Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 2013 (D. FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS).
CUARTO.
- La
ponderación entre la libertad de información y el derecho al honor y a la
intimidad personal de la demandante.
A) El artículo 20.1.a) y. d)
CE, en relación con el artículo 53.2 CE, reconoce como derecho fundamental especialmente
protegido mediante los recursos de amparo constitucional y judicial el derecho
a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante
la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción y el derecho a
comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de
difusión, y el artículo 18.1 CE reconoce con igual grado de protección el
derecho al honor y a la intimidad personal.
La libertad de información
comprende la comunicación de hechos susceptibles de contraste con datos objetivos
y tiene como titulares a los miembros de la colectividad y a los profesionales
del periodismo.
Como ha señalado
reiteradamente el Tribunal Constitucional (SSTC 180/1999, de 11 de octubre, FJ 4,
52/2002, de 25 de febrero, FJ 5 y 51/2008, de 14 de abril, FJ 3) el honor
constituye un «concepto jurídico normativo cuya precisión depende de las
normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento». Este Tribunal ha
definido su contenido afirmando que este derecho protege frente a atentados en
la reputación personal entendida como la apreciación que los demás puedan tener
de una persona, independientemente de sus deseos (STC 14/2003, de 28 de enero,
FJ 12), impidiendo la difusión de expresiones o mensajes insultantes, insidias
infamantes o vejaciones que provoquen objetivamente el descrédito de aquella (STC
216/2006, de 3 de julio, FJ 7).
El reconocimiento del derecho
a la intimidad personal y familiar tiene por objeto garantizar al individuo un
ámbito reservado de su vida, vinculado con el respeto de su dignidad como
persona (artículo 10.1 CE), frente a la acción y el conocimiento de los demás,
sean estos poderes públicos o simples particulares, de suerte que atribuye a su
titular el poder de resguardar ese ámbito reservado, no solo personal sino
también familiar (SSTC 231/1988, de 2 de diciembre, y 197/1991, de 17 de
octubre), frente a la divulgación del mismo por terceros y a la publicidad no
querida (SSTC 231/1988, de 2 de diciembre, 197/1991, de 17 de octubre, y
115/2000, de 10 de mayo), evitando así las intromisiones arbitrarias en la vida
privada, censuradas por el artículo 12 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos.
El derecho al honor y a la
intimidad personal y familiar, según reiterada jurisprudencia, se encuentra limitado
por las libertades de expresión e información.
La limitación del derecho al
honor y a la intimidad personal y familiar por la libertad de expresión o de
información, tiene lugar cuando se produce un conflicto entre tales derechos,
el cual debe ser resuelto mediante técnicas de ponderación constitucional,
teniendo en cuenta las circunstancias del caso (respecto del derecho al honor,
SSTS de 12 de noviembre de 2008, RC n.º 841/2005, 19 de septiembre de 2008, RC
n.º 2582/2002, 5 de febrero de 2009, RC n.º 129/2005, 19 de febrero de 2009, RC
n.º 2625/2003, 6 de julio de 2009, RC n.º 906/2006, 4 de junio de 2009, RC n.º
2145/2005, 10 de noviembre de 2010, RC n.º 731/2008, 25 de enero de 2011, RC
n.º 859/2008; respecto del derecho a la intimidad personal y familiar, SSTS 16
de enero de 2009, Pleno, RC n.º 1171/2002, 15 de enero de 2009, RC n.º 773/2003,
6 de noviembre de 2003, RC n.º 157/1998).
Por ponderación se entiende,
tras la constatación de la existencia de una colisión entre derechos, el examen
de la intensidad y trascendencia con la que cada uno de ellos resulta afectado,
con el fin de elaborar una regla que permita, dando preferencia a uno u otro,
la resolución del caso mediante su subsunción en ella.
B) Cuando se trata de la
libertad de información, la técnica de ponderación exige valorar, en primer término,
el peso en abstracto de los respectivos derechos fundamentales que entran en
colisión.
