Cláusula de vencimiento anticipado. Oposición a ejecución hipotecaria. La sección 17ª de la AP de Barcelona declara la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado y acuerda el sobreseimiento del proceso de ejecución.

Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona (s. 17ª) de 11 de enero de 2017 (D. Paulino Rico Bajo).

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CUARTO.- Respecto a la cláusula de vencimiento anticipado dijo la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 16 de diciembre de 2009 que "la doctrina jurisprudencial más reciente ha declarado con base en el art.

1.255 CC la validez de las cláusulas de vencimiento anticipado en los préstamos cuando concurra justa causa -verdadera y manifiesta dejación de las obligaciones de carácter esencial, como puede ser el incumplimiento por el prestatario de la obligación de abono de las cuotas de amortización del préstamo-. En esta línea se manifiestan las Sentencias de 7 de febrero de 2.000 (aunque para el ámbito del contrato de arrendamiento financiero); 9 de marzo de 2.001; 4 de julio de 2.008; y 12 de diciembre de 2.008.".

Y, por su parte, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 14 de marzo de 2013 dijo que "En particular, por lo que respecta, en primer lugar, a la cláusula relativa al vencimiento anticipado en los contratos de larga duración por incumplimientos del deudor en un período limitado, corresponde al juez remitente comprobar especialmente, como señaló la Abogado General en los puntos 77 y 78 de sus conclusiones, si la facultad del profesional de dar por vencida anticipadamente la totalidad del préstamo depende de que el consumidor haya incumplido una obligación que revista carácter esencial en el marco de la relación contractual de que se trate, si esa facultad está prevista para los casos en los que el incumplimiento tiene carácter suficientemente grave con respecto a la duración y a la cuantía del préstamo, si dicha facultad constituye una excepción con respecto a las normas aplicables en la materia y si el Derecho nacional prevé medios adecuados y eficaces que permitan al consumidor sujeto a la aplicación de esa cláusula poner remedio a los efectos del vencimiento anticipado del préstamo".

Y concluyó la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarado que:

Desahucio por falta de pago de rentas y acción de reclamación de cantidad. Consignación por el arrendatario las rentas debidas después de haberse presentado la demanda pero antes de ser admitida la misma a trámite. El juzgado archiva el procedimiento por desaparición sobrevenida de objeto. La AP revoca el auto y entiende que procede la enervación de la acción. La facultad enervadora descansa no en el momento en el que el arrendatario ha tenido conocimiento de la intimación [citación a juicio tras la admisión a trámite de la demanda] sino en el momento en el que el arrendador se ha visto compelido a interponer la demanda de deshaucio por falta de pago.

Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona (s. 4ª) de 29 de noviembre de 2016 (D. JORDI LLUIS FORGAS FOLCH).

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1.- Resulta probado en las presentes actuaciones que la parte actora referida presentó demanda de deshaucio por falta de pago de rentas y acción de reclamación de cantidad de las mismas frente al meritado demandado en fecha once de marzo del año en curso así como que el demandado abonó, el día dieciséis de marzo, la cantidad correspondiente a la renta debida. Asimismo, no resulta controvertido tampoco el que, tras ello, el demandante presentó escrito en el que señalaba haber percibido dicha renta y solicitó del juzgado a quo que se tuviera por enervada. A lo anterior se opuso la parte demandada por escrito de veinte de marzo del mismo año y por Decreto de la letrada de la Administración de Justicia (LAJ), de veintinueve de marzo, se declaró no enervada la acción formulada y por el Auto, ahora apelado, se confirmó dicha resolución declarando el archivo de las presentes actuaciones por desaparición sobrevenida de objeto.

La única cuestión que se plantea en esta instancia no es otra que la de considerar enervada o no la acción entablada cuando se han consignado por el arrendatario las rentas debidas después de haberse presentado la demanda pero antes de ser admitida la misma a trámite.

