Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de septiembre de
2018 (D. Francisco Marín Castán).
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CUARTO.- El recurso de casación se compone
de dos motivos estrechamente relacionados entre sí, que por ello procede
examinar y resolver conjuntamente.
El motivo primero se funda en
infracción del art. 1.1.ª de la Ley 57/1968, alegándose la existencia de
interés casacional por oposición a la doctrina jurisprudencial de esta sala
porque la sentencia recurrida, al fundar su ratio decidendi en «las Sentencias
del Pleno de la Sala Primera de 13 de enero de 2015 y núm. 780/2014, de 30 de
abril de 2015 », en puridad no hizo sino vulnerar su doctrina, que según la
recurrente solo dispone que cuando se ha contratado el seguro o el aval la
falta de ingreso de las cantidades garantizadas en una cuenta especial o en la
cuenta ligada a los avales no excluye la cobertura del seguro ni la obligación
del avalista de responder por la devolución de esas cantidades, pero que, sigue
diciendo, no contempla casos como el presente en que el promotor no ha
contratado ni el seguro ni el aval y la entidad de crédito no avalista
desconoce incluso la existencia de la promoción, por lo que, concluye, su deber
de control sobre los ingresos en una cuenta del promotor deviene exorbitante y
desproporcionado.
El motivo segundo aduce la
existencia de interés casacional en la modalidad de jurisprudencia
contradictoria de las Audiencias Provinciales, alegándose al respecto, en
síntesis, que la sentencia recurrida, al enjuiciar la concurrencia de los
presupuestos que determinan el nacimiento de la responsabilidad de las
entidades de crédito con arreglo al art. 1.2.ª Ley 57/1968, resuelve sobre dos
cuestiones respecto de las que consta de manera notoria esa contradicción: «(i)
sobre si esa responsabilidad nace única y exclusivamente cuando la promotora
abre una cuenta especial que evita la confusión de los ingresos de los
compradores con otros ingresos y capitales administrados por el promotor; y
(ii) sobre si, en aquellos casos, en los que se considera que esa
responsabilidad nace también cuando no se ha abierto esa cuenta especial, la
responsabilidad se produce siempre que la cuenta sea de una promotora y se
hayan producido ingresos que han resultado tener origen en cantidades anticipadas
por el comprador consumidor, de manera que las entidades de crédito tienen un
deber de control o vigilancia de todos los ingresos realizados en esa cuenta, a
fin de verificar si alguno de ellos puede consistir en dichas cantidades
anticipadas y, de este modo, impedir o bloquear el ingreso si el promotor no
constituye el aval o el contrato de seguro respecto de esas concretas
cantidades». Como sentencias que siguen el criterio estricto de que la
responsabilidad de la Ley 57/68 solo nace cuando la promotora solicita de forma
expresa la apertura de una cuenta especial se citan, entre otras, las SSAP de
Alicante, sec. 6.ª, 356/2012 y 234/2013; y como sentencias que entienden que la
responsabilidad de la ley nace también en los casos de ingresos de cantidades anticipadas
en otras cuentas corrientes ordinarias del promotor cita, entre otras, las SSAP
de Burgos, sec. 3.ª, 219/2013 y 13/2014.
En trámite de alegaciones a la
providencia poniendo de manifiesto posibles causas de inadmisión la parte
recurrente añadió que existe jurisprudencia de esta sala, posterior a la citada
en el recurso (en concreto cita las sentencias 420/2016, de 24 de junio,
436/2016, de 29 de junio, y 675/2016, de 16 de noviembre), que viene a avalar
su tesis de que no pudo conocer ni controlar los ingresos, y ello tanto porque
se hicieron en una cuenta de la promotora que no era la especial del BBVA
indicada en el contrato como porque, además, se realizaron por medio de
terceros y no directamente por los compradores, además de que esta sala
inadmitió un recurso similar en un pleito entre otros compradores y la misma
promotora (auto de 23 de noviembre de 2016, rec. 272/2015) confirmando así la
sentencia dictada en apelación también por la misma AP Alicante que descartó la
responsabilidad de CRC).
