Civil – D. Reales. Procesal Civil. Tercería de dominio. Concepto. Objeto y finalidad. La carga de la prueba del derecho sobre el bien embargado que faculta para obtener el alzamiento del embargo recae sobre el tercerista.

Auto de la Audiencia Provincial de Ourense (1ª) de 15 de junio de 2015 (D. MARIA JOSE GONZALEZ MOVILLA).

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SEGUNDO.- La tercería de dominio se conceptúa como la intervención de un sujeto en un proceso iniciado por otro con el fin de obtener que determinados bienes embargados se excluyan de la traba en virtud de título legítimo de dominio, anterior a tal medida de aseguramiento, pues la responsabilidad por deudas propias ha de hacerse efectiva sobre el patrimonio del propio deudor, según dispone el artículo 1911 del Código Civil. La jurisprudencia de forma constante ha declarado que la tercería de dominio no tiene por objeto la determinación de quién es el verdadero propietario del bien embargado; no es una acción reivindicatoria o declarativa de la propiedad, sino que con ella solo se pretende el levantamiento del embargo trabado, previa prueba por el tercerista de que tiene título dominical y no el deudor embargado.

Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 2004, la finalidad específica de la acción de tercería de dominio es obtener el alzamiento de un embargo que se ha constituido sobre los bienes del tercerista en un proceso de ejecución que se sigue contra otra persona. La Sentencia de 16 de febrero de 1990 declara que tiene por finalidad principal, no ya la recuperación del bien, que de ordinario está poseído por el propio tercerista, sino el levantamiento del embargo trabado sobre el mismo (...), sustrayendo de un procedimiento de apremio bienes no pertenecientes al patrimonio del apremiado por no ser aquéllos los llamados a responder de las deudas contraídas por el ejecutado. La Sentencia de 18 de diciembre de 1990 reitera que la tercería de dominio impone decidir si el embargo ha de continuar, si la acción se desestima, o si ha de alzarse, si la misma se estima. Resulta determinante para el éxito o fracaso de la pretensión del tercerista identificar la fecha en que se trabó el embargo, ya que ha de ser puesta en relación con la de adquisición por el tercerista del derecho embargado. Así lo establece el artículo 595 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y lo ha destacado reiteradamente la jurisprudencia. La Sentencia de 12 de diciembre de 1989 precisa que la viabilidad de la pretensión ejercitada mediante la tercería de dominio requiere que la justificación documental del tercerista sea referida a la fecha en que se realizó el embargo causante de la privación posesoria de la propiedad del bien embargado, por ser en tal momento cuando se produce la perturbación.

Procesal Civil. Sentencia. Reserva de liquidación.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense (s. 1ª) de 1 de diciembre de 2011 (Dª. ANGELA IRENE DOMINGUEZ-VIGUERA FERNANDEZ).

SEGUNDO.-  La jurisprudencia dictada por la Sala primera del Tribunal Supremo (sentencias de 15 de abril de 2009  y 18 de diciembre de 2009, entre otras) ha señalado, que el artículo 219 de la Ley  de enjuiciamiento civil ha puesto fin a una viciosa práctica de pedir y de conceder determinadas indemnizaciones, cuya concreción dejaban los Tribunales para la ejecución de sentencia, sumando un juicio a otro, sin tener en cuenta que la prueba de su importe tiene su lugar específico en el curso del proceso y no en su ejecución. Dicho precepto permite que la sentencia fije la cuantía líquida a abonar en virtud de la misma cuando se reclame el pago de una cantidad de dinero determinado o de frutos, rentas, utilidades o productos de cualquier clase, pero siempre que se establezcan las bases a partir de las cuales pueda determinarse la cantidad a pagar mediante una pura operación aritmética. Fuera de dichos supuestos, dice el número 3, no podrá pretender el demandante "ni se permitirá al tribunal en la sentencia, que la condena se efectúe con reserva de liquidación en la ejecución".

"El artículo responde a la idea, reiterada en la ley, de que las partes, como consecuencia del principio dispositivo y de aportación que rige en el proceso civil, fijen con absoluta claridad y precisión lo que constituye su objeto, no solo en lo cuantitativo sino en lo cualitativo, siempre sobre la idea de que se conoce lo que se reclama y que lo pueden incorporar a los escritos iniciales, para someterlo a la necesaria contradicción y prueba, cuando se ejerciten acciones a las que se refiere la norma, haciéndolo bien de forma directa, bien mediante la consignación de las bases con arreglo a las cuales deba efectuarse la liquidación a través de una simple operación aritmética; norma que ha restringido considerablemente los casos en que la reserva sea imprescindible, evitando de esa forma "ejecuciones complejas, a veces más que el propio proceso de declaración" (sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2009 (RJ 2009/3177).