La AP de Valencia (s. 9ª) confirma la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado y el archivo del procedimiento de ejecución hipotecaria. Frente a los argumentos del TS, la AP sostiene que ante las posibilidades concedidas al deudor hipotecario por la normativa especial que regula la ejecución hipotecaria, "no pueda afirmarse incondicionalmente que la decisión de proseguir la ejecución sea más perjudicial para el consumidor", y añade: uno, no se entiende bien que una tutela privilegiada del crédito, como es la concedida por el legislador al acreedor hipotecario, deba mantenerse con la excusa de que beneficia al deudor hipotecario; dos, que esas "especialidades previstas a favor del deudor hipotecario cuando la ejecución se conduce por la vía del procedimiento específico de los arts. 681 y siguientes LEC" pueden mantenerse mediante una interpretación extensiva de las normas procesales de forma que se apliquen siempre y cuando en un proceso de ejecución, aun de ejecución ordinaria, se trabe o embargue la vivienda particular del deudor, incluso cuando la ejecución ordinaria se lleva a cabo con base a un título judicial como es la sentencia firme de condena dineraria.

Auto de la Audiencia Provincial de Valencia (s. 9ª) de 28 de diciembre de 2016 (D. Salvador Urbino Martínez Carrión).

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PRIMERO.- Se interpone recurso de apelación contra el Auto que acordó el sobreseimiento y archivo del procedimiento de ejecución hipotecaria (denegó el despacho de ejecución), por entender que la cláusula de vencimiento anticipado era nula por abusiva. La cláusula en cuestión, en una escritura de fecha 9 de febrero de 2007, novada por otra de fecha 28 de diciembre de 2010, faculta al prestamista para declarar resuelto el préstamo y exigir de la parte prestataria la totalidad de lo adeudado por incumplimiento en el pago de cualquier obligación dineraria.

Contra esa resolución interpone recurso de apelación la parte ejecutante. Argumenta que la cláusula de vencimiento anticipado es válida en nuestro ordenamiento jurídico, y debe tenerse en cuenta las circunstancias del caso concreto, el número de cuotas impagadas cuando el acreedor declaró vencido el préstamo, en este caso 19 cuotas; alude a la posición de otras Audiencia Provinciales; y que la nulidad de la cláusula no puede computar el sobreseimiento de la ejecución.

La resolución de instancia ha sido también recurrida en apelación por la parte demandada de ejecución alegando que el Auto debió imponer las costas del incidente de oposición a la parte ejecutante, por aplicación del art. 561.2, LEC en relación con el art. 394, LEC.

SEGUNDO.- Se examina en primer lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante; y ya se adelante que el mismo se desestima por lo siguiente: Consecuencia, primero, de la legislación de protección del consumidor, y más concretamente de la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y después, de lo expresamente dispuesto en el art. 552.1, párrafo segundo, LEC, cabe la posibilidad tanto de examinar de oficio si en los contratos celebrados con consumidores y usuarios les ha sido impuesta, por parte de empresarios y/o profesionales, determinadas cláusulas que pudieran ser consideradas abusivas y contractualmente impuestas en perjuicios de tales consumidores y usuarios, como de alegar como causa de oposición el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigible.

Auto teniendo por desistida y acordando el sobreseimiento de la oposición a una ejecución hipotecaria al transcurrir más de 20 minutos sin asistir para la comparecencia del art. 695.2 la procurdadora de la parte demandante de oposición sin causa justificada. El TC considera que no existe vulneración del derecho a la tutela efectiva. Cuando se trata de profesionales de libre designación, el órgano judicial no puede ni debe supervisar en todos los procedimientos la actuación de los profesionales del Derecho, pues ante su pasividad o falta de pericia profesional son otros los mecanismos jurídicos arbitrados para exigirles responsabilidades disciplinarias o patrimoniales.

Sentencia del Tribunal Constitucional de 19 de diciembre de 2017 (D. Don Fernando Valdés Dal-Ré).

