Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de julio
de 2016 (D. EDUARDO BAENA RUIZ).
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SEGUNDO.- Hechos probados.
De conformidad con los hechos
expuestos en la demanda, sobre los que no se suscita discusión al resultar de
las grabaciones incorporadas a las actuaciones en DVD, de la transcripción que
de las mismas se realiza en el escrito de demanda y documentos adjuntos
(documento nº 6 y 7 de la demanda), que no han sido impugnadas, y de los hechos
declarados acreditados por la sentencia recurrida, son hechos relevantes para
resolver el recurso los siguientes:
1.- El demandante D. Sixto, el día 2 de
agosto de 2008, cuando iba acompañado de un hijo menor, observó una disputa en
la vía publica entre Dª Valentina y D. Hugo, y al entender que la mujer estaba
siendo maltratada, acudió en su defensa, siendo agredido por D. Hugo. A
consecuencia de la agresión sufrió graves lesiones. Los hechos fueron
ampliamente difundidos por todos los medios de comunicación siéndole concedida
la Gran Cruz del Mérito Civil y designándosele Presidente del Consejo Asesor
del Observatorio contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid.
2.- La mercantil La Fábrica de la Tele
S.L. es productora de los programas de televisión «Sálvame DeLuxe» y «La
Noria».
La mercantil «Mediaset España
Comunicación S.A» es un grupo de comunicación audiovisual español, dedicado a
la producción y exhibición de contenido televisivo, que opera, entre otras, en
el canal de televisión Telecinco, donde se emitieron los programas litigiosos.
3.- En el programa «Sálvame Deluxe»,
emitido el 9 de octubre de 2009 y en el que intervino como invitada Dª
Valentina, se cuestionó que las graves lesiones sufridas por el demandante,
tras la agresión, hubiesen sido consecuencia directa de la misma, y no producto
de una negligencia médica, y que la Comunidad de Madrid le premió con un cargo
a cambio de que no se especulara con la posible negligencia de los médicos que
le atendieron. Por uno de los colaboradores del programa se dijo que el
demandante había perdido el trabajo anterior por problemas y que estaba a punto
de separarse de su mujer.
Por la invitada al programa se
manifestó que el Sr. Sixto la había insultado llamándola «cucaracha,
escalafones de cucaracha».
4.- En el programa «La Noria», emitido
el 19 de diciembre de 2009 y en el que nuevamente intervino como invitada Dª
Valentina, sus colaboradores realizaron las siguientes afirmaciones:
« Sixto es un fascista».
- Por la invitada se confirmó haber
dicho que el Sr. Sixto era un maltratador, añadiendo:
«Me ha maltratado a mí
psicológicamente (...) No ha dado la cara por mí (...) se ha aprovechado de
mí».
- Por los colaboradores se añadió:
« Sixto es un extraño héroe, un
señor, un señor que dice barbaridades de ésta (...) refiriéndose a una mujer
supuestamente maltratada ante la opinión pública de momento (...) yo le
considero un fascista».
- Se comenta que escribió artículos
publicados en Altar Mayor, Cofradía del Valle de los Caídos, en los que ataca
la democracia de partidos. Comentándose:
«Este señor no puede ser referente
de nada, desde mi punto de vista de nada, sobre todo encaminado a las mujeres y
a la gente joven».
5) En el programa «La Noria»,
emitido el 27 de febrero de 2010 en el que nuevamente asistió como invitada Dª
Valentina, se comentó la puesta en libertad provisional del agresor del Sr. Sixto
tras 17 meses de prisión, y con referencia al demandante el presentador
manifestó:
- «Es verdad que aquí hay gente que
ha dicho pestes de usted: que es muy violento, que es un tío muy agresivo, que
es un facha que da miedo».
