Sentencia del
Tribunal Supremo (1ª) de 18 de noviembre de 2024 (D. PEDRO JOSE VELA TORRES).
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PRIMERO.- Resumen de antecedentes
1.-En la década de los años 70 del siglo XX,
estuvo instalada una fábrica de la empresa Uralita-Sevilla Uralita S.A.
(actualmente, Corporación Empresarial de Materiales de Construcción S.A.; en
adelante COEMAC) en el paraje Cortijo de Cuarto, de la barriada de Bellavista,
de Sevilla.
2.-La fábrica se cerró en 1998 y al realizarse
unos trabajos de recuperación de los terrenos, que en parte son propiedad de la
empresa Sevilla Activa S.A.U. (cuyo único socio es la Diputación Provincial de
Sevilla), se comprobó que el suelo estaba contaminado por amianto.
3.-La descontaminación de los indicados
terrenos, realizada en 2015, tuvo un coste de 379.963,80 euros.
4.-El 20 de julio de 2016, Sevilla Activa
formuló una demanda contra COEMAC, en la que ejercitó una acción de
responsabilidad civil por contaminación de suelos y solicitó que se la
condenara al pago de 379.963,80 €, intereses y costas.
5.-Previa oposición de la parte demandada, el
juzgado de primera instancia dictó una sentencia estimatoria de la demanda y
condenó a la demandada al pago de la cantidad reclamada. En lo que ahora
interesa, consideró que el día inicial para el cómputo del plazo de
prescripción de la acción fue cuando, en junio de 2017, la Junta de Andalucía
certificó que los suelos cumplían el objetivo de descontaminación del amianto y
quedó definitivamente fijado el coste de la reparación.
6.-La sentencia de primera instancia fue
recurrida en apelación por la parte demandada. El recurso fue estimado por la
Audiencia Provincial, que revocó la sentencia de primera instancia y desestimó
la demanda, al considerar que la acción estaba prescrita. En concreto, declaró
que el día inicial del plazo de prescripción debía situarse, como muy tarde, en
1996, en que los depósitos de amianto eran ya claramente visibles; por lo que,
cuando en 2013 se dirige la primera reclamación contra la demandada, la acción
ya estaba prescrita.
7.-Sevilla Activa ha interpuesto un recurso de
casación.