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domingo, 10 de diciembre de 2017

Procesal Civil. Legitimación activa. Nulidad de compraventa. En aquellos casos en que se actúa para la aplicación de normas de derecho dispositivo (como podría suponer la petición de resolución contractual), se requiere la intervención de todos los que compraron conjuntamente pero no cuando se pretende la declaración de nulidad, radical e insubsanable, de un contrato por incurrir en alguna prohibición legal (artículo 6 CC) o por su carácter de absolutamente simulado, supuesto en que cualquiera de los intervinientes por sí solo puede instar la declaración de nulidad como también lo puede hacer un tercero.

Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 2017 (D. ANTONIO SALAS CARCELLER).

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PRIMERO.- Don Alexander interpuso demanda contra don Juan y don Emiliano solicitando la declaración de nulidad, con restitución recíproca de prestaciones, del contrato de compraventa que suscribieron en fecha 12 de noviembre de 2007, por el que el demandante y el codemandado don Juan compraban conjuntamente al codemandado Sr. Emiliano -padre del segundo comprador- determinada porción de terreno, debiéndose otorgar escritura pública una vez obtenida licencia municipal de parcelación. Subsidiariamente, solicitó la «rescisión» de la compraventa, y también subsidiariamente a esta petición, que se declare la obligación del vendedor de entregar la parcela en las condiciones pactadas así como la condena de éste al pago de ciertas cantidades.
La demanda se fundamentaba en la inexistencia de causa en el contrato, al resultar la parcela vendida de imposible segregación y división por no concederse licencia por el Ayuntamiento ni por la Administración Autonómica competente, debido a que la superficie que se pretende segregar es inferior a la unidad mínima de cultivo, según dispone el artículo 24 de la Ley 19/1995. La nulidad del contrato la fundamentaba en los artículos 6.3, 1272 y concordantes, 1295, 1303 y concordantes CC, en cuanto a los efectos de la «rescisión» y de la nulidad de los contratos, y en el artículo 1469 del mismo código respecto de la obligación de entregar la cosa vendida.
El demandado se opuso a la demanda alegando, en primer lugar, falta de legitimación activa, porque la parte demandante no se integra por ambos compradores. Niega que sea imposible la segregación del terreno vendido, invocando diversa normativa urbanística y discute las consecuencias de la eventual nulidad. También considera que está prescrita la acción según el derecho catalán. El demandado don Juan, comprador junto con el demandante, contesta alegando falta de legitimación activa por no ser demandantes ambos compradores

Condiciones generales de la contratación. La persona física que actúa al margen de una actividad empresarial es consumidora, aunque tenga ánimo de lucro. Sin embargo, el ánimo de lucro del consumidor persona física debe referirse a la operación concreta en que tenga lugar, puesto que si el consumidor puede actuar con afán de enriquecerse, el límite estará en aquellos supuestos en que realice estas actividades con regularidad (comprar para inmediatamente revender sucesivamente inmuebles, acciones, etc.), ya que de realizar varias de esas operaciones asiduamente en un período corto de tiempo, podría considerarse que, con tales actos, realiza una actividad empresarial o profesional, dado que la habitualidad es una de las características de la cualidad legal de empresario.

Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2017 (D. EDUARDO BAENA RUIZ).

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SEXTO.- A los contratos que no tienen por objeto membresías la sentencia recurrida les niega la aplicación de la Ley 42/1998 al negar que los adquirentes tengan la consideración de consumidores.
Ello enlaza con el motivo segundo del recurso.
«A tal fin se ha de estar a la doctrina recientemente fijada por la sentencia de Pleno número 16/2017, de 16 de enero :
«El artículo 1.5 de la derogada Ley 42/1998 (precepto equivalente al nuevo art. 23.5 de la vigente Ley) se limitaba a delimitar el concepto de transmitente pero no definía al adquirente. Por el contrario, el art. 2 de la Directiva 94/47/CE sí contenía una definición de adquirente, que acercaba tal concepto al de consumidor (lo que ha quedado claro en la Directiva 2008/122/CE, que en su propia rúbrica hace mención a los consumidores), al decir que, a los efectos de la Directiva, se entenderá por:
»"adquirente": toda persona física a la que, actuando en los contratos comprendidos en el ámbito de la presente Directiva, con fines que se pueda considerar que no pertenecen al marco de su actividad profesional, se le transfiera el derecho objeto del contrato, o sea la destinataria de la creación del derecho objeto del contrato».
»A su vez, el art. 2.1 f) de la Directiva 2008/122/CE, sobre contratos de aprovechamiento por turno, contiene la siguiente definición:
»"consumidor": toda persona física que actúe con fines ajenos a su actividad económica, negocio, oficio o profesión».

Condiciones generales de la contratación. La cualidad de consumidor ha de tenerse en el momento de celebración del contrato. A efectos del préstamo para la financiación de la construcción, el auto-promotor es consumidor, puesto que aunque aborde tareas que, en principio, se encomiendan a profesionales, como la gestión de la construcción de un edificio, no lo hace en el marco de una actividad empresarial, sino para la satisfacción de necesidades personales, en este caso las de acceso a una vivienda.

Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2017 (D. Pedro José Vela Torres).