Con motivo de la noticia publicada
en el diario La Razón de que el actor quería una licencia de armas, se comenta
por los colaboradores:
- «Suena fatal. O sea, suena a
persona violenta; a persona, digamos, que quiere ejercer un victimismo
absolutamente exagerado, y desde luego a una persona con malos instintos (...)
este señor se ha instalado en un protagonismo patológico, lleno de falsedades,
de manipulaciones, porque no se ha establecido nunca por ningún tribunal que
haya una relación causa-efecto entre los golpes que le dio Hugo, con la
agresión o lo que fuera, y su estado de coma y todo que lo padeció, sino
enfermedades no detectadas por los médicos (...) deja que se cuele esa
intoxicación en la opinión pública para beneficio propio, se hace la víctima y
ahora resulta que está tan amenazado que quiere una pistola. Pues, a mí, el que
me da miedo es el señor Sixto, pero muchísimo (...) me parece repugnante, me
parece una persona muy sospechosa, me parece que está aprovechando hasta la
naúsea, y es una manipulación obscena lo que hace este señor de su propia
historia (...) es un mentiroso y un manipulador (...) nos ha engañado a todos
(...) me parece una persona muy sospechosa (...) me parece un chulo (...) se
está beneficiando de una forma absolutamente obscena de su condición de víctima
(...) tiene un comportamiento absolutamente obsceno (...) Ah, claro! y quiere
una pistola (...) que personaje violento».
6) En el mes de marzo de 2010, se
publica el libro del actor «España sin democracia » en el que hace una
valoración de la situación política de España.
7) El programa «La Noria», emitido
el 3 de abril de 2010 se inició con una referencia al libro publicado por el
Sr. Sixto, se hizo mención a una entrevista radiofónica de éste, señalando el
presentador textualmente:
«Con un lenguaje que muchos han
calificado de violento. Esto, junto al expreso deseo de ir armado con una
pistola, ha hecho que muchos afirmen que la suya no es la actitud que se espera
del máximo responsable de un Organismo que lucha contra la violencia de género».
Realizando el programa una encuesta entre los espectadores acerca de si La
Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid debía cesar en su cargo al actor,
por los colaboradores se emitieron las siguientes manifestaciones:
«Pero antes de enfrentarme con ese
pájaro, que yo ya he dicho muchas veces aquí que es un violento, y que tiene
unos antecedentes que hay que verle, me lo tentaría mucho, porque tiene unos
antecedentes, me lo tentaría mucho (...) le estamos haciendo una propaganda a
esa basura y a un tipo que es un i ndeseable y que es un fascista y un
matón (...) la pregunta del millón es si España estuviera sin democracia este
señor estaría en la cárcel (...) si hay algo que no le va, es estar en el
Observatorio contra la Violencia de Género, porque él si es un violento, ya lo
vimos cuando dijo aquello te voy a pisar como a una cucaracha, ya vimos quien
era el personaje. Incluso con trampas del subconsciente como decir a las
mujeres hay que tratarlas cono deferencia. Es un machista disfrazado.»
«El Gobierno le dio la Medalla de
Oro al Mérito Civil, ¿y qué? Porque no sabían quién era el pájaro este».
«Desde aquí utilizo la televisión
para decírselo al Ministro de Interior, que si tiene conciencia profesional y
coraje político, como tiene que pasar por sus manos, no se le ocurra darle una
licencia de armas a este loco (...) es un matón, que es un violento».
«Le dieron la medalla en un primer
momento, pero después de eso es cuando le ha nombrado, yo te digo, tendría
auténtico terror de que este señor me defendiera de nada, no recomendaría a
ninguna mujer que fuera a verle ante ningún tipo de violencia (...) es un
fascista, es un fascista (...) es un tío violento y peligroso».
TERCERO.- Enunciación de los motivos del
recurso.
El motivo único del recurso de casación
de "Mediaset España Comunicación SA" se funda en la infracción del «
artículo 20 a) y d)» (en realidad art. 20, apartado 1, letras a) y d)) de la
Constitución en relación con el art. 18 de la misma y artículos 2.1 y 7.7 de la
Ley Orgánica 1/82 por prevalecer el derecho a la libertad de información y
expresión frente al honor del demandante.
Por su parte, el motivo primero del
recurso de casación de la codemandada "La Fabrica de la Tele SL"
también se funda en infracción del art. 20, apartado 1.letra a) de la
Constitución en relación con el art. 18 de la misma, así como en infracción de
los arts. 2.1 y 8.1 Ley Orgánica 1/1982, artículo este último que ninguna
relación guarda con el juicio de ponderación de los derechos en conflicto.
