Sentencia del
Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2018 (D. Francisco Marín Castán).
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PRIMERO.- El recurrente (uno de los
codemandados condenados) discrepa en casación del juicio de ponderación del
tribunal de apelación que apreció una intromisión ilegítima en el honor de los
demandantes (el exalcalde y dos exconcejales del Ayuntamiento de Gaztelu) por
haber distribuido los demandados (una agrupación de electores y sus
integrantes, entre los que se encontraba el recurrente) un escrito en euskera
que según la sentencia recurrida contenía imputaciones falsas y expresiones
ofensivas no amparadas por la libertad de expresión.
Son antecedentes relevantes para la
decisión del recurso los siguientes:
1.- En abril de 2011 D. Jose Ignacio, a
la sazón alcalde del municipio guipuzcoano de Gaztelu, y D.ª María Rosa y D.
Luis Pablo, por entonces concejales, tuvieron conocimiento de que con el nombre
de la agrupación de electores Gaztelu Herritarrak se estaba difundiendo por esa
localidad un escrito en euskera con el siguiente contenido, según traducción no
cuestionada:
"PARA QUE SEPA EL PUEBLO
"Hola vecinos. De nuevo os
escribimos para informaros de los últimos sucesos del Ayuntamiento.
"Nuestro Alcalde, Jose Ignacio,
y sus compañeros de grupo de la izquierda Abertzale de Gaztelu, María Rosa y
Luis Pablo, han demostrado una vez más que no conocen las palabras
"legalidad, transparencia y democracia", y han utilizado los derechos
de los vecinos de Gaztelu como una alfombra que pueden pisar.
"¡Están robando! A ti, a tu
familia, a todos. No importa si han recibido o no tu voto. Te están robando y
no te das cuenta. En democracia todos tenemos derecho a conocer las cuentas del
Ayuntamiento y este tiene obligación legal de demostrarlas y justificarlas,
pero en Gaztelu no es así.
"PLENO ORDINARIO DE 7 DE ABRIL
DE 2011
"Después de no haber presentado
las cuentas y tras haber guardado información durante dos largos años, Su
Majestad Jose Ignacio ha aprobado las cuentas del 2009 sin haberse celebrado la
preceptiva reunión de la comisión económica, sin haber dado ninguna explicación
sobre la documentación presentada y sin, ni siquiera, haber permitido a los
concejales de la oposición ver una sola factura. ¡Esto es ilegal del todo!. ¿Es
de izquierdas esta forma de gobernar?
"Todavía más grave: ha
introducido las cuentas de 2010 sorpresivamente en el pleno aun tratándose de
un punto que no estaba incluido en el orden del día y además las ha aprobado,
mostrando poca vergüenza. Estas cuentas no han sido presentadas y no disponemos
de ninguna documentación sobre ellas. Jose Ignacio es el Caudillo de Gaztelu y
está por encima de la ley, como Franco en su tiempo. Dos años sin presentar una
sola factura y sin justificar más de un millón de euros. ¡¡¡ Sinvergüenza!!!
"De paso, nuestro "pequeño
dictador" ha decidido subir el sueldo al secretario municipal, quien es su
cómplice y amigo, y lo ha hecho de forma ilegal, como siempre (el pobre sólo
cobra cerca de 24.000 euros por trabajar media jornada) ¿Es de izquierdas esta
forma de gobernar? ¿O son las treinta monedas de Judas?
"Las casas de Erbian Erreka
(otra metedura de pata urbanística en Gaztelu) siguen el mismo camino que las
casas de Osingoien: irregularidades, ilegalidades y más ilegalidades.
"AYUNTAMIENTO DE GAZTELU EDIFICACIONES Y CHANCHULLOS, S.A." nos va a
construir viviendas de 130 metros a 240.000 euros, habiendo dejado a la
oposición fuera de la mesa de contratación a fin de que nadie sepa qué hacen
con el dinero. Este Ayuntamiento, en vez de ser de izquierdas, se está
asemejando al PP de Valencia.
"En Gaztelu no hay una comisión
económica y tampoco una comisión informativa; no existen cuentas ni facturas.
¿Las obras? Se adjudican directamente y sin presupuesto, y no se justifican.