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SEGUNDO.- Primer motivo del recurso de casación. Condición legal de consumidor. Estimación
Planteamiento:
1.- El primer motivo de casación se formula al amparo de los arts. 477.2.3.º y 477.3 LEC, por interés casacional, y denuncia la infracción de los arts. 9.3 CE, 8.2 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación (en adelante, LCGC) y 3 del Texto Refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias (en adelante, TRLGCU).
2.- En el desarrollo del motivo se aduce, resumidamente, que el prestatario demandante no puede ser considerado consumidor porque la finalidad declarada del préstamo era financiar la compra de un solar y la construcción en él de una vivienda para su posterior reventa a un tercero. De manera que la financiación se otorgó en el marco de una actividad empresarial y hace inaplicable al caso la normativa de protección de los consumidores.
Decisión de la Sala:
1.- Aunque en el motivo se invoca como infringido el art. 3 TRLGCU, ha de advertirse que cuando se firmó el contrato en el que se incluye la cláusula cuya nulidad se pretende, el 22 de noviembre de 2007, todavía no estaba en vigor el mencionado Texto Refundido, puesto que, si bien se promulgó por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, no entró en vigor hasta el 1 de diciembre siguiente. Por lo que, en todo caso, lo que se habría infringido sería el art. 1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, cuyos apartados 2 y 3 establecían:

Cláusula suelo. Control de transparencia. Aunque la demandante sea empleado de banco, en primer lugar, no ha quedado acreditado ninguna clase de información previa antes de la firma del contrato, ni durante la misma, más allá de la lectura de la escritura por el notario; y, en segundo lugar, no consta que la actividad prestada por la demandante en el banco guardara relación con la contratación de este tipo de pólizas de préstamo hipotecario con interés variable y cláusula suelo. La demandante era gestor operativo en actividades ajenas a la concesión y contabilización de créditos hipotecarios y la entidad para la que trabajaba no incluía cláusulas suelo en sus préstamos hipotecarios.

Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2017 (D. IGNACIO SANCHO GARGALLO).

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PRIMERO. Resumen de antecedentes
1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.
El 17 de julio de 2008, Evangelina concertó con Banco Pastor, S.A. un préstamo hipotecario de 140.000 euros. El préstamo debía amortizarse mediante el pago de cuotas mensuales, durante 30 años. Para los primeros meses, hasta el 31 de marzo de 2009, se preveía un interés fijo del 5,25%. A las restantes cuotas siguientes se debía aplicar un interés variable, el Euribor más un diferencial de 0,95 puntos porcentuales. Bajo la rúbrica «LIMITES DE VARIABILIDAD DEL TIPO DE INTERÉS», en el contrato aparece la siguiente cláusula:
«Las partes acuerdan que, a efectos obligacionales, el tipo resultante de la revisión del tipo de interés aplicable, sea este el ordinario o el sustitutivo, no podrá ser inferior al 4,00% nominal anual».
Evangelina era empleada de banca desde el año 1991, de otra entidad distinta al Banco Pastor, en el momento de la firma del contrato de préstamo hipotecario.
2. Evangelina interpuso una demanda contra Banco Popular Español, S.A., que había sucedido a Banco Pastor, en la que pedía la nulidad de la reseñada cláusula (suelo), por abusiva y falta de trasparencia. También pedía la condena al banco a restituir las cantidades que hubiera cobrado de más en aplicación de esta cláusula.
3. El juzgado de primera instancia estimó la demanda, al apreciar la falta de trasparencia de la cláusula suelo y su abusividad. Condenó al banco demandado a eliminar la citada cláusula. Expresamente negó eficacia a la cláusula desde la sentencia, y mantuvo la vigencia del contrato sin la aplicación de esos límites previstos en la cláusula suelo.

miércoles, 6 de diciembre de 2017

Cláusulas suelo en contratos con consumidores. Control de transparencia. El hecho de que el préstamo hipotecario no sea concedido directamente al consumidor, sino que este se subrogue en un préstamo previamente concedido al promotor que le vende la vivienda, no exime a la entidad bancaria de la obligación de suministrar al consumidor información que le permita adoptar su decisión de contratar con pleno conocimiento de la carga económica y jurídica que le supondrá subrogarse como prestatario en el préstamo hipotecario.

Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2017 (D. Rafael Sarazá Jimena).

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QUINTO.- Decisión del tribunal. El control de transparencia de las cláusulas suelo
1.- Como recordábamos en la sentencia 593/2017, de 7 de noviembre, una cláusula suelo idéntica a la que ahora es objeto de enjuiciamiento y predispuesta en los mismos términos por la misma entidad bancaria fue analizada y declarada nula en la sentencia de Pleno de esta Sala 705/2015, de 23 de diciembre. Dijimos en aquella resolución que esa condición general de la contratación, pese a su comprensibilidad gramatical, no supera el control de transparencia, puesto que con independencia de la prestación del consentimiento por parte del prestatario y de su reflejo en la correspondiente escritura pública, no garantizaba que el consumidor pudiera tener conocimiento efectivo del coste del contrato y, en particular, de que el interés que aparentemente era variable, realmente no era sino un interés fijo variable al alza en función de las oscilaciones del mercado, pero nunca inferior a dicho tope mínimo. De donde se deducía, conforme a la jurisprudencia de la sala, que, al no rebasar la condición general de la contratación puesta en entredicho el control de transparencia, debía declararse su nulidad, a tenor de los arts. 8.2 y 9 LCGC. Añadíamos en dicha resolución que aunque la cláusula suelo sea relativamente clara en su formulación, no se trata de enjuiciar aisladamente la conclusión final que establece el suelo en un determinado tipo porcentual, sino que ha de relacionarse con todos los demás epígrafes del propio contrato relativos al cálculo y determinación del interés variable aplicable. Y se daba la circunstancia de que la cláusula quedaba envuelta entre un cúmulo de estipulaciones, menciones y datos que dificultaban la comprensión efectiva de la realidad resultante, que no era otra que lo efectivamente contratado no era un contrato de préstamo a interés variable, sino un contrato a interés fijo (en el caso objeto del recurso, el 4%, en la primera escritura, y el 3%, en la segunda) únicamente variable al alza. Es decir, se enmascaraba que el consumidor no podría beneficiarse de las fluctuaciones a la baja del mercado de tipos de interés por debajo de dicho porcentaje, sino únicamente verse afectado por las oscilaciones al alza.

Acción de nulidad contractual. Contrato de compraventa de negocio bancario. Productos financieros complejos -bonos de General Motors Company-. Ineficacia frente a los clientes de la exención de los pasivos contingentes de la transmisión del negocio bancario. La legitimación pasiva en las acciones de nulidad de los contratos de adquisición de productos financieros complejos comercializados por las empresas de inversión. La cesión de la posición contractual de Bankpime en el negocio bancario. La caducidad de la acción de nulidad de los contratos de adquisición de productos financieros complejos.

Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 2017 (D. Rafael Sarazá Jimena).

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PRIMERO.- Antecedentes del caso
1.- Son hechos fijados en la instancia que el 28 de agosto de 2007, los demandantes suscribieron con el Banco de la Pequeña y Mediana Empresa S.A. (en lo sucesivo, Bankpime) sendas órdenes de compra de bonos de General Motors Company con vencimiento en julio de 2013 y un valor nominal de 24.000 euros, por los que pagaron 22.624,80 euros.
Bankpime no informó a sus clientes sobre la naturaleza y riesgos del producto de inversión que comercializó.
Los demandantes no recibieron el cupón de dichos bonos que les correspondía percibir en julio de 2009. El banco les informó de que la empresa emisora de los bonos había sido intervenida por el gobierno norteamericano, que los bonos habían dejado de producir intereses y que su valor se había reducido drásticamente.
2.- El 1 de diciembre de 2011 se elevó a escritura pública el «contrato de compraventa de negocio bancario», suscrito el 29 de septiembre de ese mismo año, por el que Bankpime transmitió a Caixabank S.A. (en lo sucesivo, Caixabank) «su negocio bancario como unidad económica» (cláusula primera). En dicho contrato habían intervenido también los tres accionistas de referencia de Bankpime «únicamente a los efectos de comprometerse a votar a favor de los acuerdos de la Junta General de Bankpime».
En el contrato, las partes acordaron que el comprador adquiría únicamente los elementos patrimoniales que conformaban el negocio bancario de Bankpime, incluyendo la intermediación de valores, depositaría y custodia, así como su gestora de fondos, «sin sucesión universal».
Bajo la rúbrica «cesión del negocio transmitido», en la cláusula segunda se relacionaron los activos y pasivos transmitidos. Se estipuló que «el Vendedor cederá al Comprador los contratos y las operaciones relacionadas con el Negocio Transmitido, que los asumirá en los términos establecidos en este Contrato». Y bajo la rúbrica «cesión del negocio de depositaría, custodia, intermediación de valores, gestión discrecional de carteras y otras actividades relacionadas con el negocio transmitido», se acordó lo siguiente:

jueves, 30 de noviembre de 2017

Comercialización de productos financieros complejos. Participaciones financieras subordinadas del grupo Eroski. Determinación del daño indemnizable por el incumplimiento contractual de la entidad financiera en la comercialización del producto financiero. Procedencia de descontar del daño indemnizable los cupones cobrados por los clientes.

Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 2017 (D. FRANCISCO JAVIER ORDUÑA MORENO).

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PRIMERO.- Resumen de antecedentes.
1. El presente caso plantea, como cuestión de fondo, la determinación del daño indemnizable tras el ejercicio de la acción de responsabilidad contractual contra la entidad bancaria en la comercialización de unas aportaciones financieras subordinadas, particularmente con relación al posible descuento de los cupones cobrados por los clientes.
2. En síntesis, D. Raimundo y D.ª Lourdes, demandantes y aquí recurridos, el 22 de junio de 2007, suscribieron una orden de adquisición de aportaciones financieras subordinadas del grupo Eroski, por un importe de 180.000 euros. Dicha adquisición o compra fue comercializada por la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (en adelante, BBVA).
Tras la constatación de una pérdida significativa de la inversión realizada, el 8 de abril de 2014, los clientes formularon la demanda que dio inicio al presente procedimiento. En dicha demanda se solicitaba, de forma principal, la nulidad de la orden de compra por error vicio en el consentimiento prestado con la consiguiente devolución del importe nominal de la inversión realizada, más los intereses legales desde la fecha de la suscripción, con el incremento de dos puntos desde la fecha de la sentencia hasta el completo pago, más el abono de las costas judiciales. De forma subsidiaria, se solicitaba la declaración de responsabilidad contractual de la entidad bancaria por incumplimiento de sus obligaciones contractuales de diligencia, lealtad y deber de información, con la correspondiente indemnización de los daños y perjuicios sufridos que se correspondían a una pérdida del valor de la inversión, según mercado actual, equivalente a 113.000 euros.
El BBVA, aquí recurrente, se opuso a la demanda, alegó la excepción de falta de legitimación pasiva y, subsidiariamente, la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario y la caducidad de la acción.

Resolución de contrato de compraventa de vivienda por incumplimiento de las condiciones ofertadas en el folleto publicitario. Se estima. Valor contractual de la publicidad comercial. La relevancia de la publicidad en el proceso de toma de decisiones de un comprador medio es cada vez mayor, como también es mayor la posibilidad de crear una falsa expectativa que le prive de la posibilidad de ponderar la conveniencia de adquirir una vivienda en unas determinadas condiciones.

Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2017 (D. FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS).