En su desarrollo las demandadas
recurrentes argumentan, en síntesis, que la Audiencia no ha resuelto
correctamente la cuestión de la prevalencia de un derecho u otro en relación al
caso planteado, en el que no se dan los requisitos necesarios para que prevalezca
el derecho al honor de la demandante sobre la libertad de expresión, para lo
que reiteran los argumentos y fundamentos contenidos en sus respectivos
escritos de contestación. El contenido de ambos motivos del recurso determina
la conveniencia de su tratamiento conjunto.
El motivo segundo del recurso de
casación de «La Fábrica de la Tele, S.L» se funda en la infracción del artículo
9.3 de la Ley 1/1982 por la arbitrariedad del criterio utilizado para la
fijación del importe de la indemnización y por la desproporción de su cuantía.
En su desarrollo se alega que la
cuantía que fijó la sentencia de apelación resultó determinada de manera
arbitraria, al no precisarse cuales fueran las circunstancias concurrentes que
determinaron la concreción de la indemnización ni en qué medida han
condicionado la fijación de su importe. Además, la sentencia de apelación
valora como parámetro el de las características del programa lo que carece de
amparo legal. En todo caso, la cuantía de 35.000 euros es desproporcionada por
contrastar con la verdadera entidad de la lesión y la condición de persona
pública del demandante,y no se aviene con las indemnizaciones otorgadas en
supuestos de daños objetivamente más graves.
La demandante-recurrida se opone
alegando la concurrencia de los requisitos legitimadores de la prevalencia del
derecho al honor.
El Ministerio Fiscal interesa la
desestimación de ambos recursos aduciendo que la sentencia recurrida aplica
correctamente la doctrina del Tribunal Supremo al caso debatido, y que el
importe de la indemnización no es revisable en casación por tratarse de una quaestio
facti cuya apreciación está reservada al tribunal de instancia salvo que
las bases jurídicas para el cálculo de la indemnización sean erróneas o el quantum
se haya fijado de forma claramente arbitraria, inadecuada o irracional,
circunstancias que no concurren en el presente caso porque la fijación del quantum
está razonablemente motivada.
CUARTO.- La ponderación entre el derecho
al honor y la libertad de expresión.
Al impugnarse el juicio de
ponderación del tribunal sentenciador, su control en casación debe partir de la
delimitación de los derechos en conflicto. Y pese a lo que se sostiene en el
recurso interpuesto por «Mediaset España Comunicación SA» que lo funda en la
infracción del art. 20.1.d de la Constitución, esta Sala comparte la
delimitación de los derechos en liza establecida por la sentencia recurrida
(fundamento de derecho quinto) entre el derecho al honor y la libertad de
expresión.
Pues bien, en casos de conflicto
entre ambos derechos, la jurisprudencia más reciente de esta Sala (SSTS de 1 de
diciembre de 2010, Rc. nº 43/2008; 26 de marzo de 2012, Rc. nº 1916/2010; 5 de
febrero de 2013, Rc. nº 2104/2010; 18 de febrero de 2013, Rc. nº 931/2010; 11
de junio de 2014, Rc. nº 2770/2012; 27 de julio de 2014, Rc. nº 462/2012, 2 de
octubre de 2014, Rc. nº 1732/2012, y 18 de mayo de 2015, Rc. nº 122 /
2013) declara, en síntesis, lo siguiente:
a) Debe respetarse el ámbito propio
y característico de cada derecho fundamental, siendo reiterada la
jurisprudencia constitucional y de esta Sala según la cual la libertad de
expresión comprende el derecho a expresar y difundir libremente los
pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro
medio de reproducción, tal y como recoge el art. 20.1. a) de la Constitución,
gozando de un campo de acción más amplio que la libertad de información -porque
no comprende, como esta, la comunicación de hechos, sino la emisión de juicios,
creencias, pensamientos y opiniones de carácter personal y subjetivo-. También
se viene declarando que no siempre es fácil la delimitación entre ambas
libertades, habida cuenta que la expresión de pensamientos necesita a menudo
apoyarse en la narración de hechos y a la inversa y que cuando concurren en un
mismo texto elementos informativos y valorativos es necesario separarlos, de
modo que solo cuando sea imposible hacerlo habrá de atenderse al elemento
preponderante.