La parte recurrida se ha opuesto a
dichos motivos argumentando, en síntesis: (i) que las sentencias invocadas en
trámite de alegaciones ni siquiera se habían dictado cuando se dictó la
sentencia recurrida, por lo que su doctrina no pudo ser infringida, además de
referirse a casos distintos del presente; (ii) que la recurrente incurre en
confusión, pues la responsabilidad exigible a la entidad avalista, y los casos
en que se ha apreciado su falta de responsabilidad por cantidades recibidas en
otras cuentas o de otras entidades, es diferente de la responsabilidad que se
exige en este caso a la entidad de crédito recurrente depositaria, con base en
el art. 1.2.ª de la Ley 57/1968, por no controlar los ingresos, lo que
determina que tampoco sea aplicable al caso la doctrina de esta sala sobre
casos en los que los pagos al promotor se hacían «al margen del contrato y sin
posibilidad alguna de control por parte de la entidad financiera», pues la
sentencia recurrida declara probado que la entidad hoy recurrente sabía que
Eurohouse 2010 S.L. se dedicaba al mercado inmobiliario y por ello carecía de
sentido que no conociera la procedencia de los cuantiosos ingresos que se
realizaron en la cuenta que la citada promotora tenía abierta en dicha entidad;
(iii) que no puede ser paliativo de la responsabilidad legal de la entidad
recurrente el hecho de que los pagos se hicieran a través de terceros en nombre
de los compradores, pues la normativa protectora de los consumidores de la Ley
57/1968 se aplica también en estos casos (pagos en nombre de los compradores
realizados por terceras personas como abogados, intermediarios, etc.), tal y
como se deduce de la jurisprudencia de esta sala contenida en las sentencias
420/2017, de 4 de julio, y 467/2014, de 25 de noviembre; y (iv) que en este
caso, a diferencia del analizado por la sentencia 502/2017, de 14 de septiembre,
ha de tenerse en cuenta que en modo alguno se obligó a los compradores a
realizar los pagos en la cuenta del BBVA indicada en los contratos ni se les
dijo que la concesión de garantías dependiera de ello, ni se les indicó que
fuera especial, ni se ha declarado probado que existan esas garantías (aval o
seguro) en orden a excluir la responsabilidad del depositario.
QUINTO.- El recurso debe ser estimado por
las siguientes razones:
1.ª) La doctrina aplicable a la
presente controversia (responsabilidad de la entidad de crédito con base en el
art. 1.2.ª de la Ley 57/1968, esto es, por recibir anticipos de los compradores
y no garantizar debidamente su devolución mediante aval) ha sido sintetizada
por esta sala en la reciente sentencia 102/2018, de 28 de febrero :
«2.ª) Como recuerda la sentencia
436/2016, de 29 de junio, el cuerpo de doctrina interpretativo de la Ley
57/1968 "no admite, por regla general, que recaigan sobre el comprador las
consecuencias del incumplimiento por el promotor de sus propias obligaciones,
como tampoco las derivadas de los incumplimientos imputables a las entidades
bancarias en que el promotor tenga abiertas cuentas en las que los compradores
ingresen cantidades anticipadas".
»Según esta sentencia, el carácter
tuitivo de la dicha Ley ha sido remarcado por una jurisprudencia en la misma
línea protectora del comprador, según la cual:
»Si existe garantía, los anticipos
ingresados por el comprador se encuentran garantizados por el asegurador o
avalista aunque no se ingresen en la cuenta especial sino en otra diferente del
promotor pero en la misma entidad bancaria (sentencias de Pleno 779/2014, de 13
de enero de 2015, y 780/2014, de 30 de abril de 2015).
»Si no existe dicha garantía (como
ha sido el caso), ello no impide que las entidades de crédito que admitan
ingresos de los compradores en una cuenta del promotor sin exigir la apertura
de una cuenta especial y la correspondiente garantía respondan frente a los
compradores por el total de las cantidades anticipadas por los compradores e
ingresadas en la cuenta o cuentas que el promotor tenga abiertas en dicha
entidad, pues a partir de la sentencia 733/2015, de 21 de diciembre se fijó
como doctrina en relación con la condición 2.ª del art. 1 Ley 57/1968 que
"las entidades de crédito que admitan ingresos de los compradores en una
cuenta del promotor sin exigir la apertura de una cuenta especial y la
correspondiente garantía responderán frente a los compradores por el total de
las cantidades anticipadas por los compradores e ingresadas en la cuenta o
cuentas que el promotor tenga abiertas en dicha entidad" (doctrina que se
reitera en las sentencias 142/2016, de 9 de marzo, 174/2016, de 17 de marzo,
226/2016, de 8 de abril, y 459/2017, de 18 de julio).