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PRIMERO.- Antecedentes.
Ejercitó la entidad demandante, Martinsa Fadesa S.A., acción de cumplimiento del contrato de compraventa concertado con D. Baltasar, alegando que la vivienda objeto del contrato de compraventa celebrado el 6 de julio de 2005 se hallaba terminada y en condiciones de ser entregada desde septiembre de 2006, instando el otorgamiento de escritura pública y reclamándole el pago del precio pendiente que asciende a 93.128,25 euros más IVA, el IBI de los últimos años y gastos de comunidad devengados de comunidad y garaje. El demandado se opone y a su vez formula reconvención por entender que es la constructora la que ha incumplido sus obligaciones contractuales, pues la entrega del inmueble debería producirse en junio y en esa fecha no estaba concluido como se anunciaba en la oferta publicitaria el campo de golf de 18 hoyos y el enlace con la autopista, que en la actualidad ni siquiera ha comenzado, además en el folleto publicitario se ofrecían «viviendas en altura» y la referida en el contrato está más baja que la acera, con lo que el bajo ha pasado a ser un semisótano, comunicando su negativa a escriturar mediante burofax en 2006.
En primera instancia se desestimó la demanda interpuesta por Martinsa y se estimó en su totalidad la demanda reconvencional interpuesta por la ahora recurrente, acordando la resolución del contrato de compraventa litigioso y la consiguiente devolución de las cantidades entregadas a cuenta. Dicho fallo se basaba, en esencia, en el incumplimiento de las ofertas publicitarias de Martinsa, por aplicación de la normativa especial de protección de los consumidores y usuarios. Estimaba que la negativa del comprador a escriturar estaba plenamente justificada pues se debía a los incumplimientos publicitarios denunciados. Así destacaba que la licencia definitiva del campo de golf sería de fecha posterior a la celebración del juicio y se desconocía cuando entrarían en funcionamiento los 18 hoyos publicitados, cuando en julio de 2007 solo estarían abiertos 9 hoyos; el acceso a la autopista AP-9 ofrecida al comprador en el folleto publicitario estaría sin realizar, siendo irrelevante que la obligada fuera la Administración; todo ello en relación al valor vinculante de la oferta publicitaria y la consideración de consumidor del comprador, así como los años de retraso en la finalización y legalización del campo de golf y la indeterminación del acceso a la autopista. Los incumplimientos serían sustanciales pues afectarían a circunstancias esenciales del objeto contractual. También señaló que lo construido sería un bajo, no un semisótano como sostuvo el reconviniente y la modificación de cotas obedecería a exigencias técnicas derivadas de las características del terreno sin que afectasen a la habitabilidad y funcionalidad de la vivienda, además de que el contrato contemplaba modificaciones en el proyecto básico.

Cláusula suelo. Control de transparencia. El deber de poner a disposición del consumidor la información relativa a la existencia de la cláusula suelo y su incidencia en la determinación del interés, en un contrato de préstamo hipotecario con interés variable, no puede quedar reducida a que los prestatarios puedan acceder a la minuta de la escritura en que se instrumenta el contrato, dentro de los tres días previos a su firma. En la contratación de préstamos hipotecarios, puede ser un elemento a valorar la labor del notario que autoriza la operación, en cuanto que puede cerciorarse de la transparencia de este tipo de cláusulas, pero ello no excluye la necesidad de una información precontractual suficiente que incida en la transparencia de la cláusula inserta en el contrato que el consumidor ha decidido suscribir.

Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 2017 (D. IGNACIO SANCHO GARGALLO).

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PRIMERO. Resumen de antecedentes
1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.
Jose Enrique y María Cristina concertaron con Banco Pastor, S.A. (luego, Banco Popular Español, S.A.) un préstamo hipotecario el 15 de marzo de 2007, por un importe de 160.000 euros. Su amortización se convino que fuera realizada mediante 420 cuotas mensuales. El tipo de interés era variable, con un diferencial de 1,25 puntos porcentuales. En la misma cláusula tercera bis, dedicada al interés variable, se contiene un apartado sobre la reducción del diferencial si se cumplían una serie de circunstancias, otro sobre el tipo de interés sustitutivo, y otro que, bajo la rúbrica «límites de variabilidad del tipo de interés», contiene la siguiente previsión:
«Las partes acuerdan que, a efectos obligaciones, el tipo resultante de la previsión del tipo de interés aplicable, sea éste el ordinario o el sustitutivo, no podrá ser inferior al 4,300% nominal anual ni superior al 12,500% nominal anual».
Jose Enrique y María Cristina presentaron una demanda en la que pedían que se declarara la nulidad de la anterior cláusula, que contenía un suelo y un techo, por ser abusiva, y que se condenara al banco a restituir las cantidades que hubiera cobrado en exceso como consecuencia de la aplicación de dicha cláusula.
2. La sentencia de primera instancia, en primer lugar, entendió que la reseñada cláusula no había sido negociada individualmente, sino que había sido predispuesta por el banco. También apreció que no había quedado acreditado que los prestatarios hubieran sido informados previamente a la firma del contrato del contenido y el alcance de la cláusula. Y añadió que la cláusula suelo era desproporcionada, en cuanto que establecía un suelo muy alto (4,30%) y un techo también muy alto (12,50%), lo que sólo podía beneficiar al banco, reduciendo mucho la variabilidad del interés, y haciendo casi inútil la previsión del techo.
El juzgado de primera instancia, además de declarar la nulidad de la cláusula suelo y techo, condenó al banco demandado a restituir las cantidades indebidamente cobradas en aplicación de la cláusula declarada nula.

sábado, 25 de noviembre de 2017

Efectos retroactivos de la nulidad de la cláusula suelo. Doctrina de la AP Las Palmas sobre la forma de llevar a cabo el recálculo de las amortizaciones por la eliminación de la cláusula suelo.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas (s. 4ª) de 21 de noviembre de 2017 (D. Jesús Suárez Ramos).

