de su reconocimiento como créditos contra la masa, lo que ha sido solicitado por el actor a través del cauce erróneo de la impugnación de la lista de acreedores.
El objeto del incidente de impugnación del inventario y de la lista de acreedores está claramente definido en el artículo 96 de la Ley Concursal.
La impugnación del inventario puede consistir en la solicitud de inclusión o exclusión de bienes o derechos o en el aumento o disminución del avalúo de los incluidos.
El incidente de impugnación de la lista de acreedores puede referirse a la inclusión o exclusión de créditos concursales, así como a la cuantía o la clasificación de los reconocidos.

viernes, 30 de enero de 2015

Concursal. Art. 86.2 LC. Tratándose de Administraciones Públicas, el juez del concurso está obligado a admitir la existencia y cuantía del crédito de carácter institucional reclamado por la misma, atendiendo a la correspondiente certificación administrativa. No resulta vinculante, sin embargo, la clasificación que hubiera de atribuirse a dicho crédito. Esta última debe asignarla la administración concursal y su criterio es revisable ante el juez del concurso.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (s. 28ª) de 21 de noviembre 2014 (D. ENRIQUE GARCÍA GARCÍA).
Conócenos en Facebook Notas de Jurisprudencia, y síguenos pulsando Me Gusta
[Ver resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]
PRIMERO.- La polémica que accede a esta segunda instancia se concreta a la clasificación que debería haber merecido el crédito por importe de 6.490.000 euros que ostenta la AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA en el seno del concurso de la entidad AIR MADRID LÍNEAS AÉREAS SA. El Abogado del Estado pretende que le sea asignado al 50 % de dicho importe la consideración de privilegiado con carácter general y a la otra mitad la de ordinario, al afirmar que responde a la reparación del gasto previamente realizado por la Administración Pública y no a una sanción, como se ha considerado en la primera instancia.
Los motivos por los que el juez del concurso mantuvo la clasificación de subordinado que le asignó la administración concursal a dicho crédito son que la Administración Pública no motivó las razones para eludir tal consideración, cuando, además, en la certificación administrativa que esgrimió se indicaba que se correspondía con una sanción.
El recurso planteado por la AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA parte como premisa del reconocimiento de la existencia de un error por parte de la Administración Pública al elaborar la certificación administrativa que aportó para el reconocimiento de sus derechos y sostiene que, en cualquier caso, la administración concursal debería haber entendido de otro modo el contenido de la certificación, en concreto, en un sentido más acorde a la realidad a la que respondía (cantidades anticipadas, vía ejecución subsidiaria administrativa, para el transporte de pasajeros).

Información del B.O.E. del día 30 de enero de 2015 sobre personas jurídicas y físicas declaradas en Concurso de Acreedores.

- DECLARACIÓN DE CONCURSOS:


VALENCIA 1: 1262/2014  MEDI PROYECTOS INMOBILIARIOS, S.L. B-97423214 (AC: LEOPOLDO PONS ABOGADOS Y ECONOMISTAS, S.L. lpa@admconcursal.com)

jueves, 29 de enero de 2015

Información del B.O.E. del día 29 de enero de 2015 sobre personas jurídicas y físicas declaradas en Concurso de Acreedores.

- DECLARACIÓN DE CONCURSOS:

