Sentencia del Tribunal Supremo (1ª) de 11 de marzo de 2021 (D. : IGNACIO SANCHO GARGALLO).
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PRIMERO. Resumen de antecedentes
1. Para la resolución del presente recurso debemos partir
de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.
El 3 de septiembre de 2007,
Asunción, para financiar un negocio, concertó con BBVA dos escrituras de
préstamo, una con garantía inmobiliaria por un importe de 300.000 euros para la
compra de un local y otro con garantía mobiliaria de 3.100.000 para la
adquisición de un negocio de farmacia. Ambos préstamos debían amortizarse en 20
años. Se pactó un periodo de carencia para la amortización de capital de tres
años. Y ambas escrituras contenían un derivado implícito que afectaba a la
determinación de los intereses.
2. En su demanda, Asunción ejercitó con carácter principal
una acción de nulidad de las cláusulas relativas al derivado implícito por
incumplimiento de los deberes de información, y subsidiariamente interesó la
nulidad parcial de ambas escrituras en lo relativo al derivado implícito, por
error vicio. Tanto en uno y otro caso, solicitaba la restitución de lo
indebidamente cobrado en aplicación del derivado implícito, lo que cifraba en
546.467,25 euros, así como la fijación durante el resto de vigencia del
préstamo de un interés del Euribor más 0,44.
3. La sentencia dictada en primera instancia desestimó la
pretensión principal, al entender que no resultaba de aplicación la normativa
de consumidores porque los préstamos se habían solicitado para financiar la
adquisición de un negocio. También desestimó la pretensión subsidiaria porque
no cabía pedir la nulidad parcial de un contrato de préstamo por error vicio.
4. Recurrida la sentencia de primera instancia en apelación
por la prestataria demandante, la Audiencia desestima en parte el recurso. La
sentencia de apelación apreció caducada la acción de nulidad por error vicio,
ya que la demandante "tuvo conocimiento del producto y de sus efectos
negativos sobre el préstamo (...) en junio de 2010", y fue entonces cuando
comenzó a computarse el plazo de caducidad de la acción de cuatro años, que se
cumplió antes de que finalmente se presentara la demanda en diciembre de 2015.
5. Frente a la sentencia de apelación, la prestataria
demandante interpuso recurso de casación, sobre la base de tres motivos. Los
dos primeros han sido admitidos, mientras que el tercero ha sido inadmitido.
