Retracto de colindantes ejercitado al amparo de los arts. 1521 y ss. del Código Civil. Requisitos exigidos. Doctrina jurisprudencial sobre el dies a quo del plazo de caducidad previsto en el art. 1524 CC. La inscripción registral se articula por el legislador como una presunción ex lege de conocimiento de la transmisión. A diferencia de lo que sucede en otros supuestos de retracto legal, como en el retracto de colindantes previsto en el art. 27 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, o en el retracto de la vivienda o local arrendados contemplado en los arts. 25 y 31 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, el art. 1524 CC no contiene la obligación de notificación fehaciente a los interesados, sean los propietarios de las fincas colindantes o el arrendatario (cfr. la sentencia 577/2018, de 17 de octubre), sino que, con base en una presunción «iuris et de iure» de que el retrayente tuvo la oportunidad de conocer la venta desde la fecha de la inscripción, toma este momento como inicio del cómputo del plazo, salvo que se acredite una fecha anterior.

Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 2026 (Sentencia: 861/2026, Recurso: 7796/2021, Ponente: MANUEL ALMENAR BELENGUER).

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PRIMERO.- Resumen de antecedentes relevantes.

1.-Son antecedentes fácticos de interés para la resolución del recurso, no controvertidos o acreditados por la prueba practicada, los siguientes:

i) Los esposos D. Gabino y D.ª Casilda son dueños con carácter ganancial de la finca rústica sita en DIRECCION000, al sitio del paraje « DIRECCION001», con una superficie de 14 áreas y 65 centiáreas, y que linda, al Norte, herederos de Alicia; Sur, finca matriz (a la que luego se hará referencia); Este, herederos de Leticia; y, Oeste, camino de cruza al DIRECCION002. Finca registral NUM006, que forma parte de la parcela NUM000 del polígono NUM001 de rústica de DIRECCION000, con referencia catastral NUM011.

ii) Adquirieron la mencionada finca, previa su segregación de la finca matriz a la que pertenecía, mediante contrato privado de compraventa de fecha 9 de julio de 2001, elevado a público en escritura autorizada en fecha 15 de diciembre de 2001 y en la que se hizo constar:

«Después de esta segregación, queda un resto en la finca matriz de sesenta áreas y noventa y una centiáreas de cabida, con los mismos linderos que antes, excepto por el Norte, que ahora linda la parcela segregada y vendida a Don Gabino.»

iii) A su vez, en virtud de escritura de compraventa de fecha 11 de julio de 2018, los cónyuges D. Mateo y D.ª Ariadna, adquirieron, con carácter ganancial, junto con otras fincas, el resto de la finca matriz que quedó tras la segregación y venta antes indicadas, inscrita al tomo NUM008, libro NUM009, folio NUM010, finca NUM002 del Registro de la Propiedad de Casas Ibáñez, y que se describe como:

«TIERRA, secano a cereales, hoy pastos, en el Término de Casas-Ibáñez, paraje " DIRECCION001" de sesenta áreas, noventa y una centiáreas de cabida, según título no coincidente con realidad ni con catastro. Linda: Norte, Gabino en el resto de la parcela NUM000; Sur, camino, hoy calle y Ayuntamiento; Este, Herederos de Leticia, hoy Calle y Ayuntamiento; y Oeste camino que cruza (9011). Es parte de la parcela NUM000 del Polígono NUM001. INDIVISIBLE.»

iv) En la referida escritura de compraventa de fecha 11 de julio de 2018 se fija un precio de 4.000 € por la referida finca registral NUM002, de la que se expresa que se encuentra «Libre de inquilinos, ocupantes y arrendatarios, según manifiestan». La compraventa se inscribió en el Registro de la Propiedad de Casas Ibáñez en fecha 10 de agosto de 2018, dando lugar a la inscripción NUM012.ª.

Plazo de prescripción de la acción de repetición ex art. 43 LCS, ejercitada por la aseguradora contra los responsables del siniestro, tras un procedimiento contencioso-administrativo anterior en que se fijó la indemnización a abonar por su asegurado. Dies a quo: el plazo de prescripción comienza a computarse desde la fecha en que se realizó el pago. La acción de repetición contra el supuesto responsable de la deficiente ejecución de las obras no nace con ocasión de conocer que se ha producido un siniestro o se ha realizado una reclamación al asegurado, sino a raíz del pago. No estamos ante una acción de responsabilidad extracontractual (ni subrogatoria), sino ante una acción de repetición.

Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 2026 (Sentencia: 747/2026, Recurso: 5810/2021, Ponente: MANUEL ALMENAR BELENGUER).

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PRIMERO.- Resumen de antecedentes relevantes.

1.-Son antecedentes fácticos de interés para la resolución del recurso, no controvertidos o acreditados por la prueba practicada, los siguientes:

i) En el marco del desarrollo del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal de Ripagain, elaborado con el objetivo de regular el desarrollo urbanístico del mencionado barrio, que comprende terrenos de los municipios de Pamplona, Burlada, Huarte y Egüés, se ejecutó una promoción de 48 viviendas de protección oficial y 158 de precio tasado, con las consiguientes obras de parcelación y urbanización complementarias, que incluían la avenida Erripagaña de la localidad de Burlaga.

ii) En concreto, la promotora de las obras para la realización del Proyecto de Urbanización de la Unidad Morfológica B.1, que luego sería la Avenida de Erripagaña, fue la mercantil Erripagaña Desarrollo Urbano S.L. -empresa mixta integrada por la empresa municipal Sociedad Urbanística de Burlada y por la mercantil Nasipa-, que encomendó el proyecto y dirección de obra a los arquitectos D. Cosme, D. Feliciano y D. Isidro (socios de la entidad Arkilan S.C.P.), asumiendo la dirección de ejecución de obra el arquitecto técnico D. Fabio.

iii) Concluidas las obras correspondientes a las edificaciones y urbanización complementarias, con fecha 17 de mayo de 2011 se emitió el correspondiente certificado de final de obra.

iv) Sobre las 15:00 horas del día 30 de diciembre de 2012, D. Hilario, vecino del DIRECCION000, caminaba por la avenida Erripagaña cuando, en un momento dado, resbaló y cayó al suelo, que se hallaba mojado por la lluvia, sufriendo lesiones de diversa consideración (fractura proximal del húmero derecho).

v) D. Hilario formuló una reclamación administrativa ante el Ayuntamiento de Burlada, que fue rechazada por resolución 494/2014, de 4 de agosto, contra la que el Sr. Hilario presentó el correspondiente recurso contencioso-administrativo, en reclamación de los daños y perjuicios sufridos a consecuencia del referido accidente y que cifraba en 17.183,94 €, por 155 días impeditivos y secuelas valoradas en 8 puntos, más intereses; alegaba que la caída sufrida fue consecuencia del estado resbaladizo del pavimento de la zona, estado que se había agravado por la lluvia que caía.

vi) La demanda dio lugar a la incoación por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Pamplona del procedimiento abreviado n.º 249/14, en el que, previos los trámites legales, con fecha 27 de noviembre de 2015, recayó sentencia por la que, estimando el recurso, se anuló la resolución impugnada y se declaró el derecho del recurrente a ser indemnizado por la administración demandada en la cantidad reclamada de 17.183,94 €, más los intereses legales desde la reclamación administrativa. Dicha sentencia devino firme al no ser susceptible de recurso alguno.