SEGUNDO. Recálculo de las amortizaciones por la eliminación de la cláusula suelo
Ya no hay discrepancia sobre la nulidad de la cláusula suelo, que queda sin efecto alguno desde el inicio del contrato.   La controversia radica en el importe concreto que debe devolver el Banco.
Establece el art. 1303 CC que: «Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en los artículos siguientes». A efectos de resolver el presente recurso conviene clarificar lo que son los pilares básicos en materia de restitución derivada de la nulidad contractual en el art. 1303 CC … A) La nulidad produce efectos retroactivos como si el contrato no se hubiera celebrado nunca y, puesto que lo entregado en cumplimiento de un contrato nulo o anulado carece de causa, la ley ordena la restitución recíproca de lo entregado por cada una de las partes. B) La obligación legal de restituir que impone el art. 1303 CC se dirige a reponer la situación anterior a la celebración del contrato nulo, por lo que las partes deben restituirse lo recibido (las cosas que hubiesen sido materia del contrato y el precio) con sus rendimientos (los frutos de las cosas, los intereses del dinero). C) La restitución es recíproca y las partes deben restituirse las cosas que hubieran sido objeto del contrato: de una parte, el cliente puede exigir la devolución del capital invertido y a cambio debe restituir los títulos …. F) Las obligaciones de restitución recíproca de ambas partes, una vez calculadas conforme a las reglas precedentes, se compensan hasta la cantidad concurrente”, Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo del 16 de octubre de 2017, Sentencia: 561/2017 Recurso: 1985/2015
A primera vista, la cuestión parece sencilla, pues bastaría calcular los intereses que se debían haber aplicado sin la cláusula suelo y restarlos de los que efectivamente pagó el prestatario como consecuencia de dicha cláusula.
Sin embargo, en el préstamo se pactó el sistema francés de amortización, que no ha sido declarado nulo. En consecuencia, es necesario realizar un nuevo cuadro de amortización por cada año, que aplique el interés contractual sin el límite que suponía la cláusula suelo, determinando las cuotas fijas resultantes (integradas por una amortización de capital y pago de interés). Y hacer la comparación pertinente.

miércoles, 22 de noviembre de 2017

Responsabilidad civil del procurador. Falta de citación a su poderdante para una comparecencia.

Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2017 (D. José Antonio Seijas Quintana).

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PRIMERO.- Doña Ángeles, Procuradora de los Tribunales, fue condenada a pagar 35.506,98 euros, solidariamente con su aseguradora, Santa Lucía SA Compañía de Seguros y Reaseguros, don Justo, Abogado, y ACH Insurance Company, por su actuación negligente en la representación legal de doña Francisca, en un procedimiento de liquidación de sociedad de gananciales el cual tenía como único objeto la determinación de a quien se adjudicaba un inmueble ganancial; procedimiento en el que se dictó providencia en fecha 14 noviembre 2006 por la que se convocó a las partes a la comparecencia prevista en el artículo 810.3 de la LEC, y que fue notificada a la citada procuradora a la que se encomendó por el juzgado dicha actuación, lo que no hizo.
2. Lo que sucedió fue lo siguiente: el día 17 noviembre 2006 a las 18, 27 horas, la citada procuradora notificó por fax al letrado la celebración de la comparecencia. Ocurre que la señora Francisca no acudió a la misma, ni tampoco lo hizo el letrado Sr. Justo, por lo que fué aprobada la propuesta de liquidación presentada por la contraparte en virtud de la cual se le adjudicaba a él el inmueble discutido por un valor de 90.000 Eur. previo pago a la señora Francisca de 45.000 Eur. por dicha adjudicación.
No se acredita que el letrado notificara la citación a doña Francisca ni que nadie la avisara de acudir a la comparecencia.
3. La sentencia de la Audiencia, revoca la del juzgado, que había absuelto a la procuradora, condenando únicamente al letrado y a su aseguradora, porque «no fue correcta la decisión del Juzgado, de eximir de responsabilidad a la Procuradora, tan sólo en base a que el letrado reconoció haber recibido la citación al acto de la comparecencia, y que se habría notificado al letrado el día 17 noviembre 2006 a las 18:27 horas, por fax, dicha comparecencia, a la que no acudió ni el letrado Sr. Justo ni tampoco la hoy recurrente, a la que nadie avisó ».

Incapacidad de las personas. Tutela. Nombramiento de tutor. El tribunal debe seguir el orden legal de llamamientos, aunque puede apartarse de este orden legal, ya sea porque lo altere o porque prescinda de todas las personas allí mencionadas, siempre en atención al interés más relevante, que es el del incapacitado necesitado de la protección tutelar, y no de los llamados a ejercerla. Las razones por las que el tribunal puede apartarse del orden legal son muy variadas. En ocasiones, porque el primer llamado no está en condiciones de hacerse cargo de la tutela, esto es, carece de la idoneidad exigida, o bien porque no quiera, pues, aunque constituye un deber legal, puede resultar contraproducente el nombramiento de quien no está dispuesto a asumir la tutela. Pero también es posible que la conflictividad familiar, unida a la situación de la persona tutelada, pueda desaconsejar el nombramiento de uno de los parientes llamados legalmente. En cualquier caso, todas ellas hacen referencia al beneficio de la persona necesitada de tutela.

Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2017 (D. EDUARDO BAENA RUIZ).

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PRIMERO.- Resumen de Antecedentes.
Son hechos relevantes de la instancia para la decisión del recurso los que se exponen a continuación.
1.- El Ministerio Fiscal interpuso demanda solicitando determinación de la capacidad jurídica de don Paulino.
El demandado se personó y contestó a la demanda oponiéndose a la misma.
La sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 94 de Madrid con estimación de la demanda, declaró la modificación de la capacidad de forma plena del demandado para regir su persona y bienes, incluida la pérdida del derecho de sufragio, y su sometimiento al régimen de tutela, designando como tutora a la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos de la Comunidad de Madrid (AMTA) y declaró extinguido el poder otorgado por el incapacitado el día 5 de mayo de 2015 a favor de doña Adela ante un Notario de Madrid como consecuencia de la modificación de la capacidad.
2.- La sentencia, al motivar su decisión, hace las siguientes consideraciones, de interés para el recurso.
(i) De la prueba practicada, en particular de la exploración del presunto incapaz, del dictamen emitido por la Sra. Médico Forense y testifical de la persona que le cuida, ha resultado suficientemente acreditado que don Paulino tiene 91 años, es soltero y vive en su domicilio al cuidado de un matrimonio que se ocupa de cubrir todas sus necesidades de la vida cotidiana.
Tras sufrir fractura de fémur en el mes de diciembre de 2014, ingresó en la Residencia Ballesol-Cartagena para su recuperación postquirúrgica regresando al domicilio por deseo propio.
Se muestra escasamente abordable y poco colaborador, contestando de forma poco coherente a las preguntas que se le realizan. Se encuentra orientado en persona y desorientado en tiempo y lugar. Presenta deterioro de la memoria en aspectos importantes y relevantes de su vida, como su fecha de nacimiento, nombre de sus padres, calle en la que vive, etc.
Es dependiente para todas las actividades básicas (autocuidado) e instrumentales (uso del teléfono, realización de compras, vida doméstica cuidado de su salud, etc.) de la vida diaria, incluida la deambulación (es desplazado en silla de ruedas) y el cuidado de su salud. Incontinencia de esfínteres.

