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miércoles, 6 de mayo de 2015

Propiedad horizontal. Acta de la junta de propietarios. La falta de las firmas de presidente y secretario de la comunidad en el acta puede ser defectos pero no producen la nulidad de la Junta y de los acuerdos que contienen, y se subsanan cuando en una siguiente junta se ratifica lo acordado en ésta.

Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2015.

¿Conoces la FUNDACIÓN VICENTE FERRER?. ¿Apadrinarías un niño/a por solo 18 € al mes?. Yo ya lo he hecho. Se llaman Abhiran y Anji. Tienen 7 y 8 años y una mirada y sonrisa cautivadoras.
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PRIMERO.- (...) 2.- De las diferentes razones para la pretensión de nulidad de la junta, tan sólo uno de ellos ha llegado a casación. Planteada desde la demanda, fue silenciada en la sentencia de primera instancia, reiterada en el recurso de apelación y resuelta por la sentencia de la Audiencia Provincial, objeto del presente recurso de casación. Se trata de la pretendida nulidad de la junta por falta de las firmas del presidente y del secretario en el acta en el momento de levantarse ni tampoco en los días siguientes, aunque más tarde si firmaron; lo que es exigencia del artículo 19 de la Ley de Propiedad Horizontal;
A lo cual, responde la sentencia de la Audiencia Provincial.
"En cuanto a la nulidad del acta, el artículo 19 LPH regula diversos aspectos formales relacionados con los acuerdos tomados en la Junta de propietarios, y, además de indicar cuál ha de ser el contenido mínimo del acta donde se reflejen aquéllos, dispone cómo habrá de cerrarse (párrafo 3), de modo que se hará con las firmas del presidente y del secretario al terminar la reunión o dentro de los diez días naturales siguientes. La consecuencia del cierre es, como resulta de la propia norma, que, a partir de ese momento, los acuerdos serán ejecutivos, y es también condición necesaria, entre otras, para posibilitar la subsanación de los defectos y errores. Eso no significa que los acuerdos carezcan de validez por el hecho de no estar firmada el acta, pues serán válidos o no en función del grado de cumplimiento de los requisitos intrínsecos para alcanzar la mayoría legalmente exigida en la formación de la voluntad común, no por el visto bueno que el presidente dé a la redacción del acta por el secretario. Esa circunstancia no es un elemento constitutivo o un requisito de forma solemne esencial para el nacimiento de la declaración de voluntad surgida de la votación, de modo que el acta es únicamente el medio para documentar el acuerdo, no para validarlo. Con la documentación se produce la prueba gráfica de esa voluntad declarada y permite demostrar su existencia a efectos de ejecutarla, impugnarla o subsanarla, pero no para dotarla de validez."

Civil – Contratos. Compraventa de vivienda en construcción. Garantía de reintegro de las cantidades anticipadas de la Ley 57/1968. No es necesaria la previa resolución judicial. La Sala confirma la estimación de la demanda interpuesta por un comprador de vivienda en construcción contra la entidad aseguradora, pidiendo la devolución de las cantidades anticipadas tras haber comunicado a la promotora la resolución del contrato de compraventa una vez vencido el plazo de entrega sin licencia de primera ocupación.

Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2015.

