Civil – Contratos. Resolución de los contratos. Incumplimiento de las obligaciones. Retraso en el cumplimiento.

Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña (s. 4ª) de 19 de julio de 2012 (D. JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG).

SEGUNDO: (...) Con respecto a la resolución de los contratos por incumplimiento decíamos en nuestra reciente sentencia de 11 de julio de 2011, reproducida en la de 11 de noviembre de dicho año que: "En efecto, la jurisprudencia, al interpretar el art. 1124 del CC, ha señalado que el incumplimiento que da lugar a la resolución "es el incumplimiento objetivo que provoca la frustración del contrato en el sentido de la no satisfacción del interés del acreedor, incumplimiento básico de la obligación en sí misma considerada, es decir, no realizar la conducta en qué consiste la prestación, es un incumplimiento propiamente dicho" (STS 1 de octubre de 2009).

Por su parte, las SSTS de 4 de octubre de 1983, 30 de marzo de 1992, 2 de julio de 1992, 8 de febrero de 1993, 24 de febrero de 1993, 8 de noviembre de 1997 y 22 de mayo de 2003, precisan que: "ha de tratarse de propio y verdadero incumplimiento, referente a la esencia de lo pactado, sin que baste aducir el incumplimiento de prestaciones accesorias o complementarias que no impidan, por su escasa entidad, que el acreedor obtenga el fin económico del contrato".

Igualmente constituye jurisprudencia consolidada, en aras de respetar el principio de conservación del negocio, la que exige, aunque con ciertos matices, véase por ejemplo la STS de 12 de marzo de 2009, que el incumplimiento sea definitivo (STS de 12 de marzo de 2009), de manera tal que no resulte posible satisfacer el interés contractual lesionado, lo que ocurre en supuestos de inidoneidad final del objeto entregado o "aliud pro alio" (SSTS de 3 abril 1981, 16 de noviembre de 2000, 10 de julio de 2003, 9 de marzo y 4 de abril de 2005 entre otras muchas), por lo que no bastará el mero retraso (SSTS de 27 noviembre 1992, 18 noviembre 1993 y 7 marzo 1995) a no ser que se haya establecido un término como esencial que impida, por el retraso, destinar la cosa a su fin (SSTS de 14 diciembre 1983, 29 de enero de 1991, 10 de junio de 1996), lo que se ha extendido también a los casos en que, siendo aún posible el cumplimiento, existe una actitud deliberadamente rebelde y contraria al mismo (SSTS de 20 junio 1981 y 13 marzo 1986) o una prolongada inactividad o pasividad del deudor (SSTS de 10 marzo 1983, 4 de marzo de 1986, 5 de junio de 1989, 18 de marzo de 1991, 8 de noviembre de 1995, 25 de enero de 1996 y 30 de octubre de 2002), salvo que no sea "racionalmente exigible", una espera mayor por parte del acreedor (STS de 5 de noviembre de 1982) o que la prolongada dilación produzca una frustración de las legítimas expectativas de la parte que cumplió, sin que proceda la concesión de un nuevo plazo para el cumplimiento (STS de 29 de abril de 1991).

En definitiva, como se razona en la STS de 4 de junio de 2007: "el mero retraso no es suficiente para la resolución, salvo en supuestos de especial relevancia del tiempo o del cumplimiento tempestivo de la prestación (término esencial, supuestos del art. 1100, II 2º), como ya observaba la jurisprudencia de mitad del siglo pasado, cuando señalaba (SSTS de 5 de enero de 1935, 28 de enero de 1944, 12 de abril de 1945, etc.), como ha puesto de relieve la doctrina, que el mero retraso "no siempre implica que se haya frustrado el fin práctico perseguido por el negocio, ni permite atribuir a la parte adversa un interés, jurídicamente protegible, en que se decrete la resolución".