Civil – P. General. Doctrina de los actos propios.

Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2012 (Dª. ENCARNACION ROCA TRIAS).

SEGUNDO. La doctrina de los actos propios.

Motivo primero. Vulneración de la doctrina de los actos propios. Señala el recurrente que en el requerimiento dirigido por los demandantes/recurridos a la vendedora una vez ya iniciado el actual procedimiento, se reconoce que no se ha efectuado el pago del precio de los inmuebles vendidos y piden que se resuelva el contrato. No está de acuerdo en la apreciación de la sala sentenciadora de que este acto no tiene alcance de acto propio frente al mandatario recurrente, cuando éste es parte en esa relación jurídica.

Se ha vulnerado la doctrina de los actos propios, ya que son los propios demandados los que reconocen la versión del recurrente de que no ha recibido el precio de la venta y aun así se lo reclaman. Ha habido una violación del deber de coherencia de los comportamientos.

El motivo se desestima.

La doctrina de los propios actos, tal como ha sido aplicada por esta Sala en consecuencia de lo dispuesto en el art. 7.1 CC, que introduce la regla de la buena fe en el ejercicio de los derechos, consiste en el reconocimiento de la eficacia de determinados actos inequívocos, eliminando cualquier duda sobre una situación jurídica que afecta al autor.

Entre las sentencias recientes, podemos citar la STS 691/2011, de 18 octubre, que dice "48. "[n]adie puede hacer valer un derecho o una facultad que contradiga la conducta propia observada con anterioridad si ésta tenía una significación inequívoca de la cual derivan consecuencias jurídicas incompatibles con la pretensión actual)-", y aunque "[e]l Código Civil español carece de norma específica que se refiera de forma expresa a la prohibición de actuar contra los propios actos, doctrina y jurisprudencia coinciden en que la clásica regla "venire contra factum proprium non valet",[...] constituye una manifestación del principio de buena fe que, como límite al ejercicio de los derechos subjetivos, impone el artículo 7 del Código Civil, de tal forma que "protege la confianza creada por la apariencia, que impone un deber de coherencia y limita la libertad de actuar cuando se han creado unas expectativas razonables, pues el comportamiento supone en tal caso la expresión inequívoca de una determinada voluntad en referencia a una relación jurídica o situación de hecho que impide la admisión como legítimo de un posterior comportamiento contradictorio", siempre que concurran los siguientes requisitos: 1) Existencia de una conducta jurídicamente relevante previa y consciente de sus consecuencias. 2) Que tal conducta tenga una significación e inequívoca e incompatible con la posterior. 3) Que las expectativas defraudadas por la actuación posterior sean razonables". (asimismo, SSTS 622/2009, de 28 septiembre, 804/2009, de 3 diciembre y 349/2011, de 17 mayo y todas las allí citadas).

A la vista de la doctrina resumida, debe concluirse que la conducta de los demandantes al requerir a la vendedora para que efectuase el pago una vez se había ya presentado la demanda, no queda incluida en las conductas previstas por la doctrina de los actos propios, teniendo en cuenta los requisitos resumidos en la STS 691/2011, es decir:

1º No ha existido una conducta jurídicamente relevante frente al mandatario, ya que al dirigirse contra la compradora, los vendedores no hicieron otra cosa sino poner de relieve que aun no habían cobrado el precio.

2º Debe tenerse en cuenta que, en todo caso, se habían creado dos relaciones jurídicas: la de la parte vendedora/demandante con la compradora y la de la vendedora/demandante con el mandatario/demandado, por lo que la reclamación efectuada a la vendedora no afectaba para nada a la relación con el mandatario, que no puede oponerla como acto propio afectante a su relación con los vendedores que es la propia del contrato de mandato.

3º De este modo, la conducta a la que el recurrente atribuye un acto propio no tuvo ninguna trascendencia posterior, puesto que los demandantes se limitaron a actuar de acuerdo con todas las posibilidades que estaban en su mano en orden al cobro del precio pactado entre el mandatario/vendedor y la compradora y a la vista de que el mandatario aseguraba que no se le había hecho efectivo el precio.

4º Con la conducta de los demandantes recurridos, no se creó ninguna expectativa razonable en el demandado, ya que no desistieron de la demanda a pesar de haber efectuado el requerimiento al que se atribuye la condición de acto propio.