Responsabilidad civil médica. Día inicial del plazo del cómputo de la prescripción de la acción. Distinción entre daños continuados o permanentes. Se estima la prescripción. La demandante contaba con datos más que suficientes para poder ejercitar las presentes acciones, sin que quepa demorar el ejercicio de las pretensiones resarcitorias más de seis años como consecuencia de una nueva revisión de su discapacidad en función de las mismas secuelas en una paciente con un grave cuadro médico involutivo con indiscutibles repercusiones funcionales.

Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2026 (Sentencia: 750/2026, Recurso: 5865/2021, Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG).

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PRIMERO.- Antecedentes relevantes

A los efectos decisorios del presente recurso de casación partimos de las consideraciones siguientes:

1.º-El neurocirujano D. Pedro Jesús, que figura en el cuadro médico de Asisa, intervino quirúrgicamente, en tres ocasiones, a la demandante D.ª Erica. La primera de ellas como consecuencia de un meningioma del que fue operada el 12 de mayo de 2005; posteriormente, en fecha 12 de julio de 2005, precisó nueva intervención quirúrgica como consecuencia de un hematoma.

2.º-De nuevo es intervenida por el mismo facultativo, el 2 de noviembre de 2010, al ser diagnosticada, primero, de un hematoma parietal cronificado tributario de extirpación quirúrgica, y, posteriormente, en virtud de un cambio de diagnóstico, de meningioma de nueva aparición.

En el informe de alta de 29 de diciembre del 2010 del servicio de Medicina Interna del Hospital Moncloa de Madrid consta ingreso por hemiparesia y colonias de hemicuerpo izquierdo, antecedentes de crisis comicial, con diagnóstico en TAC cerebral de meningioma gigante en 2005.

3.º-En fecha 10 de octubre de 2011, la Dirección General de Servicios Sociales de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid reconoció a D.ª Erica una de discapacidad, desde el 6 de junio del año 2011, como consecuencia de una «hemiparesia izquierda por tumor benigno de sistema nervioso de etiología tumoral, crisis parcial por tumor benigno de sistema nervioso de etiología tumoral, discapacidad del sistema neuromuscular por tumor benigno de sistema nervioso de etiología tumoral», con un grado de limitación de la actividad global del 75%, factores sociales complementarios: 0 puntos, baremo de movilidad positivo (12), sí existe dificultad.

4.º-El 26 de enero de 2017, la Sra. Erica solicitó revisión de su discapacidad, y por resolución administrativa 1563/2017, de 10 de julio, con idéntico cuadro médico, se le apreció un grado de limitación de su actividad global del 90% y factores sociales complementarios de 8 puntos, con un total de discapacidad del 98%, baremo de movilidad positivo (A), sí existe dificultad.

Nulidad de cláusula de gastos en préstamo hipotecario con consumidores. Prescripción de la acción de restitución. La sentencia recaída en un proceso en el que se ejercitó una acción colectiva de cesación de la cláusula no puede ser la fecha de inicio del plazo de prescripción de la acción de restitución. La única excepción a la regla de que el día inicial del plazo de prescripción es de la fecha de la sentencia que declara la nulidad de la cláusula es que el banco pruebe que el concreto consumidor conocía la abusividad con anterioridad por otros medios (sentencia del pleno de esta sala 875/2024, de 14 de junio). Y en este caso, por más que determinadas sentencias o actuaciones gubernativas pudieran ser notorias, no consta que los demandantes tuvieran conocimiento de la abusividad de la cláusula de gastos incluida en su contrato.

Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2026 (Sentencia: 312/2026, Recurso: 4330/2025, Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES).

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PRIMERO.- Resumen de antecedentes

1.-El 23 de marzo de 2010, D. Carlos Manuel y Dña. Leonor concertaron con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) un préstamo hipotecario que incluía una cláusula que atribuía a los prestatarios el pago de todos los gastos generados por el contrato.

2.-Los prestatarios presentaron una demanda contra la entidad prestamista, en la que, en lo que ahora interesa, solicitaron la nulidad de la mencionada cláusula y la restitución de las cantidades indebidamente abonadas como consecuencia de su aplicación.

3.-La sentencia de primera instancia estimó la demanda, declaró la nulidad de la cláusula y condenó a la entidad prestamista a abonar a los prestatarios diversas cantidades en concepto de gastos de notaría, registro, gestoría y tasación, más sus intereses legales desde la fecha en que los consumidores hicieron tales pagos.

4.-La Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación formulado por el banco.

5.-BBVA ha formulado un recurso de casación.

Prescripción de la acción. El plazo de prescripción comienza a correr a partir del momento en que la parte que propone el ejercicio de la acción dispone de los elementos fácticos y jurídicos idóneos para fundar una situación de aptitud plena para litigar. No puede ejercitarse la acción cuando no se conoce la identidad de aquél o aquéllos frente a los que ha de dirigirse, con independencia de que el perjudicado cuente desde antes con los datos objetivos referidos a la cuantía del daño o perjuicio causado. Los supuestos dudosos de aplicación de las reglas que la disciplinan habrán de ser objeto de una interpretación restrictiva, puesto que la regla general o normal es la de conservación de los derechos y no la intención de su dejación o abandono en beneficio del deudor.

Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 2025 (D. MANUEL ALMENAR BELENGUER).

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PRIMERO.- Resumen de antecedentes relevantes.