La incompatibilidad de lo acordado con los artículos 219 y 218 de la Ley procesal civil, es patente, si se tiene en cuenta que la parte actora no se limitó en la demanda a pretender una sentencia declarativa del derecho a percibir una determinada cantidad, ni se solicitó del Tribunal que pospusiera su determinación al trámite de ejecución de sentencia con arreglo a unas determinadas bases. Sino que, lo que se reclamó en la demanda es una cantidad de dinero determinada, haciéndolo sin reservar para un pleito posterior la prueba y determinación concreta de las cantidades procedentes. Por contra, la sentencia, deja para el trámite de ejecución la cantidad a abonar por la demandada, mediante el establecimiento de unas bases cuya concreción dista mucho de la simple operación aritmética exigida como única posibilidad de reserva de liquidación en los procesos declarativos sobre pago de cantidades.

Hay, por tanto, incongruencia entre el Fallo de la sentencia y las peticiones de las partes puesto que se resuelve a partir de la fijación de unas bases que no se habían solicitado, en evidente contravención de los artículos indicados.

Civil – Obligaciones. Responsabilidad extracontractual. Prescripción de la acción. Daños continuados.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense (s. 1ª) de 24 de noviembre de 2011 (D. FERNANDO ALAÑON OLMEDO).

TERCERO.- La prescripción de la acción para exigir la responsabilidad extracontractual, conforme se dispone en el artículo 1968 del Código Civil, tiene lugar durante el transcurso de un año. El dies a quo para el cómputo del referido plazo comienza en el momento en que el perjudicado puede ejercitar la acción correspondiente, momento que el mismo artículo 1968  identifica como aquel en el que el agraviado es conocedor del daño.

 La cuestión que se plantea en la alzada es la problemática de los daños continuados, esto es, aquellos cuya causación no tiene lugar en un momento concreto y determinado sino que a lo largo del tiempo van produciéndose desde una misma causa.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo en su sentencia de 20 de noviembre de 2007 señala que "es consolidada doctrina de esta Sala la de que cuando se trata de los daños continuados o de producción sucesiva e ininterrumpida, el cómputo del plazo de prescripción no se inicia hasta la producción del definitivo resultado, cuando no es posible fraccionar en etapas diferentes o hechos diferenciados la serie proseguida, al entender que sólo con ella el perjudicado está en condiciones de valorar en su conjunto las consecuencias dañosas y de cifrar el importe de las indemnizaciones que puede reclamar por concurrir una situación jurídica de aptitud plena para el ejercicio de las acciones".

Penal – P. Especial. Delito contra la seguridad del tráfico. Conducción con una tasa de alcohol superior a 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Pruebas de alcoholemia realizadas con observancia de las garantías necesarias para evitar indefensión.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense (s. 2ª) de 15 de noviembre de 2011 (D. MANUEL CID MANZANO).

SEGUNDO.- (...) No cabe olvidar que a partir de la entrada en vigor el 2 de diciembre de 2007 de la LO 15/2007, de 23 de noviembre (BOE 01/12/2007) que modificó, entre otros, el artículo 379 del Código Penal, junto al delito contra la seguridad del tráfico en su modalidad de circular con un vehículo a motor bajo la influencia de dichas drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas, tal y como lo hiciera la redacción anterior, se incluye otra figura delictiva que, como novedad, castiga "en todo caso" tal ingesta cuando la tasa de alcohol en aire espirado sea superior a 0,60 miligramos por litro o a 1,20 gramos por litro de sangre.

El carácter formal y de mera actividad de este delito facilita y objetiva la prueba a través de las mediciones mediante aparatos debidamente homologados y verificados, de manera que debe apreciarse cuando el grado de impregnación alcohólica del acusado arroje un resultado superior a las cantidades legalmente establecidas. Expresamente ha declarado el Tribunal Supremo la regularidad del test alcoholimétrico y sus efectos enervadores de la presunción de inocencia cuando se ha realizado con un aparato de detección alcohólica autorizado, cuyos márgenes de error suelen estar en un +/-5 por ciento, y con estricto respeto al conjunto de garantías procesales.