¿Las viviendas? Son para los amigos. ¿Los jóvenes de Gaztelu? No importan. ¿Las
deudas? Las deudas son para el pueblo de Gaztelu. La gestión municipal que
realizan Jose Ignacio, María Rosa y Luis Pablo huele a podrido. ¿Dónde está el
dinero? ¿Dónde están las cuentas? ¿Dónde están los derechos de los vecinos?
¡¡¡Los habéis robado!!! ¿¿¿Y utilizáis el nombre de la izquierda abertzale???
¡¡¡Fascistas!!!
"En este último pleno nos
habéis demostrado, sin vergüenza alguna, cómo se puede ser a la vez facha,
reírse de la ley y, además, utilizar el nombre de izquierda abertzale.
"Esto es lo que tenemos en el
Ayuntamiento de Gaztelu.
"Un saludo".
2.- D. Juan Ramón, D. Pablo Jesús, D.
Teodoro, D. Alberto, D.ª Camila, D. Conrado y D. Pedro Antonio integraban la
mencionada agrupación de electores cuando esta concurrió a las elecciones
municipales de 2007. Cuando ocurrieron los hechos enjuiciados solo dos de ellos
(D. Juan Ramón y D. Pedro Antonio) eran concejales del Ayuntamiento de Gaztelu,
y únicamente el último (el posteriormente fallecido Sr. Pedro Antonio) asistió
en tal condición al pleno municipal de 7 de abril de 2011.
3.- El 15 de octubre de 2014 el
Ayuntamiento de Gaztelu, D. Jose Ignacio, D.ª María Rosa y D. Luis Pablo interpusieron
demanda de juicio ordinario para la tutela de su derecho fundamental al honor
contra la Agrupación Gazteluko Herritarrak y contra los integrantes de la misma
D. Juan Ramón, D. Pablo Jesús, D. Teodoro, D. Alberto, D.ª Camila y D. Conrado.
También demandaron a D. Pedro Antonio, quien había fallecido antes de que se
interpusiera la demanda, por lo que después los demandantes aclararon que su
inclusión como demandado había sido un error. Alegaban, en síntesis: (i) que el
escrito distribuido por los demandados era un "panfleto" con
imputaciones completamente falsas, porque ningún integrante de la corporación
había robado ni cobrado un céntimo, ni tan siquiera por dietas, porque en
Gaztelu existía una Comisión Especial de Cuentas que se encargaba de informar
las cuentas previamente a su aprobación por el pleno municipal, porque las
cuentas habían sido publicadas en el boletín oficial municipal (BOG) antes de
su aprobación, porque los concejales de la agrupación eran miembros integrantes
de ambos órganos, comisión y pleno, porque todos los concejales habían sido
debidamente convocados para que asistieran a cada sesión de dichos órganos
municipales, porque existían facturas de todos los gastos, porque las obras se
adjudicaban siguiendo siempre los procedimientos legales, previo presupuesto,
porque las viviendas protegidas de precio tasado se habían construido siguiendo
siempre los procedimientos legales y se habían adjudicado "con luz y
taquígrafos", de tal forma que todos los jóvenes inscritos obtuvieron su
vivienda, porque el entonces alcalde no había subido el suelo ilegalmente al
secretario municipal, sino que fue el pleno municipal el que tomó la decisión
de subir el sueldo a todos los empleados municipales, y, en fin, porque el
Ayuntamiento de Gaztelu no se denominaba como se le tildaba ofensivamente en
dicho escrito ("Construcciones Ayuntamiento de Gaztelu" y
"Chanchullos, S.A."); (ii) que por estos hechos, y a resultas de la
querella interpuesta por los demandantes el 1 de junio de 2011, se había seguido
contra los demandados una causa penal por presuntas calumnias e injurias hechas
con publicidad (diligencias previas n.º 475/2011, del Juzgado de Instrucción
n.º 2 de Tolosa) en la que, abierto juicio oral y celebrado este, había recaído
sentencia absolutoria (sentencia de 20 de febrero de 2014 del Juzgado de lo
Penal n.º 1 de Donostia/San Sebastián, procedimiento abreviado 107/2013)
posteriormente confirmada en apelación (sentencia de 27 de mayo de 2014 de la
sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, recurso de apelación n.º
3124/2014); (iii) que tales imputaciones y expresiones lesionaban el honor de
los demandantes tanto por contener descalificaciones personales como por
imputarles falsamente la comisión de irregularidades en su gestión; y (iv) que
con fecha 18 de septiembre de 2014 el pleno municipal había adoptado dos
acuerdos el primero de ellos dirigido a interponer recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional por la condena en costas impuesta en la causa penal, y
el segundo dirigido a formular demanda para la protección en vía civil del
derecho al honor de los ofendidos.