1.-Son antecedentes fácticos de interés para la resolución del recurso, acreditados en la instancia o no cuestionados por las partes, los siguientes:

i) En fecha 20 de septiembre de 2014 se produjo un accidente de tráfico en la autopista A-7, a la altura de Altea (Alicante), consistente en el vuelco del remolque con matrícula de Marruecos NUM000, que circulaba arrastrado por el autobús Volvo con matrícula de Marruecos NUM001 y se desprendió por razones que se desconocen del vehículo tractor, saliendo despedido hacia la calzada de sentido contrario y colisionando contra el automóvil marca Chrysler matrícula NUM002, conducido por su propietario, D. Pedro, y en el que viajaba como ocupante D.ª Adela.

ii) En el atestado instruido por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (denominado «informe estadístico») se hizo constar que el vehículo causante tenía póliza de seguro en vigor número NUM003, concertada con la compañía extranjera MATU Assurance.

iii) Como consecuencia de la colisión, D.ª Adela sufrió lesiones de distinta consideración y el automóvil matrícula NUM002 resultó con daños. La compañía Plus Ultra Seguros Generales y Vida S.A. (en adelante, Plus Ultra), que cubría el riesgo de responsabilidad civil que pudiera derivarse de la circulación del referido vehículo, abonó los gastos de la asistencia médica prestada a D.ª Adela, por importe de 656,54 €.

iv) Al tratarse de un remolque y vehículo tractor con matrícula extranjera, el abogado de los perjudicados se puso en contacto con la Oficina Española de Aseguradores de Automóviles (en lo sucesivo, OFESAUTO), que el 16 de octubre de 2014 se dirigió a la Mutuelle d'Ass des Transport Unis-Matu, mediante escrito en el que, después de reseñar los datos del accidente, decía:

Demanda contra la aseguradora de la responsabilidad civil médica. Prescripción de la acción. Determinación del día inicial del plazo prescriptivo. Cuando se trata de daños personales (corporales), el plazo de prescripción se inicia cuando están consolidados, lo que suele coincidir con el alta médica definitiva. Para que haya tal consolidación, debe haberse producido una estabilización de las lesiones, de modo que éstas ya no evolucionen y, o bien hayan sanado definitivamente, o bien hayan quedado secuelas.

Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 2025 (D. PEDRO JOSE VELA TORRES).

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PRIMERO.- Resumen de antecedentes

1.-El NUM000 de 2000, Dña. Fátima dio a luz a su hijo Javier en la clínica DIRECCION000, en DIRECCION001 (Tenerife), que estaba concertada con el Servicio Canario de Salud.

La mencionada clínica tenía concertada una póliza de seguro de responsabilidad civil con la compañía Segurcaixa Adeslas.

2.-El 5 de octubre de 2016, D. Horacio y Dña. Fátima (en nombre propio y en representación de su citado hijo, Javier), interpusieron una demanda contra la citada aseguradora, por los daños y perjuicios causados por responsabilidad civil extracontractual de sus facultativos asegurados que asistieron a la Sra. Fátima en el parto y provocaron la DIRECCION002 del menor.

3.-El Juzgado de Primera Instancia estimó la demanda al entender, en lo que ahora interesa que: (i) la cláusula de limitación temporal de cobertura alegada por la demandada es lesiva, por cuanto abocaba a que no hubiera cobertura ni por una póliza anterior ni por una posterior; por cuanto la póliza anterior a la de autos suscrita entre DIRECCION000 y Mapfre solo cubría aquellos daños ocurridos por primera vez durante el periodo de vigencia del contrato (desde el 31 de mayo de 2014 hasta el 30 de mayo de 2015) y el hecho generador del daño había ocurrido el 15 de marzo de 2000; (ii) la acción no estaba prescrita porque no fue, cuanto menos, hasta el 23 de junio de 2015, cuando las partes tuvieron conocimiento fehaciente de que la DIRECCION002 del menor tuvo su origen en una mala praxis de los facultativos que atendieron a la Sra. Fátima durante el parto. Además, la prescripción de la acción habría quedado interrumpida por la presentación de las primeras diligencias preliminares el 11 de septiembre de 2015 y de la presentación de las segundas diligencias preliminares -debido a la falta de precisión de las pólizas presentadas por las diferentes aseguradoras- el 6 de junio de 2016.

Ley 57/1968. Determinación de la fecha inicial del devengo del interés legal del art. 3 de la Ley 57/1968 y de la d. final primera de la Ley 38/1999. Los referidos intereses legales se devengan desde cada anticipo o aportación al tratarse de intereses remuneratorios y no moratorios.

Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2025 (D. JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG).

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PRIMERO.-El objeto del presente recurso de casación se reduce a determinar la fecha inicial del devengo del interés legal del art. 3 de la Ley 57/1968 y de la d. final primera de la Ley 38/1999 en su redacción aplicable al caso.

La entidad de crédito demandada ha sido condenada conforme al art. 1-2.ª de la citada ley, pero su responsabilidad en cuanto a dichos intereses ha sido limitada a los devengados por el total de las cantidades anticipadas objeto de condena como principal (53.617.09 euros, frente a los 56.617,09 euros reclamados como principal) desde la fecha de la demanda o interpelación judicial, tal y como resulta del último párrafo del fundamento de derecho segundo de la sentencia recurrida (aunque nada se diga de forma expresa en el fallo).

Frente a este criterio de la sentencia recurrida, el demandante, hoy recurrente, pide que el día inicial se fije en la respectiva fecha de entrega de las cantidades anticipadas por tratarse de intereses remuneratorios y no moratorios. También pide que se impongan al banco las costas de la primera instancia, dado que la demanda ha sido estimada en lo sustancial.

El banco se ha opuesto al recurso de casación tanto porque considera que la sentencia recurrida es congruente con «lo realmente solicitado», como porque entiende que, si alguna duda tenía la parte recurrente al respecto del pronunciamiento sobre intereses del tribunal sentenciador, debía haber pedido la «aclaración» (en puridad, el complemento, pues invoca el art. 215 LEC) de la sentencia recurrida.

Préstamo usurario. Prescripción de la acción de restitución de las cantidades pagadas por intereses en un préstamo o crédito usurario por tener estipulado un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso. Dies a quo del plazo de prescripción.

Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 2025 (D. RAFAEL SARAZA JIMENA).

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PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.-Tal como ha quedado configurado el litigio en el recurso de casación por las alegaciones de ambas partes, la cuestión controvertida se circunscribe a decidir si la acción de restitución de las cantidades pagadas en exceso sobre el capital entregado en un préstamo o crédito usurario está sujeta a prescripción; y, en caso de estar sujeta a prescripción, cuál debe ser el dies a quo[fecha inicial] del plazo de prescripción. La demandada no cuestiona el carácter usurario del contrato de tarjeta revolvingy el demandante no cuestiona que el juzgado y la audiencia no entraran a conocer de la pretensión formulada con carácter subsidiario.