Penal – P. Especial. Delito de quebrantamiento de condena o medida cautelar. Incumplimiento inducido por el consentimiento expreso de la protegida.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense (s. 2ª) de 31 de octubre de 2011 (Dª. AMPARO LOMO DEL OLMO).

SEGUNDO.- En resolución de la cuestión sometida a apelación debe recordarse la nueva doctrina del Tribunal Supremo atinente a la materia, ya recogida por esta Sala en anteriores resoluciones.

Y así, se ha señalado en las mismas cómo "Resulta cierto, como se señala en la resolución impugnada, que la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 2005  declaraba atípica la conducta del afectado por una medida cautelar cuando el incumplimiento venía inducido por el consentimiento expreso de la protegida por la misma, al haber decidido reanudar la convivencia. Sin embargo, esta interpretación ha sido matizada y corregida por posteriores pronunciamientos que vienen a señalar que la vigencia del bien jurídico protegido por el delito de quebrantamiento de condena no queda enervada por el consentimiento de la mujer, ya que es el principio de autoridad el que se ofende en delitos como el que nos ocupa. En la misma línea, la Sentencia de 28 de septiembre de 2007  viene a determinar que no cabe excluir la comisión del delito de quebrantamiento de condena por mediar el consentimiento de la víctima en contactos posteriores, pues en el Código Penal no se recoge como causa de extinción de la pena el perdón de la víctima no el consentimiento de ésa a la reanudación de la relación con la persona respecto a la que se dispuso la pena de alejamiento.

, en reunión del Pleno no jurisdiccional de 25 de noviembre de 2008 adoptó el acuerdo de que en los casos de medidas cautelares de alejamiento en las que se haya acreditado el consentimiento de la víctima, éste no excluye la punibilidad a efectos del art. 468 del Código Penal.

Penal – P. Especial. Falta de vejación injusta.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense (s. 2ª) de 19 de octubre de 2011 (Dª. ANA MARIA DEL CARMEN BLANCO ARCE).

TERCERO.- Abordando el segundo de los motivos articulados si bien con carácter subsidiario, se pretende por el recurrente la consideración de los hechos declarados probados como constitutivos de una falta de vejación del artículo 620 del CP.

El artículo 620.2º del Código Penal castiga a los que causen a otro una amenaza, coacción, injuria o vejación injusta de carácter leve, rechazando el TS la calificación de vejación injusta cuando está presente un ánimo lúbrico, ya que, este ánimo es precisamente característico de los abusos sexuales y está ausente de la falta de vejación, la cual, tanto desde el punto de vista gramatical como penal, es más un ataque al honor que a la libertad o indemnidad sexual.

Ahora bien aún así, dentro del terreno de los actos con un trasfondo sexual, el mismo Tribunal Supremo, ha estimado para que una agresión o ataque sexual pueda ser derivada hacia el capítulo de las faltas en su modalidad de vejación injusta de carácter leve, es necesario que se den una serie de circunstancias:"En primer lugar -dice el Tribunal Supremo- nos tenemos que encontrar ante un ataque de carácter verbal o material en el que el sujeto activo se limita a invadir de modo superficial o leve la intimidad corporal o el patrimonio moral de una persona con actos que revelan un simple propósito de ofender o vejar levemente y sin que sean sugerentes de propósitos mas incisivos sobre la libertad sexual de la persona".

Penal – P. General. Pena de multa. Fijación del importe de la cuota diaria.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense (s. 2ª) de 11 de octubre de 2011 (D. MANUEL CID MANZANO).

SEGUNDO.- (...) La pena de multa impuesta tanto en su extensión temporal como en su cuantía económica es ajustada y proporcional a la entidad y naturaleza de los hechos enjuiciados como al patrimonio del culpable.

En este punto, debe recordarse la doctrina del Tribunal Supremo expuesta en la S.T.S. 28.01.05 que con referencia a STS de 3 de junio de 2002 y 7 de noviembre de ese mismo año señala: "El artículo 50.5 del Código Penal dispone, en efecto, que la cuantía de la cuota diaria de la sanción de multa ha de adecuarse a las condiciones económicas del condenado, teniendo que ser proporcional a las mismas.

