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miércoles, 24 de mayo de 2017

Procedimiento de jura de cuentas. La intervención de los profesionales en los procedimientos de jura de cuentas (hoy Cuenta del Procurador y Honorarios de los Abogados) no responde a una necesidad de postulación sino a un privilegio de actuar directamente, por lo que no pueden incluir honorarios por su actuación en la tasación de costas por vía de apremio seguida en los procedimientos indicados.

Auto de la Audiencia Provincial de Alicante (s. 5ª) de 25 de enero de 2017 (D. José Luis Úbeda Mulero).

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PRIMERO.- La cuestión sometida a revisión en el presente recurso de apelación se refiere a si procede incluir la minuta de los honorarios profesionales del Procurador apelante en la tasación de costas a practicarse a consecuencia de su actuación e intervención en el planteamiento de la correspondiente vía de apremio seguida en procedimiento de jura de cuentas, que ha sido denegada en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales tramitada en la instancia.
SEGUNDO.- Examinadas las actuaciones, este Tribunal comparte los razonamientos del Juzgado que, en resumen, dicen que la intervención de los profesionales en los procedimientos de jura de cuentas (hoy Cuenta del Procurador y Honorarios de los Abogados) no responde a una necesidad de postulación sino a un privilegio de actuar directamente, por lo que no pueden incluir honorarios por su actuación en la tasación de costas por vía de apremio seguida en los procedimientos indicados.
Este criterio es mayoritario en las Audiencias Provinciales, de la que puede ser exponente la sentencia de la Sección 21ª de Madrid de 5 de junio de 2007, que cita la de 17 de septiembre de 2004 de la Sección 8ª en la que, con referencia a la Ley procesal de 1881, pero perfectamente aplicable a la vigente 1/2000, artículos 23 y 31, se dice: "Como se ha venido manteniendo por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y también por la denominada jurisprudencia menor "este proceso llamado "de cuenta jurada" o de "jura de cuentas", es un procedimiento atípico, peculiar y privilegiado proceso de ejecución -como reconocieron las SSTS, Sala 1ª, de 7 de diciembre de 1932 y 20 de noviembre de 1967 --, y en este sentido, no es un proceso al que los Procuradores y Abogados deban acudir de modo necesario para exigir las cantidades que se les adeudan.

domingo, 5 de febrero de 2017

Procesal Civil. Impugnación a la sentencia apelada. La finalidad de esta regulación es conciliar, de un lado, la posibilidad de que quien resulta parcialmente perjudicado por la sentencia pueda consentirla, absteniéndose de interponer la apelación, en atención a los aspectos que le resultan favorables y, de otro lado, el pleno ejercicio del derecho de defensa si la contraparte, en definitiva, interpone recurso de apelación. Por ello del artículo 461.2 LEC se desprende que la impugnación de la sentencia sólo puede formularse «por quien inicialmente no hubiera recurrido», puesto que la impugnación no tiene como finalidad ofrecer una oportunidad de subsanar los defectos u omisiones que se hayan podido cometer en el escrito de interposición del recurso de apelación.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (s. 8ª) de 16 de septiembre de 2016 (D. Luis Antonio Soler Pascual).

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SEGUNDO.- Cuestiones previas.
... Sobre la segunda cuestión.
En cuanto a la adhesión que la promotora hace al primero de los motivos de apelación de Ges, relativo a que el daño está fuera del plazo de garantía contenido en el art. 17 LOE.
Dice Allianz que es inadmisible conforme a lo prevenido en el art. 461-4 Ley de Enjuiciamiento Civil dado que, conforme a la doctrina dada en la SAP Alicante, Secc 8ª, de 3 de julio de 2015, no puede el apelado aprovechar el trámite de oposición para adherirse a la apelación e impugnar la sentencia.
El motivo se desestima.
No es el caso de aquella nuestra Sentencia el supuesto ante el que se plantea la aplicación de esa doctrina.
En efecto, en aquél supuesto el apelante, sin formular oposición, aprovechaba inoportunamente el trámite de apelación para formular apelación. La inadmisión venía dada, por tanto, porque la parte sustituía la impugnación por la apelación.
En el caso no es así. Y es que aquí se aprovecha el trámite tanto para formular oposición a la apelación como impugnar la Sentencia, que es a lo que hace referencia el art. 461-1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El que la impugnación coincida con un motivo de una parte apelante y por tanto, el opositor-impugnante se adhiera al mismo por ser de su interés, en absoluto desvirtúa la aplicación de la norma y ni siquiera resulta extraño a la misma.

sábado, 4 de febrero de 2017

Sociedades. Responsabilidad de los administradores sociales por no promover la disolución de la sociedad. Polémica sobre el momento a tener en consideración respecto de la deuda social (el del nacimiento o el de su exigibilidad) en caso de divergencia entre ellos: si lo relevante es el momento en el que se contrae la obligación (que posteriormente se incumple) o el momento en que dicha obligación es exigible o su existencia ha quedado establecida por una resolución judicial, que declara el incumplimiento del contrato y contiene la consiguiente condena.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (s. 8ª) de 9 de septiembre de 2016 (D. Francisco José Soriano Guzmán).