2.-La sentencia de primera instancia estimó en parte la acción principal ejercitada por el hoy recurrente. Estimó la pretensión relativa a la nulidad del contrato celebrado el 1 de junio de 2015, entre el demandante y Wizink Bank S.A. (en lo sucesivo, Wizink), consistente en un crédito de la modalidad revolvingmediante la utilización de tarjeta, por ser usurario. Pero desestimó la acción de restitución de las cantidades pagadas por encima del capital dispuesto porque la acción estaba prescrita, pues hasta el 29 de enero de 2021 no se produjo la reclamación extrajudicial, por lo que había transcurrido el plazo de prescripción de las acciones personales establecido en el art. 1964.2 del Código Civil, una vez aplicada la norma de Derecho transitorio del art. 1939 del Código Civil y el periodo de suspensión del plazo de prescripción establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que finalizó el 4 de junio de 2020.

3.-El demandante apeló la sentencia exclusivamente para que se estimara la acción de restitución de las cantidades pagadas por encima del capital dispuesto. La sentencia de segunda instancia desestimó el recurso de apelación. Argumentó que son distintas la acción dirigida a la declaración de la nulidad y la acción dirigida a obtener el reintegro de las cantidades pagadas, que, «aunque derivada de aquella, no tiene esa naturaleza y consecuentemente, no hay motivo para que no esté sujeta, como el resto de las acciones, a un plazo de prescripción».

4.-Esta sentencia es recurrida en casación por el demandante mediante un recurso articulado en torno a un solo motivo, que ha sido admitido.

Condiciones general de la contratación. Dies a quo del devengo de intereses de las cantidades que se abonaron indebidamente por la aplicación de una cláusula abusiva de gastos hipotecarios.

Sentencia del Tribunal Supremo (1ª) de 21 de diciembre de 2021 (D. Pedro José Vela Torres).

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PRIMERO.- Resumen de antecedentes

1.- El 30 de noviembre 2006, Dña. Victoria suscribió con Ibercaja Banco S.A.U. un contrato de préstamo hipotecario, que contenía, en lo que ahora interesa, una cláusula que atribuía al prestatario el pago de todos los gastos derivados del contrato.

2.- La prestataria formuló una demanda contra el banco en la que solicitaba, entre otras pretensiones, la declaración de nulidad por abusiva de la citada cláusula y la devolución de los pagos efectuados como consecuencia de su aplicación, con los intereses legales desde la fecha de tales pagos.

3.- La sentencia de primera instancia declaró la nulidad de la cláusula litigiosa y condenó a la demanda al pago de las cantidades abonadas por gastos, más sus intereses desde la fecha de pago de las respectivas facturas.

4.- Recurrida la sentencia por la entidad demandada, la Audiencia Provincial estimó en parte el recurso de apelación, en el único sentido de considerar que los intereses se devengarían desde la fecha de la reclamación extrajudicial formulada por la consumidora (17 de marzo de 2017).

5.- La demandante formuló un recurso de casación.

Contrato de agencia. Comienzo del cómputo del plazo de prescrpción de la acción de reclamación de las comisiones devengadas a favor del agente en el marco de un contrato de agencia. Interpretación del art. 1967, último párrafo. Por regla general, en los contratos de prestación de servicios afectados por el art. 1967 CC que sean de tracto único, el comienzo del plazo de prescripción para la reclamación del cumplimiento de la retribución del servicio se sitúa en la terminación del servicio. Y en los contratos de tracto sucesivo, como puede ser el de agencia, el comienzo del plazo de prescripción para la reclamación de la retribución de los distintos servicios singulares que devenguen una comisión será la terminación de cada uno de esos servicios.

Sentencia del Tribunal Supremo (1ª) de 23 de noviembre de 2021 (D. IGNACIO SANCHO GARGALLO).

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PRIMERO. Resumen de antecedentes

1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

i) En virtud de un contrato 21 de enero de 2010, World Plastics Olaegui, S.L. (en adelante, WPO) prestó servicios de agencia para la entidad Luiso, S.L. (en adelante, Luiso). Esta relación contractual fue resuelta por Luiso el 15 de enero de 2015.

En la demanda de uno de los procedimientos acumulados, WPO reclamaba a Luiso 6.269'01 euros por comisiones pendientes de pago y 11.833'39 euros de indemnización por clientela. Luiso, además de oponerse a la demanda, formuló reconvención en la que pedía fuera declarado que la resolución del contrato de agencia obedeció a un incumplimiento contractual de WPO y la condena de esta última a indemnizar los daños y perjuicios que se determinaran en el proceso.

ii) En virtud de un contrato 9 de mayo de 2006, World Plastics Olaegui, S.L. (WPO) y Sistemas y Servicios Olaegui, S.L. (en adelante, SSO) prestaron servicios de agencia para la entidad Haitián Ibérica, S.L. (en adelante, Haitián). Aquel primer contrato fue sustituido por otro de 21 de enero de 2010. Esta relación contractual fue resuelta por Haitián el 15 de enero de 2015.

En la demanda del segundo de los procedimientos acumulados, WPO y SSO reclamaban a Haitián 79.771'67 euros por comisiones pendientes de pago y 18.024'40 euros de indemnización por clientela. Haitián, además de oponerse a la demanda, formuló reconvención en la que pedía fuera declarado que la resolución del contrato de agencia obedeció a un incumplimiento contractual de WPO y SSO, y la condena de estas últimas a indemnizar los daños y perjuicios que se determinaran en el proceso.

El cómputo del plazo de prescripción de las acciones nacidas de un contrato de préstamo sin fijación de plazo para su devolución. Señala el TS que no siendo exigible la devolución del préstamo hasta el mismo momento de su reclamación, el inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción para exigir su pago no puede anticiparse a una fecha previa al mismo momento de aquella intimación extrajudicial.

Sentencia del Tribunal Supremo (1ª) de 20 de julio de 2021 (D. JUAN MARIA DIAZ FRAILE).

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PRIMERO.- Resumen deantecedentes

Para la resolución del presente recurso resultan relevantes los siguientes antecedentes de hecho acreditados en la instancia.

