Sociedad de gananciales. Liquidación. Cuando un cónyuge paga con dinero privativo la amortización del préstamo hipotecario que grava el inmueble ganancial, haciendo frente de ese modo con dinero propio a una deuda ganancial, surge desde entonces un crédito a su favor contra la sociedad de gananciales que en la liquidación debe integrarse en el pasivo de la misma. La donación no se presume.

Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de septiembre de 2017 (D. ANTONIO SALAS CARCELLER).

[Ver esta resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]

PRIMERO.- Por don Carlos Ramón se interpuso demanda, con fecha 30 de diciembre de 2013, en solicitud de formación de inventario de la sociedad de gananciales mantenida con su anterior esposa doña Milagrosa, con la que había contraído matrimonio en fecha 10 de septiembre de 2005, habiendo quedado disuelto por divorcio según sentencia dictada con fecha 10 de octubre de 2013. Seguido el proceso, el Juzgado de Primera Instancia n.° 6 de Santiago de Compostela dictó sentencia de fecha 11 de junio de 2014 en la cual acordó rechazar la inclusión en el pasivo de la sociedad, como derecho de crédito a favor de don Carlos Ramón, de la cantidad reclamada por el esposo por importe de 53.397'67 €, que manifestaba haber aportado para la adquisición de un bien ganancial.

Recurrió en apelación el demandante y la Audiencia Provincial de A Coruña dictó sentencia de fecha 16 de febrero de 2015, aclarado por auto de 5 de marzo siguiente, por la que estimó parcialmente el recurso a efectos de incluir en el pasivo de la sociedad de gananciales un crédito de 40.083,24 a favor del Sr. Carlos Ramón, sin imposición de costas causadas en ninguna de las instancias. Considera la Audiencia que no existe base probatoria para considerar producida una aportación a título de liberalidad del patrimonio propio para costear la adquisición del bien común, y tampoco hay motivo legal para presumirlo. No considera concluyente el hecho de que el precio de la venta posterior de la vivienda se distribuyese a partes iguales entre los litigantes, pues tal supuesto acto propio del Sr. Carlos Ramón ha de integrarse con que inicialmente, según la empleada de la agencia inmobiliaria que depuso como testigo, el precio de la venta se iba a distribuir de forma desigual entre ambos cónyuges, hasta que la cerrada negativa de la demandada lo impidió. Entiende así la sentencia de apelación que es perfectamente verosímil que don Carlos Ramón prefiriera liquidar así la enajenación -sin más demoras- e intentar hacer valer su crédito a través del proceso liquidatorio de la sociedad de gananciales. Por ello -en aplicación del artículo 1358 CC - considera que debe incluirse en el pasivo de la sociedad de gananciales un derecho de crédito a favor de don Carlos Ramón por el importe dinerario actualizado que en su día aportó para amortizar el préstamo hipotecario que gravaba un inmueble ganancial.

Ejecución hipotecaria por el impago de la hipoteca que graba la vivienda familiar cuyo uso ha sido atribuido a uno solo de los cónyuges en procedimiento matrimonial. El préstamo hipotecario que grava la vivienda familiar, independientemente de quién sea el atributario del uso, no tiene el carácter de carga del matrimonio, por lo que no es posible atribuir una obligación de pago distinta de la establecida en el título constitutivo, de modo que lo altere.

Auto de la Audiencia Provincial de Guadalajara (s. 1ª) de 13 de enero de 2017 (D. José Aurelio Navarro Guillén).

[Ver esta resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]

PRIMERO.- Por doña María Soledad Carnero Chamón, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación don Horacio, se interpone recurso de apelación contra el Auto de fecha 14 de marzo de 2016 por el que: "Se despacha ejecución a instancia de la Procuradora Sra. Dª Eladia Ranera Ranera actuando en nombre y representación de Dª Estefanía como parte ejecutada por importe de 6.430,97 euros en concepto de principal, mas otros 1929,29 euros fijados en concepto de intereses y costas".