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PRIMERO.-
La sentencia dictada en primera instancia ha estimado parcialmente la demanda (en la que se ejercitaban, acumuladamente, sendas acciones contra una mercantil -por responsabilidad contractual- y contra su administrador -fundada en el art. 367 de la Ley de Sociedades de Capital) al considerar, dicho sea en síntesis, que el citado administrador incurrió en la responsabilidad prevista en dicho precepto, pues contrajo obligaciones (las plasmadas en un acuerdo transaccional del año 2012) para con la sociedad cuando ésta ya estaba incursa en causa legal de disolución.
Frente a dicha decisión se alza el otrora demandado, reiterando las alegaciones vertidas en la primera instancia.
SEGUNDO.-
Ha sido objeto de debate en la instancia, y se reitera en esta alzada, la fecha de nacimiento de la obligación asumida por la sociedad, pues la resolución recurrida considera que "... aunque las deudas provinieran de atrás, el acuerdo transaccional alcanzado en 2012 fue el que ha de coniderarse determinante a los efectos del surgimiento de la obligación, por cuanto por el administrador de la demandada se asumió un compromiso de pago aplazado novando sustancialmente la obligación, cuando efectivamente concurría causa de disolución de la mercantil ". Recordemos que, de conformidad con el art. 367 LSC, la responsabilidad del administrador social lo es respecto de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución, cuando incumplan la obligación de convocar junta general o no soliciten, si procede, la disolución judicial o el concurso de la sociedad.

Procesal Civil. Arts. 400 y 222 LEC. La cosa juzgada se extiende incluso a cuestiones no juzgadas, en cuanto no deducidas expresamente en el proceso, pero que resultan cubiertas igualmente por la cosa juzgada impidiendo su reproducción en ulterior proceso, cual sucede con peticiones complementarias de otra principal u otras cuestiones deducibles y no deducidas, como una indemnización de daños no solicitada, siempre que entre ellas y el objeto principal del pleito exista un profundo enlace, pues el mantenimiento en el tiempo de la incertidumbre litigiosa, después de una demanda donde objetiva y causalmente el actor pudo hacer valer todos los pedimentos que tenía contra el demandado, quiebra las garantías jurídicas del amenazado.

Auto de la Audiencia Provincial de Alicante (s. 8ª) de 9 de septiembre de 2016 (D. Luis Antonio Soler Pascual).

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PRIMERO.- Llega el Juzgado a la conclusión de que concurre la excepción de cosa juzgada - art 400 en relación al 222 LEC - en la reclamación formulada por la Sra. Eloisa frente a la aseguradora Allianz.
En efecto, la reclamación se basa en un presunto incumplimiento doloso por Allianz de sus obligaciones contractuales, incumplimiento que afirma la actora, es la causa generadora de costes derivados de diversos conceptos por ella abonados, tanto por razón de un litigio previo mantenido con un tercero -Borjamotor- en que el fue parte también Allianz, y que comprende tanto los intereses abonados a Borjamotor como las costas satisfechas a Allianz, los honorarios de letrado y derechos de procurador asumidos por la actora en su actuación judicial y la depreciación del valor del vehículo en el periodo de indisponibilidad del mismo -agosto 2003 a mayo 2008-.
Estos conceptos, que ascienden a un total de 12.075 euros, se reclaman ahora cuando, dice la resolución de instancia, conforme al art. 400 punto 1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, estaba obligada la actora a reclamarlos cuando formuló demanda frente a Allianz por incumplimiento de sus obligaciones. Y dado que se extiende la cosa juzgada también respecto de las cuestiones no juzgadas cuando no han sido deducidas oportunamente en el proceso, procede estimar en el caso la excepción alegada por la demandada dado que todos los conceptos que constituyen la reclamación de la demandante eran conocidos y podían haber sido reclamados con ocasión de la demanda primera frente a Allianz.
Crítica con estas conclusiones, formula recurso de apelación la demandante que básicamente aduce que ni los daños y perjuicios que reclama quedaron indemnizados por la condena de intereses punitivos del pleito primero sostenido frente a Allianz ni cabe estimar la excepción de cosa juzgada porque no coincide el objeto entre ambos, siendo el del primero proceso el incumplimiento contractual y el actual, la indemnización de las consecuencias colaterales a aquél.
Concluye el recurso señalando la recurrente que de los conceptos reclamados, la petición de indemnización por las costas del recurso de apelación en el JO 1321/05, del Juzgado de Primera instancia nº 2 de Alicante, es posterior a la reclamación frente a Allianz, habiendo sido embargadas y liquidadas con intereses tiempo después -7 de noviembre de 2012- de formularse demanda frente a Allianz, razón por la que no podían reclamarlas frente a la aseguradora.

jueves, 3 de noviembre de 2016

Solicitud de suspensión del lanzamiento en ejecución de sentencia que estima el desahucio de vivienda de una inquilina por precario. No cabe aplicar por analogía los motivos de suspensión de lanzamiento del ejecutado previstos para los procesos de ejecución hipotecaria que se regulan en el capitulo I de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.

Auto de la Audiencia Provincial de Alicante (s. 5ª) de 6 de julio de 2016 (Dª. María Visitación Pérez Serra).

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PRIMERO.- Es objeto del recurso de apelación la decisión adoptada en la instancia relativa a la petición de suspensión del lanzamiento de la ahora apelante de la vivienda que ocupa.
Se reseña en el auto apelado que la ejecutante es titular de la vivienda al habérsele adjudicado en procedimiento de ejecución hipotecaria seguido contra otras dos personas; tras suspenderse el lanzamiento en esa ejecución, se siguió juicio ordinario contra la ocupante, recayendo sentencia que consideró existente una situación de precario, siendo confirmada por esta Sección 5ª; además, se argumenta que no ostenta la ejecutada la condición de deudora hipotecaria.
SEGUNDO.- El recurso de apelación insiste en sus diversos motivos en que debió accederse a la suspensión solicitada, dada la situación de la ahora apelante, pretensión a la que no puede darse lugar, ya que la suspensión, en los procesos de ejecución hipotecaria, del lanzamiento del ejecutado de su vivienda habitual, que se regula en el capitulo I de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social; exige la concurrencia -acumulativamente- de los siguientes requisitos:
1.- Que el bien embargado sea la vivienda habitual del deudor hipotecario, que sea su única vivienda en propiedad y el préstamo o crédito hipotecario impagado se haya concertado exclusivamente para su adquisición.
2.- Que el ejecutado se encuentre inmerso en alguno de los supuestos de "especial vulnerabilidad" específica y taxativamente contemplados, requisitos que no concurren en el caso.