De modo que esa cuantía deberá en todo caso, y a riesgo de quedar de otro modo en la más completa inaplicación el referido precepto en cuanto a las exigencias que establece, fundamentarse en alguno de los siguientes extremos: a) la acreditada situación económica concreta del sancionado, con apoyo expreso en la correspondiente pieza de responsabilidad civil; b) alguna circunstancia específicamente reveladora de una determinada capacidad económica (propiedad de un automóvil, por ejemplo); c) cuando menos, algún dato que, el Juzgador de instancia, desde la apreciación que le permite su inmediación de juicio, ponga de relieve, con argumentos racionalmente aceptables, en la motivación de su decisión al respecto; d), en todo caso, incluso la posibilidad de que el Tribunal "ad quem" vislumbre, con los datos que se ofrezcan en el procedimiento, que la cuantía aplicada no aparece como desproporcionada, al no resultar excesiva dado su importe, situado con proximidad al límite legal mínimo, y toda vez que no pueda considerarse al condenado carente de todo tipo de ingresos.

Civil – Contratos. Arrendamientos urbanos. Indemnización en caso de desistimiento del arrendatario antes del plazo pactado. Moderación por los Tribunales.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense (s. 1ª) de 4 de noviembre de 2011 (Dª. ANGELA IRENE DOMINGUEZ-VIGUERA FERNANDEZ).

TERCERO.- Cuestión distinta es el alcance y extensión que deba tener la indemnización a satisfacer por el arrendatario. Que en la demanda se pretende en cuantía equivalente al importe de las rentas que dejó de percibir el arrendador por todo el tiempo pactado y no consumido.

Ha de señalarse que el vencimiento natural del contrato tendría lugar en enero de 2013, sin que puedan computarse al efecto eventuales prórrogas del contrato, como pretende el demandante, cuya efectividad se hacía depender de la voluntad del arrendatario y que no llegaron a ejercitarse por no agotarse siquiera el plazo inicial, único obligatorio para los contratantes.

El contenido de la cláusula decimoprimera del contrato de arrendamiento, cuya aplicación se pretende en la demanda, es trasunto de lo dispuesto en el artº 56 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, Texto Refundido de 1964, el cual establece una indemnización "ex lege" de "cantidad equivalente a la renta que corresponda al plazo que, según el contrato, quedase por cumplir". Lo cual, sin mayor consideración, excluye el carácter abusivo de la citada cláusula, tal como pretendía la parte demandada. Puesto que, además, tal compensación no es sino beneficio que habría obtenido el arrendador de cumplirse normalmente el contrato.

Mercantil. Banca. Seguros vinculados a préstamos personales. Fallecimiento del prestatario. Cobro indebido por la entidad financiera de las cuotas hasta el pago de la deuda total por parte de la entidad aseguradora.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense (s. 1ª) de 2 de noviembre de 2011 (Dª. JOSEFA OTERO SEIVANE).

TERCERO.- (...) Los seguros vinculados a los préstamos litigiosos cumplen la función de garantizar el pago de éstos para el supuesto de darse alguno de los eventos objeto de cobertura, entre ellos el fallecimiento del asegurado. La aseguradora, en cumplimiento de lo pactado, abonó a la recurrente, como beneficiaria hasta la cancelación de la deuda, las cuotas pendientes de pago al tiempo de fallecer el esposo de la demandante.

La recurrente continuó percibiendo de la actora las cantidades reseñadas en la demanda, en concepto de cuotas mensuales correspondientes a los préstamos, desde dicho fallecimiento hasta que percibió de la aseguradora la cantidad pendiente, de modo que obtuvo en este período un indebido enriquecimiento por duplicidad de cobros y lo procedente era devolver la suma abonada por la actora en su totalidad, no parcialmente como hizo.

Extinguida la deuda a fecha del repetido fallecimiento, en virtud de la cantidad abonada por la aseguradora, se cumplen todos los requisitos del cobro indebido contemplado en el artículo 1895 CC, recordados entre otras en la STS de 30 de julio de 2010: 1º, pago efectivo, hecho con la intención de extinguir la deuda ("animus solvendi"); 2º, inexistencia de obligación entre el que paga y el que recibe, y, por consiguiente, falta de causa en el pago, que puede ser indebido subjetivamente; 3º, error por parte del que hizo el pago, sin distinguir entre el de derecho y el de hecho.