1.- El 22 de diciembre de 2000, D.ª Carolina y su padre D. Braulio concedieron un préstamo por importe de 12.000.000 pts a favor de D. Jose Daniel y D.ª Concepción.

2.- El 26 de octubre de 2017, tras el fallecimiento de D. Braulio, su hija D.ª Carolina interpuso una demanda contra los prestatarios en reclamación de 128.325,25 euros, cantidad a que ascendería la deuda derivada de dicho préstamo por capital e intereses. También solicitaba la condena al pago de los intereses que se devenguen desde la demanda. A la demanda se acompañaba el documento privado del préstamo, en el que, en lo ahora relevante, consta además del capital, un pacto de interese anuales del 8 % y que su devolución se produciría "a requerimiento de los prestamistas", pero sin fijar un plazo determinado.

En la demanda la actora alegaba que: (i) desde la formalización del préstamo los demandados solo habían abonado los intereses que se iban generando anualmente y ello hasta la fecha de fallecimiento de D. Braulio el día 9 de enero de 2008; (ii) desde esa fecha, los demandados no han abonado cantidad alguna en concepto de principal ni de intereses; (iii) los Sres. Jose Daniel y Concepción habían sido formalmente requeridos de pago mediante burofax de 18 de septiembre de 2017, al que no respondieron.

3.- Los demandados, si bien reconocieron la existencia del préstamo, se opusieron a la demanda, con base en las siguientes alegaciones: (i) la prescripción de la acción, al tratarse de un contrato de préstamo de 22 de diciembre de 2000 y haberse interpuesto la demanda el 26 de octubre de 2017; (ii) las cantidades adeudadas por el préstamo, tanto por capital como por intereses, ya fueron abonadas en su totalidad por los prestatarios a lo largo de 2001 y 2002; (iii) D. Braulio extendió un recibo manuscrito acreditativo del pago, que por el transcurso del tiempo habría desaparecido; (iv) la acción ejercitada es contraria a la teoría de los actos propios y al principio de la buena fe, pues se ejercita tras más de dieciséis años de inactividad.

4.- El juzgado de primera instancia apreció la excepción de prescripción de la acción y, en consecuencia, desestimó la demanda. Argumentó que, al no constar en el contrato el momento de la exigibilidad de la deuda, debe partirse de la fecha de celebración del contrato para iniciar el cómputo del plazo de prescripción de quince años, conforme a la redacción del art. 1964 CC vigente a la fecha del contrato. Así afirmó:

"no siendo discutido por las partes el contrato de préstamo que fue suscrito entre las partes del presente procedimiento y D. Braulio, padre de la actora ya fallecido, y que consta acreditado en soporte documental en el procedimiento, la primera cuestión que ha de resolverse es la excepción procesal planteada de adverso y que no es otra que la prescripción de la acción ejercitada de conformidad con el art. 1964 del Código Civil. Precepto que dada la fecha de celebración del contrato, año 2000, ha de aplicarse según la redacción existente antes de la redacción operada por la reforma de la ley 42/2015; es decir que las acciones personales que no tienen señalado término especial de prescripción prescriben a los 15 años. Sentado lo cual y siendo que los términos del contrato son "el préstamo de doce millones de pesetas al interés anual del ocho por ciento a devolver a requerimiento de los prestamistas", y no constando dicho momento para fijar la exigibilidad de la deuda, ha de partirse de la fecha de celebración del contrato para fijar el inicio del cómputo"

Contratos bancarios y financieros. El día inicial del plazo de ejercicio de la acción de nulidad por error vicio del préstamo hipotecario en divisas. Para que se inicie el cómputo del plazo de ejercicio de la acción no es necesario que el prestatario compruebe "lo difícilmente reversible de la situación y los perjuicios que de todo ello estaba sufriendo", sino que basta que conozca, o pueda conocer observando una diligencia razonable, los hechos determinantes del error. En este caso, ese momento tuvo lugar cuando la demandante, al realizar las operaciones liquidatorias de la sociedad de gananciales con su exmarido, tuvo conocimiento de que, pese a haber pagado regularmente las cuotas de amortización del préstamo, la equivalencia en euros del capital pendiente de amortizar se había incrementado.

Sentencia del Tribunal Supremo (1ª) de 30 de junio de 2021 (D. Rafael Sarazá Jimena).

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PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.- D.ª Virginia interpuso una demanda contra Catalunya Banc S.A. (actualmente, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., en lo sucesivo, BBVA o el banco) en la que solicitó que se declarara la nulidad "de la cláusula de divisas y opción multidivisa" del préstamo hipotecario que suscribieron en su día, por error de consentimiento y, con supresión de dicha cláusula, se condenara a la entidad demandada a recalcular el capital pendiente "disminuyendo al importe prestado de 309.000 euros solicitado por la parte actora al momento de su suscripción, la cantidad amortizada hasta la fecha también en euros en concepto de principal e intereses subsistiendo el contrato sin los contenidos declarados nulos incrementado con sus intereses, y con expresa imposición de costas a la parte demandada".

2.- El banco contestó la demanda y opuso, en lo que es relevante para este recurso, que la acción estaba caducada y la imposibilidad de pedir la nulidad parcial del préstamo.

3.- El Juzgado de Primera Instancia argumentó que la demandante tuvo conocimiento de que el capital del préstamo se había incrementado y era superior al inicialmente prestado, como muy tarde, cuando liquidó la sociedad de gananciales con su exmarido, el 15 de abril de 2011. Como la demanda se interpuso el 20 de mayo de 2015, la acción estaría caducada.

4.- La demandante apeló la sentencia. La sentencia de la Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación. Rechazó la excepción de caducidad porque "tratándose de un contrato de tracto sucesivo la fijación del pago de las cuotas de amortización han venido dependiendo de la fluctuación de la divisa en la que se realiza el pago, por lo que ha existido una lógica demora en el tiempo de los actores en espera de una mejora de dicha fluctuación, mientras el contrato estaba vigente, así en octubre de 2008 se solicitó el cambio de divisa de francos a yenes, y en julio de 2013 a euros, hasta que dado el tiempo transcurrido, finalmente opta la titular por acudir a la vía judicial al comprobar lo difícilmente reversible de la situación y los perjuicios que de todo ello estaba sufriendo". Razonó asimismo que existió un error en el consentimiento porque el banco no informó a la demandante de la naturaleza y riesgos del producto contratado. Y, por último, argumentó que era posible declarar la nulidad parcial del contrato.

5.- BBVA ha interpuesto un recurso de casación basado en tres motivos, que ha sido admitido.