sábado, 10 de septiembre de 2016

Falta de notificación de una resolución judicial a la Procuradora por defectos de funcionamiento de LEXNET. La AP considera no acreditada la falta de recepción de la notificación ya que el documento que adjunta al recurso para justificar la falta de la recepción de la notificación, al margen de ser lacónico, genérico y no incluir el reflejo de las pruebas técnicas realizadas, no se ajusta a las exigencias del art. 162.2 LEC de este último precepto porque indica que "a lo largo del pasado mes de octubre se produjo una incidencia general en la recepción de notificaciones del Servicio Lexnet, ocasionado por una avería...funcionando de esa manera el servicio Lexnet de forma intermitente" sin precisar el estado de las notificaciones que sí fueron recibidas por el sistema informático de la Procuradora para poder comprobar si, efectivamente, en los días inmediatos a la remisión no se recibió la notificación.

Auto de la Audiencia Provincial de Alicante (s. 8ª) de 30 de mayo de 2016 (D. Enrique García-Chamón Cervera).

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PRIMERO.- La resolución impugnada inadmitió a trámite la demanda incidental de oposición a la aprobación de cuentas de la Administración Concursal y acordó archivar el procedimiento porque, tras requerir a la demandante incidental que aportara el justificante de la tasa prevista en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, dejó transcurrir el plazo de diez días concedido sin verificar ese trámite.
El fundamento del recurso es la no constancia a esa parte de la notificación de la Diligencia de Ordenación de 1 de octubre de 2015 que le concedía el plazo de diez días para subsanar la falta de acompañamiento a la demanda incidental del justificante del pago de la tasa porque el sistema Lexnet no entregó a su vez al sistema informático de la Procuradora de esa parte la indicada resolución aportando para su justificación un escrito de fecha 5 de noviembre de 2015 con el sello de "Syscel Solutions, S.L" y con una firma cuya autoría se ignora. En consecuencia, interesa la revocación de la resolución recurrida e interesa la concesión de un nuevo plazo para la subsanación de la omisión de la tasa.
Si partimos del carácter supletorio de la Ley de Enjuiciamiento Civil según dispone la Disposición Final Quinta de la Ley Concursal, el artículo 152.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil declara que los actos de comunicación podrán realizarse por medio de sistemas telemáticos o electrónicos, entre ellos, las notificaciones a los Procuradores de las partes.
El artículo 162.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé cuándo se considera eficaz la comunicación realizada por medios electrónicos así como sus excepciones: "En cualquiera de los supuestos a los que se refiere este artículo, cuando constando la correcta remisión del acto de comunicación por dichos medios técnicos, salvo los practicados a través de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores, transcurrieran tres días sin que el destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente desplegando plenamente sus efectos.

Prueba de la adquisición por un consumidor a Jazztel de tres líneas móviles (con terminales) de forma adicional al servicio fijo que ya tenía contratado con la compañía, contratación que se llevó a cabo en la modalidad de VPT -verificación de voz por terceros-. Aplicación del RD 1906/1999 entonces vigente. La AP declara que no aparece probado el cumplimiento de la obligación documental de la contratación. De hecho, Jaztell, sólo aporta un soporte de audio sobre la contratación telefónica pero ni aporta ni refiere ni por tanto, acredita, que tras la contratación telefónica hubiera remitido el contrato con sus condiciones particulares y generales.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (s. 8ª) de 19 de mayo de 2016 (D. Luis Antonio Soler Pascual).

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PRIMERO. - Llega la Sentencia de instancia a la conclusión de que el Sr. Jose Ramón sí aceptó de Jazztel y contra tó con ella, la oferta comercial que se le hizo en relación a la adquisición de tres líneas móviles (con terminales) de forma adicional al servicio fijo que ya tenía contratado con la compañía, contratación que se llevó a cabo en la modalidad de VPT -verificación de voz por terceros-, modalidad de contratación regulada -a la fecha de la contratación- por el RD. 1906/1999 y que, concluye la Sentencia, está acreditada no solo por razón del soporte de audio aportado por la demandada -donde se escucha que alguien que dice ser D. Jose Ramón, acepta la contratación-, sino en atención al albarán de entrega de las terminales aportado por la demandada del que se desprende que hubo una entrega en el domicilio del demandante en tanto aparece firmado por el mismo sin que se haya probado ni la falta de autenticidad de la firma ni que el demandante haya denunciado una posible usurpación de personalidad, tal y como le requirió en su día la compañía demandada.
En desacuerdo con tales conclusiones -que incluyen la falta de prueba de perjuicios-, formula recurso de apelación el demandante que alega, primero, infracción de los principios de contra dicción, publicidad e inmediación al no haberse reproducido la prueba de audio en el acto del juicio oral ni solicitado su reproducción como diligencia final por el aportante del documento sonoro, segundo, porque impugnado el albarán, no se prueba que la firma fuera la del demandante y, tercero, porque no se ha probado por la demandada de conformidad con el RD 1906/1999, la celebración del contrato, de la información previa, entrega de condiciones y envíos.