ALBACETE: 794/14 ÁNGEL-FRANCISCO CALAMARDO ZAPATA (AC: Mónica de la Calzada Pino acmonicadelacalzada@gmail.com)
ALBACETE: 1/15 MARÍA ANCLESA SAHORI SERRANO 5131389-C (AC: Mónica de la Calzada Pino acmonicadelacalzada@gmail.com)
BARCELONA 7: 20/2015-G COTRANSA, S.A. A-11.010.352 (AC: Jordi Gras Sagrera, jordi.grasisagrera@es.ey.com)
BARCELONA 3: 1091/2014 C1 PEDRO ANGLADA JUANOLA 36537845E (AC: Carlos Conesa Navarro, carlosconesa@icab.cat)
BARCELONA 8: 834/2014 E COMERCIAL DE TEIXITS EURTEX, S.L. B-61813549 (AC: Ander Bererciartu Montesinos abererciartu@icab.es)
BILBAO 2: 978/14 SISTEMAS CREATIVOS DE PUBLICIDAD, S.L.U. B48924328 (AC: Félix Francisco Mercado Garrido f.mercado@iparbilbao.com)
CASTELLÓN 1: 685/2011 JOSÉ VARGAS RUIZ 18931792D (AC: Pedro Pascual Fonfría Ayet, concursojosevargas@gmail.com)
MADRID 12: 913/2014 MULTIMÁTICA MAYORISTA DE CONSUMIBLES, S.L. B-79893772 (AC: Pablo Ureña Gutiérrez, multimaticamc@urena-admonconcursal.com)
MADRID 12: 4/2015 VISTA AL FUTURO, SOC. COOP. MAD. DE VIVIENDAS F-83213736 (AC: SANTIAGO MANUEL OLIVEROS LAPUERTA, oliveros@visolauditores.es)
MADRID 12: 15/2015 INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y CONTROL NOVA, S.L. B-84899251 (AC: M&M ABOGADOS PARTNERSHIP, S.L.P. concursoingenieriaconstruccion@mmabogados.org)
MADRID 8: 577/14 WELVI EXPERIENCE, S.L. B-85/667.459 (AC: Carlos Fraile Rodríguez, carlos.fraile@Adhocasesoreslegales.com)

miércoles, 28 de enero de 2015

Concursal. Arts. 71 a 73 LC. Reintegración de una parte de los honorarios percibidos por el Abogado de la concursada en fechas inmediatamente anteriores al concurso.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (s. 28ª) de 27 de octubre 2014 (D. GREGORIO PLAZA GONZÁLEZ).
[Ver resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]
PRIMERO. La Administración Concursal de FERRIS HILLS, S.L. interpuso demanda de incidente concursal contra GESTIÓN LEGAL BALEAR, S.L., emplazándose también a la concursada, solicitando la restitución de 2.034.400 euros que resulta de la diferencia entre lo efectivamente cobrado (2.134.400 euros) y la suma que se considera adecuada y proporcionada a los servicios prestados (100.000 euros), interesando la imposición de costas a las demandadas que formalizasen oposición.
Se refiere la demanda a la denominada "Hoja de encargo profesional" acompañada a la demanda como doc. 1 (ff. 17 y ss.), de fecha 1 de septiembre de 2009. A través de la misma, el entonces representante legal de FERRIS HILLS, S.L., D. Arcadio, encarga a GESTIÓN LEGAL BALEAR, S.L. la dirección jurídica del procedimiento de concurso voluntario de FERRIS HILLS, S.L. y de cualquier otra sociedad del grupo, incluyendo la preparación y presentación de la solicitud de concurso, y todos los trabajos que se deriven del mismo en su tramitación e incidentes, a excepción de labores de índole económica, tributaria y empresarial, "sin perjuicio de prestar asesoramiento jurídico para la preparación de las preceptivas memorias y documentos que deben acompañarse con la solicitud". Se añade que la ejecución de dichos trabajos se efectuará en régimen de arrendamiento de servicios.
Para fijar la retribución de los servicios se remiten las partes a los Criterios de Honorarios del Colegio de Abogados de Baleares, en cantidad que no superará la cifra global conjunta de 3.700.000 euros. Los honorarios se refieren exclusivamente a la retribución del abogado, no incluyendo los correspondientes a Procurador, peritos u otros profesionales ni los gastos o suplidos que puedan ocasionarse. Un 30% de los honorarios se percibirá a la firma del encargo y otro 20% a la presentación de la demanda, añadiéndose el IVA correspondiente. Otro 30% se percibiría a la presentación de propuesta de convenio y el 20% restante con la aprobación del convenio.