Desde este punto de vista, la
ponderación debe respetar la posición prevalente que ostenta el derecho a la
libertad de información sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y a
la propia imagen por resultar esencial como garantía para la formación de una
opinión pública libre, indispensable para el pluralismo político que exige el
principio democrático (STS 11 de marzo de 2009, RC n.º 1457/2006).
La protección constitucional
de las libertades de información y de expresión alcanza un máximo nivel cuando
la libertad es ejercitada por los profesionales de la información a través del
vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública que es la
prensa, entendida en su más amplia acepción (SSTC 105/1990, de 6 de junio, FJ
4, 29/2009, de 26 de enero, FJ 4). Este criterio jurisprudencial es hoy
admitido expresamente por el artículo 11 CDFUE, el cual, al reconocer los
derechos a la libertad de expresión y a recibir y comunicar información, hace
una referencia específica al respeto a la libertad de los medios de
comunicación y su pluralismo.
C) La técnica de ponderación
exige valorar, en segundo término, el peso relativo de los respectivos derechos
fundamentales que entran en colisión.
Desde esta perspectiva:
(i) La ponderación debe tener
en cuenta si la información tiene relevancia pública o interés general en
cuanto puede contribuir al debate en una sociedad democrática cuando se
proyecta sobre personas que desempeñan un cargo público o una profesión de
notoriedad o proyección pública (STC 68/2008; SSTS 25 de octubre de 2000, 14 de
marzo de 2003, RC n.º 2313/1997, 19 de julio de 2004, RC n.º 5106/2000, 6 de
julio de 2009, RC n.º 906/2006) o tienen una personalidad política y ejercen
funciones oficiales o se trata, simplemente de satisfacer la curiosidad humana
por conocer la vida de personas con notoriedad pública que no ejerzan tales
funciones (SSTEDH 1991/51, Observer y Guardian, 2004/36, Plon, Von Hannover y
Alemania, SSTC 115/2000 y 143/1999 y SSTS de 5 de abril de 1994, 7 de diciembre
de 1995, 29 de diciembre de 1995, 8 de julio de 2004, 21 de abril de 2005). En
suma, la relevancia pública o interés general de la noticia constituye un requisito
para que pueda hacerse valer la prevalencia del derecho a la libertad de
información y de expresión cuando las noticias comunicadas o las expresiones
proferidas redunden en descrédito del afectado.
(ii) La libertad de
información, dado su objeto de puesta en conocimiento de hechos, cuando
comporta la transmisión de noticias que redundan en descrédito de la persona,
para que pueda prevalecer sobre el derecho al honor exige que la información
cumpla el requisito de la veracidad, a diferencia de lo que ocurre con la libertad
de expresión, que protege la emisión de opiniones. Por veracidad debe entenderse
el resultado de una diligencia razonable por parte del informador para
contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales ajustándose a la
circunstancias del caso aun cuando la información, con el paso del tiempo pueda
más adelante ser desmentida o no resultar confirmada (STC 139/2007 y 29/09 de
26 de enero FJ 5). Cabe el denominado reportaje neutral (STC 76/2002 de 8 de
abril) el cual exige que las declaraciones recogidas sean por sí noticia y se
pongan en boca de personas determinadas responsables de ellas y que el medio informativo
sea mero trasmisor de tales declaraciones sin alterar la importancia que tengan
en el conjunto de la noticia ni reelaborarlas o provocarlas; en este caso la
veracidad exigible se limita a la verdad objetiva de la existencia de la
declaración. Este requisito resulta de menor trascendencia cuando se afecta al
derecho a la intimidad personal y a la propia imagen.
(iii) Cuando la difusión de
datos de carácter privado afecta no solo al personaje público, sino también a terceras
personas, debe valorarse en qué medida la difusión de los datos relativos a
estas está justificada por razón de su carácter accesorio en relación con el
personaje público al que se refiere, la necesidad de su difusión para ofrecer
la información de que se trate y la aceptación por el tercero de su relación
con la persona afectada como personaje público.