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FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1. Como se ha expuesto en los antecedentes de esta resolución, por entenderlas contrarias al derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho de acceso a la justicia, las sociedades recurrentes impugnan en amparo las resoluciones judiciales que acordaron tenerlas por desistidas y sobreseída su demanda de oposición a la ejecución hipotecaria en curso (autos núm. 827-2012), afirmando que resultaba inequívoca su voluntad de no desistir y que carece de base legal la privación de la acción por la ausencia de la procuradora en la comparecencia del art. 695.2 LEC.

En los sucesivos trámites de alegaciones el Ministerio Fiscal ha interesado la estimación del recurso, con otorgamiento del amparo solicitado, en contra de lo que ha sostenido la representación procesal de Ibercaja Banco, S.A.U., personada en este proceso constitucional.

2. Aunque ninguna de las partes comparecidas haya puesto en duda la especial trascendencia constitucional de este recurso, que es requisito para su admisión de conformidad con el art. 50.1 b) de nuestra Ley Orgánica reguladora y, por consiguiente, de orden público procesal (entre otras, STC 113/2012, de 24 de mayo, FJ 2, y las allí citadas), exigencias de certeza y buena administración de justicia obligan a explicitar el cumplimiento del mismo para hacer así recognoscibles los criterios empleados al efecto por este Tribunal (STEDH de 20 de enero de 2015, caso Arribas Antón c. España, § 46).

La decisión de admisión, apreciando que concurría en el mismo especial trascendencia constitucional, se fundó en que el recurso da ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina como consecuencia de un proceso de reflexión interna [STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2 b)]. Y es que, en efecto, es constitucionalmente relevante despejar si, de acuerdo con nuestra doctrina y ex art. 24.1 CE, debe declararse la vulneración del derecho fundamental consagrado en esa previsión constitucional cuando se aprecia por los órganos judiciales un desistimiento de la acción y se sobresee la misma en supuestos en los que confluyen, a un tiempo, la ausencia en la correspondiente vista de los profesionales designados por la parte procesal, cuya asistencia sea preceptiva, con actos de esta que expresen, sin embargo, una voluntad inequívoca de continuar con el procedimiento.

Procesal Penal. Aunque durante la fase de instrucción el Juez puede acordar el archivo de las actuaciones en cualquier momento, atendiendo a la contundencia informativa de las diligencias de instrucción practicadas hasta ese momento, y ello aunque resten por practicar otras diligencias de investigación, no lo es menos que en tal caso el Juzgador de Instancia debe dar respuesta motivada de las razones por las que las diligencias que se han dejado de practicar son innecesarias. En cualquier otro caso, lo prudente es agotar la fase de instrucción y, con el conocimiento aportado por todas las diligencias practicadas, adoptar una de las resoluciones a las que se refiere el art. 779, p. 1º LECr.

Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (s. 16ª) de 3 de mayo de 2016 (D. FRANCISCO JAVIER TEIJEIRO DACAL).

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PRIMERO.- Impugna la mercantil querellante la resolución que acuerda el sobreseimiento de las actuaciones por entender que antes de adoptar cualquier decisión definitiva al respecto hubiera resultado conveniente la práctica de la testifical propuesta y la realización de informe pericial sobre el documento controvertido, considerando que el testimonio vertido por el testigo comparecido, D. Arturo no puede considerarse imparcial ni objetivo dada la estrecha relación que mantiene con el investigado -padrino de boda de aquél, según refiere-, y que, por otra parte, su interés no es dilatar el procedimiento laboral como se indica, cuyo trámite actualmente se encuentra en suspenso, sino dejar constancia que nunca ha suscrito el documento de reconocimiento de deuda que, por importe de 99.000 euros, correspondería al supuesto pago de incentivos variables y cuya autenticidad niega el administrador único de la empresa "Microclima, S.A." y accionista mayoritario, aunque actualmente jubilado, según declara.