Concursal. Art. 90.1.1º LC. Créditos con privilegio especial. Créditos derivados de impagos de cuotas o derramas de una junta de compensación.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (s. 28ª) de 24 de octubre 2014 (D. ENRIQUE GARCÍA GARCÍA).
Conócenos en Facebook Notas de Jurisprudencia, y síguenos pulsando Me Gusta
[Ver resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]
TERCERO.- Con independencia de que este tribunal se haya inclinado fundadamente en otro sentido (sentencias de la sección 28ª de la AP de Madrid de 7 de noviembre de 2013 y de 27 de enero de 2014), no podemos desconocer que, finalmente, el Tribunal Supremo se ha pronunciado a propósito de la clasificación que debe merecer el crédito por obras de urbanización de las juntas de compensación, que sea anterior a la declaración de concurso, y ha zanjado la controversia señalando que ha de ser considerado como dotado de un privilegio especial, ya que lo equipara a una hipoteca legal tácita. En palabras del alto tribunal (sentencia de la Sala 1ª del TS de 15 de julio de 2014): "...las obligaciones derivadas de los planes de ordenación urbanística, concretamente las derivadas de la urbanización de la unidad de actuación, son obligaciones de carácter real, que dan una preferencia de cobro sobre el bien afectado, por encima de cualquier otro derecho inscrito con anterioridad, por lo que cabe hablar, de conformidad con el art. 90.1.1º LC, de una hipoteca legal tácita, cuya constancia en el Registro de la Propiedad, sea mediante una inscripción de los planes de equidistribución, sea mediante anotaciones marginales (actos a los que nos hemos referido), aunque no haya sido inscrita como tal hipoteca, da derecho a exigir a que se convierta de forma expresa con tal carácter (art. 158.2 LH). Sin embargo, ello no impide que ostente la condición de hipoteca legal tácita a efectos del reconocimiento del privilegio especial, pues en el apartado 2 del art. 90 LC, se establece que, para que puedan ser clasificada con tal carácter, "la respectiva garantía deberá estar constituida con los requisitos y formalidades previstos en su legislación específica para su oponibilidad a terceros, salvo que se trate de hipoteca legal tácita...".

Información del B.O.E. del día 28 de enero de 2015 sobre personas jurídicas y físicas declaradas en Concurso de Acreedores.

- DECLARACIÓN DE CONCURSOS:

BARCELONA 4: 839/2014-J MORATA FITE, MARC 005259016N, S.L.N.E. B65907537 (AC: María José Moragas Monteserín, abogados@pich-asociados.com)
BARCELONA 4: 763/2014-O GRAFER PROMOTORES VALLÉS, S.L. 64082845 (AC: Perna Betran y Asociados, S.L.P., Xavier Perna Bertran, administracionconcursal@perna-asociados.com)
BARCELONA 2: 1001/2014/AR PLÁSTICOS MAPLA, S.L. B-58387655 (AC: PGM IURIS CONSULTING, S.L.P., concursal@pgmic.com)
BARCELONA 7: 973/2014-G PABLO ADOLFO BOERO SUGRAÑES 47.657.479-F (AC: Pedreño Abogados y Economistas, S.L.P., Laura Pedreno Vargas, laura@pedreno.es)
BARCELONA 7: 974/2014-G IVANNA ANDREA KALJANKO FONTANA 47.720.235-L (AC: Pedreño Abogados y Economistas, S.L.P., Laura Pedreno Vargas, laura@pedreno.es)
BARCELONA 1: 886/2014 B VIDRIERIAS MASIP, SOCIEDAD ANÓNIMA (AC: Rafael Pujadas Gil, administracionconcursal@verae.es)
BARCELONA 8: 947/2014 D SERVI GARRAF MONMAR, S.L. B60539053 (AC: Bosco de Gispert Segura, servigarraf@grupogispert.com)
BARCELONA 1: 938/14B INICIATIVES RUPI, SOCIEDAD LIMITADA B64596471 (AC: José Mariano Hernández Montes, concursoiniciativesrupi@mmabogados.org)