¿Conoces la FUNDACIÓN VICENTE FERRER?. ¿Apadrinarías un niño/a por solo 18 € al mes?. Yo ya lo he hecho. Se llaman Abhiran y Anji. Tienen 7 y 8 años y una mirada y sonrisa cautivadoras.
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SEGUNDO.- En el motivo primero del recurso se citan como infringidos los arts. 2, 3 y 4 de la Ley 57/1968 y se alega la existencia de interés casacional por resultar contradictoria la sentencia recurrida con otras dictadas por otra Sección diferente de la misma Audiencia Provincial, en la medida que en unos casos se ha llegado a la conclusión de que la garantía es exigible sin que sea necesaria la previa resolución del contrato de compraventa mientras que en otras sentencias se ha seguido el criterio opuesto, que la parte recurrente defiende como acertado, de entender que, por su carácter accesorio respecto del contrato de compraventa, y por no tratarse de un aval a primer requerimiento, no es posible exigir la devolución de las cantidades anticipadas y garantizadas sin antes resolver el contrato de compraventa, pudiendo la aseguradora oponer al comprador las mismas excepciones referidas al cumplimiento de dicho contrato que podría oponerle la promotora-vendedora. Como exponente del primer criterio, seguido por la sentencia recurrida, se cita, además de esta, la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 6ª, de 27 de noviembre de 2009. Y como exponente del criterio opuesto, que se invoca como correcto, se citan las sentencias de la Sección 11ª de la Audiencia Provincial de Valencia de 30 de junio de 2010 y 3 de septiembre de 2010.
La parte demandante-apelante y recurrida se ha opuesto al recurso alegando, en resumen, que tiene la condición de consumidor, que concurren los supuestos de hecho contemplados en las condiciones particulares de los contratos de seguro suscritos y en el art. 2 de la Ley 57/1968 para poder reclamar y que la demanda se formuló antes de que la promotora obtuviera las preceptivas licencias de primera ocupación, resultando evidente el incumplimiento contractual de la obligación de entrega en cuanto al plazo pactado y en cuanto al deber de facilitar la referida cédula de habitabilidad o licencia de primera ocupación. En suma, se interesa la desestimación por tres razones: a) Porque existe jurisprudencia de la Sala Primera (concretamente la STS 367/2003, de 9 de abril de 2003) que resuelve la controversia en el mismo sentido que la sentencia recurrida (contrario a supeditar el aval a la previa resolución contractual); b) porque del propio art. 3 de la Ley 57/1968 se desprende que no es necesaria la previa resolución judicial del contrato de compraventa; y c) porque no existe ni en los contratos de seguro ni en la Ley 57/1968 mención alguna a la necesidad de resolución del contrato como previa a la reclamación frente a la aseguradora, tratándose de dos contratos independientes como ha declarado esta Sala (SSTS de 4 de noviembre de 1989 y 9 de diciembre de 1997). Termina diciendo que, además de concurrir los requisitos legales (art. 2 de la Ley 57/1968), también se cumplió la exigencia contractualmente establecida de requerir notarialmente al promotor-vendedor y que este no hubiera devuelto las sumas anticipadas con sus intereses (la solicitud de rescisión de los contratos y requerimientos tuvo lugar el 18 de julio de 2008).

Civil – Contratos. Arrendamientos urbanos. No procede la resolución del contrato ni el desahucio en caso de fijación unilateral por el arrendador de las cantidades asimiladas a renta cuando la falta de pago por el arrendatario se debe a que no está de acuerdo o no se le han justificado adecuadamente las razones de dicha exigencia de pago.

Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2015.

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TERCERO.- En cuanto a las infracciones de carácter sustantivo que se denuncian carecen de sentido las referidas a las normas que regulan la consignación - artículos 1176, 1177, 1178 y 1180 del Código Civil - pues la Audiencia no han entendido que las consignaciones efectuadas comporten una extinción de la deuda con carácter liberatorio de la obligación de la arrendataria, para lo que sería necesaria efectivamente la concurrencia rigurosa de los requisitos establecidos en el Código Civil, sino que ha considerado -atendiendo a la finalidad de las normas que regulan la resolución del arrendamiento por impago de renta y cantidades asimiladas- que en el caso no concurre una actuación de la demandada que revele un claro incumplimiento de sus obligaciones, sino una discrepancia en cuanto a la justificación de las cantidades exigidas que en forma alguna puede dar lugar a la resolución del contrato arrendaticio.
En cuanto a la infracción de los artículos 27.2.a) de la LAU 1994, 1555-1 º y 1569-2º del Código Civil, claramente se hace supuesto de la cuestión. La Audiencia no contraviene las normas según las cuales el incumplimiento por el arrendatario de su esencial obligación de pago de la renta y de las cantidades asimiladas determina la resolución del contrato si el arrendador así lo solicita, pues lo que considera la Audiencia con acierto es que la fijación unilateral por el arrendador de las cantidades asimiladas a renta y la exigencia de su pago no comporta por sí la obligación del arrendatario de llevarlo a cabo cuando no está de acuerdo o no se le han justificado adecuadamente las razones de dicha exigencia.


Derecho al honor vs libertad de expresión. Uso reiterado del término «Don Pepito» para referirse al demandante, director-editor de un periódico. Libertad de expresión (Derecho de crítica) de otro medio informativo con línea editorial contrapuesta al anterior. Contexto de contienda y de crítica a la línea editorial del demandante. Inexistencia de intromisión ilegítima.

Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2015.