Como se desprende de lo actuado, la cantidad por la que se despacha ejecución lo es por el impago de la hipoteca que graba la vivienda familiar, en donde por sentencia de fecha 9 de noviembre de 2011 se acordó el divorcio de los litigantes y se dispuso, a los efectos que aquí nos interesa, que: "mientras la venta de la vivienda no se materialice, se atribuye el uso de la vivienda familiar a ambos cónyuges, otorgándose por periodos alternos el primer periodo a Doña Estefanía y el segunda a Don Horacio y así consecutivamente hasta que se materialice la venta del inmueble a la que se han comprometido ambos litigantes. El uso de la vivienda no podrá ser obstáculo para proceder a la venta del inmueble. Todos los gastos derivados de la ocupación del inmueble srán a costa y cargo de quien lo habite." El recurso se fundamenta en dos motivos. Infracción al principio de congruencia, no se resuelve sobre las cuestiones planteadas y, en segundo lugar, porque no existe pronunciamiento alguno de condena en la sentencia que se quiere ejecutar y la reclamación que se hace es una carga de la sociedad de gananciales no una carga del matrimonio.

Al citado recurso se opone la representación procesal de doña Estefanía, la cual pide que se desestime el recurso y con ello, se confirme la resolución recurrida.

Civil – Familia. Divorcio. Cargas del matrimonio. La hipoteca no puede ser considerada como carga del matrimonio, en el sentido del artículo 90 CC, porque se trata de una deuda contraída para la adquisición del inmueble que debe satisfacerse por quienes ostentan título de dominio sobre el mismo de acuerdo con lo estipulado con la entidad bancaria, en este caso por ambos cónyuges, con independencia de si su disfrute es otorgado a un concreto copropietario y, por tanto, el pago de la hipoteca cuando ambos cónyuges son deudores y el bien les pertenece, no puede ser impuesta a uno solo de ellos, sino que debe ser relacionado y resuelto de acuerdo con el régimen de bienes correspondiente a cada matrimonio.

Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2016 (D. EDUARDO BAENA RUIZ).

[Ver esta resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]

TERCERO.- … 2.-. Esta Sala ya se ha pronunciado sobre la cuestión jurídica que plantea el recurso relativa a si el pago del préstamo hipotecario que grava la vivienda familiar, y por extensión de otros préstamos de análoga naturaleza, puede englobarse dentro del concepto «cargas del matrimonio».

En la sentencia invocada de 31 de mayo de 2006, Rc. 4112 / 1999, este Tribunal declaró que «La cuestión cardinal que queda así planteada, que es sobre la que en realidad versa el recurso y en concreto sus dos primeros motivos, radica en la determinación de si el concepto de cargas del matrimonio, a que se refiere el artículo 1.438 del Código Civil para establecer la forma de su sostenimiento cuando rige el régimen de separación de bienes, comprende los conceptos que se discuten en este proceso referidos a gastos producidos por bienes de carácter común a efectos de que pueda resultar obligado uno de los cónyuges a una mayor contribución al contar personalmente con mayores recursos económicos. la noción de cargas del matrimonio debe identificarse con la de sostenimiento de la familia, debiendo ser atendidas tales cargas por ambos cónyuges en cuanto abarcan todas las obligaciones y gastos que exija la conservación y adecuado sostenimiento de los bienes del matrimonio y los contraídos en beneficio de la unidad familiar, considerándose también como contribución el trabajo dedicado por uno de los cónyuges para la atención de los hijos comunes (artículo 103.3.ª CC). Pero no cabe considerar como cargas del matrimonio los gastos generados por ciertos bienes que, aun siendo de carácter común, no son bienes del matrimonio, pues en el año 2004 otorgaron los esposos la correspondiente escritura de capitulaciones matrimoniales y se acogieron al régimen de separación de bienes y la vivienda familiar que está gravada con la hipoteca la adquirieron por compra en el año 2006. En consecuencia, la normativa aplicable a tal bien era la propia del régimen general de la copropiedad y, en concreto, el artículo 393 CC, que establece que el concurso de los partícipes en las cargas será proporcional a sus respectivas cuotas, que se presumen iguales."

En la sentencia de 28 de marzo de 2011, Rc. 2177/2007, esta Sala formuló la siguiente doctrina: «el pago de las cuotas correspondientes a la hipoteca contratada por ambos cónyuges para la adquisición de la propiedad del inmueble destinado a vivienda familiar constituye una deuda de la sociedad de gananciales y como tal, queda incluida en el art. 1362, 2º CC y no constituye carga del matrimonio a los efectos de lo dispuesto en los arts. 90 y 91 CC ».