(iv) La prevalencia del
derecho a la información sobre el derecho a la imagen es mayor que sobre el derecho
a la intimidad, por cuanto en relación con la vida privada de las personas debe
tenerse en cuenta el principio de proporcionalidad con el interés público en
los aspectos de esta que se difunden y la forma en que tiene lugar la difusión (STS
19 de marzo de 1990). Cuando la actividad informativa se quiere ejercer sobre
ámbitos que pueden afectar a otros bienes constitucionales, como es la
intimidad, es preciso, para que su proyección sea legítima, que lo informado
resulte de interés público, pues solo entonces puede exigirse de aquellos a
quienes afecta o perturba el contenido de la información que, pese a ello, la
soporten, en aras, precisamente, del conocimiento general y difusión de hechos
y situaciones que interesan a la comunidad por cuanto responde a la necesidad
de preservar otros intereses constitucionalmente protegibles (SSTC 156/2001, de
2 de julio; 14/2003, de 28 de enero). Tal relevancia comunitaria, y no la
simple satisfacción de la curiosidad ajena, es lo único que puede justificar la
exigencia de que se asuman aquellas perturbaciones o molestias ocasionadas por
la difusión de una determinada noticia, y reside en tal criterio, por
consiguiente, el elemento final de valoración para dirimir, en estos supuestos,
el eventual conflicto entre las pretensiones de información y de reserva (SSTC
171/1990, de 12 de noviembre, 20/1992, de 14 de febrero, 121/2002, de 20 de
mayo y 185/2002 de 14 de octubre). Habrá intromisión ilegítima en la intimidad
si la medida adoptada no se revela necesaria para lograr el fin previsto, no
resulta proporcionada o no respeta el contenido esencial del derecho (STC
70/2009, de 23 de marzo).
(v) La ponderación entre los
derechos en conflicto debe efectuarse teniendo en cuenta si la publicación de
los datos de la vida privada está justificada por los usos sociales, o hay base
para sostener que el afectado adoptó pautas de comportamiento en relación con
su ámbito íntimo que permita entender que, con sus propios actos, lo despojó
total o parcialmente del carácter privado o doméstico (STS de 6 de noviembre de
2003, RC nº. 157/1998).
QUINTO.
- Aplicación
de la anterior doctrina al caso enjuiciado.
La aplicación de la anterior
doctrina al caso examinado conduce a la conclusión de que frente a la inmisión
en el derecho al honor y en la intimidad de la demandante, atendidas las
circunstancias del caso, debe prevalecer la libertad de información y, en
consecuencia, debe apreciarse la inexistencia de intromisión ilegítima en el
derecho a la intimidad personal de la demandante. Esta conclusión, se funda en
los siguientes razonamientos:
A) En primer lugar, conviene
deslindar los derechos fundamentales en conflicto. Los derechos al honor, a la
intimidad personal y a la propia imagen, reconocidos en el art. 18.1 CE, a
pesar de su estrecha relación en tanto que derechos de la personalidad,
derivados de la dignidad humana y dirigidos a la protección del patrimonio
moral de las personas, tienen, no obstante, un contenido propio y específico.
Son derechos autónomos, de modo que, al tener cada uno de ellos su propia
sustantividad, la apreciación de la vulneración de uno no conlleva
necesariamente la vulneración de los demás, ni ninguno de ellos tiene respecto
de los demás la consideración de derecho genérico que pueda subsumirse en los
otros dos derechos fundamentales que prevé este precepto constitucional.
En el caso que nos ocupa si
bien la acción ejercitada en la demanda se basaba en la vulneración del derecho
al honor y a la intimidad personal producida por el reportaje publicado en la
revista "Que me dices", un análisis de las imágenes y de los
contenidos de este revela que el único derecho que puede verse afectado por el
citado reportaje es el derecho a la intimidad y no el derecho al honor, pues
las fotografías no reflejan a la demandante en una situación que pueda hacer desmerecer
su buen nombre o su propia estima ni los comentarios por sí mismos pueden
considerarse vejatorios o lesivos a la buena reputación de la demandante aunque
no resulten de su agrado.
Se advierte, en suma, la
existencia de un conflicto entre el derecho a la libertad de información y el derecho
a la intimidad personal del recurrente.