En consecuencia, solicitaban que se
declarase la existencia de una intromisión ilegítima en su derecho al honor y
se condenara a los demandados a indemnizarles por el daño moral causado en la
cantidad de 5.000 euros para el Sr. Jose Ignacio y en la de 3.000 euros para
cada uno de los otros dos demandantes personas físicas, así como a publicar a
su costa el contenido íntegro de la sentencia de condena tanto en el tablón de
edictos del Ayuntamiento de Gaztelu como "por los medios municipales
habituales".
4.- El Ministerio Fiscal se remitió al
resultado de la prueba, en vista de la cual interesó la desestimación de la
demanda. Por su parte los codemandados se opusieron a la demanda amparándose en
la preeminencia de la libertad de expresión. En síntesis, alegaron: (i) que la
agrupación demandada carecía de legitimación pasiva por tratarse de una
agrupación de electores sin personalidad jurídica, cuya existencia nacía y terminaba
con el proceso electoral al que concurría; (ii) que tampoco tenían legitimación
pasiva los demandados personas físicas por no ser autores del escrito ni de su
difusión, habiéndose pronunciado ya al respecto el juzgado de lo penal
declarando entonces que la parte acusadora solo dispuso de prueba de cargo
incriminatoria contra el Sr. Alberto y que era "irrisoria" la prueba
de la autoría respecto de los demás acusados ahora demandados, sin que con la
demanda se aportara más prueba al respecto que su pertenencia a la citada
agrupación cuando concurrieron a las elecciones municipales en el periodo
2007-2011; y (iii) que en todo caso, por el contexto de contienda política,
debía prevalecer la libertad de expresión frente al derecho al honor (citaba
las SSTC 115/2004, de 12 de julio, y 278/2005, de 7 de noviembre, y el auto de
la Sala Segunda del TS de 28 de febrero de 2012, como doctrina sobre los
delitos de calumnias e injurias cuando entraban en conflicto con las libertades
de expresión e información).
5.- La sentencia de primera instancia
desestimó la demanda con condena en costas a la parte demandante.
Razonó, en lo que ahora interesa y
en síntesis, lo siguiente: (i) los demandados se encontraban legitimados
pasivamente porque el doc. 26 de la demanda acreditaba la relación que existía
entre la agrupación de electores y sus integrantes con el "panfleto"
cuestionado, el cual había sido suscrito por dicha agrupación y por los
demandados personas físicas como integrantes de la misma y no en su condición de
concejales, a lo que se sumaba que el doc. 27 de la demanda hacía referencia a
la participación concreta de los miembros de dicha agrupación y la ley permitía
que las agrupaciones de electores pudieran acudir a los tribunales para
defender sus intereses legítimos; y (ii) partiendo de los criterios
jurisprudenciales aplicables al juicio de ponderación entre los derechos en
conflicto (honor y libertad de expresión), de los que resultaba la prevalencia
de la libertad de expresión en contextos de contienda política, en el presente
caso debía concluirse que las expresiones enjuiciadas constituían una mera
crítica política relacionada con asuntos de relevancia pública (por razón del
carácter público de los destinatarios) que se encontraba amparada por aquella,
y esto aun cuando se hubieran podido emplear términos molestos o hirientes para
expresarla, posiblemente vulgares e innecesarios para el mensaje político que
se quería transmitir.
