Sentencia del Tribunal Supremo (1ª) de 3 de octubre de 2024 (D. PEDRO JOSE VELA TORRES).
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PRIMERO.- Resumen de antecedentes 1.-
El 20 de abril de 2020, la comunidad de propietarios en propiedad horizontal
del DIRECCION000 de Madrid, adoptó un acuerdo por el que se prohibía el
ejercicio de actividad de apartamentos o alquileres turísticos. El acuerdo se
adoptó por una mayoría de propietarios que superaba los tres quintos (de
propietarios y de participación), pero no por unanimidad (hubo un voto en
contra y una abstención). El propio acuerdo indicaba que: «Al necesitar una
mayoría cualificada, se computarán como votos favorables los de aquellos
propietarios ausentes de la Junta, quienes una vez informados del acuerdo
adoptado por los presentes, no manifiesten su discrepancia mediante
comunicación a quien ejerza las funciones de secretariado de la comunidad en el
plazo de 30 días naturales. Por lo que junto con este Acta se enviará a los
propietarios una remisión de voto». El 4 de febrero de 2020, se remitió el acta
de la junta a todos los propietarios, sin que en el plazo de treinta días
naturales se hubiera manifestado ninguna discrepancia, por lo que quedó
aprobado el acuerdo. 2.- La compañía mercantil Delsa Patrimonial
Management Group S.L. (en lo sucesivo, Delsa), propietaria de una vivienda en
la citada comunidad, presentó una demanda en la que solicitó la nulidad de
dicho acuerdo por no haberse adoptado por unanimidad. 3.- Previa
oposición de la parte demandada, la sentencia de primera instancia desestimó la
demanda. En lo que ahora interesa, consideró que cuando el art. 17.12 LPH,
introducido por el Real Decreto Ley 7/2019, de 1 de marzo, que entró en vigor
el 6 de marzo siguiente, permite limitar la actividad de pisos turísticos
incluye la posibilidad de prohibirla, por lo que bastaba con la doble mayoría
de 3/5 prevista en el propio precepto. 4.- El recurso de apelación de
la demandante fue estimado por la Audiencia Provincial. En lo que ahora resulta
de interés, argumentó que la actividad de alquiler de pisos turísticos puede
ser limitada o condicionada, conforme a los propios términos del art.
17.12 LPH, pero no prohibida totalmente, por lo que el acuerdo de Junta es
nulo. Como consecuencia de lo cual, revocó la sentencia de primera instancia y
desestimó la demanda. 5.- La comunidad de propietarios interpuso un
recurso de casación.
SEGUNDO.- Único motivo de casación.
Planteamiento. Admisibilidad 1.- El único motivo de
casación denuncia la infracción del art 17.12 LPH, introducido por el Real
Decreto Ley 7/2019 de 1 de marzo, que entró en vigor el 6 de marzo siguiente,
en relación con las reglas de interpretación contenidas en el art. 3.1 del
Código Civil. 2.- En el desarrollo del motivo, la comunidad
recurrente alega, resumidamente, que el mencionado precepto permite la
prohibición de la actividad de alquiler turístico, puesto que las facultades de
limitación y condicionamiento incluyen la prohibición. Para justificar el
interés casacional cita resoluciones contradictorias de las Audiencias
Provinciales; a favor de su interpretación las sentencias de las
Audiencias Provinciales de Segovia 129/2020, de 21 de abril, Granada
224/2022, de 25 de marzo, y Asturias 13/2021, de 18 de
enero y 175/2022 de 28 de abril; y en contra las sentencias de
las Audiencias Provinciales de Córdoba 690/2022, de 12 de julio, y Madrid
361/2022, de 6 de julio. 3 .- Al oponerse al recurso de casación la
parte recurrida alegó que el mismo era inadmisible porque el encabezamiento del
motivo no reunía los requisitos de formulación. Sin embargo, ello no es así,
porque el encabezamiento es suficiente para identificar el problema sustantivo
suscitado -la interpretación del art. 17.12 LPH-, lo que, por lo demás,
presenta un interés casacional notorio, habida cuenta las interpretaciones
divergentes que están haciendo las Audiencias Provinciales.
TERCERO.- Resoluciones previas de la
Sala
1.- Hasta ahora la sala no se ha
pronunciado sobre la interpretación y aplicación del art. 17.12 LPH,
introducido por el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes
en materia de vivienda y alquiler. En fechas recientes ha dictado una serie de
sentencias con el denominador común de analizar la licitud de la prohibición
estatutaria de la explotación en la comunidad de pisos o apartamentos
turísticos (sentencias 1643/2023, de 27 de noviembre; 1671/2023, de 29 de
noviembre; 90/2024, de 24 de enero; 95/2024, de 29 de enero;
y 105/2024, de 30 de enero), pero en tales asuntos, por la fecha en que se
plantearon los conflictos que dieron lugar a los correspondientes litigios, no
se aplicaba dicho precepto, sino únicamente disposiciones estatutarias, sin
base legal de directa y unívoca aplicación, que se referían a este tema. En
concreto, en los casos enjuiciados hasta ahora por la sala, se trataba de
discernir si los acuerdos comunitarios de prohibición de la explotación de
pisos o apartamentos turísticos en la comunidad, anteriores a la introducción
del art. 17.12 LPH, eran acordes a Derecho.