Civil – Contratos. Asociaciones. Impugnación de acuedo de la asamblea de expulsión de un socio. Infracción del derecho de información y de audiencia del socio.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense (s. 1ª) de 28 de octubre de 2011 (Dª. JOSEFA OTERO SEIVANE).

SEGUNDO.- Ha de comenzarse, pues, por el acuerdo que se impugna de 31 de diciembre de 2000.

En la contestación al requerimiento efectuado por el actor, mediante acta notarial de 19 de mayo de 2004, los demandados sostuvieron que aquel causó baja como socio en la asamblea de 31 de diciembre de 2000 y que la baja se le comunicó verbalmente. Parten, por tanto, de un acuerdo social en tal sentido. Regia entonces la ley 191/64 de 24 de diciembre de asociaciones y el decreto complementario de 1440/1965 de 20 de mayo, no la invocada ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, cuya entrada en vigor se produjo con posterioridad.

La ley 191/64 se centra especialmente en el ámbito externo de las asociaciones, en su relación con los poderes públicos, de ahí que su regulación sea notoriamente insuficiente en lo que respecta a la impugnación de acuerdos por parte de los socios. En lo que ahora interesa, se limita a indicar en su artículo 3.2, que los estatutos deberán regular, entre otros extremos, el procedimiento de admisión y pérdida de la cualidad de socio y en su artículo 6.6 la posible suspensión o anulación de acuerdos o actuaciones de la asociación que sean contrarias a los estatutos, a instancia de parte o del ministerio fiscal. El artículo 12 del decreto 1440/1965 de 20 de mayo distingue, a efectos de impugnación de acuerdos y actuaciones de la asociación por parte de los asociados, entre los contrarios a la ley y los contrarios a los estatutos estableciendo para los segundos el plazo de caducidad de cuarenta días a partir de su fecha de adopción. La sentencia de 21 de diciembre de 2006, dictada por la sección segunda de esta Audiencia, rechazó la caducidad aducida respecto al acuerdo de que se trata, en consonancia con la doctrina jurisprudencial que declara la nulidad absoluta de los acuerdos de expulsión adoptados vulnerando el derecho de asociación del socio afectado, pronunciamiento del que ha de partirse por su eficacia de cosa juzgada, vinculante para este litigio, con los efectos previstos en el artículo 222.4 LEC.

Civil – Obligaciones. Prescripción de la acción. Interrupción del plazo de prescripción por medio de burofax. Interrupción del plazo de prescripción en casos de solidaridad impropia.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense (s. 1ª) de 21 de octubre de 2011 (Dª. ANGELA IRENE DOMINGUEZ-VIGUERA FERNANDEZ).

PRIMERO.-  La sentencia apelada, apreció indebidamente la prescripción extintiva alegada por la Comunidad de propietarios codemandada, por cuanto, el plazo anual previsto en el artº 1968.2 del Código civil, quedó interrumpido mediante la reclamación extrajudicial efectuada mediante burofax, remitido a través del servicio público de correos. Documento fehaciente que garantiza la recepción de tal comunicación, tal como viene exigiendo la jurisprudencia. La cual, ha considerado plenamente eficaz la reclamación extrajudicial efectuada por cualquier medio, siempre que permita la debida acreditación de su recepción por el destinatario, al tener dicha declaración de voluntad, con vocación interruptiva de la prescripción extintiva, naturaleza recepticia, de modo que, ha de ir dirigida a un sujeto pasivo y ser recibida por éste. Si bien sus efectos se producen desde la fecha de la emisión de tal declaración de voluntad y no de su recepción, como también ha indicado el Tribunal Supremo en sus sentencias de 24 de diciembre de 1994 y 16 de enero de 2003.

Segundo.- En el presente caso, no produciéndose cuestión sobre el acaecimiento de los hechos originadores de los perjuicios cuyo resarcimiento se pretende (10 de septiembre de 2007), la reclamación extrajudicial fehaciente formulada por la entidad actora y dirigida a la Comunidad de propietarios demandada, evidenciando su voluntad conservativa del derecho, fue formulada mediante "Burofax" emitido en día 28 de julio de 2008, como se justifica mediante el documento obrante al folio 27 de los autos. Y puesto que la demanda rectora fue presentada ante el Decanato de los juzgados de esta ciudad, en 27 de julio de 2009, no habría transcurrido el plazo prescriptivo establecido en el artº 1968.2 del Código civil.

