Procesal Civil. El derecho de defensa. Indefensión. Las causas de suspensión de los juicios civiles.

Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2012 (D. RAFAEL GIMENO-BAYON COBOS).

SEGUNDO: (...) 2. Valoración de la Sala 2.1. El derecho de defensa.

31. Antes de abordar el motivo, conviene precisar que la recurrente se ha limitado a denunciar la infracción formal sin razonar sus consecuencias -la recurrida rechaza la indefensión dada la coordinación entre las defensas de la sociedad y la de su administrador-, por lo que con carácter previo conviene recordar que, como sostiene la recurrida, no puede denunciar infensión quien provoca la situación a la que achaca la misma. En este sentido, la sentencia 634/2010, de 14 de octubre, razona que la indefensión "exige que la parte no se haya situado en ella por su propia actuación (STC 57/1984, de 8 de mayo), bien a través de un comportamiento negligente o doloso (SSTC 9/1981, 1/1983, 22/1987, 36/1987, 72/1988 y 205/1988), bien por su actuación errónea (STC 152/1985, de 5 de noviembre). No puede alegar indefensión quien se sitúa en ella por pasividad, impericia o negligencia (SSTC 112/1993, 364/1993, 158/1994, 262/1994 y 18/1996)".

2.2. Las causas de suspensión del litigio.

32. Con la finalidad de evitar dilaciones indebidas y poner coto a eventuales tácticas dilatorias de las partes, la suspensión del litigio tan sólo puede tener lugar en los casos expresamente previstos en la norma, rigiendo en otro caso el principio de impulso procesal de oficio (artículo 179 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), por lo que la inasistencia del abogado de una de las partes al acto del juicio, sin que se haya denunciado la infracción de los dispuesto en el artículo 188 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en modo alguno puede provocar la nulidad de lo actuado ya que, como afirma la sentencia 1070/2004, de 12 de noviembre, resulta lógica y plausible la adopción por los órganos judiciales de una línea de actuación tendente a armonizar los derechos de quienes son partes en un litigio determinado y el interés general de evitar que se produzcan indeseables dilaciones indebidas en la tramitación de los procesos.

2.3. Desestimación del motivo.

33. Consecuentemente con lo expuesto, procede desestimar el motivo. Máxime, cuando la recurrente no utilizó los recursos que para subsanar la pretendida falta -lo que constituye requisito imprescindible para la viabilidad del recurso extraordinario por infracción procesal-, ya que, como indica la sentencia de apelación, no recurrió en apelación la providencia que denegaba la suspensión solicitada en una actuación quizás susceptible de incardinación en lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -la sentencia recurrida se refiere gráficamente a la "enésima suspensión solicitada"-.