»3.ª) Como afirma la reciente
sentencia 636/2017, de 23 de noviembre, "la razón fundamental de esta
jurisprudencia es que las entidades de crédito depositarias de cantidades
provenientes de particulares compradores de viviendas en construcción no tienen
el carácter de terceros ajenos a la relación entre comprador y
promotor-vendedor, sino que deben colaborar activamente con el este último a
fin de asegurarse de que cumple sus obligaciones legales (de recibir los
anticipos en una cuenta especial debidamente garantizada). En consecuencia,
basta con que la entidad de crédito conozca o no pueda desconocer (que 'supo o
tuvo que saber', según dijo literalmente dicha sentencia) que los compradores
estaban ingresando cantidades a cuenta del precio de viviendas en construcción
para que responda por no haber exigido del promotor la apertura de una cuenta
especial, separada y debidamente garantizada. No entenderlo así y exonerar de
responsabilidad a la entidad de crédito en los casos en que las cantidades se
recibieran 'en una sola cuenta del promotor, destinada a múltiples atenciones'
privaría a los compradores de la protección que les blinda el "enérgico e
imperativo" sistema de la Ley 57/1968".
»También la ya citada sentencia
459/2017, de 18 de julio, declaró al respecto que es el incumplimiento del
deber de control sobre el promotor que la condición 2.ª del artículo 1 Ley
57/1968 impone al banco lo que determina su responsabilidad frente al
comprador, de modo que, "siendo el promotor el obligado principal a
devolver la totalidad de los anticipos, esta misma obligación es la que asumen
los garantes (en caso de que haya aval o seguro) y la entidad de crédito
depositaria (en defecto de aquellos)", y esto independientemente de que la
cuenta en la que se ingresen tenga o no carácter especial.
»4.ª) No obstante, la sentencia
436/2016, de 29 de junio, descartó cualquier responsabilidad de la entidad de
crédito, avalista además, respecto de la cantidad entregada al promotor sin
posibilidad de conocimiento y control por aquella al no haberse ingresado en la
cuenta indicada en el contrato, pues la ley solo la responsabiliza de las
cantidades que se ingresan o transfieren a una cuenta del promotor en dicha
entidad. En concreto, puntualizó:
»"Desde este punto de vista, la
mención de la d. adicional 1.ª b) de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación (en adelante LOE), en su redacción aplicable al
caso por razones temporales, a 'las cantidades entregadas en efectivo' no puede
interpretarse, como propone el recurrente, en el sentido de que la garantía se
extienda a cualesquiera pagos en efectivo del comprador al promotor a cuenta
del precio total, sino, como explicó la ya citada sentencia de Pleno 467/2014, de
25 de noviembre, a la necesidad de llenar el vacío legal existente hasta
entonces en relación con las cantidades anticipadas mediante efectos bancarios,
pues la Ley 57/1968 solamente se refería a las entregas de dinero.
»En definitiva, por 'cantidades entregadas
en efectivo' (d. adicional 1.ª b) de la LOE) o por 'entregas de dinero' (art. 1
de la Ley 57/1968) habrán de entenderse, por regla general, las percibidas por
el promotor 'a través de una Entidad bancaria o Caja de Ahorros' [ arts.1-2.ª y
2. c) de la Ley 57/1968 ], ya sea por ingreso directo del comprador en la
entidad de que se trate, ya por transferencia, pues ambas modalidades deben
considerarse comprendidas en el concepto 'entrega de dinero o en efectivo', lo
que no excluye que en cada caso sea preciso ponderar la capacidad de control de
la entidad avalista o aseguradora pues, como bien indicó en este litigio la
sentencia de primera instancia, en el caso de los seguros colectivos la Orden
Ministerial de 29 de noviembre de 1968 dispone que los contratos de compraventa
han de haberse sometido al previo conocimiento de la entidad aseguradora".