b) La ponderación debe respetar la
posición prevalente que ostentan los derechos a la libertad de expresión e
información sobre el derecho al honor por resultar esenciales como garantía
para la formación de una opinión pública libre, indispensable para el
pluralismo político que exige el principio democrático. Y también debe respetar
que la libertad de expresión, según su propia naturaleza, comprende la crítica
de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o
disgustar a aquel contra quien se dirige (SSTC 6/2000, de 17 de enero, F. 5;
49/2001, de 26 de febrero, F. 4; y 204/2001, de 15 de octubre, F. 4), pues así
lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los
cuales no existe «sociedad democrática» (SSTEDH de 23 de abril de 1992,
Castells c. España, § 42, y de 29 de febrero de 2000, Fuentes Bobo c. España, §
43).
c) Esa prevalencia en abstracto de
la libertad de expresión solo puede revertirse en el caso concreto en función
de las circunstancias concurrentes, atendiendo al mayor peso relativo del
derecho al honor, para lo que deberán tomarse en cuenta dos parámetros o
presupuestos esenciales (dejando al margen el requisito de la veracidad, solo
exigible cuando está en juego la libertad de información): si las expresiones,
opiniones o juicios de valor emitidos tenían interés general y si en su
difusión no se utilizaron términos o expresiones inequívocamente injuriosas o
vejatorias, innecesarias para lograr transmitir aquella finalidad.
d) Respecto al primero de los
presupuesto que acabamos de enunciar, para que pueda considerarse justificada
una intromisión en el honor es preciso que la expresión se refiera a asuntos de
relevancia pública o interés general, ya por la propia materia o por razón de
las personas, esto es, porque se proyecte sobre personas que ejerzan un cargo
público o una profesión de notoriedad o proyección pública (STC 68/2008 y SSTS
de 6 de julio de 2009, recurso núm. 906/2006, y 10 de julio de 2014, recurso
núm. 106/2012), la cual se reconoce en general por razones diversas, no solo
por la actividad política sino también por la profesión, por la relación con un
importante suceso, por la trascendencia económica y por la relación social,
entre otras circunstancias, sin que a la hora de valorar el interés general
informativo sea absolutamente determinante la naturaleza y contenido de los
programas o publicaciones o su calidad televisiva, la cual no puede excluir «a
priori» su trascendencia para la formación de una opinión pública libre -que no
solo depende de programas o publicaciones en los que se aborde directamente
información sobre temas políticos o se promueva la expresión de opiniones sobre
estos, sino de todos aquellos que, cualquiera que sea su objeto o su formato,
sean susceptibles de influir sobre la opinión pública.
e) Que respecto al segundo
presupuesto mencionado, ninguna idea u opinión puede manifestarse mediante
frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u
opiniones que se expongan y, por tanto, innecesarias a tales propósitos. Es
decir, aunque la libertad de expresión tenga un ámbito de acción muy amplio, en
su comunicación o exteriorización no es posible sobrepasar la intención crítica
pretendida dándole un matiz injurioso, denigrante o desproporcionado, pues, de
ser así, debe prevalecer la protección del derecho al honor. Así es como debe
entenderse la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional de que la
Constitución «no reconoce un pretendido derecho al insulto» (SSTC 216/2013,
77/2009, 56/2008, 9/2007 y 176/2006, entre otras muchas).
QUINTO.- Aplicación de la doctrina
anterior al motivo primero. Desestimación.
De aplicar la anterior doctrina al
motivo primero de ambos recursos, en los que no se cuestiona la relevancia
pública de los hechos divulgados ni la notoriedad o condición pública del
demandante, resulta que deben ser desestimados por ser correcto el juicio de
ponderación del tribunal sentenciador ante el empleo de palabras y expresiones
objetivamente vejatorias, ofensivas e insultantes que llevan a considerar de
mayor relevancia en este caso el derecho al honor sobre la libertad de
expresión.