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SEGUNDO.- De conformidad con el relato de hechos probados contenido en la propia sentencia recurrida son datos relevantes para resolver el recurso de casación los siguientes:
1º) El demandante D. Francisco es una persona de indudable notoriedad pública en las Islas Canarias, en especial en Santa Cruz de Tenerife. En el momento de los hechos desempeñaba el cargo de director-editor del periódico «El Día», editado por la entidad codemandante "Editorial Leoncio Rodríguez, S.A.", de la que era su administrador único.
2º) Según el diccionario de la RAE, hipocorístico, dicho de un nombre, es la forma diminutiva, abreviada o infantil que se usa para designarlo de forma cariñosa, familiar o eufemística. En este caso, el hipocorístico del nombre de pila del demandante, Francisco, en diminutivo (« Perico ») y precedido del tratamiento de «Don», fue utilizado con reiteración por los demandados para referirse a D. Francisco en sus artículos de opinión (hasta en un total de 6.600 veces, según informe pericial, durante el periodo comprendido entre los años 2006 y 2011), si bien desde 1988 venía siendo usado en otros medios de comunicación de Canarias por periodistas (como el testigo D. Ruperto, al que el demandante reconoce haber perdonado) e incluso por lectores del medio editado por los demandados, así como por amigos y familiares del demandante, sin que ello le molestara.
3º) Su uso no responde a ninguna característica física, personal o familiar, sino que se realizó siempre en artículos de crítica a los editoriales del demandante como persona física (al margen de la editorial, persona jurídica) y dentro de un contexto de rivalidad, enfrentamiento o contienda entre periodistas y sus medios, por discrepancias ideológicas.
4º) No consta que a raíz de su uso reiterado por los demandados el periódico «El Día» sufriera perjuicio alguno, dada su condición mantenida de líder de ventas, ni tampoco que a resultas de estos hechos el medio de los demandados obtuviera algún beneficio. Tampoco se han alegado ni se han constatado datos, hechos o circunstancias objetivas de que la expresión denunciada haya incidido en la reputación personal, familiar o profesional de D. Francisco.

Propiedad horizontal. Legitimación pasiva del titular registral para el pago de deudas por gastos comunes de la Comunidad de Propietarios. La Sala fija como doctrina que “cuando el deudor, de cuotas por gastos de comunidad de propietarios, por obligación propia o por extensión de responsabilidad, no coincida con el titular registral, la reclamación frente a éste sólo será al objeto de soportar la ejecución sobre el inmueble inscrito a su nombre”.

Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2015.

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SEGUNDO.- Enunciación y Planteamiento.
Dicho recurso se fundamenta en la infracción del artículo 21.4 de la Ley de Propiedad Horizontal en relación con los puntos 1 y 2 de dicho artículo, así como el artículo 9.1 y 11.5 de la citada Ley.
Se alega la existencia de jurisprudencia contradictoria entre Audiencias Provinciales en relación a la legitimación pasiva del titular registral para el pago de deudas por gastos comunes de la Comunidad de Propietarios, citando de una parte la jurisprudencia derivada de las sentencias dictadas por la Audiencia Provincial de Málaga (Sección Quinta) número 1241/2005, 135/2012 y 212/2009, Audiencia Provincial de Madrid (Sección 14ª) número 52/2004, Audiencia Provincial de Madrid, (Sección 11ª), número 782/2004, Audiencia Provincial de Lleida (Sección 2ª), número 272/2012, Audiencia Provincial de Alicante (Sección 7ª), número 210/2003, Audiencia Provincial de Oviedo (Sección 5ª), número 177/2001 y Audiencia Provincial de Alicante (Sección 9ª), número 422/2010. Como doctrina contraria cita la derivada de las sentencias procedentes de la Audiencia Provincial de Madrid Sección 14ª 2000/3194, Audiencia Provincial de Madrid Sección 13ª, número 2000/ 216177 y Audiencia Provincial de Valencia Sección 5ª, número 2004/49499.
TERCERO.- Decisión de la Sala.
1. La Ley de Propiedad Horizontal contiene un precepto de carácter sustantivo, el artículo 9.1 que dispone cuáles son las obligaciones de cada propietario, entre las que interesa ahora destacar, en atención al objeto del recurso, la de la letra e) que consiste en "contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización", y la de la letra i) que es la de "comunicar a quien ejerza las funciones de Secretario de la Comunidad, por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, el cambio de titularidad de la vivienda o local".

Artículos Doctrinales: La custodia compartida y el interés prevalente del menor. (http://noticias.juridicas.com)

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Artículos Doctrinales: Valoración de empresas: una revisión de los métodos actuales.

Autor: Pereyra Terra, Manuel

Recomendado en Linkedin por Enrique Sanjuan y Muñoz.


Información del B.O.E. del día 6 de mayo de 2015 sobre personas jurídicas y físicas declaradas en Concurso de Acreedores.


