Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de
2016 (D. IGNACIO SANCHO
GARGALLO).
TERCERO. Consecuencias de la estimación
del recurso extraordinario por infracción procesal
1. La consecuencia derivada de la estimación del motivo
primero del recurso extraordinario por infracción procesal, según lo previsto
en la regla 7ª de la disposición final 16ª, es que la Sala «dictará nueva
sentencia, teniendo en cuenta, en su caso, lo que se hubiere alegado como
fundamento del recurso de casación».
En el único motivo del recurso de
casación se cuestionaba la infracción del art. 1266 CC, relativo al error
vicio, que para poder acarrear la nulidad del contrato debe ser esencial y
excusable.
2. El contrato de préstamo concertado por las partes, en
cuanto que incorporaba una derivado implícito que afectaba a la determinación
de los intereses, y que luego estaba vinculado al coste de la cancelación o
amortización anticipada del préstamo, requería respecto de estos extremos el
cumplimiento de unos especiales deberes de información por parte del banco. El
derivado constituye un producto complejo. De hecho, tras la Ley 47/2007, de 19
de diciembre, el art. 79 bis 8 a) así lo contempla, pues, cuando establece los
requisitos para considerar un producto financiero no complejo, expresamente
exige que no sea un producto derivado. Luego a sensu contrario, un derivado es
un producto complejo.
3. De este modo, aunque por la fecha del contrato, el 25 de
septiembre de 2007, todavía no se había traspuesto la normativa MiFID, estaba
vigente la que hemos venido a denominar pre-MiFID, que ya imponía a las
empresas que prestaban servicios financieros unos deberes especiales de
información.
Así lo hemos declarado en muchas
ocasiones, entre ellas en las sentencias 460/2014, de 10 de septiembre,
547/2015, de 20 de octubre, y 60/2016, de 12 de febrero :
«También con anterioridad a la
trasposición de la Directiva MiFID, la normativa del mercado de valores daba
una destacada importancia al correcto conocimiento por el cliente de los
riesgos que asume al contratar productos y servicios de inversión, y obliga a
las empresas que operan en ese mercado a observar unos estándares muy altos en
la información que sobre esos extremos han de dar a los clientes, potenciales o
efectivos. Estas previsiones normativas son indicativas de que los detalles
relativos a qué riesgo se asume, de qué circunstancias depende y a qué
operadores económicos se asocia tal riesgo, no son meras cuestiones de cálculo,
accesorias, sino que tienen el carácter de esenciales, pues se proyectan sobre
las presuposiciones respecto de la sustancia, cualidades o condiciones del
objeto o materia del contrato, en concreto sobre la responsabilidad y solvencia
de aquellos con quienes se contrata (o las garantías existentes frente a su
insolvencia), que se integran en la causa principal de su celebración, pues
afectan a los riesgos aparejados a la inversión que se realiza.