viernes, 17 de noviembre de 2017

Cláusula suelo. El control de transparencia vinculado a la previsión del art. 4.2 de la Directiva sobre cláusulas abusivas solo es aplicable en los contratos concertados con consumidores. Ni el legislador comunitario, ni el español, han dado el paso de ofrecer una modalidad especial de protección al adherente no consumidor, más allá de la remisión a la legislación civil y mercantil general sobre respeto a la buena fe y el justo equilibrio en las prestaciones para evitar situaciones de abuso contractual.

Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 2017 (D. Rafael Sarazá Jimena).

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QUINTO.- Decisión del tribunal. El control de transparencia vinculado a la previsión del art. 4.2 de la Directiva sobre cláusulas abusivas solo es aplicable en los contratos concertados con consumidores
1.- Este tribunal ha sentado una jurisprudencia estable en esta materia, contenida en las sentencias 367/2016, de 3 de junio, 30/2017, de 18 de enero, 41/2017, de 20 de enero, y 57/2017, de 30 de enero.
2.- Hemos afirmado que el concepto de abusividad queda circunscrito a los contratos con consumidores. La sentencia invocada por el recurrente en su recurso, la 241/2013, de 9 de mayo, rechazó expresamente en su fundamento jurídico 233 c) que el control de abusividad pueda extenderse a cláusulas perjudiciales para el profesional o empresario. En la sentencia 227/2015, de 30 de abril, añadimos:
«[e]n nuestro ordenamiento jurídico, la nulidad de las cláusulas abusivas no se concibe como una técnica de protección del adherente en general, sino como una técnica de protección del adherente que tiene la condición legal de consumidor o usuario, esto es, cuando éste se ha obligado en base a cláusulas no negociadas individualmente.
»[...] las condiciones generales insertas en contratos en los que el adherente no tiene la condición legal de consumidor o usuario, cuando reúnen los requisitos de incorporación, tienen, en cuanto al control de contenido, el mismo régimen legal que las cláusulas negociadas, por lo que solo operan como límites externos de las condiciones generales los mismos que operan para las cláusulas negociadas, fundamentalmente los previstos en el art. 1.255 y en especial las normas imperativas, como recuerda el art. 8.1 LCGC».
3.- El control de transparencia, diferente del mero control de inclusión, está reservado en la legislación comunitaria y nacional, y por ello, en la jurisprudencia del TJUE y de esta sala, a las condiciones generales incluidas en contratos celebrados con consumidores, conforme expresamente previenen la Directiva 1993/13/CEE y la Ley de Condiciones Generales de la Contratación.

La inclusión en el fichero del CIRBE (Central de Información de Riesgos del Banco de España) de los datos relativos a la existencia de una deuda o de una garantía, sin que exista una situación de morosidad, no afecta al derecho al honor. La vulneración del derecho al honor exige, para que pueda considerarse producida, que de las menciones contenidas en el fichero del CIRBE se desprenda que el afectado es un moroso, y que tales menciones no respondan a la realidad. Pero en el presente caso no es controvertido que las menciones contenidas en el CIRBE solo indicaban que los demandantes estaban afectados por un riesgo indirecto al aparecer como avalistas.

Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 2017 (D. Rafael Sarazá Jimena).

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OCTAVO.- Formulación del primer apartado del motivo de ambos recursos
1.- El primer motivo del recurso de casación formulado por Caixabank lleva este encabezamiento:
«Al amparo del artículo 477.2.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción del artículo 7 y 9 de la Ley Orgánica 1/82 de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen».
2.- El motivo se divide en varios subepígrafes. El primero de ellos, referido a la intromisión ilegítima en el derecho al honor por inclusión de datos personales en el CIRBE, denuncia que la sentencia de la Audiencia Provincial contradice la doctrina contenida en la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo 28/2014, de 29 de enero, al afirmar que la inclusión de los datos personales en el CIRBE sin mención a una situación de morosidad constituye una intromisión ilegítima en el derecho al honor.
3.- El primer motivo del recurso de casación de Cajamar se encabeza así:
«Al amparo del art. 477.2.1º de la LEC. Infracción, por aplicación indebida, de los art. 2, 7 y 9 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, [...] de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen»
4.- En el desarrollo de este motivo se alega, entre otros argumentos, la misma infracción de la jurisprudencia que alegó Caixabank en su recurso.

miércoles, 15 de noviembre de 2017

Hipoteca multidivisa. Doctrina del Pleno del Tribunal Supremo. El control de transparencia de las cláusulas relativas a la denominación del préstamo en divisa y al cambio de una divisa a otra. Barclays no explicó adecuadamente a los prestatarios que las fluctuaciones en la cotización de la divisa extranjera respecto del euro no solo podían provocar oscilaciones en el importe de las cuotas del préstamo, sino que el incremento de su importe podía llegar a ser tan considerable que pusiera en riesgo su capacidad de afrontar el pago en caso de una fuerte depreciación del euro respecto de la divisa. Esa información era necesaria para que los prestatarios pudieran haber adoptado una decisión fundada y prudente y pudieran haber comprendido los efectos en las cuotas de una fuerte depreciación de la moneda en la que recibían sus ingresos. Un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, puede conocer que las divisas fluctúan y que, en consecuencia, las cuotas de un préstamo denominado en divisa extranjera pero en el que los pagos efectivos se hacen en euros pueden variar conforme fluctúe la cotización de la divisa. Pero no necesariamente puede conocer, sin la información adecuada, que la variación del importe de las cuotas debida a la fluctuación de la divisa puede ser tan considerable que ponga en riesgo su capacidad de afrontar los pagos. El TS declara la nulidad parcial del contrato, que supone la eliminación de las referencias a la denominación en divisas del préstamo, que queda como un préstamo concedido en euros y amortizado en euros.