- DECLARACIÓN DE CONCURSOS:

GIJÓN 3: 70/15 COMUTEC ASTURIAS, SOCIEDAD LIMITADA B52506714 (AC: Luis Ángel Roberto Florez, acreedores.comutec@grupoauditor.com)
MADRID 7: 267/2015 SKREMM LICENSES, S.L. B-86770633 (AC: Luis Castro Viñas Luiscastroac@cemad.es)
TARRAGONA 1: 166/2015-5 LE SPECIALISTE DE LA TERRE CUITE, S.A. A43436211 (AC: Insolnet Soluciones Concursales, S.L.P. creditors@insolnet.es)

TERUEL: 108/2015 JAMONES MANZANERA, SOCIEDAD LIMITADA B44195964 (AC: Belenguer Abogados, Sociedad Limitada Profesional, concursojamonesmanzanera@belenguerabogados.com)

martes, 5 de mayo de 2015

Información del B.O.E. del día 5 de mayo de 2015 sobre personas jurídicas y físicas declaradas en Concurso de Acreedores.


- DECLARACIÓN DE CONCURSOS:

A CORUÑA 2: 119/15-L SAN LUÍS ELECTRÓNICA, S.L. B-70.377.148 (AC: Marcos Fernández Fernández, mefernandez1976@hotmail.com)
ALICANTE 3 (ELCHE): 194/2015 JOAQUÍN ALBERO ALBERO 72520665-D (AC: Francisco Antonio Menargues García, fmfiscal@altamiraasesores.com)
ALICANTE 2: 193/2015 – R CARPINTERÍA RENER, S.L. B-03254281 (AC: Francisco Ignacio Pérez Mira, francisco.perez@abogadosprz.es)
BARCELONA 6: 277/2015-B TAXI A PUNTO, S.L. B-65052342 (AC: Josep Serra Ruaix taxiap.concursal@gmail.com)
BILBAO 2: 201/15-M SABINO MENÉNDEZ, S.L. B-48.041.164 (AC: Gestión Concursal Integral, S.L.P., Javier Sánchez Serrano, sabinomenendez@gestion-concursal.com)
BURGOS: 558/2014 COVARRUBIAS SALUD, S.L. B82233438 (AC: Lorea Talavera Santano, lorea@santanoabogados.es)
CIUDAD REAL: 446/2014 JOSÉ BRICEÑO MARTÍNEZ 51688344F (AC: Abogados JEA, S.L.P. concursos@abogaconcursos.com)
CUENCA: 42/2015 HL CERAMICAS (H.L. SL) B-16015562 (AC: ARANEGUI, MEZQUITA, DEL CARPIO, S.L.P., brunoaranegui@icav.es)
GIRONA: 1088/14 CEGEL ESTRUCTURAS, S.L.U. B55099436 (AC: Replay advocats i economistes associats, S.L.P. concursocegel@cinc.es)
GRANADA: 366/2015 CUME ATARFE GRANADA, S.L. (AC: Antonio Enrique Utrera Conejo, 366.15@expertosac.com)

lunes, 4 de mayo de 2015

Seguros. Excepciones personales oponibles por el asegurador al perjudicado en la acción directa ejercitada en la demanda al amparo del artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro. El asegurador puede oponer al perjudicado que el daño sufrido por él es realización de un riesgo excluido en el contrato. Lo que no puede es oponerle son aquellas cláusulas de exclusión de riesgos que tengan su fundamento en la especial gravedad de la conducta dañosa del asegurado.

Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de abril de 2015.

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SEGUNDO.- Se formula un único motivo porque la sentencia se opone a la doctrina de esta Sala -relativa a las excepciones personales oponibles por el asegurador al perjudicado en la acción directa ejercitada en la demanda al amparo del artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro - contenida en las sentencias de 22 de noviembre de 2006, 8 de marzo de 2007 y 23 de abril de 2009, en sentido de que ni el dolo y ni las excepciones personales son oponibles por el asegurador al tercero perjudicado en el seguro de responsabilidad civil.
Se estima.
1. Las tres sentencias que se citan en el motivo, dicen lo siguiente:
(i) STS 26 de noviembre de 2006: "la inoponibilidad al perjudicado de las excepciones que puedan corresponder al asegurador contra el asegurado (art. 76 de la Ley) hay que referirla a las excepciones personales, que el primero albergue contra el segundo, y no a aquéllas eminentemente objetivas, emanadas de la Ley o de la voluntad accionada de las partes, dentro de cuyos límites queda el asegurador obligado a indemnizar al perjudicado, como se infiere del artículo 73, párrafo primero de la Ley de Contrato de Seguro (SSTS de 29 de noviembre de 1991; 31 de diciembre 1992; 15 julio 1993), cuando la excepción objetiva tenga una relación directa, o sea factor determinante del evento dañoso, y no en cualquier otro caso (SSTS de 13 de mayo de 1986; 29 de noviembre de 1991; 31 diciembre 1992; 2 de diciembre 1998).