Préstamo multidivisa. Solicitud de nulidad por error vicio del consentimiento. Apreciación de las circunstancias concurrentes para determinar cuál fue el momento en que los demandantes pudieron tener conocimiento de los hechos determinantes de su error, momento inicial del plazo de caducidad de la acción de anulación del contrato por error vicio.

Sentencia del Tribunal Supremo (1ª) de 8 de junio de 2021 (D. Rafael Sarazá Jimena).

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PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.- Los hechos relevantes para resolver la cuestión litigiosa son, resumidamente, los siguientes:

i) D.ª Encarna y D. Severiano suscribieron el 13 de abril de 2007 una escritura de préstamo hipotecario con Banco de Valencia (actualmente, Caixabank), con un capital de 85.421.072 yenes japoneses cuyo contravalor en ascendía a 529.960 euros. La finalidad del préstamo era, por una parte, financiar la adquisición de la vivienda adquirida el mismo día (en la CALLE000, de Móstoles), que los prestatarios manifestaron constituía su vivienda habitual, y, por otra parte, cancelar el préstamo hipotecario del Banco Popular Español que gravaba la vivienda que hasta entonces habían venido ocupando los prestatarios, en la CALLE001, de Getafe.

ii) En virtud de la cláusula multidivisa los prestatarios podían optar por modificar la divisa en que se haya efectuado la disposición por cualquiera de las cotizadas en España, comunicándolo al banco dos días hábiles de mercado antes del vencimiento de cada período de interés convenido.

iii) En la escritura de préstamo hipotecario se convenía que la parte prestataria debía realizar durante el primer año de vigencia del préstamo una o varias amortizaciones anticipadas, de forma que al final de ese primer año el capital pendiente de pago en la divisa fuera un contravalor de 318.917,87 euros.

iv) Como los prestatarios no lograron hacer la amortización anticipada en el plazo pactado, las partes suscribieron una escritura de novación el 14 de abril de 2008 en la que se prorrogaba por un año, a contar de la fecha del otorgamiento de la escritura de novación, el plazo para realizar la amortización o amortizaciones anticipadas previstas en la escritura de préstamo hipotecario.

v) Las partes suscribieron, por las mismas razones, cuatro escrituras de novación más, el 28 de abril de 2009, el 14 de abril de 2010, el 8 de abril de 2011, en la que la prórroga fue de dos años, y el 31 de mayo de 2013, en que también se prorrogaba por un año. En algunas de estas escrituras se hacía referencia al riesgo de fluctuación de la divisa o de que el capital pendiente de amortizar superara el concedido inicialmente, en otras se mencionaba la cantidad adeudada a efectos del devengo de una comisión por la novación.

El plazo para el ejercicio de acciones por el beneficiario contra la aseguradora de un seguro de accidentes por fallecimiento es el previsto en el art. 23 LCS, cinco años, y no el generalestablecido en el Código Civil. La condición de beneficiario no constituye al recurrente en un extraño al contrato de seguro. El beneficiario, en este caso, no es un contratante, pero no es ajeno al contrato en cuanto su derecho nace de su designación en el contrato. El beneficiario, por tanto, ejercita una acción derivada de un contrato de seguro de personas (art. 23 de la LCS), en base a la cobertura de muerte del conductor (accidentes personales) y en su condición de único heredero legal de su hermano. Día inicial de cómputo de la prescripción. Para el ejercicio de la acción por el demandante se habrá de estar al momento en que la acción pudo ejercitarse, habida cuenta de su discapacidad intelectual y ese momento fue el de 19 de octubre de 2011, fecha en la que recogió la documentación de la abogada que le tramitaba la declaración de herederos, fecha en la que reúne la información precisa y adquiere un conocimiento lo más aproximado posible de la situación (dentro de sus limitaciones intelectuales) por lo que cuando se efectúa la reclamación a la aseguradora el 21 de marzo de 2016 y se presenta la demanda el 7 de octubre de 2016 (por otro abogado), no habrían transcurrido los cinco años establecido en el art. 23 de la LCS.

Sentencia del Tribunal Supremo (1ª) de 10 de mayo de 2021 (D. FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS).

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PRIMERO.- Antecedentes.

El beneficiario de una indemnización reclamó a la compañía de seguros, con base en una comunicación que previamente había enviado la aseguradora.

La aseguradora mediante una carta enviada el 7 de marzo de 2008 al demandante le comunicó, en virtud de la cobertura de accidentes personales/seguro del conductor contratada en la póliza n.º 9704651179, que ponía a disposición de los beneficiarios el capital asegurado que ascendía a «treinta y siete mil euros».

«Para efectuar el pago, deberán presentar los documentos acreditativos del fallecimiento, de la condición de beneficiario y de la liquidación fiscal correspondiente».

El beneficiario hasta el 21 de marzo de 2016 no remitió la documentación a la aseguradora.

1.- Demanda.

El demandante, heredero legal del conductor que falleció cuando conducía el tractor, matrícula I....HGD, propiedad de D. Luis Pablo, ejercitó acción como beneficiario reclamando la indemnización a la compañía aseguradora.

El tomador del seguro D. Luis Pablo suscribió una póliza de seguro de automóviles con Mapfre, en el que el vehículo asegurado era un tractor agrícola, uso agrario propio, ámbito de circulación rural. Las coberturas contratadas comprendían: la responsabilidad civil de suscripción obligatoria; responsabilidad civil suplementaria hasta 50.000.000 euros; defensa jurídica hasta 600 euros; seguro del conductor (accidentes personales): (i) muerte 37.000 euros, beneficiario en caso de muerte, los herederos legales de la persona fallecida; (ii) invalidez permanente hasta 30.500 euros; (iii) asistencia médica hasta 30.500 euros (máximo 365 días).

Culpa extracontractual. Caída en supermercado. Día inicial del cómputo del plazo de prescripción de la acción. El día inicial del cómputo del plazo del año del art. 1968.2 del CC, lo adquiere el perjudicado al producirse el alta médica, que es cuando realmente toma constancia de la entidad y consecuencias del daño, en la medida en que la medicina ha agotado las posibilidades de restituir la integridad física del lesionado a la existente con antelación al daño. Es el momento en que se declaran estabilizadas las lesiones y se concretan las secuelas o, lo que es igual, se determina en toda su dimensión el daño personal y los conceptos que han de incluirse en la indemnización. La circunstancia de que ulteriormente un perito médico, a los efectos de valorar el daño corporal sufrido, fije con anterioridad la fecha de estabilización de las lesiones, en atención al curso evolutivo de las mismas constatado en el tratamiento médico dispensado a la lesionada, no es determinante a los efectos de fijación del día inicial de la prescripción. Una cosa es el momento en que el perjudicado tuvo constancia de que sus lesiones se habían estabilizado y otra la discusión médico legal sobre su entidad.