Sentencia del Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 2017 (D. Rafael Sarazá Jimena).

Recurso de casación
CUARTO.- Formulación de los motivos primero, segundo y sexto
1.- El primer motivo del recurso de casación se encabeza así: «Infracción del art. 2.2 y del art. 79 de la Ley del Mercado de Valores y desarrollado en el Real Decreto 217/2008».
2.- La infracción se habría producido por desconocer la Audiencia Provincial la doctrina del Tribunal Supremo relativa a la naturaleza y normativa aplicable a este producto, recogida en su sentencia 323/2015, de 30 de junio, y en la sentencia del TJUE de 30 de mayo de 2013, caso Genil 48 S.L., asunto C- 604/2011. De tales sentencias resultaría que el préstamo hipotecario multidivisa es un instrumento financiero complejo, al contener un derivado implícito, y como tal, está sometido a la normativa Ley del Mercado de Valores. Esta normativa habría sido infringida por Barclays, al no haber dado cumplimiento al protocolo informativo, evaluación de riesgos y clasificación de clientes exigido por esta ley en sus artículos 79 y siguientes.
3.- El segundo motivo del recurso de casación se encabeza así: «Infracción del art 6.3 del Código Civil».
4.- Esta infracción legal se habría cometido al no haber declarado la Audiencia Provincial la nulidad de pleno derecho del contrato pese a haberse infringido normas imperativas tales como la Ley del Mercado de Valores (varios párrafos del art. 79), art. 48.2 de la Ley de Disciplina e Intervención de entidades de crédito y de la orden de 5 de mayo de 1994, 17.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 47 de la Constitución.
5.- El sexto motivo del recurso de casación se encabeza así: «Infracción del art. 79 LMV en tanto que se ha incumplido el estándar de diligencia y buena fe e información en materia de inversiones financieras y por tanto procede imputar la responsabilidad de los daños y perjuicios producidos a la entidad financiera».
6.- En el desarrollo de este motivo se alega que la sentencia de la Audiencia Provincial sería contraria a la doctrina jurisprudencial que afirma que el incumplimiento grave del estándar de diligencia y buena fe e información en materia de inversiones financieras constituye el título jurídico de imputación de la responsabilidad de los daños y perjuicios producidos.
7.- La conexión entre las infracciones legales denunciadas en estos motivos aconseja su resolución conjunta.

lunes, 13 de noviembre de 2017

Nulidad de adquisición de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas. El canje obligatorio y la posterior venta de las acciones obtenidas en el canje no suponen confirmación o convalidación del contrato viciado por error en el consentimiento. Inexistencia de caducidad de la acción. Error vicio del consentimiento.

Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 2017 (D. Pedro José Vela Torres).

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CUARTO.- Tercer y cuarto motivos de casación. Legitimación activa tras elcanje obligatorio y la posterior venta de las acciones obtenidas en el canje
1.- Esta cuestión ha sido tratada por esta sala en la sentencia 448/2017, de 13 de julio. Dijimos en dicha resolución que no puede considerarse, con fundamento en el art. 1307 CC, que la venta voluntaria de las acciones objeto de canje obligatorio prive a los adquirentes de los títulos canjeados de su acción de anulabilidad.
Las participaciones preferentes y las obligaciones subordinadas salieron del patrimonio de la recurrente en el momento del canje obligatorio, por lo que ya desde esa fecha no era posible su restitución en ejecución de una eventual sentencia que declarara la nulidad del negocio originario de adquisición. De manera que la posterior aceptación de la oferta de adquisición del FGD no añadió nada a dicha imposibilidad de restitución, puesto que los títulos ya habían salido del patrimonio de la adquirente, no por su voluntad, sino por imposición administrativa anterior a la aceptación de la oferta de compra de las acciones. La cual, por cierto, no se hizo conforme a un precio negociado, y ni siquiera de mercado, sino conforme al precio fijado por un experto designado por el FGD, en el marco de la intervención administrativa de la entidad emisora y comercializadora.
Ahora bien, el art. 1307 CC no priva de la acción de anulabilidad al contratante afectado por un vicio determinante de tal nulidad, sino que únicamente, ante la imposibilidad de restitución por pérdida de la cosa, modula la forma en que debe llevarse a cabo la restitución de las prestaciones. Y a esa modulación se adaptaron lo solicitado en la demanda y lo concedido en la sentencia de primera instancia.

Procedimientos judiciales en los que se resuelve sobre su guarda y custodia de menores. Prueba de exploración. Cuando la edad y madurez del menor hagan presumir que tiene suficiente juicio y, en todo caso, los mayores de 12 años, habrán de ser oídos en los procedimientos judiciales en los que se resuelva sobre su guarda y custodia, sin que la parte pueda renunciar a la proposición de dicha prueba, debiendo acordarla, en su caso, el juez de oficio. Para que el juez o tribunal pueda decidir no practicar la audición, en aras al interés del menor, será preciso que lo resuelva de forma motivada.

Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 2017 (D. EDUARDO BAENA RUIZ).