Responsabilidad extracontractual. Lesiones por caída en un Centro Comercial. Estudio jurisprudencial sobre la responsabilidad por caídas en centros o establecimientos abiertos al público. Se estima la demanda al acreditarse cumplida e inequívocamente que el motivo de la caída de la demandante fue el mal estado de unas baldosas del establecimiento.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (s. 8ª) de 12 de mayo de 2016 (D. Francisco José Soriano Guzmán).

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PRIMERO.- Frente a la sentencia de primera instancia, que desestima la acción indemnizatoria de daños y perjuicios ejercitada al amparo del art. 1902 del Código Civil, y absuelve a la demandada, interpone recurso de apelación la otrora demandante, que insiste en su pretensión de condena al resarcimiento de los daños ocasionados a consecuencia de la caída que sufrió, el día 20 de agosto del 2010, en el interior del Centro Comercial Carrefour, de Finestrat, donde había ido a comprar.
Dicho sea muy en síntesis, la resolución recurrida considera que únicamente se ha probado la existencia de un daño (lesiones) pero no los otros dos requisitos habitualmente exigidos por la doctrina jurisprudencial para que pueda prosperar la acción ejercitada; a saber: la culpa o negligencia y la relación de causalidad entre la acción u omisión culposa y el daño. Y ello, tras la valoración conjunta de la prueba practicada y el escaso valor que otorga al testigo de la caída, padre de la demandante, que la acompañaba ese día.
Se recurre esta decisión, insistiendo en los postulados mantenidos en el escrito de demanda y denunciando, en esencia, error en la valoración de la prueba.
SEGUNDO.- En relación con las caídas en centros o establecimientos abiertos al público, el nacimiento de la responsabilidad civil extra contra ctual se caracteriza, según reiterada jurisprudencia, por los siguientes elementos:
a) No basta con que se produzca un daño corporal en el ámbito del establecimiento público para que surja la obligación de responder, sino que es precisa la concurrencia de un elemento culpabilístico en la actuación del titular del establecimiento o empresa que lo gestione.
b) La prueba de la existencia de un factor causante del daño corre a cargo de la parte actora, como hecho constitutivo básico.

Préstamo hipotecario. Solicitud de nulidad por abusiva de la cláusula de afianzamiento solidario. La AP entiende que no es posible realizar el control de abusividad si la cláusula que contiene la obligación principal supera el llamado control de transparencia real. En el caso examinado, la cláusula de afianzamiento supera el control de transparencia porque: i) se regula en una sola cláusula dentro del contrato, es decir, no aparece dispersa u oculta entre varias cláusulas; ii) en ambos casos se encabeza con la expresión en mayúsculas "AFIANZAMIENTO" con el objeto de destacar esta concreta garantía personal; iii) no se limita a la simple renuncia de los beneficios de orden, excusión y división sino que explica suficientemente los efectos jurídicos y económicos que implica esa renuncia. Al haber superado el control de transparencia la cláusula relativa a la obligación principal del contrato de fianza no cabe entrar al control de su carácter abusivo.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (s. 8ª) de 12 de mayo de 2016 (D. Enrique García-Chamón Cervera).

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PRIMERO.- La demanda que inicia este proceso tiene por objeto una pretensión declarativa de nulidad por abusiva de la cláusula contra ctual rubricada "AFIANZAMIENTO" en la escritura de préstamo hipotecario de fecha 28 de diciembre de 2005 y de la estipulación "IX.- AFIANZAMIENTO PERSONAL" inserta en la escritura de división del importe de préstamo de fecha 10 de agosto de 2006, en la que los actores, en su condición de fiadores, renunciaron a los beneficios de orden, división y excusión.
La Sentencia de instancia estimó la demanda y frente a la misma se ha alzado la entidad demandada quien alega: i) infracción del artículo 1.822 del Código civil sobre la validez y legalidad de la figura del fiador solidario; ii) vulneración del artículo 1.256 del Código civil, de la doctrina de los actos propios y del principio pacta sunt servanda.
Antes de entrar a examinar las alegaciones del recurso de apelación, resulta conveniente transcribir las cláusulas litigiosas:
La escritura de préstamo hipotecario otorgada el día 28 de diciembre de 2005 en la que figuran Don Leoncio y Doña Isidora como prestatarios de la suma de 121.000.- € destinada a la adquisición de vivienda habitual sobre la que se constituye una hipoteca en garantía del préstamo, incluye una cláusula contra ctual con el siguiente tenor: "AFIANZAMIENTO- DOÑA Adelaida y DON Cesareo GARANTIZAN SOLIDARIAMENTE entre sí y con la parte prestataria el cumplimiento de las obligaciones contra ídas por esta en la presente escritura de forma "la Caja" si se da el caso, podrán dirigirse indistintamente contra la parte prestataria contra todos los fiadores o contra cualquiera de ellos o contra unos y otros a la vez.- A estos efectos los fiadores renuncian a los beneficios de excusión u orden, división y cuantos otros pudieran corresponderles y se constituyen garantes, por todo el tiempo que dure el préstamo, así como por las prórrogas expresas o tácitas, sin necesidad de intervenciones ulteriores o ratificaciones por parte de los propios fiadores....El presente afianzamiento dejará de surtir efecto en el momento en que el saldo total de la deuda pendiente de pago derivada del presente contra to se vea reducida en un 30% del mismo."