La Ilma. Sra. Magistrada encargada de la instrucción, sin valorar la necesidad de práctica de nuevas pruebas propuestas, decide decretar el archivo de la causa, ya que el testimonio vertido por el Sr. Arturo resulta, a su criterio, verosímil y hace inútil la práctica de cualquier otra diligencia al considerar que no existe constancia alguna de la manipulación del documento por el propio querellado y que en tal caso no hay motivo alguno para prorrogar aún más la decisión que en el ámbito laboral quedó en su momento aplazada hasta la sustanciación de este procedimiento.

SEGUNDO.- Pues bien, y en directa relación con esta última cuestión, cabe poner de manifiesto que es la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid quien, en trámite de recurso de suplicación, decidió anular la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social Número 11 de Madrid a fin de conferir la posibilidad de ejercitar acciones penales por tal concreto motivo, considerando que las alegaciones vertidas por el ahora querellante durante la sustanciación de aquel juicio pudieran tener una indudable incidencia en éste.

Civil – D. Hipotecario. Procesal Civil. Procedimiento de ejecución hipotecaria. No procede finalizar y archivar el procedimiento hasta en tanto no se lleve a cabo la liquidación de intereses y costas.

Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona (s. 14ª) de 17 de octubre de 2014 (Dª. Marta Font Marquina).

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PRIMERO.- La entidad bancaria-actora apela el auto de 20 de febrero de 2014, por el cual se confirma el Decreto de 1 de julio de 2013, que acuerda tener por finalizado el procedimiento de ejecución hipotecaria, conforme al artículo 579 de la LEC, acordándose que puede la actora solicitar despacho de ejecución por la suma pendiente de pago por principal, de 9.389'37 euros.

Se sostiene en el recurso que no cabe tener por finalizado el procedimiento por cuanto no se ha llevado a cabo la liquidación de intereses y costas.

SEGUNDO.- Asiste razón y derecho a la parte apelante, al sostener que no procede finalizar el procedimiento hasta en tanto no se lleve a cabo la liquidación de intereses y costas.

La correcta interpretación del artículo 579 de la LEC, hoy modificado por Ley 1/13 de 14 de mayo, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, a cuyas normas procederá atenerse, es la facultad que asiste a la acreedora para ejercitar la acción ejecutiva para reclamar el importe para cubrir la totalidad de las responsabilidades que contrae la hipoteca en los supuestos de que el importe de la subasta no cubra el crédito.

Procesal Penal. No cabe recurso de casación contra los autos dictados por la Audiencias que confirman el sobreseimiento acordado por el Instructor.

Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de junio de 2012 (D. CANDIDO CONDE-PUMPIDO TOURON).

PRIMERO.- El auto impugnado, dictado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo con fecha 5 de mayo de 2011, desestima el recurso de apelación interpuesto por el ahora recurrente contra el auto del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Oviedo, en el que se había acordado el sobreseimiento libre y archivo de unas diligencias previas incoadas en virtud de denuncia del recurrente, por estimar, tanto el Juzgado Instructor como la Audiencia Provincial, que los hechos no eran constitutivos de infracción penal.

Frente al mismo se alza el presente recurso de casación fundado en tres motivos, el primero por violación de preceptos constitucionales, el segundo por infracción de ley y el tercero por error en la valoración de la prueba.

SEGUNDO.- Se formaliza por la representación procesal del recurrente el primer motivo de su recurso al amparo del art. 5.4 de la L.O.P.J., por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y de los principios de legalidad e igualdad ante la ley.

A) Alega el recurrente que el auto recurrido confirma el sobreseimiento libre y el archivo de las diligencias acordado por el Juzgado de Instrucción sin la más mínima investigación en instrucción. Al no haber practicado el Jugado ninguna de las diligencias interesadas denegando "ab initio" la acción penal sin practicar un mínimo de diligencias para el esclarecimiento de los hechos y sin haber tomado siquiera declaración a los denunciados, el Auto recurrido vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.

