banner cabecera

banner cabecera

Formulario de contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

sábado, 14 de noviembre de 2015

Derecho a la intimidad. El TS rechaza la demanda de un padre contra su hija por incinerar los restos mortales de su madre y de un hermano sin informarle. El alto tribunal declara que los hechos no afectan al derecho a la intimidad del demandante, que reclamaba 25.000 euros.

Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 2015 (D. ANTONIO SALAS CARCELLER).

[Ver esta resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]
PRIMERO.- Don Luis Manuel interpuso demanda de juicio ordinario por vulneración de su derecho a la intimidad personal y familiar contra su hija doña Margarita, alegando que su esposa y uno de sus hijos fallecieron en los años 1993 y 1996 respectivamente, por lo que acudía al cementerio en los aniversarios a honrar a los difuntos. En el año 2007 al ir a visitar los nichos donde se encontraban enterrados su esposa e hijo descubrió que ya no estaban allí sus cuerpos, y tras realizar diversas indagaciones supo que su hija -la demandada doña Margarita - había ordenado la exhumación de los restos de ambos y había procedido a su incineración, sin que le hubiera revelado donde se encuentran las cenizas. Estos hechos, a su juicio, constituían una vulneración del derecho a la intimidad personal y familiar, pues considera que conforme a lo dispuesto en el artículo 1894 del Código Civil en relación con los artículos 143 y 144 del mismo Código, debió haberse solicitado su consentimiento para la exhumación e incineración.
Solicitaba que se declarase que la actuación de la demandada constituía una vulneración del derecho a la intimidad personal y familiar del actor, se le ordenara la entrega inmediata de las cenizas de su esposa e hijo o en su caso la determinación o ubicación exacta del lugar donde se encuentran, si estaban depositadas en un columbario público o privado, así como se condenara a la demandada al pago de 25.000 euros por el daño moral causado como consecuencia de la vulneración de su derecho a la intimidad.



La demandada se opuso, afirmando que su padre se había marchado de la localidad donde residían cuando falleció su madre sin comunicar su nuevo domicilio ni dejar dato alguno para su localización, dada la nula relación que existía con sus hijos, de los que aún vivían la demandada y un hermano. Sostuvo dicha demandada que el motivo de solicitar la exhumación de los restos de su madre y hermano fue que estaba próximo a caducar el plazo de diez años concedido por el Ayuntamiento para ocupar los nichos de modo que, si no se procedía a la exhumación, los restos iban a ser enviados a un osario común, por lo que la solicitó al Ayuntamiento, y una vez concedida se procedió a la incineración echando las cenizas al viento en el Monte del Perdón. Alegó que su padre debía saber que el plazo estaba próximo a cumplirse y pese a ello no se preocupó.
Seguido el proceso, el Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia de fecha 8 de octubre de 2012 por la que desestimó la demanda y condenó al demandante al pago de las costas. Este recurrió en apelación y la Audiencia Provincial de Navarra (Sección 2ª) dictó sentencia de fecha 11 de marzo de 2013 por la que desestimó el recurso con imposición de costas al recurrente.
Contra dicha sentencia recurre ahora la demandante por infración procesal y en casación.
TERCERO.- Insiste la parte recurrente en la fundamentación de su acción como derivada de la vulneración del derecho fundamental a la intimidad al formular ahora su recurso por la vía del artículo 477.2.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denunciando la infracción de los artículos 10 y 18.1 de la Constitución Española, el artículo 7 de la LO 1/1982, de 5 de mayo, y los artículos 1894, 143 y 144 del Código Civil, afirmando por tanto que nos encontramos ante un proceso de protección de derechos fundamentales y, en concreto, del derecho a la intimidad personal y familiar.
De ahí que resulte superflua la invocación de los artículos del Código Civil que se citan, sobre cuya aplicación al caso ya se ha hecho anterior referencia.
El derecho a la intimidad consiste en esencia en la facultad de excluir del conocimiento ajeno cualesquiera hechos comprendidos dentro del ámbito propio y reservado de la persona y de la familia y en este sentido lo ha definido el Tribunal Constitucional y también esta Sala. El bien jurídico «intimidad» entronca, desde el punto de vista constitucional, con la garantía del mismo derecho que se contiene en el artículo 18.1ª de la Constitución como derecho fundamental. El derecho a la intimidad deriva, como otros derechos y libertades fundamentales, del reconocimiento de la dignidad de la persona, lo que viene reconocido en numerosas resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional. Tal derecho otorga un poder jurídico sobre la información relativa a la persona, del que derivan facultades de exclusión de terceros y facultades de control de un ámbito propio, cuyo valor reside, precisamente, en que constituyen medios que posibilitan el disfrute de derechos y libertades fundamentales. El ámbito de la intimidad comprende todo aquello que está referido a la vida privada e íntima de la persona o de la familia y que debe quedar amparado por dicha garantía.
Es cierto que el artículo 7 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, no contiene un catálogo cerrado de modalidades de intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad, pero da las pautas necesarias para la elaboración de un concepto de "intimidad" como derecho fundamental del que queda fuera la situación ahora planteada por la parte recurrente que, por ello, no puede pretender ampararse en tal violación para obtener las consecuencias jurídicas previstas en el artículo 9 de dicha Ley.

En consecuencia se desestima el motivo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada