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miércoles, 31 de agosto de 2016

Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. La exigencia de reclamación previa extrajudicial para la interposición de una demanda solo será aplicable a los accidentes sucedidos a partir del 1 de enero de 2016. Magnífico estudio, como siempre, del compañero Edmundo Rodríguez Achútegui.

Auto de la Audiencia Provincial de Álava (s. 1ª) de 3 de mayo de 2016 (D. Edmundo Rodríguez Achutegui).

[Ver esta resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]
PRIMERO.- Sobre la reforma legal
La inadmisión de la demanda se fundamenta en la falta de reclamación previa a la compañía aseguradora consecuencia de la reforma operada por Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. El llamado "nuevo baremo" que aprueba esta norma, entra en vigor el 1 de enero de 2016, pues así lo dispone su DF 5 ª.
El apartado 3 del art. Único de la Ley 35/2015 reforma el art. 7 del RDL 8/2004, de 29 octubre, que aprueba el Texto Refundido de la de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. En su nueva redacción, el citado art. 7 dice en su apartado 1, tras establecer la obligación de asegurador de atender al perjudicado y la acción directa de éste, que " no obstante, con carácter previo a la interposición de la demanda judicial, deberán comunicar el siniestro al asegurador, pidiendo la indemnización que corresponda.
Esta reclamación extrajudicial contendrá la identificación y los datos relevantes de quien o quienes reclamen, una declaración sobre las circunstancias del hecho, la identificación del vehículo y del conductor que hubiesen intervenido en la producción del mismo de ser conocidas, así como cuanta información médica asistencial o pericial o de cualquier otro tipo tengan en su poder que permita la cuantificación del daño ".
Y luego, en el segundo párrafo del reformado art. 7.8 del RDL 8/2004, modificado por la Ley 35/2015, se dispone: " No se admitirán a trámite, de conformidad con el artículo 403 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las demandas en las que no se acompañen los documentos que acrediten la presentación de la reclamación al asegurador y la oferta o respuesta motivada, si se hubiera emitido por el asegurado ".
A ello se une que el art. 403.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), tras su reforma por Ley 7/2015, previene que " No se admitirán las demandas cuando no se acompañen a ella los documentos que la ley expresamente exija para la admisión de aquéllas o no se hayan intentado conciliaciones o efectuado requerimientos, reclamaciones o consignaciones que se exijan en casos especiales ".
En definitiva, la reforma introduce un requisito previo a la interposición de la demanda, que es la reclamación previa que el auto recurrido afirma no se ha presentado y es fundamento de la inadmisión de la demanda.