6.- La sentencia de primera instancia
fue recurrida en apelación únicamente por el codemandante Sr. Jose Ignacio, y
la sentencia de segunda instancia, estimando el recurso, revocó la sentencia
apelada y condenó a los demandados "a abonar la suma de 600 euros"
(300 euros para el exalcalde y 150 euros para los exconcejales, según el párrafo
último de su fundamento jurídico segundo) y a publicar a su costa la sentencia
en el tablón de edictos del ayuntamiento de Gaztelu y a difundirla "en el
municipio por los medios municipales habituales".
La sentencia de apelación incluía el
voto particular discrepante de la magistrada que formó sala con los otros dos
integrantes del tribunal, razonando que la sentencia de primera instancia
tendría que haber sido confirmada por la prevalencia de la libertad de
expresión en un contexto de contienda política.
Interesado por el único codemandante
apelante el complemento de la sentencia de segunda instancia, el tribunal
sentenciador dictó auto completando su fallo para añadir "que el texto
origen del procedimiento constituye una intromisión ilegítima en el derecho al
honor del Ayuntamiento de Gaztelu de D. Jose Ignacio, Dña. María Rosa y D. Luis
Pablo".
No obstante, en el fundamento de
derecho segundo de este auto se hacía la siguiente consideración:
"La razón que justificó el
Fallo cuyo complemento ahora se pide no fue otra que la de interpretar quizás
erróneamente que efectivamente el contenido del "panfleto" era amén
de hiriente una intromisión, que sin embargo no alcanzaba relevancia ni civil
ni penal y ahí la desestimación de la demanda"
7.- En lo que ahora interesa, la
sentencia de segunda instancia razona, en síntesis, lo siguiente: (i) de la
lectura y minucioso análisis del texto controvertido, párrafo por párrafo,
podía concluirse que, al margen de calificativos fuera de lugar, sugería que se
habían infringido normas de carácter administrativo, lo que, de ser cierto,
determinaría de una parte la nulidad de los actos infractores en el caso de que
se hubiera instado -lo que no constaba que se hubiera hecho- y, de otra, la
apertura de diligencias penales, dado que no se trataba de mera palabrería sino
de la imputación de actuaciones delictivas; (ii) este mismo tribunal de
apelación había sido el que conoció de la causa penal, en la que ya declaró que
la libertad de expresión no amparaba el insulto y tenía límites en casos como
este de informaciones inciertas y comentarios gratuitos, innecesarios y
vejatorios; (iii) la sentencia de primera instancia no había ponderado
adecuadamente las circunstancias concurrentes, "a saber, que Gaztelu es
una población muy pequeña, que lo escrito incidía tanto en los afectados como a
sus familias, que para nadie es plato de gusto el verse
"vilipendiado"/"criticado" por escrito y con publicidad,
por más que desempeñe un cargo público, que era falso lo indicado y que para
colmo venía arropado por toda una serie de comentarios afectantes al honor de
los destinatarios"; y (iv) a la hora de valorar el daño moral debía
tomarse en cuenta el tiempo transcurrido desde que se produjeron los hechos y
que, pese a las cuantías reclamadas en la demanda, "aquí el tema no es
tanto dinerario", por lo que se consideraba adecuada la cantidad de 600
euros de indemnización, "300 para el ex-alcalde 150 para los concejales".
8.- El codemandado-apelado Sr. Teodoro
recurrió en casación la sentencia de segunda instancia al amparo del ordinal
3.º del art. 477.2 LEC, por interés casacional en su modalidad de oposición a
la jurisprudencia de esta sala.
SEGUNDO.- El motivo único del recurso se
funda en infracción "de los derechos fundamentales a la libertad de
expresión e información", y cita como infringido el art. 20.1 de la
Constitución.