Procesal Civil. Sentencias con reserva de liquidación. Acción directa contra la aseguradora. Se admite la posibilidad de que la sentencia declarare, primero, la responsabilidad civil directa de la aseguradora, y después, condenarle a abonar los daños y perjuicios consiguientes, "cuya concreción y reclamación se efectuará, en su caso, en un pleito posterior".

Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de abril de 2015.

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SEGUNDO.- (...) Lo que se discute es la posibilidad de que en ejercicio de esta acción, se impida una cuantificación posterior del daño, "por la gran dificultad, si no imposibilidad de hacerlo en la demanda", como sucede en este caso. Y es evidente que ninguna diferencia de trato hemos de dar, dice la sentencia recurrida, "al aplicar el artículo 219 de la Ley de Enjuiciamiento civil, según se trate de la exigencia por el tercero perjudicado de la prestación resarcitoriia por el hecho ilícito al asegurado, causante del daño, o al asegurador".
Como ninguna diferencia encontramos tampoco con el hecho de que en esa doble fase que resulta de una pretensión resarcitoría ejercitada contra la aseguradora: una previa, declarativa de la existencia de un daño cubierto por la aseguradora en virtud de la póliza en vigor del que es responsable el asegurado, y otra posterior de condena, una vez cuantificado el daño en la sentencia, la segunda se traslade a un juicio posterior por no haberse podido concretar el alcance de la indemnización debida al perjudicado, pues así lo autoriza el artículo 219 de la LEC ("se permitirá al demandante solicitar, y al tribunal sentenciar, la condena al pago de cantidad de dinero, frutos, rentas, utilidades o productos cuando ésa sea exclusivamente la pretensión planteada y se dejen para un pleito posterior los problemas de liquidación concreta de las cantidades") y la jurisprudencia que lo interpreta.
Esta Sala en la STS, del Pleno, de 16 de enero de 2012, RIC núm. 460/2008, que reiteran las de 28 de junio, 11 de julio y 24 de octubre de 2012; 9 de enero y 28 de noviembre 2013, ha declarado -en interpretación de los artículos 209.4.º LEC y 219 LEC -, que el contenido de estos preceptos debe ser matizado en aquellos casos en los que un excesivo rigor en su aplicación puede afectar gravemente al derecho a la tutela judicial efectiva de las partes, provocando indefensión. Esto puede suceder cuando, por causas ajenas a ellas, a las partes no les resultó posible la cuantificación en el curso del proceso. Para evitarlo es preciso buscar fórmulas que, respetando las garantías constitucionales fundamentales -contradicción, defensa de todos los implicados, bilateralidad de la tutela judicial-, permitan dar satisfacción al legítimo interés de las partes. No es aceptable que deba denegarse la indemnización por falta de un instrumento procesal idóneo para su cuantificación.

Información del B.O.E. del día 4 de mayo de 2015 sobre personas jurídicas y físicas declaradas en Concurso de Acreedores.


- DECLARACIÓN DE CONCURSOS:

LEÓN: 530/2015 INVERSORA DE LAREDO Y SANTANDER, S.L. B39293162 (AC: Santiago Pascua Aparicio, inversoradelaredoysantander@abcconcursal.com)
LEÓN: 683/2013 FUNDACIÓN CLUB BALONMANO ADEMAR LEÓN G24498479  (AC: REVENGA Y SUÁREZ ADMINISTRADORES CONCURSALES, SLP JORGE REVENGA SÁNCHEZ, fundacionademarenconcurso@revengaysuarez.com)

LOGROÑO: 203/2015 ELIANE, S.A. A/26041491 (AC: José Ignacio Ruiz del Olmo Gimeno, concursoeliane@jiroasesores.com)

domingo, 3 de mayo de 2015

Procesal Civil. Prueba pericial. Reglas de valoración de los dictámenes periciales.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Les Illes Balears (s. 5ª) de 23 de marzo de 2015.