Daños en accidente de circulación. Determinación de quién es el propietario del vehículo causante en los casos en que la venta es anterior al siniestro pero la comunicación de la transmisión de la venta a tráfico se produce con posterioridad al accidente. Quien vendió dejó de ser propietario en el momento de la venta. Y ello con independencia de que no se hubiera llevado a cabo la preceptiva comunicación de transmisión a la Jefatura de Tráfico a los efectos de renovación de la oportuna licencia de circulación porque tal circunstancia no afectaba a la transmisión de la propiedad.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (s. 8ª) de 11 de mayo de 2016 (D. Luis Antonio Soler Pascual).

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PRIMERO.- Llega la Sentencia de instancia a la conclusión de que quien conducía el vehículo Renault Megane matrícula.... QKB el día 26 de abril de 2011 por la Plaza de Luceros, vehículo responsable del accidente por no haber guardado la distancia de seguridad necesaria, no era el demandado Francisco. Pero sí que éste debe responder del siniestro en tanto propietario presunto del vehículo en cuestión.
Este pronunciamiento se hace al considerar acreditado que la firma obrante en el parte de declaración amistosa del accidente no se corresponde con la firma del Sr. Francisco. Y se hace no obstante tener igualmente por probado (1) que el día 21 de abril de 2011.... QKB se vendió el Renault en Murcia a Jose Miguel y, (2) que dicha trasmisión se comunicó a tráfico el día 6 de julio del mismo año. Pues bien, a partir de estos hechos concluye la Sentencia que frente a terceros, el Sr. Francisco es el responsable de los daños, sin perjuicio de que conforme se estipulaba en el contra to de venta del vehículo, pudiera repetir frente al comprador. Dice la Sentencia "... todo ello, sin perjuicio de su no intervención en el accidente pese a que en la declaración amistosa de accidente se hiciera constar su nombre como conductor y asegurado. " atendido el art. 1257 Código Civil.
En desacuerdo con la conclusión condenatoria, formula recurso de apelación la representación legal del Sr. Francisco que alega error en la valoración de la prueba sobre la dinámica accidental, con infracción del art. 217 Ley de Enjuiciamiento Civil y falta de legitimación pasiva con error en la aplicación del art. 1257 del Código Civil.

viernes, 9 de septiembre de 2016

Nulidad de la suscripción de acciones de Bankia. Producida la venta voluntaria de las acciones a un tercero, falta la legitimación activa para solicitar la declaración de nulidad de la suscripción de aquéllas a quien ya no es titular de acción alguna. No puede accionar por nulidad, al no poder restituir las acciones suscritas. La no viabilidad de estas acciones no significa que no se puedan ejercitar otras acciones de resarcimiento (en reclamación de los daños y perjuicios producidos por la responsabilidad civil derivada de las falsedades e inexactitudes del folleto informativo de oferta publica de suscripción y admisión a negociación de acciones de Bankia), si proceden, derivadas de su condición de parte en el contrato, mas no la de declaración declarativa de nulidad de su propia adquisición.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (s. 8ª) de 6 de mayo de 2016 (D. Francisco José Soriano Guzmán).

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PRIMERO.- La sentencia dictada en primera instancia ha desestimado la demanda, en la que se ejercitaban acciones de diferente naturaleza contra BANKIA (todas ellas relacionadas con la suscripción de acciones de dicha entidad por parte de los demandantes, en el año 2011), por los siguientes motivos, dichos sean en síntesis: a) la acción fundada en el art. 28 LMV, por haber procedido aquéllos, de modo absolutamente voluntario en el año 2013, a la venta de las acciones adquiridas, sin que nos encontremos ante un caso de venta por canje obligatorio de las mismas; b) la acción de indemnización de daños y perjuicios, amparada en el art. 1101 del Código Civil, por no advertir incumplimiento alguno de BANKIA, que entregó las acciones compradas, sin que el alegado incumplimiento de obligaciones de información y transparencia pueda generar responsabilidad de esta índole; a mayor abundamiento, se produjo una transmisión voluntaria de las mismas; c) las acciones de nulidad y anulabilidad, por la venta, libre y voluntaria, de dichas acciones por los suscriptores ahora demandantes, en el año 2013, lo que ha supuesto la extinción de dichas acciones, en la medida en que los actores no podrán cumplir, caso de ser estimada alguna de ellas, con la obligación de restitución inherente.
Contra esta decisión se alzan los otrora demandantes, reiterando la viabilidad de las acciones antedichas.
Para la resolución del presente recurso tendremos en cuenta el criterio mantenido por este Tribunal en asuntos sustancialmente idénticos, tomando en consideración las recientes Sentencias del Pleno de la Sala Primera números 23/2016 y 24/2016, ambas, de 3 de febrero.
Las especialidades que presenta el caso derivan, fundamentalmente, de la venta voluntaria que los actores efectuaron de las acciones adquiridas; venta que, como es de ver en la demanda, no se vincula en absoluto con las circunstancias concurrentes en la suscripción, sino que puede ser catalogada de "espontánea", en el marco de la titularidad de las acciones que aquéllos ostentaban.

Préstamo mercantil sin plazo de vencimiento. Exigencia de requerimiento notarial para reclamar el pago del art. 313 C.Com. La interpretación mayoritaria que se ha hecho por la jurisprudencia del precepto citado aboga por una exigencia no formalista de ese previo requerimiento, considerando acreditado el mismo cuando conste fehacientemente aun cuando no se haya efectuado mediante requerimiento notarial.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (s. 8ª) de 29 de abril de 2016 (D. Enrique García-Chamón Cervera).