SEGUNDO.- Sobre la exigencia procesal de reclamación previa
La cuestión que suscita el auto es si cabe exigir tal reclamación previa a un accidente que, como el de autos, acontece antes del 1 de enero de 2016, aunque la demanda se presente posteriormente. Si como hace el auto recurrido, se atiende la redacción del art. 7.8 del RDL 8/2004, podría entenderse exigible la reclamación previa por ser demanda planteada una vez entra en vigor la reforma, el 1 de enero de 2016.
Sin embargo el art. 7.8 RDL 8/2004 es consecuencia de la reforma general del sistema del baremo, operada por la Ley 35/2015. Su DF 5 ª dispone la entrada en vigor de la reforma a partir del 1 de enero de 2016, pero además la DT única de la Ley 35/2015 establece: " 1. El sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación que establece esta Ley se aplicará únicamente a los accidentes de circulación que se produzcan tras su entrada en vigor. 2.- Para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley subsistirá y será de aplicación el sistema recogido en el Anexo y en el Anejo del Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre ".
Una norma relacionada, el RD 1148/2015, por el que se regula la realización de pericias a solicitud de particulares por los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en las reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de vehículos a motor, se refiere en su art. 1.a) a los informes a que alude el art. 7 del RDL 8/2004. Pues bien, su DT 2ª dispone " Las disposiciones que establece el presente real decreto se aplicarán únicamente a los accidentes de circulación que se produzcan tras su entrada en vigor ", es decir, según su DF 2ª, el 1 de enero de 2016.
En definitiva, tanto la Ley 35/2015 como el RD 1148/2015 apuntan a que sus disposiciones son de aplicación a accidentes ocurridos a partir del 1 de enero de 2016. No se justificaría, por tanto, que el juzgado pudiera supeditar la admisión de la demanda a una reclamación previa que sólo afecta a accidentes que tengan lugar a partir esa fecha.
Cierto es que este "sistema" al que alude la Disposición Transitoria se refiere al Título IV, que introduce el art. Único.7 de la Ley 35/2015. Pero no puede apartarse que la ley introduce una regulación general, no sólo baremada, bien distinta de la previa. En efecto, ya no será posible obtener gratuitamente del médico forense un dictamen en el orden jurisdiccional penal, se modifica la fórmula de reclamación introduciendo un requisito procesal como la reclamación previa, se aumentan las cuantías y conceptos indemnizables, se amplían a los allegados las personas beneficiarias, se regula el cálculo del lucro cesante, se distingue entre "gastos de asistencia sanitaria" y otros "gastos diversos resarcibles", se admite el resarcimiento del trabajo doméstico y un largo etcétera de aplicación, en conjunto, para accidentes que ocurran a partir del 1 de enero de 2016.
De este modo resulta incoherente una hermenéutica que traslada a un hecho previo, el accidente de autos, requisitos que en ese momento no se exigían, y sin embargo, resulte inaccesible a las eventuales mejoras sustantivas que introduce la reforma, en bloque, a partir del 1 de enero de 2016. Precisamente para evitar que las reclamaciones con base al nuevo baremo se multiplicaran, la norma, aprobada en septiembre de 2015, dispone su eficacia a partir de unos meses después.
Hay otros argumentos añadidos. Así, el art. 2 LEC dispone que " Salvo que otra cosa se establezca en disposiciones legales de Derecho transitorio, los asuntos que correspondan a los tribunales civiles se sustanciarán siempre por éstos con arreglo a las normas procesales vigentes, que nunca serán retroactivas ".
La norma procesal apunta, por tanto, a la irretroactividad de las normas, y en este caso, exigencias procesales.
Además la DT 4ª del Código Civil (CCv) dispone que " Las acciones y derechos nacidos y no ejercitados antes de regir el Código subsistirán con la extensión y en los términos que les reconociera la legislación precedente; pero sujetándose en cuanto a su ejercicio, duración y procedimientos para hacerlos valer, a lo dispuesto en el Código. Si el ejercicio del derecho o de la acción se hallara pendiente de procedimientos oficiales empezados bajo la legislación anterior, y éstos fuesen diferentes de los establecidos por el Código, podrán optar los interesados por unos o por otros ". Mutatis mutandi, en este caso la parte demandante puede optar por acudir a las normas anteriores, que no exigen requerimiento previo.
A lo anterior se une que las demandantes no presentan la demanda sin trámite previo. Se ha dirigido indudablemente a la compañía de Seguros GES, pues los daños de reparación de su vehículo, que ascendieron a 4.377,71 €, fueron directamente abonados al taller, y consta el número de expediente abierto para atender este siniestro, que se facilita en la demanda. Se ha producido, por tanto, la "comunicación" del siniestro a que alude el art. 7.8 del RDL 8/2004.
Finalmente, aún con una interpretación que exigiera la presentación de la reclamación previa, habría que haber otorgado trámite de subsanación conforme a la regla general del art. 231 LEC, tal y como señala en su recurso la parte apelante. Y si tampoco se considerara procedente ese trámite, desde luego la inadmisión de la demanda tendría base legal respecto de la compañía de Seguros demandada, pero no para la conductora y propietario del vehículo, también demandados, frente a los que es innecesaria la reclamación previa.
Una interpretación como la pretendida por el auto recurrido, exigiendo para un accidente anterior al 1 de enero de 2016 la reclamación previa a que alude el art. 7.8 del RDL 8/2004, conduciría a la absurda situación procesal de que la demanda se inadmitiría frente a GES, continuaría contra el propietario del vehículo y la conductora, que eventualmente podrían sostener la intervención provocada del art. 14 LEC, que podrían reclamar la asistencia jurídica prevista en el art. 74 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (LCS), y caso de ser condenados, estarían facultados para una probable repetición frente a la aseguradora por todo el coste del proceso.
A todo ello se añade la relevancia constitucional de interpretación favorable a la inadmisión de la demanda. Esta decisión impide la tramitación del procedimiento y podría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva que garantiza el art. 24 CE, y en su desarrollo, el art. 11.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), una de cuyas manifestaciones es el derecho al proceso debido y a obtener una resolución fundada en derecho (STC 160/1985, 200/1988, 96/1991, 154/1992, 55/1995, 104/1997, 108/2000, 201/2001, entre otras...).

Parece más que razonable, por todo lo expuesto, que todo este nuevo conjunto normativo, incluida la reclamación previa, se aplique a accidentes ocurridos a partir del 1 de enero de 2016, como expresamente dispone la DT de la Ley 35/2015, como se deriva de una interpretación sistemática de los arts. 2 y 403 LEC, y de la doctrina constitucional citada. Esto supone la estimación del recurso y acarrea la revocación del auto apelado, debiendo ser admitida la demanda.

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