Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. La exigencia de reclamación previa extrajudicial para la interposición de una demanda solo será aplicable a los accidentes sucedidos a partir del 1 de enero de 2016. Magnífico estudio, como siempre, del compañero Edmundo Rodríguez Achútegui.

Auto de la Audiencia Provincial de Álava (s. 1ª) de 3 de mayo de 2016 (D. Edmundo Rodríguez Achutegui).

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PRIMERO.- Sobre la reforma legal

La inadmisión de la demanda se fundamenta en la falta de reclamación previa a la compañía aseguradora consecuencia de la reforma operada por Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. El llamado "nuevo baremo" que aprueba esta norma, entra en vigor el 1 de enero de 2016, pues así lo dispone su DF 5 ª.

El apartado 3 del art. Único de la Ley 35/2015 reforma el art. 7 del RDL 8/2004, de 29 octubre, que aprueba el Texto Refundido de la de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. En su nueva redacción, el citado art. 7 dice en su apartado 1, tras establecer la obligación de asegurador de atender al perjudicado y la acción directa de éste, que " no obstante, con carácter previo a la interposición de la demanda judicial, deberán comunicar el siniestro al asegurador, pidiendo la indemnización que corresponda.

Esta reclamación extrajudicial contendrá la identificación y los datos relevantes de quien o quienes reclamen, una declaración sobre las circunstancias del hecho, la identificación del vehículo y del conductor que hubiesen intervenido en la producción del mismo de ser conocidas, así como cuanta información médica asistencial o pericial o de cualquier otro tipo tengan en su poder que permita la cuantificación del daño ".

Y luego, en el segundo párrafo del reformado art. 7.8 del RDL 8/2004, modificado por la Ley 35/2015, se dispone: " No se admitirán a trámite, de conformidad con el artículo 403 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las demandas en las que no se acompañen los documentos que acrediten la presentación de la reclamación al asegurador y la oferta o respuesta motivada, si se hubiera emitido por el asegurado ".

A ello se une que el art. 403.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), tras su reforma por Ley 7/2015, previene que " No se admitirán las demandas cuando no se acompañen a ella los documentos que la ley expresamente exija para la admisión de aquéllas o no se hayan intentado conciliaciones o efectuado requerimientos, reclamaciones o consignaciones que se exijan en casos especiales ".

En definitiva, la reforma introduce un requisito previo a la interposición de la demanda, que es la reclamación previa que el auto recurrido afirma no se ha presentado y es fundamento de la inadmisión de la demanda.

Procesal Civil. Control judicial de la abusividad de la cláusula de intereses moratorios contenida en un contrato de préstamo. La sala admite la posibilidad de dicho control en el incidente para determinación de los intereses exigibles, dentro de un proceso de ejecución derivada de un juicio monitorio. La cuestión relativa a los intereses moratorios no forma parte del título judicial de ejecución y por ello es posible el control de oficio de abusividad de la cláusula.

Auto de la Audiencia Provincial de Álava (s. 1ª) de 9 de diciembre de 2014 (D. Edmundo Rodríguez Achutegui).

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SEGUNDO.- Sobre la posibilidad de control de cláusulas abusivas

La resolución recurrida desestima la impugnación de la liquidación de intereses, fundada en la eventual abusividad del interés de demora del 17,25 % dispuesta en el contrato signado en 2002. La razón es que entiende que no cabe dicho control cuando, como es el caso, nos encontramos ante títulos judiciales conforme al art. 556 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), al contrario de lo que sucede si el título no es judicial, en cuyo caso podría analizarse conforme al art. 557.1.7º LEC tras su reforma por Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

Efectivamente ha habido un despacho de ejecución derivada de un juicio monitorio, y un incidente para determinación de los intereses exigibles conforme a los arts. 712 y ss. La opositora, hoy apelante, plantea incidente extraordinario de oposición del art. 557.1, apartado 7, conforme a las previsiones de la DT 4ª de la Ley 1/2013, que el juzgado admitió. En el incidente se denuncia la abusividad del interés de demora y se reclama que de oficio el tribunal de instancia las aprecie. Tal pretensión se desestima, y de nuevo se insta en apelación la misma pretensión, junto a la de plantear cuestión prejudicial, a lo que se opone la parte apelada, ejecutante en la instancia.

La recurrente dedica el motivo primero del recurso a defender la supremacía del derecho de la Unión Europea y la posibilidad de control de cláusulas abusivas. La cuestión es si tal control puede extenderse a un caso como el de autos. La resolución impugnada opone que no cabe si el título es judicial, lo que parece incoherente con la admisión del incidente extraordinario prevista en la DT 4ª de la Ley 1/2013, incidente que se ha tramitado y que ha dado lugar a la resolución recurrida.

Procesal Civil. Desistimiento del procedimiento por la parte actora. Continuación del mismo en caso de oposición de la parte demandada a dicho desistimiento.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Álava (s. 1ª) de 30 de junio de 2011. Pte: IÑIGO MADARIA AZCOITIA. (1.345)

PRIMERO.- Impugna la demandada el auto de sobreseimiento por desistimiento de la actora, al considerar que están justificados la oposición al desistimiento y el interés de la recurrente en la continuación del juicio. De una parte funda el recurso en la pretensión de que se resuelva definitivamente sobre el fondo para así obtener una resolución plenamente satisfactoria en el ámbito de la reputación y prestigio profesional, dado que lo perseguido con la demanda es la declaración de la total inhabilidad de una obra. En segundo lugar considera improcedente el sobreseimiento, dado el momento en el que se produce el desistimiento, pocos días antes del juicio, cuando se había contestado la demanda, se había celebrado la audiencia previa y resuelto las cuestiones formales suscitadas. Considera que la actora por tanto ya conoce todos los argumentos defensivos y los informes, con lo cual, a jucio de la recurrente, no es admisible la posibilidad de que mediante el desistimento se propicie la posibilidad de un nuevo proceso con el conocimiento de la estrategia jurídica del demandado y con la oportunidad de subsanar posibles errores.