Régimen económico matrimonial. Cuando la vivienda familiar ha sido comprada conjuntamente por ambos esposos, antes de contraer matrimonio, por precio aplazado, de forma que una parte del precio se pagó cuando aún eran solteros, con dinero privativo de ellos, y el resto durante el matrimonio y con dinero ganancial, corresponde pro indiviso a la sociedad de gananciales y a los dos esposos en proporción al valor de las respectivas aportaciones.

Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2016 (D. EDUARDO BAENA RUIZ).

[Ver esta resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]

TERCERO.- Decisión de la Sala.

1.- Para la adecuada inteligencia de la decisión de la Sala es conveniente hacer dos consideraciones:

(i) La parte interpone recurso de casación y no el extraordinario por infracción procesal, si es que pretendía combatir los hechos probados de la sentencia recurrida; con la consecuencia lógica de que, por ende, tales hechos quedan incólumes y sobre ellos ha de decidir la Sala. Sin embargo la recurrente incurre en petición de principio o supuesto de la cuestión cuando parte, para la resolución del recurso de la casación, de hechos distintos de los que la Audiencia ha considerado probados, naturalmente, y no es el caso, salvo que se hubiese resuelto lo contrario al conocer del recurso extraordinario por infracción procesal y se hubiesen tenido por acreditados hechos diferentes a los considerados en la instancia, como ya hemos adelantado (SSTS de 5 de abril de 2011, 6 de marzo de 2008, 9 de noviembre de 2009, 3 de enero de 2010 y 23 de noviembre de 2015, entre otras).

Por tanto, se tiene por acreditado que la vivienda la adquirieron los litigantes en estado de solteros, abonando la señora Leticia con dinero propio y de sus padres, al otorgamiento de la escritura de compra-venta, el 53,50% del precio y el 46,50% restante se abonó con el préstamo hipotecario concertado el mismo día por ambos litigantes, que irían amortizando al 50%. De ahí que en la escritura de compra-venta se establezca la cotitularidad de la vivienda con una cuota de 76,75% a favor de la señora Leticia y otra de 23,25% a favor del señor Ignacio. A partir de que contrajeron matrimonio las amortizaciones del préstamo hipotecario se hicieron con dinero de la sociedad de gananciales.

(ii) La sentencia recurrida, partiendo de los anteriores hechos, que tiene como probados, niega que sea de aplicación el artículo 1354 CC por la remisión que hace a él el párrafo segundo del artículo 1357 del mismo Texto legal. La ratio decidendi (razón de decidir) de tal negativa radica, a su juicio, que todo el precio se pagó con dinero privativo y, por tanto, la vivienda es privativa. No considera relevante que se amortízase el préstamo hipotecario con dinero de la sociedad de gananciales, pues la deuda seguía siendo privativa y la única consecuencia sería que lo abonado constituiría un crédito de la sociedad frente a cada uno de los esposos.

Procesal Civil. Civil – Familia. Aunque el pago por mitad de las cuotas del préstamo que grava la vivienda familiar no tenga el carácter de carga del matrimonio, la sentencia de divorcio o análoga puede pronunciarse en el fallo sobre la dicha cuestión.

Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 2014 (D. EDUARDO BAENA RUIZ).

[Ver resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]

11. Motivo primero: por modificar la sentencia el criterio jurisprudencial recogido en las SSTS de 28 de marzo de 2011 y 5 de noviembre de 2008 en relación con los artículos 90 y 91 del Código Civil .

En el desarrollo argumental del motivo la contradicción de la sentencia con la jurisprudencia del Tribunal Supremo no la residencia el recurrente en que aquella considere carga del matrimonio el pago por mitad de las cuotas hipotecarias del préstamo que grava la vivienda familiar, sino en que considerándola deuda de la sociedad de gananciales no debió hacerse declaración alguna sobre ello en el proceso de divorcio.

El motivo debe desestimarse.

12. Desestimación del motivo.

El ATS de 6 de marzo de 2012 sostiene que la existencia de interés casacional por oposición de la resolución impugnada a la doctrina jurisprudencial de la Sala "consiste en el conflicto jurídico producido por la infracción de una norma sustantiva aplicable al objeto del proceso (que es el motivo del recurso de casación), en contradicción con la doctrina de esta Sala (lo que constituye presupuesto del recurso), por lo que es obvio que ese conflicto debe realmente existir y ser acreditado por la parte, siendo improcedente todo intento de recurso en el que se invoque un interés casacional que se manifieste como meramente nominal, artificioso o instrumental, ya que no podría cumplirse el fin del recurso, que es el mantenimiento o el cambio motivado de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. "En esta misma línea AATS de 29 de septiembre de 2011, 12 de abril de 2011, entre otras.

Civil – Familia. Crisis matrimoniales o de parejas de hecho. El pago del préstamo hipotecario no puede ser considerada como carga del matrimonio, en el sentido que a esta expresión se reconoce en el artículo 90 CC, porque se trata de una deuda contraída para la adquisición del inmueble que debe satisfacerse por quienes ostentan título de dominio sobre el mismo de acuerdo con lo estipulado con la entidad bancaria, en este caso por ambos cónyuges, con independencia de si su disfrute es otorgado a un concreto copropietario y, por tanto, el pago de la hipoteca cuando ambos cónyuges son deudores y el bien les pertenece, no puede ser impuesta a uno solo de ellos, sino que debe ser relacionado y resuelto de acuerdo con el régimen de bienes correspondiente a cada matrimonio.

Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 2014 (D. FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS).

[Ver sentencia completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]

TERCERO.- (...) Esta Sala en la sentencia invocada de 28 de marzo de 2011, rec. 2177/2007, declaró que, el pago de las cuotas correspondientes a la hipoteca contratada por ambos cónyuges para la adquisición de la propiedad del inmueble destinado a vivienda familiar constituye una deuda de la sociedad de gananciales y como tal, queda incluida en el art. 1362, 2º CC y no constituye carga del matrimonio a los efectos de lo dispuesto en los arts. 90 y 91 CC.

Civil – Familia. Divorcio. Convenio regulador. Efectos del pacto contenido en el convenio regulador de que el padre abonaría la totalidad del préstamo hipotecario.

Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de abril de 2013 (D. JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA).

PRIMERO.- D. Borja estaba casado con Doña Eva María. Del mencionado vínculo matrimonial nacieron dos hijos, Jorge y Elisa, de 17 y 13 años de edad en el momento de interponer la demanda. Mediante sentencia de 28 de septiembre de 2004, se decretó la separación de los cónyuges y se aprobó el convenio regulador en el que se estableció que la guarda y custodia de ambos hijos la tuviera la madre y que el padre satisfaría a su cónyuge en concepto de alimentos la cantidad de 400 euros por cada uno de ellos. Se convino, además, que el pago del préstamo hipotecario de la vivienda conyugal lo haría efectivo en su totalidad el Sr. Borja, que es el que formula la demanda.

Como quiera que, a su juicio, las circunstancias habían cambiado con motivo de una nueva relación de pareja, de la que tiene otros dos hijos, solicitó, junto al divorcio, una modificación de las medidas adoptadas con relación a los alimentos y a la hipoteca. Aquellos para que se redujeran a 250 euros por cada hijo. Esta para que el préstamo se haga efectivo al 50% por cada uno de los cónyuges.

La sentencia de la Audiencia niega una y otra medida con los siguientes argumentos: " En el caso que se examina, la variación en las circunstancias tenidas en cuenta en la elaboración del convenio por aumento de las necesidades económicas, se ha producido de forma voluntaria por el obligado a su pago, y por lo tanto no impuestas al mismo contrariamente a su voluntad, lo que determina que no pueden ser repercutidas sus consecuencia en los alimentos correspondientes a sus hijos, no participando su nueva situación de objetividad y al margen de quien insta el procedimiento nuevo, así como no ser ni imprevista, ni previsibles, al momento de la realización del convenio regulador, negocio jurídico en el ámbito del derecho de familia, que se encuentra radicado en el principio "pacta sunt servanda" (art. 1255 CC) y que permite el pago por uno de los cónyuges al acreedor hipotecario, de la efectiva deuda de la cuota hipotecaria, y ello sin perjuicio ni limitación de los derechos del citado acreedor hipotecario, derivadas del contrato de préstamo, siendo que los pagos realizados por uno solo de los cónyuges, habrán de tener su reflejo contable al momento de la liquidación del bien ganancial. Por lo tanto existiendo acuerdo en el pago de la cuota por uno solo de los cónyuges, sin limitación de los derechos del acreedor hipotecario, concretada en su facultad de reclamar de los deudores, no procede suprimir la obligación de pago en la forma pactada entre los socios, conforme al contenido del art. 1091 del CC, en relación con el citado artículo 1255 CC ".