martes, 27 de enero de 2015

Procesal Penal. Imparcialidad del Tribunal. Dirección de los debates. La adopción por el Tribunal en el seno del propio juicio oral de iniciativas del tipo de interrogatorios con sesgos inquisitivos; búsqueda de pruebas incriminatorias suplantando a la acusación; o en el reverso, complacencia indisimulada con el acusado, rechazo infundado e irreflexivo de todas las cuestiones suscitadas por la acusación, apariencia de "complicidad" o sintonía preexistentes con las posturas defensivas pueden suponer una quiebra de la imparcialidad objetiva del Tribunal.

Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2014 (D. ANTONIO DEL MORAL GARCIA).

Conócenos en Facebook Notas de Jurisprudencia, y síguenos pulsando Me Gusta
[Ver sentencia completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]
PRIMERO. (...) Sería la imparcialidad objetiva la que habría padecido. Recuerda el recurrente algunos pronunciamientos jurisprudenciales tanto de tribunales nacionales como supranacionales, que insisten en que en esta materia "incluso las apariencias tienen importancia". La imparcialidad objetiva exige que los Jueces y Magistrados llamados a enjuiciar un asunto se acerquen a su objeto sin prevenciones ni prejuicios.
La tacha de parcialidad viene ilustrada con la narración de varias secuencias de la vista oral que reflejarían una hipertrofia de la intervención de la Presidente "casi" sustituyendo -se llega a decir- o completando y auxiliando la labor del Ministerio Fiscal.
El art 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales reconoce el derecho a ser juzgado por un Tribunal independiente e imparcial establecido por la Ley. En el mismo sentido se pronuncia el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (artículo 14.1), y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, (artículo 10). El Tribunal Constitucional ha proclamado que el derecho a un Juez imparcial, aunque no aparezca expresamente aludido, forma parte del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías del artículo 24.2 de la Constitución (STC 45/2006, de 13 de febrero).
En general la adopción por el Tribunal en el seno del propio juicio oral de iniciativas del tipo de interrogatorios con sesgos inquisitivos; búsqueda de pruebas incriminatorias suplantando a la acusación; o en el reverso, complacencia indisimulada con el acusado, rechazo infundado e irreflexivo de todas las cuestiones suscitadas por la acusación, apariencia de "complicidad" o sintonía preexistentes con las posturas defensivas pueden suponer una quiebra de la imparcialidad objetiva del Tribunal.

Penal – P. Especial. Delito de apropiación indebida. La jurisprudencia ha diferenciado dos modalidades en el tipo de la apropiación indebida, sobre la base de los dos verbos nucleares del tipo penal, apropiarse y distraer. Apropiarse significa incorporar al propio patrimonio la cosa que se recibió en posesión con la obligación de entregarla o devolverla. Distraer es dar a lo recibido un destino distinto del pactado. Si la apropiación en sentido estricto recae siempre sobre cosas no fungibles, la distracción tiene como objeto cosas fungibles y especialmente dinero. Subtipo agravado cuando el acusado se aprovecha de su credibilidad empresarial.

Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2014 (D. Carlos Granados Pérez).