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QUINTO.- Resta por examinar la última alegación del recurso sobre la infracción del artículo 313 del Código de comercio, en concreto, si es exigible la restitución del préstamo al no constar el previo requerimiento notarial.
Hemos de partir de que el préstamo carece de fecha de vencimiento lo que significa que se pactó por tiempo indeterminado y en estos casos, el artículo 313 del Código de comercio declara "no podrá exigirse al deudor el pago sino pasados treinta días, a contar desde la fecha del requerimiento notarial que se le hubiere hecho."
En nuestro caso, no consta ningún requerimiento de devolución de la suma prestada realizado de forma fehaciente antes de iniciar este proceso y, solo consta que los actores han reclamado verbalmente a su hermano Isidoro que devolviera la suma prestada o se computara en su haber, a efectos de la división y adjudicación de la herencia de sus padres, la cantidad de 40.000.- € recibida por la mercantil EXPOPLASTI, S.L.
Siguiendo a la SAP Castellón, Sección 3ª, 12 de junio de 2015 se exige un requerimiento fehaciente aunque no sea notarial: "Ciertamente como señala la parte apelada, de acuerdo a la jurisprudencia que cita, la interpretación mayoritaria que se ha hecho por la jurisprudencia del precepto citado aboga por una exigencia no formalista de ese previo requerimiento, considerando acreditado el mismo cuando conste fehacientemente aun cuando no se haya efectuado mediante requerimiento notarial.

Demanda de juicio monitorio. Legitimación activa. Cesión de créditos en masa. La cesión produce su efecto traslativo sin necesidad de la voluntad concurrente del deudor, ajeno al negocio de transmisión, y únicamente se precisa la puesta en su conocimiento. La legitimación de la actora se acredita con la aportación del contrato de cesión en masa de créditos, la certificación de la deuda emitida por el cesionario junto al hecho de la posesión del contrato de tarjeta original por parte del cesionario, lo que resulta suficiente para, en esta fase del proceso, entender que el crédito de que se trata sí está incluido en el perímetro de los créditos objeto de venta compuesto por 20.081 créditos.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (s. 8ª) de 29 de abril de 2016 (D. Luis Antonio Soler Pascual).

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ÚNICO.- Interpone recurso la mercantil Estrella Recivables LTD frente al Auto dictado por el Tribunal de Instancia por infracción del art 231 LEC y error en la interpretación del artículo 812-1 de la misma Ley.
Entiende el apelante que su legitimación activa queda acreditada con la escritura notarial -doc nº 4- de cesión de créditos, con la constatación de qu dicho negocio jurídico que fue notificado al demandado -doc nº 5- dándose detalle del número de tarjeta e importe del saldo pendiente de pago cedido objeto de reclamación, aportando además en prueba de la cesión del crédito de que se trata, los documentos originales del crédito reclamado que están a su disposición sólo por razón de la cesión del mismo.
El recurso se estima.
El argumento judicial de instancia único que motiva la inadmisión a trámite de la solicitud de proceso monitorio se sustenta en no haber acreditado el solicitante, de lo que fue requerido ex subsanación, el contrato de cesión de crédito y certificación en la que conste que la cesión lo es respecto del crédito del demandado y la acreditación del precio de la cesión y de que la cesión se ha puesto en conocimiento al demandado.
Pues bien, ese argumento es insostenible. Y lo es porque, primero, está unido a la documental el contrato de cesión, que por naturaleza es oneroso y porque, como resulta de los arts. 1526 y 1527 CC, la cesión produce su efecto traslativo sin necesidad de la voluntad concurrente del deudor, ajeno al negocio de transmisión, y únicamente se precisa la puesta en su conocimiento a los efectos de impedir el efecto liberatorio del pago realizado al primitivo acreedor-cedente.
En ese sentido se pronuncia la STS de 19.Feb.2004 al señalar que "en relación a la cesión de créditos, y en la medida en que en el motivo de forma confusa se plantea una cuestión inexistente de novación contractual, el Tribunal Supremo ha declarado que el consentimiento del cedido no es requisito que afecte a la existencia de la cesión, sino que queda al margen del contrato, y sólo es necesario para que sea eficaz la cesión obligándose con el nuevo acreedor (Sentencias de 16 de octubre de 1982 y 23 de octubre de 1984, entre otras), mientras que la simple puesta en su conocimiento sólo tiene la finalidad de impedir que se produzca la liberación consentida por el artículo 1527 del Código Civil (Sentencia de 13 de junio de 1997)".

miércoles, 31 de agosto de 2016

Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Exigencia de reclamación previa extrajudicial para la interposición de una demanda. Solo cuando estemos en presencia de daños personales se aplica la nueva legislación a los siniestros producidos tras el día 1 de enero de 2016. Por el contrario, cuando estamos en presencia únicamente de daños materiales, se aplica la reforma legal a partir de su entrada en vigor el día 1 de enero de 2016, cualquiera que sea la fecha en que se haya producido el siniestro.

Auto de la Audiencia Provincial de Alicante (s. 8ª) de 29 de abril de 2016 (D. Enrique García-Chamón Cervera).

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PRIMERO.- La resolución impugnada inadmite a trámite la demanda en la que se reclama la suma de 329,00.- euros como consecuencia del lucro cesante padecido por la actora, propietaria del vehículo marca Citroën Nemo, matrícula 0000-XXX, destinado al alquiler, tras la paralización del mismo para su reparación como consecuencia de un siniestro de la circulación acaecido en Alicante el día 5 de junio de 2015.
El fundamento de la inadmisión de la demanda se encuentra en lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 7.8 del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor que declara: "No se admitirán a trámite, de conformidad con el artículo 403 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las demandas en las que no se acompañen los documentos que acrediten la presentación de la reclamación al asegurador y la oferta o respuesta motivada, si se hubiera emitido por el asegurador" introducido tras la entrada en vigor de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre.

domingo, 28 de agosto de 2016

Procesal Civil. Caducidad en la instancia. Estudio sobre la naturaleza, requisitos y efectos de la institución de la caducidad en la instancia.