B) El art. 848 de la L.E.Crim., dice así: "contra los autos dictados bien en apelación por las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, bien con carácter definitivo por las Audiencias, sólo procede el recurso de casación, y únicamente por infracción de ley, en los casos en que ésta lo autorice de modo expreso". Y en su párrafo segundo se especifica el concepto de auto definitivo en el sentido siguiente: "A los fines de este recurso, los autos de sobreseimiento se reputarán definitivos en el solo caso de que fuere libre el acordado, por entenderse que los hechos sumariales no son constitutivos de delito y alguien se hallare procesado como culpable de los mismos". La redacción del precepto, como es sabido, suscitó dudas interpretativas al aplicarlo en el ámbito del procedimiento abreviado, debido a que en esta clase de procedimientos, que son de aplicación claramente mayoritaria en la jurisdicción penal, no existe un auto de procesamiento propiamente dicho, por lo que se precisaba determinar cómo se suplía ese vacío y cómo se adecuaban las exigencias de ese apartado del art. 848 de la LECr. a un procedimiento que no existía cuando se redactó ese precepto.

Procesal Penal. Deber de motivación de las resoluciones judiciales. Falta de motivación del auto que acuerda la prescripción de los delitos denunciados y el archivo de la causa.

Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (s. 6ª) de 30 de marzo de 2012 (D. JOSE MANUEL CLEMENTE FERNANDEZ-PRIETO GONZALEZ).

PRIMERO.- Como primer motivo procede analizar la falta de motivación del auto recurrido, que se denuncia en el recurso al sostener que el auto recurrido hace abstracción total de los hechos denunciados, y no tiene en consideración la pena con que en abstracto se encuentran castigado los delitos imputados. Respecto de la necesidad de motivar las resoluciones judiciales la jurisprudencia del Tribunal Supremo(SSTS 8 de febrero de 2001, 18 de mayo de 1998, 5 de mayo de 1997, 23 de abril y 21 de mayo de 1996 - recuerdan que la motivación exige que la resolución contenga una fundamentación suficiente para que en ella se reconozca la aplicación razonable del Derecho a un supuesto específico permitiendo a un observador saber cuáles son las razones que sirven de apoyatura a la decisión adoptada, quedando así de manifiesto que no se ha actuado con arbitrariedad. En similares términos se pronuncia el Tribunal Constitucional cuando tras establecer que la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales (STC. 196/1988, de 24 de octubre) no supone que aquéllas hayan de ofrecer necesariamente una exhaustiva descripción del proceso intelectual que ha llevado a decidir en un determinado sentido, ni tampoco requiere un determinado alcance o intensidad en el razonamiento empleado. Exige que a los efectos de su control constitucional si es necesario que dicha motivación ponga de manifiesto que la decisión judicial adoptada responde a una concreta interpretación y aplicación del Derecho ajeno a toda arbitrariedad y permita la natural revisión jurisdiccional mediante los recursos legalmente establecidos. Es decir, es necesario, pero también suficiente, que se refleje la razón del discurso silogístico que toda resolución comporta de manera que se haga comprensible para el destinatario de la decisión que ésta es la consecuencia de una interpretación racional del ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad (en tal sentido las SSTC. de 16 de noviembre de 1992; 20 de mayo de 1993; y 27 de enero de 1994; y las de esta Sala de 26 de diciembre de 1991; 4 de diciembre de 1992; 21 de mayo de 1993; 1 de octubre de 1994; y 18 de mayo de 1995)".

A tenor de lo dicho, en el supuesto ahora analizado, se constata claramente como el auto por el que se acuerda la prescripción no contiene motivación alguna referida al caso concreto, que exceda de una mera retorica genérica en torno al instituto de la prescripción. Así difícilmente puede saberse, pues no se dice, cuales son los hechos que considera constitutivos de los delitos de estafa, apropiación indebida y contra la Hacienda Pública que estima prescritos. Esta cuestión no es baladí, máxime si se tiene en consideración que en el otro auto de la misma fecha se limita a ordenar la reapertura de las actuaciones sin mayor argumentación, y así omite proporcionar cualquier explicación a la reapertura de unos hechos que ya ese mismo instructor consideró que no eran constitutivos de delito por auto 9 de enero de 2007, y que fue ratificado por esta Sección Sexta de la Audiencia de Madrid por auto de 10 de abril de 2007, al resolver el recurso de apelación contra aquel interpuesto.