Conócenos en Facebook Notas de Jurisprudencia, y síguenos pulsando Me Gusta
[Ver sentencia completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]
PRIMERO.- (...) En lo que concierne al delito de apropiación indebida tiene declarado esta Sala, como es exponente la Sentencia 370/2014, de 9 de mayo, que el delito de apropiación indebida aparece descrito en el artículo 252 del Código Penal que tipifica la conducta de los que en perjuicio de otros se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial que hayan recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido.
La doctrina de este Tribunal Supremo (SSTS 513/2007, de 19 de junio, 228/2012, de 28 de marzo y 664/2012, de 12 de julio, entre otras muchas) ha resumido la interpretación jurisprudencial de este delito diciendo que el artículo 252 del vigente Código Penal sanciona dos modalidades distintas de apropiación indebida: la clásica de apropiación indebida de cosas muebles ajenas que comete el poseedor legítimo que las incorpora su patrimonio con ánimo de lucro, o niega haberlas recibido y la distracción de dinero cuya disposición tiene el acusado a su alcance, pero que ha recibido con la obligación de darle un destino específico. Esta consideración de la apropiación indebida del artículo 252 del Código Penal parte de la distinción establecida en los verbos nucleares de tipo penal, se apropiaren y distrajeren y se conforma sobre un distinto bien jurídico, respectivamente, contra la propiedad y contra el patrimonio. La doble dimensión de la apropiación indebida permite una clarificación sobre las apropiaciones de dinero, que el tipo penal prevé como objeto de apropiación, toda vez que la extremada fungibilidad del dinero hace que su entrega suponga la de la propiedad, recibiendo el transmitente, en los supuestos de obligación de devolver o el destinatario final del dinero, en los supuestos de obligación de entregar, un derecho a recibir otro tanto, construcción difícil de explicar desde la clásica concepción de la apropiación indebida.

Penal – P. Especial. Delito contra la salud pública. Acusado que ofreció en venta una papelina que contenía cocaína con un peso 0,18 gramos, sin que se hubiese determinado el porcentaje de pureza de la cocaína ofrecida y únicamente se hace referencia a la pureza media de la cocaína en el mercado ilícito. Absolución al no acreditarse que supere la dosis mínima psicoactiva.

Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2014 (D. Carlos Granados Pérez).

Conócenos en Facebook Notas de Jurisprudencia, y síguenos pulsando Me Gusta
[Ver sentencia completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]
PRIMERO. - (...) Son varios los derechos fundamentales que se dicen vulnerados y especialmente el derecho a la presunción de inocencia al no haberse acreditado que se dedicara a la venta de cocaína ni está probado que la papelina que se dice ofrecida superase el mínimo psicoactivo al que se refiere esta Sala.
El Tribunal de instancia declara probado que el acusado ofreció en venta una bolsita que contenía cocaína con un peso de 0,18 gramos, sin que conste la pureza de la sustancia ofrecida
Se declara probado y está acreditado por la prueba testifical y pericial practicadas en el acto del plenario, que el acusado ofreció en venta una papelina que contenía cocaína con un peso 0,18 gramos de dicha sustancias, sin que se hubiese determinado el porcentaje de pureza de la cocaína ofrecida y únicamente se hace referencia a la pureza media de la cocaína en el mercado ilícito.
Es doctrina de esta Sala que el delito contra la salud pública no protege exclusivamente la salud del destinatario o adquirente (consumidor o drogodependiente), como sucede en los delitos de lesiones o contra la integridad física del sujeto pasivo del delito, aunque no se pueda dejar de tener en cuenta que la salud pública de la colectividad está formada por la salud de cada uno de sus componentes, de modo que la afectación a su propia salud, conforma la de la colectividad. Y aunque este ataque no tiene que ser real o efectivo, sino que basta con que sea potencial, sin embargo, en todo caso, tiene que incidir materialmente en tal salud, al punto que la sustancia con la que se agrede tiene que tener condiciones de afectarla. De modo que cuando la sustancia con la que se trafique sea de tan ínfima entidad cuantitativa que no pueda en modo alguno afectar a la salud del destinatario o adquirente de la sustancia no existirá agresión a la salud pública que es el bien esencialmente protegido en estas figuras delictivas.

Procesal Penal. Sentencia penal. Consignación de las conclusiones definitivas de la acusación y de la defensa (art. 142.3 Lecrim). La sentencia debe incluir una constancia expresa de las conclusiones definitivas de las partes, sin que sirva darlas simplemente "por reproducidas".

Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de enero de 2014 (D. Perfecto Agustín Andrés Ibáñez).