Auto de la Audiencia Provincial de Alicante (s. 8ª) de 20 de mayo de 2016 (D. Enrique García-Chamón Cervera).

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SEGUNDO.- Respecto de la institución de la caducidad de la instancia como forma de terminación anormal del proceso resulta muy ilustrativo el AAP Madrid, Sección 18ª, de 1 de febrero de 2016: " Alega la parte apelante como motivos en los que funda su recurso, que a la vista del procedimiento, puede atenderse como desde la Diligencia de Ordenación de 18 de Enero de 2001 hasta la Diligencia y Propuesta de Providencia de 20 de Mayo de 2005, en la que se manifiesta haber transcurrido los plazos de los ejecutados para oponerse con declaración de rebeldía de los mismos, y citación a la vista para el dictado de Sentencia, habían transcurrido más de cuatro años, sin actividad procesal, ni impulso por la ejecutante, por lo que se darían ya los requisitos para estimar la caducidad de la instancia. No obstante y además, dictada Sentencia en fecha de 31 de Mayo de 2005, se intenta notificar la misma a los ejecutados entre el periodo de Junio a Julio del mismo año, y dado su resultado infructuoso, con fecha de 15 de Julio de 2005, se da traslado a la actora de dicho hecho para que se pronuncie y manifieste lo que a su derecho convenga, no siendo hasta Julio de 2014, cuando se reitera el estado a la actora para que manifieste lo que a su derecho convenga, averiguándose el domicilio en Septiembre de 2014. Por ello, estima patente que ha transcurrido con exceso en los dos tramos enunciados el plazo de cuatro años necesarios e ininterrumpidos para estimar la caducidad en la instancia que se interesa a través del recurso presente. Y acaba solicitando la revocación de la resolución de instancia para que en su lugar se dicte otra en la que se declare la caducidad de la instancia con expresa condena en costas a la ejecutante.

miércoles, 9 de septiembre de 2015

Juicio monitorio. Admisión de la legitimación activa por cesión de créditos de las entidades que adquieren en masa los créditos de entidades financieras y ello sin necesidad de acreditar la relación concreta entre la cesionaria y las personas demandadas.

Auto de la Audiencia Provincial de Alicante (8ª) de 16 de junio de 2015 (D. Luis Antonio Soler Pascual).

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ÚNICO.- Interpone recurso la mercantil Estrella Recivables LTD frente al Auto dictado por el Tribunal de Instancia por infracción del art 231 LEC y error en la interpretación del artículo 812-1 de la misma Ley pues entiende el apelante que su legitimación activa queda acreditada con la escritura notarial -doc nº 4- de cesión de créditos, negocio jurídico que fue notificado al demandado -doc nº 5- donde se detalla el número de tarjeta e importe del saldo pendiente de pago cedido objeto de reclamación, aportando además en prueba de la cesión del crédito de que se trata, los documentos originales del crédito reclamado que están a su disposición sólo por razón de la cesión del mismo.
El recurso se estima.
El argumento judicial de instancia que motiva la inadmisión a trámite de la solicitud de proceso monitorio, se sustenta en la falta de acreditación tanto de la calidad de cesionaria del crédito por la actora como de la realidad del crédito mismo objeto de reclamación, al entender el Juez a quo, que de la documentación aportada no resulta probada ni la legitimación de la actora en tanto cesionaria como el crédito mismo dado que únicamente se ha aportado las certificaciones unilaterales de la demandante -cesionaria del crédito- y de la cedente -Barclays Bank PLC Sucursal en España pero no el contrato original ni el original del contrato de compraventa.
Ninguno de los argumentos son aceptables.

domingo, 7 de junio de 2015

Tasación de costas. Inclusión o no de los honorarios de abogado y procurador en juicios en que su intervención no sea preceptiva cuando el domicilio de la parte representada y defendida esté en lugar distinto a aquél en que se ha tramitado el juicio. Si una persona jurídica cuenta con una sucursal en el partido judicial en que ha nacido o se desenvuelve la relación jurídica, en el que podrían ser demandadas, ello se puede considerar como domicilio a los efectos que nos ocupan.

Auto de la Audiencia Provincial de Alicante (8ª) de 21 de abril de 2015 (D. Francisco José Soriano Guzmán).