En su desarrollo se argumenta, en
síntesis: (i) que conforme al art. 14 de la Constitución la libertad de expresión
debe ser igual para todos los ciudadanos, independientemente del tamaño del
municipio; (ii) que de acuerdo con la jurisprudencia sobre la materia (se citan
y extractan las sentencias de esta sala de 28 de septiembre de 2012, y
468/2011, de 29 de junio), la prevalencia de la que gozan en abstracto las
libertades de expresión e información frente al derecho al honor se ha de
mantener en el caso concreto, una vez ponderado el peso relativo de los
respectivos derechos fundamentales en conflicto, siempre y cuando se respeten
una serie de requisitos, en concreto que aquellas se refieran a opiniones o
hechos de relevancia pública o interés general -lo que ocurre cuando se ejerce
respecto de personas que desempeñan un cargo público o una profesión con notoriedad
o proyección pública-, y que las expresiones ofensivas puedan ser debidamente
contextualizadas, de tal forma que, aunque aisladamente ofensivas, pierdan esta
significación, como acontece en supuestos como este de contienda política; y
(iii) que las circunstancias del presente caso permiten llegar a la conclusión
de que "las notas que dirigió el recurrente a los organismos oficiales no
sobrepasaron el ámbito de la libertad de información y de expresión, por lo
tanto, no se ha producido la intromisión ilegítima en el honor que se denuncia
en la demanda", pues se trató tan solo del ejercicio de estos derechos
fundamentales en relación con asuntos de interés público y con el derecho de
los ciudadanos a ser informados sobre cómo se gestionan asuntos públicos de
trascendencia económica y social.
Termina la parte recurrente
solicitando que se dicte sentencia casando la sentencia recurrida y
"haciendo el pronunciamiento procedente conforme a la Ley sobre costas de
las instancias, y sin declaración especial respecto de las del presente
recurso".
En su escrito de oposición el
demandante-recurrido ha solicitado la inadmisión y, en todo caso, la
desestimación del motivo y del recurso por las siguientes y resumidas razones:
(i) que concurren dos causas de inadmisión, la primera, puesta de manifiesto
por la propia parte recurrida al personarse, consistente en la utilización de
una vía inadecuada de acceso a la casación, y la segunda, señalada por el
Ministerio Fiscal, consistente en la carencia manifiesta de fundamento del
recurso; (ii) que la primera causa de inadmisión consiste en haberse utilizado
improcedentemente el cauce del ordinal 3.º en lugar del ordinal 1.º del art.
477.2 LEC, que es el único adecuado cuando, como es el caso, se recurren
sentencias dictadas en procesos sobre derechos fundamentales; (iii) que la
segunda causa de inadmisión concurre porque el juicio de ponderación de la
sentencia recurrida, a partir de los hechos que declara probados, resulta
conforme con los consolidados criterios jurisprudenciales existentes en caso de
conflicto entre el derecho fundamental al honor y las libertades fundamentales
de expresión e información, pues no se puede ignorar que se imputaron
"incluso actuaciones delictivas"; (iv) que en todo caso, el recurso
debe ser desestimado porque la libertad de expresión no es un derecho absoluto
o ilimitado, sino que ha de ser objeto de ciertas restricciones previstas en la
Constitución y en el art. 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos,
necesarias en una sociedad democrática para preservar la protección de la
reputación y de los derechos fundamentales ajenos como el derecho al honor; (v)
que la sentencia recurrida puso de manifiesto cómo el "panfleto no solo no
aportó ni un solo dato o información para sostener la información de hechos
potencialmente constitutivos de delito, sino que más tarde, ya en sede
judicial, tampoco sus autores realizaron el mínimo esfuerzo para ofrecer algún
detalle siquiera para dar verosimilitud a las graves imputaciones atribuidas a
personas determinadas", y esto pese a que los autores del panfleto tenían
representación municipal y, por tanto, conocimiento cierto (a través de la
documentación que se aportó con la demanda y que tuvieron a su disposición) de
la gestión municipal, demostrando con su silencio que no les importaba ni la
falta de veracidad de la información que divulgaban ni si con ella podían
lesionar el honor de las personas afectadas, pues su única intención no fue
criticar una gestión municipal, sino "sacar provecho político a costa de
vilipendiar a quienes explícitamente fueron reiteradamente aludidos en el mismo
como responsables de esos falsos, graves y concretos hechos que
denunciaban" (se cita y extracta en apoyo de esta argumentación la
sentencia de esta sala "3529/2017, de 11 de octubre, n.º recurso
3217/2016").