Conócenos en Facebook Notas de Jurisprudencia, y síguenos pulsando Me Gusta
[Ver sentencia completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]
Primero. (...) Hay, en fin, un último asunto, no suscitado por el motivo, pero que, por su evidencia y por su relevancia para la arquitectura de la sentencia, no cabe dejar de lado. Es que en la que se examina, en el apartado que figura como de "Antecedentes de hecho, único", al tratar de las conclusiones definitivas de las partes, la sala se limita a darlas "por reproducidas", cuando lo cierto es que el art. 142,3ª Lecrim exige que "se consign[en]" las "de la acusación y de la defensa". Algo de una necesidad por demás obvia, dado que la sentencia debe ser un documento autosuficiente en todos sus extremos, incluido el relativo a la acreditación de la congruencia del fallo con las peticiones de las partes. Así, la incumplida no es una mera exigencia de índole formal sino que afecta materialmente a la propia dinámica interna de la resolución, ya que es haciéndola efectiva como el principio de contradicción penetra en su interior, y esto es lo que permitirá apreciar si el tribunal se ha movido o no dentro de los límites del objeto de la causa fijados por las pretensiones parciales, y si ha dado respuesta a esta en todos los aspectos relevantes.


Penal – P. General. Completa exposición de la doctrina jurisprudencial sobre la acumulación de condenas. Son elementos que deben constar en el auto para poder realizar una correcta acumulación de penas: la fecha de las sentencias de los delitos por los que se condena, fecha de la comisión de los mismos, y las penas impuestas, como datos elementales para establecer la relación de conexidad temporal entre los distintos delitos y poder delimitar el limite máximo de cumplimiento y qué sentencia o sentencias son las que determinan por su fecha más antigua la acumulación.

Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 2014 (D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre).

Conócenos en Facebook Notas de Jurisprudencia, y síguenos pulsando Me Gusta
[Ver sentencia completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]
PRIMERO: El recurso interpuesto contra el auto de 19.7.2012 dictado por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Huelva en pieza de acumulación 3.01/2009 de la Ejecutoria 41/09 denuncia infracción de Ley, art. 849.1 LECrim. por vulneración del art. 76 CP.
El motivo comparte las acumulaciones realizadas en los bloques A y B pero no la exclusión del bloque C) indicando que dichas ejecutorias están comprendidas en la nº 41/09 y en el bloque A, y porque por su propia naturaleza, existe la conexión necesaria para incorporarse en cualquiera de los otros dos bloques, en los cuales ya se ha aplicado el art. 76 CP.
Previamente al análisis del recurso es necesario recordar la doctrina de esta Sala -sentencias 650/2014 de 16.10, 567/2014 de 9.7, 497/2014 de 24.6, 571/2013 de 1.7, entre las más recientes, en orden a que la acumulación de condenas conforme a lo dispuesto en el artículo 988 de la LECrim tiende a hacer efectivas las previsiones del Código Penal en lo referente a los tiempos máximos de cumplimiento efectivo en los supuestos de condenas diferentes por varios delitos, según los límites que vienen establecidos en el artículo 76 del Código Penal, que consisten, de un lado, en el triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido y, de otro lado, en veinte, veinticinco, treinta o cuarenta años, según los casos.
Tales previsiones se orientan a reconocer la necesidad de evitar con carácter general que una excesiva prolongación de la privación de libertad pueda producir el efecto de desocializar al penado y profundizar su marginación, es decir, justamente lo contrario de lo que señala el artículo 25.2 de la Constitución como fines a los que deben estar orientadas las penas privativas de libertad, (STS nº 1996/2002, de 25 de noviembre). Sin embargo, la resocialización del delincuente, aunque no es una finalidad prescindible en la orientación que debe seguir la ejecución, no es el único fin de la pena privativa de libertad, por lo que tal objetivo no debe hacerse incompatible con otros fines de la pena tradicionalmente reconocidos, como la retribución o especialmente, y en mayor medida, los efectos que de ella se pretenden en orden a la prevención general y especial.

Penal – P. Especial. Pornografía infantil. Doctrina jurisprudencial sobre la aplicación de las modalidades agravadas del párrafo tercero del art. 189 CP.

Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2015 (D. Cándido Conde-Pumpido Tourón).

Conócenos en Facebook Notas de Jurisprudencia, y síguenos pulsando Me Gusta
[Ver sentencia completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]
PRIMERO.- La sentencia impugnada, dictada por la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Madrid, con fecha 9 de junio de 2014, condena al acusado como autor de un delito de tenencia y distribución de pornografía infantil, con la concurrencia de la circunstancia atenuante analógica de confesión, a la pena de dos años, cuatro meses y un día. Frente a ella se alza el presente recurso del Ministerio Fiscal, fundado en un motivo único por infracción de ley.
Los hechos declarados probados consisten, en síntesis, en que al acusado le fueron ocupados en el disco duro de su ordenador una serie de correos electrónicos enviados a receptores con domicilio en el extranjero, adjuntando archivos de contenido pedófilo (posados eróticos de niñas impúberes, niña impúber practicando una felación a un adulto, etc.) y enlaces para descargas de contenido pornográfico.
Desde una de sus cuentas de correo electrónico envió a otra cuenta los días 12 y 14 de marzo de 2013 los siguientes archivos: 16 archivos de imagen con menores de 13 años practicando sexo explícito; 143 archivos de imagen de una menor posando desnuda; un video de una impúber que es penetrada vaginalmente por un adulto; un video en el que aparece una menor de trece años acostada con una máscara en su cara y sobre ella un adulto masturbándose y eyaculando en su rostro; un video de una menor de 13 años a quien un mayor de edad obliga con violencia a practicarle una felación empujando la cabeza de la menor contra su cuerpo provocando que la menor se atragante con el miembro viril adulto; y otro en el que se ve una menor impúber haciendo una felación a un adulto masturbándose el adulto en la cara de la menor.
En otra cuenta de correo el acusado recibió el día 14 de marzo de 2013 un archivo de imagen en el que aparece una menor impúber practicando sexo explícitamente.

Mercantil. Banca. Contrato de depósito y administración de valores, en el curso del cual el banco recomienda al cliente la compra de acciones preferentes emitidas por un banco islandés que posteriormente quedaron sin valor. La omisión de la información sobre el producto y sus riesgos generó que los demandantes asumieran inconscientemente un riesgo que desconocían. El perjuicio derivado de la actualización de este riesgo, la pérdida casi total de la inversión, es una consecuencia natural del incumplimiento contractual de la demandada, que opera como causa que justifica la imputación de la obligación de indemnizar el daño causado.

Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 2014 (D. IGNACIO SANCHO GARGALLO).

Conócenos en Facebook Notas de Jurisprudencia, y síguenos pulsando Me Gusta
[Ver resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]
8. Formulación del motivo. El motivo se funda en la infracción del art. 1101 CC y de la jurisprudencia que lo interpreta. En el desarrollo del motivo se argumenta que, si bien la sentencia recurrida decreta el incumplimiento contractual por parte del banco, no estima la condena de indemnización de los perjuicios sufridos por los demandantes, porque «no se da la necesaria y exigible relación de causalidad entre el incumplimiento contractual que ha sido declarado y el concreto daño por el que se demanda». El recurso entiende que con ello se infringe el art. 1101 CC y la doctrina contenida en la Sentencia de esta Sala de 20 de enero de 2003, que aborda esta cuestión de la responsabilidad de las entidades financieras por el asesoramiento de colocación de inversiones que finalmente resultan ruinosas para sus clientes, y estima procedente la condena a una «restitución reparatoria, por el daño, de las cantidades invertidas (...), más, por los perjuicios, el importe de los intereses legales, desde la interposición de la demanda...».
Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.
9. Estimación del motivo. Partimos de unos hechos y de un pronunciamiento judicial no discutidos. La sentencia recurrida entiende acreditado que: en el marco de la relación de depósito y administración de valores, el banco demandado, a través de un empleado suyo (Don. Jacobo), prestaba un servicio de asesoramiento a los demandantes sobre sus inversiones; Don. Jacobo les recomendó que invirtieran en renta fija, pues tenían demasiado capital en renta variable; y para ello les ofreció la suscripción de un producto complejo, 150 títulos de acciones preferentes de Landsbanki, sin informarles de las características del producto ni de los riesgos concretos que entrañaba. Sobre la base de estos hechos, el tribunal de instancia declara el incumplimiento contractual del banco, en cuanto que, bajo la orientación de que invirtieran en renta fija, les recomendó la suscripción de las acciones preferentes de un banco islandés, sin informarles de las características de estos productos ni de sus riesgos.