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PRIMERO.- El auto recurrido desestima el recurso de revisión interpuesto contra el Decreto que desestimaba la impugnación formulada frente a la tasación de costas practicada por el Secretario Judicial a instancias de la aseguradora CATALANA OCCIDENTE, al considerar que dichas costas eran debidas por la condenada a su pago, SOCIEDAD DE CAZADORES DE PEGO, al tener aquélla su domicilio en lugar distinto a donde se ha tramitado el juicio (Denia).
La recurrente insiste en que ha existido error en la aplicación de los arts. 32 y 241 LEC, en tanto no procedería la inclusión de los honorarios de procurador y letrado de CATALANA OCCIDENTE, pues no era preceptiva su intervención en el procedimiento (atendida su cuantía, inferior a 2.000 €), y sin que haya lugar a apreciar la excepción prevista en el art. 32.5 LEC (que la parte representada y defendida tenga su domicilio en lugar distinto a aquél en que se ha tramitado el juicio) pues dicha aseguradora tiene sucursal abierta en la localidad de Denia.
Estimaremos el recurso.
De conformidad con el art. 32.5 de la LEC, " cuando la intervención de abogado y procurador no sea preceptiva, de la eventual condena en costas de la parte contraria a la que se hubiese servido de dichos profesionales se excluirán los derechos y honorarios devengados por los mismos, salvo que el tribunal aprecie temeridad en la conducta del condenado en costas o que el domicilio de la parte representada y defendida esté en lugar distinto a aquéI en que se ha tramitado el juicio, operando en este último caso las limitaciones a que se refiere el apartado 3 del articulo 394 de esta Ley ". Es criterio de este Tribunal que no deberán incluirse en la tasación de costas los honorarios del Letrado ni los derechos del Procurador, incluso cuando formalmente la parte vencedora tenga su domicilio social en una localidad distinta de aquélla en la que se ha seguido el juicio (lo que sucede en el caso que nos ocupa), si en la misma cuenta con delegaciones, establecimientos o sucursales (lo que también acaece en el presente supuesto), en cuya sede (o partido judicial) se desenvolvieron las relaciones entre las partes (extremo admitido por la apelada, que alega que la póliza se suscribió con un agente de seguros con domicilio en Pego); criterio éste que viene confirmado por la nueva ley de Enjuiciamiento Civil, que en su artículo 51 permite que las personas jurídicas sean demandadas en el lugar donde la situación o relación jurídica a que se refiera el litigio haya nacido o deba surtir efectos, siempre que en dicho lugar tengan establecimiento abierto al público o representante autorizado para actuar en nombre de la entidad.

jueves, 19 de marzo de 2015

Concursal. Arts. 164 y ss. LC. Concurso culpable. Iregularidades contables relevantes. Inexactitud grave en los documentos acompañados a la solicitud de declaración de concurso. Retraso en la solicitud de concurso. Personas afectadas. Administrador de hecho.

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante de 22 de enero de 2015.

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Tercero -Irregularidad contable relevante
14. Conforme al art 164.2.1o el concurso se califica como culpable cuando "el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que llevara". Delas tres hipótesis legales aquí se denuncia la tercera que "presupone la existencia de una irregularidad contable clara, de acuerdo con las normas de contabilidad, y que además sea relevante en cuanto impida la comprensión cabal de la situación patrimonial o financiera de la sociedad" (SAP de Barcelona de 19/3/2007), definiéndose por la AP de Alicante el concepto de "irregularidad relevante" a partir de los siguientes elementos: a.-) material: una información o una falta de información derivada de la contabilidad del deudor que no se corresponde con la realidad de una operación económica; b) cuantitativo: esa discordancia entre la contabilidad y la realidad económica debe traducirse en unas diferencias económicas importantes, por lo que se excluirán las diferencias de escasa cuantiá atendiendo al volumen del conjunto de operaciones del concursado; c) cualitativo: debe afectar a elementos determinantes para conocer la verdadera situación patrimonial y financiera del concursado, por lo que se excluirán las irregularidades que no alteran de forma determinante la información sobre la verdadera situación patrimonial y financiera; d) subjetivo: debe revelar la irregularidad cierta intencionalidad o el incumplimiento de las mas elementales reglas de la diligencia exigible al concursado" (Sentencia de 30 de junio de 2011), sin que quepa excusar dichas irregularidades en que la llevanza de la contabilidad no era el cometido del afectado en la sociedad, o que estaba encomendada a un profesional, pues el nombramiento como administrador no es meramente formal, sino que conlleva una serie de obligaciones, entre ellas - art 25 CCo- las de la llevanza y formulación de la contabilidad (Sentencia de AP de Córdoba de 23/1/2013 y de 18/4/2012), pero sin ser bastante las afirmaciones abstractas y genéricas sino que debe concretarse en que consiste la irregularidad contable, indicando la norma o principio contable vulnerado, y su relevancia, cualitativa y/o cuantitativa; carga que le corresponde a la parte actora (SAP de Pontevedra de 2 mayo de 2013 y SAP de Valencia de 14 diciembre de 2011)

sábado, 3 de enero de 2015

Concursal. Art. 37 LC. Régimen de separación de los administradores concursales. Detalladísimo estudio de aspectos procesales y sustantivos del régimen de separación de los administradores concursales.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (s. 8ª) de 3 de noviembre de 2014 (D. Luis Antonio Soler Pascual).

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PRIMERO.- Básicamente, dos son las cuestiones que se dilucidan en este litigio. Una, sin duda la principal, relativa a la valoración del desempeño de los administradores concursales como tributario de la sanción de separación prevista en el artículo 37-1 de la Ley Concursal. Otra, relegada por la primera, concerniente a la concurrencia de circunstancias que en su caso pudieran hacer merecedora a la concursada del régimen concursal más severo de suspensión de sus facultades de administración y disposición sobre su patrimonio -art 40-2-4 LC-.
La pretensión primera la lidera la concursada, Luxender S.L.. La pretensión segunda, la sostiene ya solo uno de los Administradores concursales, si bien ambos son apelantes de la sentencia en tanto estimatoria de la pretensión de la concursada.
Entre los planteamientos que formulan los apelantes, los hay tanto de naturaleza procesal como de índole sustantivos.
Sin embargo, no cuestionan entre los procesales el trámite aplicado para dilucidar tanto la petición de sustitución del régimen de intervención sobre el deudor como tampoco el seguido para resolver la petición de separación de los administradores.
Ello no obstante, sí considera el Tribunal relevante analizar la corrección procedimental de haber decidido las dos pretensiones de que se trata en el marco de un incidente concursal.
Y lo consideramos necesario porque a pesar de que no ha sido cuestión planteada por las partes, la regularidad del trámite a que se refiere tanto el artículo 40-4 como el 37-1, ambos de la Ley Concursal, es cuestión que puede resultar relevante desde la perspectiva de los derechos de las partes.