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SEGUNDO.- (...) Al respecto de la valoración de las pruebas periciales viene señalando este tribunal que por principio general la prueba de peritos es de apreciación libre, no tasada, valorable por el Jugador según su prudente criterio, sin que existan reglas preestablecidas que rijan su estimación, no estando codificadas las reglas de la sana crítica y han de ser entendidas como las más elementales directrices de la lógica humana.
Con el sistema instaurado por la nueva LEC se establece que con los escritos rectores del procedimiento (demanda y contestación) se aporten los dictámenes elaborados por los peritos de que los litigantes dispongan y consideren necesarios para la defensa de sus derechos (art. 336) y, siguiendo la tendencia apuntada en algunas sentencias de nuestro Tribunal Supremo, para acabar con la discusión acerca de la naturaleza y valor probatorio de los dictámenes aportados unilateralmente por las partes (SSTS 18-5-93, 3-3-95) regula de forma minuciosa tal aportación (art. 335) dándoles valor de verdadera prueba (art. 299.4) con traslado a la parte contraria y manifestación del deseo de que el perito comparezca a la vista del juicio (art. 337.2 y 338), sin que por esa obtención la ley rebaje el valor de su naturaleza probatoria, frente al designado por el Tribunal (art. 339. 2); y nada impide que en la dualidad comparativa de ambos pueda el Juzgado desde ese análisis crítico del mismo fundar su resolución en una u otra pericia o integrar todas ellas en un proceso lógico y racional de deducción.
Y que en la valoración de la prueba pericial el Juez o Tribunal deberá ponderar, entre otras, las siguientes cuestiones: a) Los razonamientos que contengan los dictámenes, y los que se hayan vertido en el acto del juicio o vista en el interrogatorio de los peritos, pudiendo no aceptar el resultado de un dictamen o aceptarlo, o incluso aceptar el resultado de un dictamen por estar mejor fundamentado que otro (STS 10 de febrero de 1.994); b) Deberá, también, tener en cuenta el Tribunal las conclusiones conformes y mayoritarias que resulten, tanto de los dictámenes emitidos por peritos designados por las partes, como de los dictámenes emitidos por peritos designados por el Tribunal, motivando su decisión cuando no esté de acuerdo con las conclusiones mayoritarias de los dictámenes (STS 4 de diciembre de 1.989); c) Otro factor a ponderar por el Tribunal deberá ser el examen de las operaciones periciales que se hayan llevado a cabo por los peritos que hayan intervenido en el proceso, los medios o instrumentos empleados y los datos en los que se sustenten sus dictámenes (STS 28 de enero de 1.995); d) También deberá ponderar el Tribunal, al valorar los dictámenes, la competencia profesional de los peritos que los hayan emitido, así como todas las circunstancias que hagan presumir su objetividad, lo que le puede llevar, en el sistema de la nueva LEC, a que se dé más crédito a los dictámenes de los peritos designados por el tribunal que a los aportados por las partes (STS 31 de marzo de 1.997).


Sociedades. Impugnación de acuerdos sociales por infracción del derecho de información. Se desestima. Además, los acuerdos impugnados no son lesivos para el interés de la sociedad.

Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña (s. 13ª) de 13 de marzo de 2015.

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TERCERO.- La acción de impugnación se basa en primer lugar en la nulidad del acuerdo social por infracción del derecho de información.
Sobre el derecho de información de los socios este Tribunal se ha pronunciado en distintas sentencias, entre otras como las de 16 de febrero y 24 de mayo de 2011, reiterado en posteriores, en las que indicábamos:
a) El Tribunal Supremo ha declarado la trascendencia del derecho de información de los accionistas como instrumental del derecho de voto (vgr., entre otras, SSTS 29 de julio de 2004, n. 869; 12 de noviembre de 2003, n. 1058; 22 de mayo de 2002, n. 483, 4 de octubre de 2005). Su verdadera finalidad radica en que el socio conozca perfectamente o al menos tenga la posibilidad de conocer los pormenores del acuerdo que se somete a su consideración, pues difícilmente cabe votar si no se da la opción de conocimiento de aquello que se somete a la soberanía de la Junta.
O como dicen las SSTS de 3 de julio de 2008 y 22 de febrero de 2007, es aquél que trata de facilitar al socio un conocimiento directo sobre la situación de la sociedad y desde luego es uno de los derechos más importantes del mismo, puesto que mediante su ejercicio puede tener el conocimiento preciso de los puntos sometidos a aprobación de la Junta, posibilitando una emisión consciente del voto.
Pretende que el socio cuente con la documentación imprescindible, y con tiempo suficiente para el análisis y estudio de la misma a fin de formar su voluntad y expresarla adecuadamente con su voto (STS 26 de marzo de 2001).

sábado, 2 de mayo de 2015

Artículos Doctrinales: Cómo reclamar a Bankia la OPS de julio del 2011. (http://www.economistjurist.es)

Isabel Mateu. 
Socia. Ventura Garcés & López-Ibor, Abogados.