Civil – Obligaciones. Reconocimiento de deuda.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense (s. 1ª) de 26 de septiembre de 2011. Pte: FERNANDO ALAÑÓN OLMEDO. (1.315)

SEGUNDO.- Hemos de partir de un dato incuestionable y es que la causa de pedir de la demandante es el reconocimiento de deuda suscrito por el legal representante de la demandada con fecha 8 de mayo de 2006. El reconocimiento de deuda es figura reconocida en nuestro derecho y, como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 2006, es un negocio jurídico de fijación o reproducción de otro anterior (STS de 24 de junio de 2004 y 31 de marzo de 2005), se exprese o no la causa (STS de 1 de enero de 2003 SIC), la jurisprudencia (STS 18 de septiembre de 2006), en cuanto el reconocimiento contiene la voluntad negocial de asumir y fijar la relación obligatoria preexistente, le anuda el efecto material de obligar al cumplimiento por razón de la obligación cuya deuda ha sido reconocida, y el efecto procesal de la dispensa de la prueba de la relación jurídica obligacional preexistente.

Civil – Contratos. Novación contractual.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense (s. 1ª) de 26 de julio de 2011. Pte: FERNANDO ALAÑÓN OLMEDO. (1.314)

Segundo.- Lo alegado por la demandada es la figura de la novación contractual, instituto que aparece recogido en el artículo 1156 del Código Civil como causa de extinción de las obligaciones. El artículo 1204 del Código Civil señala que para que una obligación quede extinguida por otra que la sustituya es preciso que así se declare terminantemente, o que la antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles.

Procesal Civil. Sentencia. Motivación. Congruencia.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense (s. 1ª) de 26 de julio de 2011. Pte: FERNANDO ALAÑÓN OLMEDO. (1.313)

Segundo.- Sobre la falta de motivación considera la Sala que si por motivación se entiende la explicitación del razonamiento que hace el tribunal para, desde los datos que se tienen por ciertos, llegar a la solución declarada, la sentencia apelada está suficientemente motivada. Como nos enseña la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la sentencia de 13 de marzo de 2006 la motivación de una resolución equivale a decir que contiene los elementos o razones de juicio que permiten el lector determinar qué criterios jurídicos han sido acogidos para fundamentar el sesgo de la resolución. Además esos razonamientos han de estar apoyados en normas o principios jurídicos, en las fuentes del propio ordenamiento jurídico, sin que quepa, por consiguiente, razonamientos arbitrarios o interpretaciones exclusivamente voluntaristas.

Civil – D. Reales. Propiedad. Acción reivindicatoria. Título de dominio. No lo es la simple condición de heredero.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense (s. 1ª) de 26 de julio de 2011. Pte: FERNANDO ALAÑÓN OLMEDO. (1.312)

Segundo.- La acción reivindicatoria, conforme dispone de manera reiterada la jurisprudencia, exige para su éxito que el demandante pruebe y justifique su condición de propietario, lo que puede tener lugar por cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho, sin que sea imprescindible la aportación de título escrito de dominio; en segundo lugar, debe acreditarse que la persona contra la que se dirige o entabla la acción es la que ostenta la posesión de la cosa sin derecho alguno a ello o bien un derecho de menor entidad que aquel que esgrime el reivindicante, con el que resulta incompatible. En tercer lugar y admitiendo que la acción reivindicatoria sólo cabe para reclamar un cuerpo cierto y determinado, la cosa reivindicada debe estar perfectamente determinada y tratándose de bienes inmuebles ha de precisarse con claridad y exactitud la situación, cabida y linderos, de modo y manera que queden disipadas cuantas dudas pudieran existir sobre cuál es el predio reclamado y que aquel que se reclama se corresponde con el que se plasma en la descripción existente en los títulos que se esgrimen.

(...)

Civil – Sucesiones. Testamento. Legítima. Donaciones inoficiosas.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense (s. 1ª) de 15 de julio de 2011. Pte: ANGELA IRENE DOMÍNGUEZ-VIGUERA FERNÁNDEZ). (1.311)

PRIMERO.- Se centra la argumentación de la recurrente en la infracción alegada de lo dispuesto en el art. 1036 del Código Civil en relación con el artº 813 del Código Civil, según interpretación jurisprudencial que cita en su recurso (sentencia del Tribunal Supremo de 24 de enero de 2008) conforme a la cual, en efecto, el hecho de que uno de los testadores hubiera dispensado a una de las herederas legitimarias de la obligación de colacionar la donación efectuada de su participación indivisa en la finca denominada " 000 " no suponía que no se trajese a cómputo su valor en el inventario general de los bienes de la herencia, pese a lo cual, según alega, no fue tenida en cuenta en la división de la herencia practicada por el contador-partidor para computar el montante global del caudal hereditario (reunión ficticia del donatum y el relictum).