»Más recientemente, la sentencia de
pleno 502/2017, de 14 de septiembre, descartó la responsabilidad de la entidad
de crédito recurrente porque al cumplimiento "de todo lo que le era
exigible según la doctrina jurisprudencial" se unía la constancia de que
los pagos no se habían realizado ni en la cuenta especial ni en ninguna otra de
la promotora en la misma.
»Se ha insistido en esta línea
también en los casos en que se exigía responsabilidad a la entidad de crédito
con base en el art. 1.2.ª Ley 57/1968, a falta de aval o seguro, siempre desde
la idea de que dicha responsabilidad legal impone la constancia de que la
entidad conoció o tuvo que conocer la existencia de ingresos a cuenta del
precio de venta de viviendas sujetas a dicho régimen.
»Así, la sentencia 636/2017, de 23
de noviembre, declara que "la responsabilidad legal del banco derivada del
art. 1-2.ª de la Ley 571968 no se funda, conforme a la doctrina jurisprudencial
expuesta, ni en la connivencia entre banco y promotor ni en el conocimiento por
el banco del ingreso de anticipos en una o varias cuentas del promotor, sino en
el deber de control del banco sobre los ingresos en cualesquiera cuentas del
promotor para exigirle la apertura de la preceptiva cuenta especial,
debidamente garantizada, en cuanto advierta la posibilidad de que se estén
recibiendo cantidades a cuenta por la compra de viviendas". Y precisamente
porque consideró documentalmente probada la existencia de ingresos de los
demandantes en una cuenta de la promotora-vendedora por la compra de viviendas
en construcción, siguió el criterio de la sentencia 174/2016, de 17 de marzo,
de considerar que en esas circunstancias (realidad de los ingresos) no podía
descargarse en los compradores "una responsabilidad de control sobre las
cuentas del promotor que, legalmente, corresponde a la entidad de crédito en la
que el promotor tenga una o varias cuentas"
»Por último, debe recordarse que desde
la sentencia de pleno 781/2014, de 16 de enero de 2015, en un caso en que eran
distintas la entidad que financió la construcción y la que percibía las
cantidades anticipadas en una cuenta de la cooperativa de viviendas, y en el
que no se había cumplido la exigencia legal de cuenta especial y de aval, es
doctrina reiterada (sentencias 126/2016, de 9 de marzo, y 468/2016, de 7 de
julio) que no cabe exigir responsabilidad por incumplimiento de sus
obligaciones legales a la primera, en tanto que no fue quien recibió
directamente las cantidades anticipadas por los cooperativistas.
»4.ª) (en realidad 5.ª) La
proyección de esta doctrina sobre el presente caso determina que sea acertada
la absolución de la entidad de crédito desde el momento en que los hechos
probados corroboran su sostenida alegación (tanto al contestar a la demanda
como al fundamentar su recurso de apelación) sobre su falta de conocimiento de
los pagos hechos por los compradores al promotor [...]».
2.ª) Los argumentos de la parte
recurrente acerca de que su responsabilidad legal depende de que la cuenta sea
especial y no ordinaria o, en este segundo caso, de que la entidad de crédito
depositaria sea además avalista, no se ajustan a la doctrina jurisprudencial
anteriormente expuesta, ya que su responsabilidad como depositaria nace del
incumplimiento de su deber de control sobre los ingresos en cualesquiera
cuentas del promotor, no siendo por tanto lo relevante ni la falta de garantía
ni el carácter especial o no especial de la cuenta en que se depositen los
anticipos, sino si conoció o tuvo que conocer la existencia de esos ingresos a
cuenta del precio de venta de viviendas sujetas a dicho régimen, lo que tiene
lugar, según declaró la sentencia 636/2017, de 23 de noviembre, «en cuanto
advierta la posibilidad de que se estén recibiendo cantidades a cuenta por la
compra de viviendas».