Artículos Doctrinales: Modificaciones a la Ley Concursal introducidas por el Real Decreto 1/2015, de 27 de febrero. (http://www.economistjurist.es)

Francesc Torredemer. 
Abogado de Pluta Abogados.

Artículos Doctrinales: El régimen jurídico de los administradores: dimisión y cese. (http://www.economistjurist.es)

Patricia Montoro Cobles. 
Abogada. Directora área mercantil de Chavarri Abogados.


Artículos Doctrinales: Acciones de Bankia: buena fe, información precontractual y error (excusable) sobre las cualidades del objeto. Sentencia de 13 de marzo de 2015, del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Alcalá de Henares. (http://noticias.juridicas.com)

Christian Salata.
Letrado en Salata Abogados


Información del B.O.E. del día 2 de mayo de 2015 sobre personas jurídicas y físicas declaradas en Concurso de Acreedores.

- DECLARACIÓN DE CONCURSOS:


En el BOE de 2 de mayo de 2015 no se informa de ninguna declaración de concurso. 

Información del B.O.E. del día 1 de mayo de 2015 sobre personas jurídicas y físicas declaradas en Concurso de Acreedores.


- DECLARACIÓN DE CONCURSOS:

A CORUÑA 2: 108/15-M TERESA CASTRO PEDREIRA 76284916-B (AC: Ramón Juega Cuesta, auditores@fairvalueaudiores.es)
ALICANTE 1: 198/2015 TURIVA 78, S.A. A-03.465.531 (AC: Josefina Martínez Caballero, jmartinez-caballero@icali.es)
BARCELONA 4: 29/2015-O AREVA TRADING, S.L.U. B65438301 (AC: Pluta Abogados y Administradores Concursales, S.L.P., Joaquim Sarrate Pou, Comunicacion.barcelona@pluta.es)
BARCELONA 4: 71/2015-O MARBRES AGUILÓ, S.A. A58924028 (AC: INSOLNET, Manuel Pérez López de Briñas, creditors@insolnet.es)
BARCELONA 1: 200/2015B VIPROAL INVERSIONES, SOCIEDAD LIMITADA B61239877 (AC: José Mariano Hernández Montes, M and M Abogados, Sociedad Limitada Profesional, concursoviproalinversiones@mmabogados.org)
MADRID 12: 132/2015 ÁMBITO CONSULTORÍA E INGENIERÍA, S.L. B-84509009 (AC: María Dolores Alemany Pozuelo, concurso.consultoriaingenieria@insolvency-legal.com)
MADRID 12: 253/2015 SERVANDO MARTIN, S.A., EN LIQUIDACIÓN A-78910700 (AC: Administración concursal del concurso de SERVANDO MARTIN, S.A., en liquidación concursoservando@gmail.com)

jueves, 30 de abril de 2015

Información del B.O.E. del día 30 de abril de 2015 sobre personas jurídicas y físicas declaradas en Concurso de Acreedores.


- DECLARACIÓN DE CONCURSOS:

GRANADA: 320/2015 AQUILIA INVERSIONES Y ARRENDAMIENTOS, S.L. B18783472  (AC: Matías Pérez de la Blanca Carazo 4737@icagr.es)
GRANADA: 380/2015 683 UPPER CLUB, S.L. B18986661 (AC: Pascual López Villen, concurso380-2015@lopezvillen.es)
GUADALAJARA: 139/2015 JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ RUIZ Y MARÍA DEL PILAR LOZANO FLORES 03049962R, 03031897Z (AC: Pedro Bautista Martín Molina, juanjoserodriguez@legalyeconomico.com)
HUELVA: 606/2014 CONSTRUCCIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA KITITO, SOCIEDAD LIMITADA B21291927 (AC: Abspain Concursal, Sociedad Limitada concursokitito@gmail.com)
MADRID 11: 129/15 CRISMAR MIRAFLORES, S.L. B-82 221 755 (AC: Rafael Laso Retamal crismar@proconcursal.com)
MADRID 11: 208/15 J.C. DISEÑOS INMOBILIARIOS, S.L. B79.333.878  (AC: JORGE ÁLVAREZ VIÑUELA, jcdisenos@verticeconcursal.es)

MADRID 11: 171/2013 TRANSPORTES FÉLIX DE MIGUEL, S.A. A-78652971  (AC: José María Zuñiga López, zunigayasociados@icam.es)

miércoles, 29 de abril de 2015

Procesal Civil. Litispendencia. Prejudicialidad civil. Concepto. Diferencias.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (s. 10ª) de 25 de marzo de 2015.