Civil – Contratos. Compraventa. Arras o señal. Arras confirmatorias, penales y penitenciales.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Álava (s. 1ª) de 30 de junio de 2011. Pte: IÑIGO ELIZBURU AGUIRRE. (1.344)

SEGUNDO.- (...) debe comenzarse indicando que la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 1.992, sostiene que: "...; ante el problema de si toda entrega de cantidad, al celebrarse el contrato, debía considerarse como «arras penitenciales», definidas en el art. 1454 del Código Civil, dice la importante S. 1-4-1958 que «resolvió la jurisprudencia de esta Sala, con ligeras desviaciones, en el sentido de depender de lo que las partes hubieran querido, y esto con todo fundamento, en atención a la libertad contractual, base de nuestro sistema, que permite toda cláusula o condición convenida con sujeción a lo dispuesto en el art. 1255; a que el art. 1454 no es una norma de derecho necesario, y que, en consecuencia, un pacto de distinto alcance que el determinado en este precepto es perfectamente normal, lícito, conforme al orden público y a la costumbre frecuentemente observada, por virtud de todo lo que, en último extremo, dicho problema queda confiado a la interpretación del contrato en que median arras a buscar la intención de los contratantes en orden a determinar lo que se propusieron hacer o conseguir, para lo que, desde luego, el art. 1454 determina una calificación supletoria de esa voluntad, y aun decisiva, para resolver cualquier duda en el sentido que el mismo propugna»; es igualmente doctrina consolidada de esta Sala la de que «la existencia de las arras y consiguientemente la pretensión resolutoria de una compraventa que pueda deducirse de la mediación de arras o señal, tiene que constar de una manera clara y evidente que revele la intención de los contratantes de poder desligarse de la convención por dicho medio rescisorio, pues en otro caso lo entregado ha de reputarse mero anticipo de precio, según se dijo, entre otras muchas en las SS. 24-11-1926, 11-101927, 16-1-1933, 5-6-1945, 22-101956, 1-4-1958, 7-2-1966, 20-5-1967, 16-12-1970 » (S. 10-11-1983), y en el mismo sentido se pronuncian las SS. 4 noviembre y 12 diciembre 1991, diciendo esta última que «el contenido del art. 1454 del Código Civil no tiene carácter imperativo, sino que por su condición penitencial, para que tenga aplicación es preciso que por voluntad de la parte, claramente constatada, se establezcan tales arras, ya que, en otro caso, cualquier entrega o abono habrá de valorarse y conceptuarse como parte del precio o pago anticipado del mismo», añadiéndose en esta resolución, de acuerdo con la constante doctrina legal, que «tal precepto legal tiene pues un carácter excepcional, que exige una interpretación restrictiva de las cláusulas contractuales, de las que resulte la voluntad indubitada de las partes en el sentido de que se trate en arras penitenciales»...".

Mercantil. Sociedades. Impugnación de acuerdo de aprobación de las cuentas anuales. Vulneración del derecho de información del socio. Falta de firma de las cuentas.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Álava (s. 1ª) de 29 de junio de 2011. Pte: EDMUNDO RODRIGUEZ ACHUTEGUI. (1.343)

PRIMERO.- Sobre la alegada vulneración del derecho de información.

El recurrente, socio de la demandada, se alza contra la sentencia que estima sólo en parte su pretensión de que se declare la nulidad de los acuerdos primero y segundo de la Junta General de 3 de febrero de 2009, por considerar se vulnera su derecho a la información y por no haberse firmado por el órgano de administración las cuentas que se someten a censura de la junta.

El art. 56 de la Ley 2/95, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada (LSRL), vigente cuando se adoptan los acuerdos, establecía que la impugnación de los acuerdos de la Junta General se rige por lo establecido para la impugnación de los acuerdos de la Junta General de accionistas en los arts. 115 a 122 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 diciembre 1989, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (LSA).

Civil – D. Reales. Propiedad horizontal. Contribución de los propietarios a los gastos comunes. Gastos de eliminación de barreras aquitectónicas. Regulación de las subcomunidades.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Álava (s. 1ª) de 23 de junio de 2011. Pte: MARIA MERCEDES GUERRERO ROMEO. (1.342)

PRIMERO.- (...) El recurrente considera que estas cláusulas le eximen del abono de la cuota reclamada y que no tiene obligación alguna de contribuir a los gastos de las obras por eliminación de barreras arquitectónicas. La Sala no comparte es argumento que quedó definitivamente resuelto por el Tribunal Supremo en la Sentencia de 20 de octubre de 2.010 que viene a unificar la doctrina contradictoria de las Audiencias Provinciales. El Alto tribunal dice que la cuestión planteada debe partir de las siguientes premisas:

"1) A tenor del apartado e) del art. 9 de la Ley Ley 49/60 de Propiedad Horizontal, constituye una de las obligaciones de los propietarios sometidos al régimen de la propiedad horizontal de contribuir con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización, lo que concuerda con la previsión contenida en el art. 3 a cuyo tenor "a cada piso o local se atribuirá una cuota de participación con relación al total del valor de inmueble y referida a centésimas del mismo. Dicha cuota servirá de módulo para determinar la participación en las cargas y beneficios por razón de la comunidad.

Las mejoras o menoscabos de cada piso o local no alterarán la cuota atribuida, que sólo podrá variarse por acuerdo unánime.