El Ministerio Fiscal también ha
interesado la desestimación del recurso por considerar, en síntesis, que el
juicio de ponderación fue correcto porque: (i) aunque la sentencia recurrida
delimita el conflicto indicando que afectaba al derecho al honor frente a las
libertades de expresión e información, dado que en el texto se mezclaban
elementos informativos y valorativos referidos a una crítica de carácter
político acerca de la actividad desarrollada por los responsables del Ayuntamiento
de Gaztelu, sin embargo, habida cuenta de que en el texto del escrito difundido
prevalecían los juicios de valor, debe considerarse predominante la libertad de
expresión frente a la de información; y (ii) que aunque en contextos de
contienda política la jurisprudencia ha venido reforzando la libertad de
expresión en el ámbito de la crítica política (se citan y extractan las
sentencias de esta sala de 22 de diciembre de 2016, rec. 1738/2015, y 26 de
abril de 2017, rec. 2762/2015), no puede obviarse que la razón decisoria de la
sentencia recurrida se basa en que las manifestaciones vertidas en ejercicio de
dicha crítica se fundaron en hechos no veraces por los que se imputaron a los
demandantes conductas reprobables e incluso delictivas, todo lo cual permite
considerar acertado el juicio de ponderación del tribunal sentenciador.
...
CUARTO.- Entrando por tanto a conocer del
recurso, y como quiera que la cuestión planteada en el mismo es,
sustancialmente, la incorrección del juicio de ponderación del tribunal
sentenciador sobre los derechos fundamentales en conflicto, la decisión de esta
sala debe fundarse en su propia jurisprudencia y en la doctrina al respecto del
Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Con arreglo a la jurisprudencia:
1.º) La revisión en casación del
juicio de ponderación debe partir de los hechos que la sentencia recurrida haya
considerado probados o no discutidos, entre ellos los que se refieren a la
autoría del texto litigioso, no siendo posible estimar el recurso por una
pretendida pero no acreditada desvinculación del recurrente con respecto al
mismo.
Como recuerdan las sentencias
421/2016, de 24 de junio, y 581/2016, de 30 de septiembre, ambas citadas por la
278/2017, de 9 de mayo, aunque en procesos sobre derechos fundamentales se ha
venido afirmando que esta sala no puede partir de una incondicional aceptación
de las conclusiones probatorias obtenidas por las sentencias de instancia, sino
que debe realizar, asumiendo una tarea de calificación jurídica, una valoración
de los hechos en todos aquellos extremos relevantes para apreciar la posible
infracción de los derechos fundamentales alegados, también se ha matizado que
no es admisible que el recurrente, para justificar la existencia de la
vulneración, se aparte inmotivadamente de las conclusiones probatorias alcanzadas
en la instancia sobre hechos concretos y que han sido argumentadas en la
sentencia recurrida, o lo haga con alegaciones inconsistentes (sentencia
581/2016, de 30 de septiembre), pues si se admitiera revisar tales conclusiones
probatorias se estaría desvirtuando la naturaleza del recurso de casación (sentencia
421/2016, de 24 de junio).
Además, la jurisprudencia
consolidada de esta sala, sintetizada en la sentencia 262/2016, de 20 de abril,
viene declarando que, con carácter general, la vinculación existente entre los
pronunciamientos contenidos en una sentencia penal que pone fin al proceso de
esa naturaleza absolviendo al acusado y los que, con posterioridad, y a
instancia de parte, pueda emitir la jurisdicción civil, no es más que la
establecida en el párrafo primero del artículo 116 LECrim, por el que
únicamente se prohíbe que el tribunal civil vuelva a decidir sobre hechos que
la sentencia firme penal haya declarado que no existieron, sin que en otro caso
la absolución o sobreseimiento penal impida al tribunal civil probar y apreciar
otras circunstancias relevantes para la acción civil ejercitada.