Sentencia del Tribunal Supremo (1ª) de 10 de mayo de 2021 (D. José Luis Seoane Spiegelberg).

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PRIMERO.- Antecedentes relevantes

1.- El pleito se inicia por demanda interpuesta por Dª Micaela contra Lidl Supermercados, S.A.U., en reclamación de los daños y perjuicios sufridos por la caída padecida, el 28 de febrero de 2013, en un establecimiento de la red de supermercados de la demandada, sito en la localidad de lnca.

2.- La demandante refiere que la caída se produjo a consecuencia del agua acumulada justo después de la alfombra de entrada, agua que no era visible a simple vista, no estando señalizada dicha situación. La caída le produjo la fractura de la muñeca derecha y traumatismo coxígeo, lesiones de las que estuvo en tratamiento médico hasta el 23 de mayo de 2014.

3.- Presentó informe médico en el que se determinó una incapacidad temporal de 185 días, de los cuales 52 fueron impeditivos y 123 no impeditivos, se refieren varias secuelas (muñeca dolorosa, limitación muñeca derecha y agravación patológica lumbar). En concreto se reclamaron 14.744.67 euros de indemnización.

4.- Lidl se opuso a la demanda alegando, en síntesis, prescripción de la acción, inexistencia de culpa o negligencia, en definitiva, su falta de responsabilidad en la caída. Igualmente cuestionó la entidad de las lesiones padecidas.

5.- La sentencia de primera instancia desestimó la demanda. En síntesis, rechaza la excepción de prescripción de la acción, pero considera que no se acredita la forma en que se produjo el accidente y si, por lo tanto, Lídl actuó con la diligencia debida.

6.- Recurrida dicha resolución en apelación por la parte demandante, se dictó sentencia por la Sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Baleares, de 18 de abril de 2018, que desestimó el recurso interpuesto. En síntesis, el tribunal declara acreditado que la caída se produjo en el hall del supermercado, que el suelo estaba mojado por la acumulación de agua de lluvia; sin embargo, rechaza la pretensión de la demandante al considerar que su acción estaba prescrita. Razona al respecto lo siguiente:

Seguro de vida y de amortización de préstamo hipotecario. Incapacidad permamente. Prescripción de la acción. El TS fija como día inicial del plazo de la prescripción, el de la firmeza de la Resolución Definitiva completa de la Unidad de Valoración Médica de Incapacidades del INSS, y no la fecha de la notificación de la misma, dada la interpretación restrictiva que requiere dicha excepción.

Sentencia del Tribunal Supremo (1ª) de 22 de marzo de 2021 (D. José Luis Seoane Spiegelberg).

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PRIMERO.- Antecedentes relevantes

1.- El actor suscribió dos contratos de seguro de vida y de amortización de 5 de febrero de 2007 y 29 de diciembre de 2008 con la compañía demandada Mediterráneo Vida, Seguros y Reaseguros, S.A., relativos a sendos préstamos con garantía hipotecaria concertados con la entidad financiera Caja de Ahorros del Mediterráneo. Entre los riesgos objeto de cobertura se pactó la invalidez absoluta y permanente para todo trabajo. Como primer beneficiario figura en las pólizas la "Entidad Financiera-Prestamista por el capital pendiente de amortizar del préstamo objeto de aseguramiento en el momento del acaecimiento del siniestro, con el límite del capital asegurado en cada momento".

2.- Se definió contractualmente el riesgo de invalidez absoluta y permanente del Asegurado como "[...] la situación física irreversible provocada por accidente o enfermedad originados independientemente de la voluntad del Asegurado, determinante de la completa inaptitud de éste para el mantenimiento permanente de cualquier relación laboral o actividad profesional".

3.- Según el art. 11.3 b), apartado 3), de las condiciones generales de las pólizas para el pago de la prestación correspondiente a la garantía descrita el actor debía aportar a la aseguradora: "La Resolución Definitiva completa de la Unidad de Valoración Médica de Incapacidades del INSS o Sentencia del Juzgado de lo social". Y conforme al apartado 4) igualmente debía acompañarse a la petición: "Las certificaciones médicas, historial clínico o informe de asistencia que acrediten el estado de invalidez absoluta y permanente, la fecha en que se produjo el accidente o se diagnosticó la enfermedad causante del siniestro, la evolución de la misma y los posibles antecedentes médicos".

4.- Con fecha 20 de abril de 2010, se dictó por el INSS la resolución administrativa que declaró la incapacidad permanente absoluta del demandante. En dicha resolución, se hizo constar expresamente que esta calificación podrá ser revisada por agravación o mejoría a partir del 1 de septiembre de 2011 y que se prevé que la situación de incapacidad vaya a ser objeto de revisión por mejoría, que permita la reincorporación al puesto de trabajo antes de dos años ( artículo 48.2 de la ley del estatuto de los trabajadores, B.O.E. 29-3-1995). La decisión del INSS se le notificó al demandante el 14 de mayo de 2010 por medio de su hermano. Contra dicha resolución se podía interponer reclamación administrativa previa en el plazo de 30 días.

Contratos bancarios y financieros. Acción de nulidad de la inversión efectuada en el producto aportaciones financieras subordinadas Eroski (AFSE). Caducidad de la acción. El TS entiende que no se puede reputar que la circunstancia de haber procedido los demandantes a ordenar unas ventas de las aportaciones subordinadas, que además se pudieron ejecutar con liquidaciones positivas, implique conocimiento plausible de las características del producto litigioso a los efectos del art. 1301 del CC. El TS casa la sentencia recurrida y devuelve las actuaciones al tribunal de apelación para que, con libertad de criterio y sin que pueda ya apreciar la caducidad de la acción en su día acogida, resuelva el recurso de apelación en los términos que aparece formulado, y con carácter preferente.

Sentencia del Tribunal Supremo (1ª) de 16 de marzo de 2021 (D. José Luis Seoane Spiegelberg).