El motivo no se estima, pues si bien es cierto que la jurisprudencia dictada en aplicación de lo dispuesto en el art. 1036 del Código Civil, ha establecido, reiteradamente, que la imputación de bienes para fijar las legítimas se impone incluso a la voluntad del testador. Debiendo incluirse todas las donaciones incluso las no colacionables a efectos de determinar las correspondientes partes del tercio de legítima (...) de mejora y de libre disposición. Esta "computabilidad", según también ha determinado la jurisprudencia, viene referida exclusivamente a la operación contable para la determinación de si ha existido inoficiosidad, toda vez que la intangibilidad de la legítima, en efecto no puede eludirse por vía de partición.

Civil – Obligaciones. Régimen de responsabilidad por daños personales derivados de la circulación. Concurrencia de culpas.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense (s. 1ª) de 30 de junio de 2011. Pte: JOSEFA OTERO SEIVANE. (1.310)

TERCERO.- El artículo 1.1 del texto refundido de la ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor declara que el conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción de éstos, de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación. Añade que en el caso de daños a las personas, de esta responsabilidad sólo quedará exonerado cuando pruebe que los daños fueron debidos únicamente a la conducta o la negligencia del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo.

Civil – Obligaciones. Compensación judicial.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense (s. 1ª) de 29 de junio de 2011. Pte: FERNANDO ALAÑÓN OLMEDO. (1.309)

UNDÉCIMO.- Realizados los cálculos plasmados en los razonamientos anteriores (s.e.u.o.) resultaría una deuda favorable a la demandante por importe de 56.629,99 € (52.762,51+ 2.927,88 + 939,60 €). La deuda a favor de la demandada ascendería a 57.667,36 € (3.104,64 + 13.848,20 + 40.714 €).

Junto a la compensación legal se reconoce la llamada compensación judicial, que no aparece expresamente recogida en el artículo 1195 del Código Civil pero que la Jurisprudencia del Tribunal Supremo de modo constante y reiterado la ha venido acogiendo y se ha definido en la sentencia de 17 de julio de 2000 como «una especie de compensación en la que no son de exigencia todos los requisitos que el Código fija para la legal y que la ordena el órgano jurisdiccional en sentencia y como resultado de un proceso».

Puede, por consiguiente, el tribunal, aún faltando alguno de los requisitos exigidos para la compensación legal, tener por ciertos los efectos de esa compensación en los supuestos de deudas concurrentes, es decir, que aparezcan créditos y títulos recíprocos y que las partes sean acreedoras y deudoras por derecho propio, tal y como se establece en la sentencia de 26 de marzo de 2001.

A la vista de lo anterior, la confrontación de ambos créditos dará como resultado un saldo favorable a la demandada reconviniente por importe de 1.037,37 €, cantidad por la que es procedente la estimación de la reconvención.

[Ver: Consejo General del Poder Judicial. Base de Datos de Jurisprudencia]  

Civil – D. Reales. Propiedad. Adquisición del dominio de bienes inmuebles. Tradición instrumental. Traditio ficta. Otorgamiento de escritura pública de compraventa.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense (s. 1ª) de 16 de junio de 2011. Pte: FERNANDO ALAÑÓN OLMEDO. (1.308)

Segundo.- Señala el artículo 1462 del Código Civil en su párrafo segundo que "Cuando se haga la venta mediante escritura pública, el otorgamiento de ésta equivaldrá a la entrega de la cosa objeto del contrato, si de la misma escritura no resultare o se dedujere claramente lo contrario".

Ciertamente para la transmisión de la propiedad, como señala el artículo 609 del Código Civil, es precisa la existencia de un contrato apto para la transmisión del dominio acompañada de la transferencia material de la posesión, institución conocida como tradición. Sin tradición no hay transmisión del dominio quedando circunscrita la relación entre las partes de la compraventa a un mero contenido obligacional carente de eficacia real.