¿Conoces la FUNDACIÓN VICENTE FERRER?. ¿Apadrinarías un niño/a por solo 18 € al mes?. Yo ya lo he hecho. Se llaman Abhiran y Anji. Tienen 7 y 8 años y una mirada y sonrisa cautivadoras.
[Ver esta resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]
TERCERO.- II. La litispendencia
Como bien pone de manifiesto la parte demandante-apelada, es un hecho incontrovertible que la parte demandada y ahora recurrente no invocó de modo explícito y concreto, con la claridad y precisión de la que no se exime el trámite de contestación en los procesos declarativos que se sustancien por los trámites del procedimiento verbal por el hecho de deber formularse comúnmente de forma oral en el acto de la vista (arg. ex arts. 1 y 405 LEC 1/2000), la excepción de «litispendencia».
Y ello con absoluta independencia de que si se aludiera a la previa sustanciación ante el mismo órgano jurisdiccional de un proceso de declaración promovido por la aquí demandada y ahora apelante y en el que recayó sentencia en la que se apreció falta de legitimación activa de la parte allí demandante, coincidente con quien es demandada en los autos de los que dimana el presente Rollo.
No obstante la falta de invocación expresa de la excepción no es obstáculo para su eventual apreciación atendido que puede y debe ser apreciada «ex officio iudicis» siempre que el juzgador advierta su concurrencia, con total independencia de que las partes la hayan alegado, ya que nos encontramos ante una cuestión de orden público y en la que el juzgador debe obligatoriamente entrar a- conocer si advierte su existencia (SSTS de 25 de febrero, 3 de marzo y 3 de diciembre de 1992, 27 de diciembre de 1993, 31 de julio de 1998, 17 de febrero de 2000, 4 de marzo de 2002, 47/2006, de 24 enero, 266/2006, de 22 marzo y 1152/2007, de 7 noviembre, entre otras).

Civil – D. Reales. Acción de división de cosa común. A falta de convenio entre las partes, debe procederse a la venta en pública subasta previa tasación con admisión de licitadores extraños.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (s. 9ª) de 26 de marzo de 2015.

¿Conoces la FUNDACIÓN VICENTE FERRER?. ¿Apadrinarías un niño/a por solo 18 € al mes?. Yo ya lo he hecho. Se llaman Abhiran y Anji. Tienen 7 y 8 años y una mirada y sonrisa cautivadoras.
[Ver esta resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]
Primero.- Ante el fallo de la sentencia apelada en el que, tras acordarse la disolución del pro indiviso detallado en el mismo, se acuerda: "y a falta de convenio entre las partes, procédase a la venta en pública subasta previa tasación con admisión de licitadores extraños....", por la parte demandada se alza recurso de apelación en el que, en definitiva, se invoca que no se ajusta a derecho, en concreto a lo dispuesto en el artículo 404 del Código Civil, el que la solución sea la venta en "pública subasta". Así, tras indicar que cuando la cosa es indivisible, la ley ofrece a los condueños bien la alternativa de adjudicarse el objeto del condominio a uno de ellos mediando la correspondiente indemnización, o bien solicitar la venta del bien común y reparto del precio, especifica: " en ningún lugar se establece que necesariamente dicha venta deba llevarse a efecto mediante pública subasta".
Alegatos de pleno rechazo pues no sólo las partes litigantes no han llegado a acuerdo alguno de adjudicación, sino que, en todo caso, de no concurrir acuerdo entre las mismas, la única solución es la ofrecida en la sentencia: la venta en pública subasta.
Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 30-7-1999 consideró: "excluída en este caso.... la adjudicación a uno con compensación económica al otro, la única forma de procederse a la división de la Comunidad es la de acudir a la venta en pública subasta....". Igualmente, en la Sentencia de 30 de abril de 2009 el Tribunal Supremo, ante la indivisibilidad del bien, razonó: "la solución ha de venir dada por el mantenimiento íntegro del conjunto y que la división de la Comunidad -no del bien- se lleve a efecto mediante la venta en pública subasta con admisión de licitadores extraños", consideración repetida en otras sentencias como en la de 19-6-2000 o en la de 3-4-1995.