2.º) Según la doctrina del Tribunal
Constitucional y la jurisprudencia de esta sala ante casos de crítica a la
gestión política, y en especial en relación con la materia urbanística, la
libertad de expresión tiene un campo de acción más amplio que la libertad de
información, porque no comprende como esta la comunicación de hechos, sino la
emisión de juicios, creencias, pensamientos y opiniones de carácter personal y
subjetivo. También se ha declarado que no siempre es fácil separar la expresión
de pensamientos, ideas y opiniones garantizada por el derecho a la libertad
expresión de la simple narración de unos hechos garantizada por el derecho a la
libertad de información, toda vez que la expresión de pensamientos necesita a
menudo apoyarse en la narración de hechos y a la inversa. De ahí que la
jurisprudencia concluya que cuando concurren en un mismo texto elementos
informativos y valorativos es necesario separarlos, y que solo cuando sea
imposible hacerlo habrá de atenderse al elemento preponderante, afirmando a
este último respecto las SSTC 216/2013 y 41/2011, por lo que ahora interesa,
que cuando se atribuye la comisión de hechos antijurídicos, la exposición de
los hechos y la emisión de valoraciones aparecen indisolublemente unidas y que
la libertad de expresión puede entenderse preponderante frente a la de
información cuando la idea u opinión crítica que se manifiesta se sustenta o
ampara en la imputación de hechos de apariencia delictiva (por ejemplo, la
sentencia 216/2013 consideró que la libertad de expresión amparaba la
imputación a un edil de "concesión de licencias urbanísticas
irregulares", "adjudicación de un puesto de recaudador municipal a un
amigo personal", "obstrucción a la justicia en la persecución de
dichas infracciones").
3.º) Según reiterada doctrina
jurisprudencial, la crítica en relación con la gestión de los asuntos públicos
no solo es lícita sino también necesaria para hacer efectivo el derecho de los
ciudadanos a conocer cómo se gobiernan esos asuntos (en este sentido,
sentencias 573/2015, de 19 de octubre, 591/2015, de 23 de octubre, 552/2016, de
20 de agosto, 258/2017, de 25 de abril, 450/2017, de 13 de julio, todas ellas
citadas por la más reciente 338/2018, de 6 de junio).
4.º) Sobre el juicio de
proporcionalidad, la sentencia 338/2018, de 6 de junio, recuerda que "su
examen en un caso como el presente debe hacerse desde la concreta perspectiva
de los enfrentamientos o las contiendas de naturaleza política pues, como
resume la sentencia 92/2018, de 19 de febrero, "la jurisprudencia admite
que se refuerce la prevalencia de la libertad de expresión respecto del derecho
de honor en contextos de contienda o conflicto, tanto de naturaleza política,
como en supuestos de tensión o conflicto de otra índole, como laboral,
sindical, deportivo, procesal y otros (sentencia 450/2017, de 13 de julio, como
ejemplo de las más recientes)"", y de esta jurisprudencia son
exponentes la sentencia 657/2014, de 14 de noviembre, respecto de unas
declaraciones radiofónicas en un programa de ámbito municipal efectuadas por un
concejal contra otro de la oposición en las que se llegaba a cuestionar la
legalidad de determinadas actuaciones urbanísticas, y la sentencia 423/2014, de
30 de julio, en relación a unas imputaciones de tráfico de influencias y
vulneración de normas urbanísticas en propio provecho realizadas por un
concejal en nota o comunicado ante los medios, también en un contexto de
enfrentamiento político y de crítica del partido opositor a la gestión del
gobierno municipal.
5.º) Por lo que se refiere a la
doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las sentencias de 15 de
marzo de 2011 (Otegui Mondragon contra España) y 13 de marzo de 2018 (Stern
Taulats y Rousa Capellera contra España) asignan a la libertad de expresión
en el debate sobre cuestiones de interés público una relevancia máxima,
correlativa al margen de apreciación especialmente limitado de las autoridades
para sancionar (sentencia de 2011, apdo. 51).
Así, la sentencia de 2011, ante unas
expresiones contra el Rey de España tachándolo de "responsable de la
tortura" e imputándole "que protege la tortura" y "que
impone su régimen monárquico a nuestro pueblo por medio de la tortura y la
violencia", recalca que "la pretendida exigencia de acreditación de
la veracidad de los juicios de valor es irrealizable y afecta a la propia
libertad de opinión, elemento fundamental del derecho garantizado por el
artículo 10 [del Convenio]" (apdo. 53). Y añade que, aun cuando aquellas
expresiones pudieran considerarse "provocativas" y "todo
individuo que se comprometa en un debate público de interés general, como el
demandante en este caso, no debe superar algunos límites, en particular, el
respeto de la reputación y los derechos de los otros", sin embargo
"le está permitido recurrir a una determinada dosis de exageración, o
incluso de provocación, es decir, de ser un tanto inmoderado en sus
observaciones", siempre que no se incite ni a la violencia ni al odio
(apdo. 54). En definitiva, "es precisamente cuando se presentan ideas que
ofenden, chocan o perturban el orden establecido cuando la libertad de
expresión es más valiosa" (apdo. 56).