Civil – Familia. Crisis matrimoniales o de parejas. Pago de la hipoteca que grava la vivienda familiar. La hipoteca no puede ser considerada como carga del matrimonio.

Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 2012 (D. JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA).

PRIMERO.- Don Alvaro formuló recurso de casación por interés casacional contra la sentencia que le obliga a asumir el 100% del pago de la cuota de la hipoteca que grava la vivienda que constituye el domicilio familiar, en contra de la jurisprudencia de esta Sala contenida en las sentencias de 28 de marzo de 2011 y 5 de noviembre de 2008, según la cual el pago de las cuotas correspondientes a la hipoteca contratada por ambos cónyuges para la adquisición de la propiedad del inmueble destinado a vivienda familiar afecta al aspecto patrimonial de las relaciones entre cónyuges y no constituye carga del matrimonio a los efectos de lo dispuesto en los artículos 90 y 91 CC y por tanto el pago de la hipoteca cuando ambos cónyuges son deudores y el bien les pertenece, no puede ser impuesta a uno solo de ellos, sino que debe ser relacionado y resuelto de acuerdo con el régimen de bienes correspondiente a cada matrimonio, que en el caso lo es de separación de bienes.

SEGUNDO.- El recurso se estima.

Aun sin decirlo expresamente, la sentencia considera el pago de las cuotas del préstamo hipotecario que grava la vivienda conyugal como una carga propia de un matrimonio, y lo pone a cargo del padre sin otra motivación que la siguiente: " sin perjuicio de la repercusión que debe tener en la liquidación del régimen económico matrimonial o de las obligaciones directamente nacidas de las partes con el Banco concedente del préstamo ". Lo cierto y evidente es que la sentencia desconoce las sentencias de esta Sala, de 5 de noviembre de 2008 y 29 de abril de 2011, expresivas de que la hipoteca no puede ser considerada como carga del matrimonio, en el sentido que a esta expresión se reconoce en el artículo 90 del CC, porque se trata de una deuda contraída para la adquisición del inmueble que debe satisfacerse por quienes ostentan título de dominio sobre el mismo de acuerdo con lo estipulado con la entidad bancaria, en este caso por ambos cónyuges, con independencia de si su disfrute es otorgado a un concreto copropietario.

Civil – Familia. Crisis matrimoniales o de parejas. Atribución de uso de la vivienda familiar. Pago del préstamo hipotecario que grava dicha vivienda y otros gastos.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla (s. 2ª) de 30 de junio de 2011 (D. CARLOS MARIA PIÑOL RODRIGUEZ).