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SEGUNDO.- Decisión de la Sala sobre el motivo primero.
1.- Asiste razón a la parte recurrida y al Ministerio Fiscal cuando alegan como óbice de admisibilidad que se plantee recurso de casación y no el extraordinario por infracción procesal, con sustento en no haberse admitido en ambas instancias como prueba la exploración de la menor. La inadecuación del planteamiento se infiere de que lo que se solicita es la nulidad de las actuaciones.
En efecto cuando así ha sucedido el recurso interpuesto es el extraordinario por infracción procesal (SSTS 722/2016, de 5 de diciembre, y 157/2017, de 7 de marzo).
2.- Pero es que, aún cuando cupiese su admisibilidad, el motivo no podría prosperar.
Según declara la sentencia 157/2017, de 7 de marzo «En relación a la falta de exploración de la hija, esta sala se ha pronunciado con reiteración respecto a la necesidad de ser oído el menor en los procedimientos que directamente les afectan. La sentencia de 20 de octubre de 2014 establece lo siguiente: «La aparente contradicción entre el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, viene a ser aclarada por la Ley del Menor y por el Convenio sobre Derechos del Niño, en el sentido de que cuando la edad y madurez del menor hagan presumir que tiene suficiente juicio y, en todo caso, los mayores de 12 años, habrán de ser oídos en los procedimientos judiciales en los que se resuelva sobre su guarda y custodia, sin que la parte pueda renunciar a la proposición de dicha prueba, debiendo acordarla, en su caso, el juez de oficio. En este mismo sentido la sentencia del Tribunal Constitucional de 6 de junio de 2005.»
Ahora bien, la citada sentencia de 20 de octubre de 2014 añade que «para que el juez o tribunal pueda decidir no practicar la audición, en aras al interés del menor, será preciso que lo resuelva de forma motivada.»

jueves, 9 de noviembre de 2017

Desahucio por precario. La situación de precario no cesa por el hecho de que sea consentida durante cierto tiempo por el propietario, lo que por el contrario resulta habitual. La jurisprudencia es clara al respecto en el sentido de que la carga sobre alegación y justificación del título posesorio corresponde al poseedor no propietario que en el caso del arrendamiento implica la necesidad de justificar el pago de la renta estipulada, pues sin renta no existe arrendamiento y la posesión queda injustificada. El arrendamiento no puede quedar justificado por la mera acreditación de que se han producido algunos pagos, cuando se ignora la finalidad y periodicidad de los mismos.

Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2017 (D. ANTONIO SALAS CARCELLER).

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PRIMERO.- Don Juan Alberto interpuso demanda de juicio verbal contra doña Cristina en ejercicio de acción de desahucio por precario en relación con la vivienda de la que es copropietario junto con doña Amelia y don Nicolas, sita en la CALLE000 n.º NUM000, piso NUM001.º,puerta NUM002, de Valencia. La demanda se fundamentaba en el hecho de que la demandada ocupa el inmueble sin título que lo justifique y sin abono de renta o merced alguna, ya que habitaba la vivienda que ocupaba su madre doña Esmeralda, siendo esta última arrendataria por subrogación en el contrato suscrito en su día por su esposo don Jose Carlos, en fecha 1 de julio de 1977, el cual había fallecido el 1 de enero de 1998, y que la madre de la demandada fue internada en una residencia de la tercera edad sin comunicarlo a la propiedad, por lo que se inició por el arrendador procedimiento de resolución de contrato contra la madre, que dio lugar al juicio ordinario 651/2004, JPI n.º 21 de Valencia, el cual fue archivado por caducidad de la instancia, habiendo fallecido la madre en fecha 29 de junio de 2004, una vez interpuesta la demanda.
La demandada se opuso a dicha pretensión y, seguido el proceso, la sentencia de primera instancia estimó íntegramente la demanda y declaró haber lugar al desahucio por precario, con los siguientes razonamientos: a) La demandada no sostiene que proceda la subrogación prevista en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos, ni intenta acreditar que ocupaba el inmueble al fallecer su madre; b) La oposición de la demandada descansa exclusivamente en los actos propios de la parte demandante que había consentido la posesión durante diez años y la existencia de arrendamiento al haber abonado gastos de comunidad, gastos de escalera, sin hacer referencia a pago por su parte de renta alguna.

La protección que otorga la Ley 57/1968, de 27 de julio, reguladora de las percepciones de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas no se extiende a los profesionales del sector inmobiliario o a los compradores especuladores. En el caso enjuiciado el TS entiende que es inaplicable en favor de un comprador de tres viviendas en construcción con una finalidad inversora.

Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2017 (D. Francisco Marín Castán).

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PRIMERO.- En el presente recurso de casación se plantea si la entidad de crédito demandada debe responder con arreglo a la Ley 57/1968 frente al comprador de varias viviendas en construcción de la misma promoción (inicialmente 3 viviendas, luego sustituidas por 2) respecto de la totalidad de las cantidades anticipadas e ingresadas por este en cuentas abiertas por la promotora-vendedora en dicha entidad.
Son datos relevantes para la decisión del recurso los siguientes:
1.º) Con fecha 27 de septiembre y 21 de octubre de 2005 la promotora Provasna S.L. y el hoy recurrente, D. Armando, suscribieron tres precontratos (aportados como anexos C, D y E de la demanda) y posteriormente, el 9 de enero de 2006, tres contratos privados de compraventa de sendas viviendas en construcción (anexos F,G y H de la demanda, correspondientes a los inmuebles identificados en los precontratos D, E y C, como portales NUM000, NUM001 y NUM002, respectivamente), pertenecientes a la promoción «Condominio de Vispieres» que la referida promotora iba a construir en el término municipal de Santillana del Mar (Cantabria). Cada una de las tres viviendas tenía una superficie de 376,81 m2 construidos.
2.º) Ni los precontratos ni los contratos de compraventa contenían mención o remisión alguna a la Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas (en adelante Ley 57/1968).
3.º) En los tres precontratos se pactó la entrega de una cantidad en concepto de reserva, que se abonó por la parte compradora en el acto de la firma de los mismos, así como que el resto del precio (fijado en 386.363,11 euros para la vivienda portal NUM002 y en 375.663,11 euros más 7% IVA para cada una de las otras dos) se pagaría, una parte, mediante pagos mensuales (por importe de 3.622,15 euros cada uno en el caso de la vivienda portal NUM002 y por importe de 3.521,84 euros cada uno para las otras dos), y la restante (54.163,05 euros más IVA en el caso del portal NUM002 y 52.663,44 euros más IVA en el de las otras dos) en el momento de la entrega de llaves y otorgamiento de escritura pública.