En efecto, y como en el supuesto
analizado por la STS de 30 de diciembre de 2013, Rc. nº 1944/2011, en el
presente caso, atendido su significado dentro del contexto en el que se producen
las expresiones, la proyección pública e interés general de las opiniones
objeto de controversia, la ponderación del peso relativo de los derechos
fundamentales que entran en liza se centra, primordialmente, en la gravedad de
las expresiones declaradas y su posible extralimitación del marco de la
libertad de expresión. En aquella ocasión se dijo que expresiones objetivamente
injuriosas, tanto en sí mismas consideradas como en su contexto «resultan
inequívocamente expresivas del menosprecio personal, la vejación injustificada
y el insulto, transgrediéndose el límite de las manifestaciones protegidas por
la libertad de expresión» y ello, incluso en un contexto (de contienda
política) que ahora no concurre, pues la libertad de expresión no ampara el empleo
de expresiones ofensivas «innecesarias para expresar, libremente, la opinión o
valoración de la cuestión o ámbito tratado». Esta Sala se ha pronunciado en
múltiples ocasiones en parecidos términos para aclarar que ni siquiera el tono
irónico o burlesco justifica el exceso (por ejemplo, SSTS de 4 de diciembre de
2012, Rc. nº 314/2010 y 30 de noviembre de 2011, Rc. nº 2750/2004). Por más que
la ponderación jurídica aconseje alejarse de una concepción abstracta del
lenguaje (estrictamente sintáctica o semántica) en beneficio de una concepción
gramatical, según la cual el lenguaje, como actividad humana de orden práctico,
debe considerarse en relación con su contexto, ni siquiera atendiendo a este
contexto encuentra cobertura en la libertad de expresión la batería de
calificativos proferidos contra el demandante,sin conexión lógica con la idea u
opinión crítica que se pretendía difundir, denotando dichos términos y
expresiones, tanto aisladamente consideradas como en su conjunto, un marcado y
principal carácter insidioso, vejatorio, y gratuito que agravian
innecesariamente la dignidad del demandante. Se ha considerado probado que en
los programas televisivos «La Noria» emitidos el 19 de diciembre de 2009, 27 de
febrero de 2010 y 3 de abril de 2010 se calificó al demandante, de forma
reiterada, de «fascista», «maltratador», «persona violenta», «persona con malos
instintos», «instalado en un protagonismo patológico», «lleno de falsedades»,
«de manipulaciones», «repugnante», «una persona muy sospechosa », «un mentiroso
y un manipulador», «un chulo«, «con un comportamiento absolutamente obsceno»,
«personaje violento», «pájaro», «basura», «indeseable», «matón», «machista
disfrazado», «un tío violento y peligroso».
Es evidente que por más que se
quiera justificar el matiz ofensivo por la previa publicación de un polémico
libro sobre sus ideas políticas, o por una solicitud de una licencia de armas,
por demás legitima, o por una condena por delito contra la seguridad del
trafico (inexistente al momento de emitir la opinión), los términos empleados
en los que se usan, con reiteración extrema, expresiones humillantes e
hirientes que van más allá de lo admisible en el marco de una crítica legítima
de la actividad ajena, no solo denotan el mal gusto de quien las emplea, sino
que sin duda constituyen una ofensa innecesaria para la persona a la que se
dirigen, irrelevantes en la transmisión de la opinión, lo que permite concluir
que en este caso existen razones para revertir el mayor peso de la libertad de
expresión en favor del derecho al honor del demandante, compartiendo el juicio
de ponderación del tribunal de apelación.
SEXTO.- Motivo segundo: arbitrariedad y
desproporción de la cuantía de la indemnización. Desestimación del motivo:
respeto a la indemnización fijada en la instancia.