Procesal Civil. Audiencia Previa. Falta de letimación “ad causam”. No es admisible resolverla como cuestión de índole procesal y acordar el archivo de proceso, al tratarse de una cuestión de fondo.

Auto de la Audiencia Provincial de Sevilla (s. 5ª) de 20 de septiembre de 2011 (D. JOSE HERRERA TAGUA).

SEGUNDO.- En los términos que se plantea la excepción de falta de legitimación activa por parte del Sr. Cecilio, no se refiere a la legitimación ad processum, en cuanto capacidad para comparecer en juicio, sino a la legitimación ad causam, es decir, la atribución activa de la acción, en cuanto referida a aquella que atendiendo al objeto puede conducir eficazmente el proceso concreto. En definitiva, a quien puede ejercitar la pretensión deducida en la demanda. En principio, dicha legitimación sólo la tiene el titular del derecho subjetivo, es el único a cuya voluntad queda la incoación del proceso civil, y por tanto quien tiene la facultad de acudir o no al amparo de los órganos jurisdiccionales.

Como señala la Sentencia de 28 de febrero de 2.002: "La legitimación "ad causam" consiste en una posición o condición objetiva en conexión con la relación material objeto del pleito que determina una aptitud para actuar en el mismo como parte; se trata de una cualidad de la persona para hallarse en la posición que fundamenta jurídicamente el reconocimiento de la pretensión que se trata de ejercitar. La Sentencia de 31 de marzo de 1997, a la que sigue la de 28 de diciembre de 2001, hace especial hincapié en la relevancia de la coherencia jurídica entre la titularidad que se afirma y las consecuencias jurídicas que se pretenden, pues la legitimación exige una adecuación entre la titularidad jurídica afirmada (activa o pasiva) y el objeto jurídico pretendido".

Procesal Civil. Juicio monitorio. Archivo del procedimiento en caso de que el demandado no pueda ser localizado y requerido en el domicilio facilitado por el demandante.

Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (s. 8ª) de 29 de noviembre de 2011 (Dª. MARIA MARGARITA VEGA DE LA HUERGA).

TERCERO.- Es doctrina del Tribunal Supremo, Sala Primera de lo Civil, recogida en los Autos de 5/1/2010 (rec. 178/2009), 11/1/10, 23/2/10, 2/3/10 y 14/9/10 (rec. 349/2010), la de que la competencia territorial se declara válidamente según lo afirmado por el acreedor en la solicitud del proceso sobre el lugar de localización del deudor. La imposibilidad de llevar a cabo el requerimiento de pago en dicho lugar conduce al archivo de las actuaciones y la devolución de la documentación al acreedor para que use de su derecho en la forma que estime oportuna.

En concreto señala el Tribunal Supremo que: "..en la práctica sucede con frecuencia que no se llega a conocer en ningún momento cuál es el Juzgado territorialmente competente puesto que el deudor no es localizado. Las opuestas soluciones que caben frente a ello oscilan entre, por un lado, la perpetuación de las actuaciones con sucesivos traslados de un Juzgado a otro intentando averiguar el domicilio o residencia del deudor para, en caso negativo, mantener indefinidamente abiertas las actuaciones a voluntad del acreedor; y por otro -la que ahora se estima más adecuada- entender que cuando el Juzgado ante el que se presenta la solicitud admite la pretensión y se declara competente territorialmente -por aplicación de lo dispuesto en el artículo 813 de la LEC - no está fijando indebidamente su competencia, aun cuando se haya determinado erróneamente el lugar donde se encuentra el deudor, sino que tal declaración de competencia territorial es correcta en atención a los datos contenidos en la petición, que resultan esenciales para la apertura del procedimiento.