Sentencia del
Tribunal Supremo de 21 de enero de 2020 (Dª. María de los Ángeles Parra Lucan).
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PRIMERO.- Antecedentes
El presente recurso versa sobre la
interpretación y aplicación del art. 138.2 del Real Decreto Legislativo 1/2007,
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias
(TRLGDCU).
Como excepción a la regla general de
que es el fabricante quien responde de los daños causados por productos
defectuosos, el precepto imputa la responsabilidad al proveedor (suministrador o
distribuidor) cuando el fabricante no puede ser identificado y el proveedor,
dentro del plazo de tres meses, no indica al dañado la identidad del fabricante
o de quien le hubiera suministrado o facilitado a él el producto.
En el caso, el juzgado y la Audiencia
han considerado probado que la prótesis era defectuosa, que por ese motivo hubo
de retirarse con antelación, y que los daños sufridos por la actora fueron
ocasionados por la deficiencia de la prótesis. En casación solo se plantea si
debe responder el distribuidor de la prótesis por aplicación de lo dispuesto en
el art. 138.2 TRLGDCU.
En las dos instancias ha sido
condenada la empresa distribuidora de la prótesis, que es la recurrente en
casación.
Tal y como han quedado acreditados
en la instancia son antecedentes necesarios para la resolución del recurso los
siguientes.