Constituye doctrina constante de
esta Sala (entre las más recientes, SSTS de 9 de octubre de 2015, Rc. nº 669 /
2013, 10 de febrero de 2014, Rc. nº 2298/2011, y 22 de enero de 2014, Rc. nº
1305/2011) que la fijación de la cuantía de las indemnizaciones por
resarcimiento de daños morales en este tipo de procedimientos es competencia de
los tribunales de instancia, cuya decisión al respecto ha de respetarse en
casación salvo que «no se hubiera atenido a los criterios que establece el art.
9.3 LO 1/82 » (STS de 17 de julio de 2014, Rc. nº 1588/2008, con cita de las
SSTS 21 de noviembre 2008 en rec. nº 1131/06, 6 de marzo de 2013 en Rc. nº
868/11, 24 de febrero de 2014 en Rc. nº 229/11 y 28 de mayo de 2014 en Rc.
2122/07) ó en caso de error notorio, arbitrariedad ó notoria desproporción (sentencias
de 5 de diciembre de 2000, 31 de enero de 2001, 25 de enero de 2002, 10 de
junio de 2002, 3 de febrero de 2004, 28 de marzo de 2005, 9 de junio de 2005,
21 de abril de 2005, 17 de enero de 2006, 27 de febrero de 2006, 5 de abril de
2006, 9 de junio de 2006, 13 de junio de 2006, 16 de noviembre de 2006).
El artículo 9.3 de la Ley Orgánica
1/1982, en su redacción anterior a la reforma operada por la Ley Orgánica
5/2010, que entró en vigor a partir del 23 de diciembre de 2010 y que es la
aplicable dada la fecha de los hechos, dispone que «La existencia de perjuicio
se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La indemnización
se extenderá al daño moral que se valorará atendiendo a las circunstancias del
caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se
tendrá en cuenta en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que
se haya producido. También se valorará el beneficio que haya obtenido el
causante de la lesión como consecuencia de la misma». Esta Sala ha declarado en
STS de 5 de junio de 2014, Rc. nº 3303/2012, que dada la presunción iuris et
de iure, esto es, no susceptible de prueba en contrario, de existencia de
perjuicio indemnizable, el hecho de que la valoración del daño moral no pueda
obtenerse de una prueba objetiva no excusa ni imposibilita legalmente a los
tribunales para fijar su cuantificación, «a cuyo efecto ha de tenerse en cuenta
y ponderar las circunstancias concurrentes en cada caso (sentencias de esta
sala núm. 964/2000, de 19 de octubre, y núm. 12/2014, de 22 de enero)». Se
trata, por tanto, «de una valoración estimativa, que en el caso de daños
morales derivados de la vulneración de un derecho fundamental del art. 18.1 de
la Constitución, ha de atender a los parámetros previstos en el art. 9.3 de la
Ley Orgánica 1/1982, de acuerdo con la incidencia que en cada caso tengan las
circunstancias relevantes para la aplicación de tales parámetros, utilizando
criterios de prudente arbitrio».
En el presente caso, la sentencia
recurrida determina la indemnización en la cantidad de 35.000 euros (se
reclamaban 200.000 euros) con base en «la gravedad de las expresiones
proferidas, la circunstancias concurrentes y el formato de los debates
polémicos y agresivos que caracterizan la línea de los programas analizados»
(FJ sexto). Si bien la motivación de la sentencia de apelación fue parca en el
análisis de los criterios establecidos en el art. 9.3 de la LO 1/1982, limitándose
básicamente a una remisión normativa a su contenido, ello no determina la
infracción del precepto invocado, tanto porque el art. 9.3 de la LO 1/1982 no
impone una valoración específica y autoriza una apreciación conjunta, como
porque el recurrente no aporta datos objetivos que, en aplicación de los
criterios previstos en el artículo 9.3 de la LO 1/1982, demuestren el
incumplimiento o la defectuosa aplicación de esos mismos criterios, o la
notoria desproporción de la indemnización concedida.
Por lo demás, la cantidad de 35.000
euros acordada no puede considerarse arbitraria ni desproporcionada a la
intromisión producida, dada la reiteración en el empleo de términos
objetivamente injuriosos y denigrantes, la gravedad de los mismos (hasta se le
llegó a llamar «basura») y los ingresos obtenidos por publicidad, que constan
acreditados en las actuaciones.
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