B) En el terreno abstracto,
existiendo una colisión entre la libertad de información y el derecho a la
intimidad personal debe considerarse como punto de partida la posición
prevalente que, como se ha expresado, ostenta el derecho a la libre información
(en su máxima expresión, por ejercitarse por profesionales de la información en
el cauce institucionalizado de los medios de comunicación) y examinar si, de
acuerdo con las circunstancias concurrentes, el peso relativo de los derechos
que entran en colisión, esta prevalencia puede hacerse valer frente al derecho
a la intimidad de la parte demandante.
C) El examen del peso relativo
de los derechos en colisión depara las siguientes conclusiones:
(i) Un examen de las
circunstancias del caso revela que la demandante puede ser considerada como una
persona con proyección pública, en el sentido de que goza de cierta celebridad
y conocimiento público en función de la actividad profesional que desarrolla
como actriz, no del ejercicio de funciones públicas o de la realización de
actividades de especial trascendencia política o económica, sino del interés
suscitado en general por el conocimiento de su persona y actividades, dada su
profesión, aprovechado por los medios de comunicación en programas y
publicaciones que básicamente son de entretenimiento, como la que nos ocupa.
Sin embargo la relevancia
pública de la demandante es un hecho que no ha sido discutido. Otra cosa es su
interés público desde el punto de vista informativo. En el presente caso la
información difundida incide en algunos aspectos de su vida privada como son
sus apetencias sexuales, pero propiciado por ella misma, dada la entrevista
concedida a la revista alemana Shape.
(ii) Desde el punto de vista
del cumplimiento del requisito de la veracidad, la recurrente insiste en su recurso,
al igual que hizo en la instancia, en que la información no era veraz y que no
resultaba aplicable la figura del reportaje neutral, dado que nunca concedió
ninguna entrevista a la revista Shape ni al periódico Bild, ambos citados en el
reportaje como fuentes, no hizo las declaraciones que fueron objeto de
publicación, sino que las mismas fueron manipuladas, reelaborando la revista la
noticia de forma maleficente por otra completamente distinta, falsa e inveraz,
añadiendo comentarios y juicios de valor acerca de ellas con el objetivo de
tergiversar la información que se daba.
(iii) La demandante goza de
gran celebridad y proyección pública y no se ha puesto en cuestión la afectación
de derechos de otras personas que hayan sido objeto con carácter accesorio de
la información publicada. Este factor resulta, también indiferente en la
ponderación.
(iv) El título y el contenido
del reportaje inciden en aspectos que afectan al ámbito más privado y personal de
la demandante, como son las relaciones íntimas de la afectada, al hacerse
referencia a ciertos aspectos de su sexualidad como son sus apetencias, pero
fue la misma demandante la que dio a la luz pública dichas circunstancias
personales en la entrevista a la revista alemana.
(v) La recurrente efectuó las
manifestaciones a la revista alemana en el contexto de la presentación de una
película (Elegy) con escenas eróticas, pero el resultado no fue precisamente
exclusivo sobre su papel como actriz, pues tanto del texto escrito como de la
rectificación por ella propiciada se deduce que hablaba de sus circunstancias
personales, o, al menos, así lo entendería cualquier lector, por lo que su
nueva publicación por la revista española, haciéndose eco de la entrevista
mencionada, no afecta a su intimidad, pues no inventa las declaraciones sino
que se limita a apostillarlas sin alterarlas, introduciendo meros comentarios
que no llegan a ser atentatorios al honor ni a la intimidad, pues se
desenvuelven en un mero marco satírico.
En este sentido, las SSTS de
29 de diciembre de 2010, RC n.º 1195/2008 y 30 de noviembre de 2011, RC n.º
2750/2004, según las cuales: «el tratamiento humorístico o sarcástico de los
acontecimientos que interesan a la sociedad constituye una forma de
comunicación y crítica de los mismos que está ligada al ejercicio del derecho a
la libertad de expresión, como forma de comunicación de ideas u opiniones, e
incluso a la libertad de información, en la medida en que el tratamiento
humorístico puede constituir una forma de transmitir el conocimiento de
determinados acontecimientos llamando la atención sobre los aspectos
susceptibles de ser destacados mediante la ironía, el sarcasmo o la burla».
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