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PRIMERO.- Antecedentes relevantes

1.- El objeto del proceso

D. Emilio y D.ª Elisenda formularon demanda contra el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., (BBVA), con la finalidad de obtener un pronunciamiento judicial que declarase la nulidad de la inversión efectuada en el producto aportaciones financieras subordinadas Eroski (AFSE), con sus consecuencias y efectos restitutorios. Relataron que a través de un anuncio en prensa tuvieron conocimiento de dichas aportaciones subordinadas, ante lo cual se interesaron por ellas en su oficina habitual de la entidad demandada, que se las vendió como un producto nuevo, muy rentable y totalmente seguro. No se les hizo entrega de ningún tríptico ni folleto informativo. Los actores adquirieron títulos en el año 2008.

En verano de 2012, cuando se plantean recuperar su inversión, mediante una orden de venta, conocen que no depende de su voluntad la realización de las subordinadas y además, en enero de 2013, se enteran que el valor actual de sus títulos era inferior al 50% de su precio inicial. Antes de esta última fecha, en los justificantes correspondientes a la inversión remitidos periódicamente por BBVA, no figuraba que su valor fuera inferior al inicialmente contratado. El actor es de profesión fontanero y cuenta con estudios básicos, mientras que la demandante es ama de casa y, en algunas temporadas, trabajó como dependienta.

La entidad demandada se opuso a la demanda, alegando distintos motivos tales como su falta de legitimación pasiva, la caducidad de la acción de anulabilidad, así como la inexistencia de error. En conclusión, se sostuvo que el propósito que persiguen los demandantes es trasladar a la demandada el riesgo inversor que voluntariamente asumieron, pretendiendo que BBVA peche con las consecuencias de su decisión de contratar un producto de carácter perpetuo que, como bien sabían, para recuperar su inversión debían venderlo en las condiciones vigentes en el mercado en que cotizaban; es decir, en las mismas circunstancias en que compraron las AFSE litigiosas.

Contratos bancarios y financieros. Préstamo hipotecario. Acción de nulidad de las cláusulas relativas al derivado implícito por incumplimiento de los deberes de información, y subsidiariamente nulidad parcial de ambas escrituras en lo relativo al derivado implícito, por error vicio. Caducidad de la acción por transcurso del plazo legal de cuatro años previsto en el art. 1301 CC. Se reitera la jurisprudencia que interpreta este precepto, según la cual, en relación con la aplicación del art. 1301 CC, el contrato de préstamo bancario en dinero ha de considerarse consumado cuando el prestamista hizo entrega del capital del préstamo al prestatario, a alguno de los prestatarios o a la persona designada por el prestatario.

Sentencia del Tribunal Supremo (1ª) de 11 de marzo de 2021 (D. : IGNACIO SANCHO GARGALLO).

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PRIMERO. Resumen de antecedentes

1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

El 3 de septiembre de 2007, Asunción, para financiar un negocio, concertó con BBVA dos escrituras de préstamo, una con garantía inmobiliaria por un importe de 300.000 euros para la compra de un local y otro con garantía mobiliaria de 3.100.000 para la adquisición de un negocio de farmacia. Ambos préstamos debían amortizarse en 20 años. Se pactó un periodo de carencia para la amortización de capital de tres años. Y ambas escrituras contenían un derivado implícito que afectaba a la determinación de los intereses.

2. En su demanda, Asunción ejercitó con carácter principal una acción de nulidad de las cláusulas relativas al derivado implícito por incumplimiento de los deberes de información, y subsidiariamente interesó la nulidad parcial de ambas escrituras en lo relativo al derivado implícito, por error vicio. Tanto en uno y otro caso, solicitaba la restitución de lo indebidamente cobrado en aplicación del derivado implícito, lo que cifraba en 546.467,25 euros, así como la fijación durante el resto de vigencia del préstamo de un interés del Euribor más 0,44.

3. La sentencia dictada en primera instancia desestimó la pretensión principal, al entender que no resultaba de aplicación la normativa de consumidores porque los préstamos se habían solicitado para financiar la adquisición de un negocio. También desestimó la pretensión subsidiaria porque no cabía pedir la nulidad parcial de un contrato de préstamo por error vicio.

4. Recurrida la sentencia de primera instancia en apelación por la prestataria demandante, la Audiencia desestima en parte el recurso. La sentencia de apelación apreció caducada la acción de nulidad por error vicio, ya que la demandante "tuvo conocimiento del producto y de sus efectos negativos sobre el préstamo (...) en junio de 2010", y fue entonces cuando comenzó a computarse el plazo de caducidad de la acción de cuatro años, que se cumplió antes de que finalmente se presentara la demanda en diciembre de 2015.

5. Frente a la sentencia de apelación, la prestataria demandante interpuso recurso de casación, sobre la base de tres motivos. Los dos primeros han sido admitidos, mientras que el tercero ha sido inadmitido.

Protección jurisdiccional del derecho al honor. Caducidad de la acción respecto de la intromisión ilegítima constituida por la publicación de expresiones injuriosas en un foro de Internet. La publicación en una página web de unas manifestaciones constitutivas de una intromisión ilegítima en el derecho al honor provoca un daño permanente, por lo que el dies a quo del plazo de cuatro años para el ejercicio de la acción de protección del derecho al honor es el de la publicación en Internet.

Sentencia del Tribunal Supremo (1ª) de 2 de marzo de 2021 (D. Rafael Sarazá Jimena).

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PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.- Los días 6 y 7 de mayo de 2004 se publicaron en un foro de Internet ("Unidad de Acción de los Secretarios Judiciales Ver Tema - ayuda") diversos textos referidos a D. Argimiro, unos firmados por personas que se identificaban con su nombre y apellidos, otros, por personas que se identificaban por simples seudónimos.

2.- El 27 de agosto de 2013 D. Argimiro instó acta notarial de constancia, en la que se recoge el contenido del mencionado foro.

3.- El 25 de septiembre de 2013 D. Argimiro formuló denuncia, que fue turnada al Juzgado de Instrucción número 4 de A Coruña, en relación con el foro mencionado, dando lugar a las Diligencias Previas 2639- 2013. Por investigaciones de la Guardia Civil, se pudo determinar que el administrador de la página web del foro es D. Agustín, y que D. Alfonso y D. Belarmino serían dos secretarios judiciales (hoy letrados de la Administración de Justicia) que intervienen en dicho foro, perfectamente identificados. Por auto de 8 de enero de 2014 se acordó sobreseer y archivar las actuaciones, al considerar prescrito cualquier posible delito. Por auto de 2 de junio de 2014 la Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de A Coruña desestimó el recurso de apelación interpuesto por D. Argimiro.