UNICO.- (...) Respecto a la atribución del domicilio familiar, el Código Civil, en el art. 96 dice que en defecto de acuerdo del uso del domicilio familiar corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía pueden; establece por tanto una atribución que tiene carácter imperativo, y que no deja que los Tribunales decidan, el Código Civil quiere que el uso del domicilio familiar se atribuya a los hijos en primer lugar y como consecuencia de ello al cónyuge que deba ejercer la guarda y custodia, garantizando así uno de los aspectos esenciales que se debe cubrir con la pensión de alimentos que es la habitación, y eso es lo que ha efectuado la sentencia, ha aplicado correctamente el art. 96 C.Civil y esta es la interpretación que de forma unánime se mantiene por la jurisprudencia; no hay excepciones del el art. 96 a esa atribución cuando existen hijos, que lógicamente durará hasta que los hijos adquieran la independencia económica, o la hubieran podido obtener, pero no pueden acogerse establecer un limite temporal, pues como decimos este se atribuye a la madre como consecuencia de la guarda y custodia que ejerce respecto de los hijos el T.S. en sentencia de 21 de Junio de 2011, recogiendo las de 1 de Abril y 14 de Abril de 2011, dice que la atribución del uso de la vivienda familiar a los hijos menores de edad es una manifestación del principio de interés del menor que no puede ser limitada salvo lo establecido en el art. 96 C.civil y continua, que la regla del art. 96 es taxativa que no permite interpretaciones temporales limitadoras, otra cuestión, pero que excede de lo que aquí se puede decidir, es la forma en que se produzca la disolución de la sociedad legal, y los acuerdos a los que lleguen los socios; sobre el régimen de visitas, y a pesar de lo que pudieron acordar las partes el tribunal tiene facultad para ponderar todos los datos y tras su valoración fijar aquel que considere mas adecuado para los hijos, que se mantenga una fluida relación paternofilial y sea de posible cumplimiento; el apelante D. Donato, expone que el régimen que se ha fijado le resulta incompatible con el desarrollo de su actividad profesional, y este hecho debe tenerse en cuenta para que frente al formalismo prime la lógica y el sentido común, y la petición al respecto sobre el régimen de que D.  Donato  los recoge lunes, miércoles y viernes del colegio y los tenga en su compañía la tarde del miércoles, hasta las 20 horas, es muy razonable y no produce a los menores ningún perjuicio que este régimen se modifique, es un régimen que puede ser asumido por el padre, que mantiene una fluida relación con los hijos, y que en nada afecta esa modificación al establecido en la sentencia; el T.S. en la sentencia de 28 de marzo de 2011, ha declarado como doctrina que el pago de las cuotas correspondientes a la hipoteca contratada constituye una deuda de la sociedad de gananciales y como tal queda incluida en el art. 1362 nº2 C.Civil, y no constituye una carga del matrimonio a los efectos de lo dispuesto en su art. 90 y 91 C.Civil, y en su fundamentación "distingue respecto de los gastos que pueden afectar a la vivienda familiar, a) los relacionados con la conservación y mantenimiento del inmueble destinado a vivienda familiar, que si tienen la categoría de gastos familiares aun después de la disolución del matrimonio, y b) el pago de las cuotas del préstamo hipotecario..." con esta doctrina es claro que los préstamos personales, no deben ser objeto de pronunciamiento, y serán las partes las que tengan que asumirlos conforme se pacto con el acreedor; respecto al IBI y el seguro del hogar debe mantenerse la decisión del tribunal de instancia pues cabe entenderlos que gravan el inmueble, el impuesto al ser propiedad de ambos y el seguro cabe incluirse en lo que la sentencia ya dicha recoge como aquellos que son para conservación y mantenimiento de la vivienda familiar; respecto al recurso interpuesto por Dª Ofelia, y sobre la pensión de alimentos de forma indirecta ya se ha contestado a la pretensión de aumento que no puede acogerse máxime si además tenemos presente un hecho notorio como es el recorte a los funcionarios públicos, se cuestiona la medida recogida como nº4 del fallo, respecto a las previsiones de futuro sobre el uso de la vivienda, pronunciamiento que por ser de futuro no resulta ahora procedente, y menos que la atribución del uso de la misma pueda quedar supeditada a la convivencia con otra persona; las cuestiones nuevas que puedan surgir deberán ser analizadas a través del procedimiento adecuado, y valorar y ponderar si se ha producido alguna modificación, por lo que procede acoger en este particular el recurso de Dª Ofelia.

Civil – Familia. Crisis matrimoniales o de pareja. Pago de las cuotas mensuales de amortización del préstamo hipotecario que grava la vivienda familiar.

Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña (s. 6ª) de 15 de septiembre de 2011. Pte: JOSE GOMEZ REY. (1.466)

CUARTO.- El padre considera que el pago de las cuotas mensuales de amortización del préstamo hipotecario que grava la vivienda familiar debe imponerse a quien se adjudique el uso de esa vivienda. La sentencia apelada atribuye el uso de la vivienda a los hijos y la madre, con quien conviven, pero condena al padre a pagar las cuotas del préstamo hipotecario.

El Tribunal Supremo, en Sentencia 28 de marzo de 2011, ha formulado la siguiente doctrina: el pago de las cuotas correspondientes a la hipoteca contratada por ambos cónyuges para la adquisición de la propiedad del inmueble destinado a vivienda familiar constituye una deuda de la sociedad de gananciales y como tal, queda incluida en el art. 1362, 2º CC y no constituye carga del matrimonio a los efectos de lo dispuesto en los arts. 90 y 91 CC. La consecuencia es las cuotas relativas al pago de la hipoteca que grava la vivienda familiar deberán ser pagadas por mitad entre los cónyuges propietarios mientras no se haya procedido a la liquidación de la sociedad de gananciales. La sentencia apelada debe ser revocada para acomodarla al criterio jurisprudencial.

[Ver: www.poderjudicial.es]