La sentencia de 2018, por su parte,
recuerda que "la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos
esenciales de una sociedad democrática, una de las condiciones primordiales de
su progreso y del desarrollo de cada uno", y precisa que "vale no solo
para las "informaciones" o "ideas" acogidas favorablemente
o que se consideran inofensivas o resultan indiferentes, sino también para las
que hieren, ofenden o importunan: así lo requiere el pluralismo, la tolerancia
y el espíritu de apertura sin los cuales no existe ninguna "sociedad
democrática" (apdo. 30, con cita de dos sentencias anteriores)".
Añade a continuación que el artículo
10.2 del Convenio "no deja apenas margen para restricciones a la libertad
de expresión en el ámbito del discurso y del debate público -en el que esta
adquiere la más alta importancia- o cuestiones de interés general. Además, los
límites de la crítica admisible son más amplios con respecto a un hombre
público, al que se señala por ostentar esta condición, que a un simple particular".
El hombre público "debe, por tanto, mostrar una mayor tolerancia" y,
en definitiva, "las excepciones a la libertad de expresión requieren de
una interpretación restrictiva" (apdo. 32).
QUINTO.- De aplicar la doctrina y
jurisprudencia anteriormente expuestas al motivo único del recurso se sigue que
este ha de ser estimado por las siguientes razones.
1.ª) La relevancia pública de
demandantes y demandados y el interés general de los asuntos a que se refería
el texto controvertido son indiscutibles, pues todos aquellos participaban
activamente en la política municipal y el texto se centraba en criticar al
equipo de gobierno del ayuntamiento.
2.ª) El contexto de contienda
política y enfrentamiento entre el equipo de gobierno del ayuntamiento y los
demandados integrantes de la agrupación de electores también es evidente
porque, como se declaró probado en la causa penal, en el pleno municipal de 7
de abril de 2011 uno de los miembros de la agrupación de electores discrepó
abiertamente de la gestión del equipo de gobierno en los asuntos que luego
aparecieron incluidos en el escrito controvertido.
3.ª) En este contexto, las críticas
contra el alcalde y dos concejales deben considerarse amparadas por la libertad
de expresión, ya que todas ellas, por más duros que fuesen los términos
empleados, se circunscribieron al ámbito de la gestión política de los luego
demandantes, sin imputarles ningún acto de lucro o beneficio personal, sin
atacarles en su esfera privada y sin incitar al odio ni a la violencia contra ellos.
4.ª) Tampoco el reducido ámbito de
la localidad en que se difundió el texto controvertido es una razón
determinante, como parece entender el tribunal sentenciador, para que la
intromisión se considere ilegítima, porque la relevancia pública de las personas
implicadas en el conflicto y el interés general de los asuntos tratados se
daban precisamente en ese ámbito.
SEXTO.- La estimación del recurso comporta
que esta sala, asumiendo la instancia, deba desestimar, por las razones ya
expuestas, el recurso de apelación del único codemandante que no se aquietó con
la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, confirmar la
desestimación íntegra de la demanda acordada en primera instancia, que en
cualquier caso habría favorecido también a los demandados no recurrentes en
casación por la necesaria unidad inherente al juicio sobre si un mismo texto
atribuido a varios demandados, sin distinción de conductas, constituye o no una
intromisión ilegítima en un derecho fundamental como es el derecho al honor.
SÉPTIMO.- Conforme al art. 398.2 LEC no
procede imponer a ninguna de las partes las costas del recurso de casación,
dada su estimación; conforme al art. 398.1 en relación con el art. 394.1, ambos
de la LEC, procede imponer al codemandante-apelante las costas de la segunda
instancia, dado que su recurso de apelación tenía que haber sido desestimado; y
conforme al art. 394.1 LEC procede confirmar la sentencia de primera instancia
también en su pronunciamiento sobre costas, dada la íntegra desestimación de la
demanda.
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