Concursal. Art. 93.2.2º LC. Créditos subordinados. Personas especialmente relacionadas con el deudor. Administrador de hecho. El Tribunal Supremo aclara que el art. 93.2.2º LC impone la subordinación de los créditos a quienes hubieran ostentado las condiciones fácticas y jurídicas que indica dicho precepto dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso, aunque la hubieran perdido en el momento de la declaración de concurso. Por tanto, no cabe la interpretación extensiva "del nacimiento del crédito" a este supuesto contemplado en la norma.

Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de diciembre  de 2014 (D. SEBASTIAN SASTRE PAPIOL).
Conócenos en Facebook Notas de Jurisprudencia, y síguenos pulsando Me Gusta
[Ver resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]
PRIMERO.- Resumen de Antecedentes.
Para la resolución del recurso planteado, seis son las fechas que deben tenerse presentes: 1.- El 9 de septiembre de 2009, ALCOA TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS S.L. (en adelante ALCOA) constituye, como socio único, la sociedad LAMINADOS SABIÑÁNIGO, SLU, que cambia su denominación por la de INASA FOIL SABIÑÁNIGO, SLU (en lo sucesivo INASA); 2.- El 23 de octubre de 2009, venta de una rama de actividad económica productiva de la demandada ALCOA a favor de BAIKAP HOLDING; 3.- El 3 de noviembre de 2009, ALCOA escinde la citada rama de actividad, que había vendido y la aporta a la sociedad de reciente constitución LAMINADOS SABIÑÁNIGO, SLU (hoy INASA); 4.- Durante el periodo intermedio (Closing) del 3 de noviembre al 2 de diciembre, ALCOA, a través de sus apoderados, gestiona la sociedad siguiendo instrucciones de BAIKAP; 5.- El 2 de diciembre de 2009 ALCOA transmite la totalidad de las participaciones sociales de INASA a favor de BAIKAP; y 6.- Por auto de 20 de septiembre de 2011, INASA es declarada en concurso de acreedores.
1. Con tales antecedentes, el presente recurso trae causa del incidente concursal promovido por NUEVA CAJA RURAL DE ARAGÓN SCC (en lo sucesivo CAJALON) de impugnación de calificación de créditos de la lista de acreedores del informe elaborado por la administración concursal de INASA, por considerar, que la demandada ALCOA, y ahora recurrente, es una persona especialmente relacionada con la concursada, por lo que en lugar de ser titular de un crédito ordinario, debería de calificarse su crédito de subordinado. Funda la pretensión en que ALCOA segregó la rama de actividad de su fábrica en SABIÑÁNIGO, aportándola a LAMINADOS SABIÑÁNIGO SLU (actualmente INASA) y seguidamente vendió, el 2 de diciembre de 2009, a la compañía alemana BAIKAP HOLDING, la totalidad de las participaciones sociales de INASA. Hasta dicha fecha, dice, ALCOA era el administrador de hecho y de derecho de INASA, en su condición de socio único. En virtud de dicho contrato de venta de participaciones sociales, la nueva propietaria de la sociedad BAIKAP HOLDING asumió un elevado coste social y se vio obligada a adquirir para INASA volúmenes fijos de bobina de aluminio de ALCOA, haciéndola incurrir en pérdidas, por lo que la concursada mantuvo unas relaciones de suministro de material, de forma forzosa, en claro perjuicio para ella.