3.ª) Sin embargo, sí tiene razón la
recurrente cuando cuestiona la inferencia de la sentencia recurrida de que
conoció, o al menos no podía desconocer, que las cantidades ingresadas en la
cuenta corriente abierta en dicha entidad a nombre de Eurohouse 2010 S.L. se
correspondían con anticipos de los correspondientes compradores a cuenta del
precio de sus viviendas. Se trata de una conclusión que, aunque parta de los
hechos probados, infringe la jurisprudencia porque atiende únicamente al dato
de que la titular de la cuenta fuese una entidad dedicada a la promoción
inmobiliaria y prescinde de otros no menos relevantes como que la cuenta de CRC
no fuese la indicada en los contratos (en los que se indicó una de otra
entidad) o como que tales ingresos se llevaran a cabo por un tercero, la
mercantil Olé Mediterráneo S.L., sin dar razón suficiente de que los mismos
verdaderamente se correspondieran con anticipos de compradores de viviendas
protegidos por la Ley 57/1968. Por tanto, la falta de justificación aparente
para prescindir de la cuenta indicada en el contrato y para que los pagos se
hicieran en una cuenta distinta, y además por una sociedad limitada y no por
los propios compradores de las viviendas en construcción, que de este modo no
podían ser identificados por la hoy recurrente como tales (es decir, como
titulares de los derechos irrenunciables de la Ley 57/1968), son razones
bastantes para excluir la responsabilidad legal fundada en el art. 1. 2.ª de la
Ley 57/1968.
Al no ser la responsabilidad legal
de la entidad de crédito depositaria una responsabilidad «a todo trance a modo
de garante superpuesto siempre al avalista o asegurador, sino, como establece
el art. 1-2.ª de la Ley 57/1968 y declara la jurisprudencia, una
responsabilidad derivada del incumplimiento de los deberes que les impone dicha
ley» (sentencia 502/2017, de 14 de septiembre), esta sala ha descartado su
responsabilidad en casos como este en que los pagos del comprador al vendedor
se hagan al margen del contrato y sin posibilidad alguna de control por parte
de la entidad bancaria (por ejemplo, sentencias 420/2016, de 24 de junio,
436/2016, de 29 de junio, y 675/2016, de 16 de noviembre, además de la ya
citada102/2018, de 28 de febrero. Esta solución es además coherente con la
decisión de inadmitir por auto de 23 de noviembre de 2016 el recurso de
casación n.º 272/2015, interpuesto por los compradores en un litigio sobre
viviendas en construcción promovidas también por Eurohouse 2010 S.L. y en el
que la sentencia entonces recurrida desestimó la responsabilidad de la misma
entidad de crédito hoy recurrente por haberse constatado que los anticipos no
fueron depositados por los entonces compradores sino por la misma mercantil Olé
Mediterráneo S.L.
En definitiva, el art. 1.2.ª de la
Ley 57/1968 impone unos rigurosos deberes de control a las entidades de crédito
para proteger a los compradores de viviendas en construcción, pero en ningún
caso ampara a quienes, como los compradores recurridos, contratan por medio de
una sociedad, prescinden de la cuenta indicada en sus contratos para el ingreso
de los anticipos y, en fin, los ingresan por medio de otra sociedad en una
cuenta diferente y una entidad de crédito distinta. Basta con recordar que en
ningún caso la Ley 57/1968 ampararía a la sociedad limitada que hizo los
ingresos, pues la compra masiva para fines comerciales queda al margen de dicha
ley, para comprobar que no puede ser precisamente la entidad de crédito
demandante-recurrente la que deba responder frente a los
demandantes-recurridos.
SEXTO.- La estimación del recurso de
casación determina que proceda casar totalmente la sentencia recurrida y, en su
lugar, estimando el recurso de apelación interpuesto en su día por la parte
demandada, revocar la sentencia de primera instancia y desestimar íntegramente
la demanda.
SÉPTIMO.- En cuanto a las costas, conforme a
los arts. 398.1 y 394.1 LEC procede imponer las del recurso extraordinario por
infracción procesal a la parte recurrente, dado que ha sido desestimado.
Conforme al art. 398.2 LEC, no
procede imponer a ninguna de las partes las costas del recurso de casación,
dado que ha sido estimado, ni tampoco las de la segunda instancia, pues el
recurso de apelación de la entidad demandada hoy recurrente tenía que haber
sido estimado.
Conforme a los arts. 398.1 y 394.1
LEC, procede imponer a la parte demandante las costas de la primera instancia,
porque la demanda tenía que haber sido desestimada en su integridad.
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