2.- En esas sentencias, resumidamente,
consideramos que tanto la legislación administrativa estatal, como la
autonómica y municipal, califican como actividad económica la de alquiler de
las viviendas que se ofrezcan o comercialicen como alojamiento por motivos
turísticos o vacacionales, y que son cedidas temporalmente por la persona
propietaria, explotadora o gestora y comercializadas directamente por ella
misma o indirectamente, a terceros, de forma reiterada o habitual y a cambio de
contraprestación económica. Y ello permite concluir que el alquiler de
viviendas para uso turístico puede considerarse incluido en una prohibición
estatutaria que impida el ejercicio de actividades económicas en los pisos o
viviendas, en el sentido de tratarse de actividades que implican usos distintos
del de vivienda y en los que concurre un componente comercial, profesional o
empresarial. Prohibición estatutaria que en tales sentencias consideramos
lícita, en los términos que expondremos a continuación.
CUARTO.- La legitimidad de las
prohibiciones de uso de los elementos privativos en el régimen de la propiedad
horizontal y su conformidad con la Constitución
1.- Este tribunal no ha cuestionado la
legalidad de la limitación de las facultades dominicales de los propietarios de
los distintos pisos y locales de un edificio sometido al régimen de propiedad
horizontal. En este sentido, nos pronunciamos, por ejemplo, en
la sentencia 358/2018, de 15 de junio, cuya doctrina ratifica la más
reciente sentencia 1671/2023, de 29 de noviembre, que aborda la temática
relativa a la eficacia de las limitaciones o prohibiciones referidas al uso de
un inmueble sometido a tal régimen jurídico; y así señalamos en dicha
resolución: «(i) El derecho a la propiedad privada constituye un derecho
constitucionalmente reconocido (artículo 33 CE), concebido ampliamente en
nuestro ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que las establecidas legal
o convencionalmente que, en todo caso, deben ser interpretadas de un modo
restrictivo. No obstante en el ámbito de la propiedad horizontal, se considera
posible y aceptable establecer limitaciones o prohibiciones a la propiedad, que
atienden a la protección del interés general de la comunidad. Dentro de estas
limitaciones se encuentra la prohibición de realizar determinadas actividades o
el cambio de uso del inmueble, pero para su efectividad deben constar de manera
expresa y, para poder tener eficacia frente a terceros, deben aparecer
inscritas en el Registro de la Propiedad. »(ii) También es doctrina de
esta Sala (sentencia 30 de diciembre de 2010; 23 de febrero de
2006 y 20 de octubre de 2008) considerar que la mera descripción del
inmueble no supone una limitación del uso o de las facultades dominicales, sino
que la eficacia de una prohibición de esta naturaleza exige de una estipulación
clara y precisa que la establezca. Así lo reconocía la sentencia de 21 de
diciembre de 1993. »Los copropietarios no pueden verse privados de la
utilización de su derecho a la propiedad como consideren más adecuado, a no ser
que este uso no esté legalmente prohibido o que el cambio de destino aparezca
expresamente limitado por el régimen de dicha propiedad horizontal, su título
constitutivo o su regulación estatutaria. »Es por ello por lo que la
citada sentencia 728/2011, de 24 de octubre, afirma que: "Se reitera
como doctrina jurisprudencial que las limitaciones o prohibiciones referidas a
la alteración del uso de un inmueble en el ámbito de la propiedad horizontal
exigen, para que sean eficaces, que consten de manera expresa". »(iii) La
interpretación de las limitaciones, y ello es relevante para el recurso, debe
ser siempre de carácter restrictivo, como cualquier menoscabo del derecho de
propiedad, siendo contundente la jurisprudencia (sentencias de 6 de febrero de
1989; 7 de febrero de 1989; de 24 de julio de 1992; de 29 de
febrero de 2000; de 21 de abril de 1997"».
2.- De esta manera, por ejemplo, en
sentencia 729/2014, de 3 de diciembre, que se reproduce en la más reciente
sentencia 1643/2023, de 27 de noviembre, hemos señalado que: «1. En el ámbito
de la propiedad horizontal, resulta posible el establecimiento de limitaciones
o prohibiciones que en general atiendan al interés general de la comunidad.
Prohibiciones estas que, como indican las sentencias de 20 de octubre de
2008 y 30 de diciembre de 2010, citadas por la de 5 de octubre
de 2013, referidas a la realización de determinadas actividades o al cambio de
uso del inmueble, que es lo sucedido en el caso del recurrente, deben constar
de manera expresa...».
3.- En conclusión, de la doctrina
jurisprudencial expuesta resulta que en el régimen de propiedad horizontal es
perfectamente legítimo, a los efectos de conciliar los intereses estrictamente
privativos con los generales concurrentes inherentes a su naturaleza jurídica,
establecer restricciones o prohibiciones a las facultades de goce que, con
respecto a los pisos o locales del inmueble, corresponden a sus propietarios.
Siempre que se trate, claro está, de un acuerdo adoptado conforme a derecho y
con los límites derivados del art. 1255 del CC, sin que los arts. 33
(derecho a la propiedad privada) y art. 38 (libertad de empresa)
reconocidos por la Constitución, veden unas limitaciones de tal clase. En
efecto, las prohibiciones de actividad en los elementos privativos fueron
declaradas conformes con la Constitución por las SSTC 301/1993, de 21 de
octubre y 28/1999, de 8 de marzo, en las que se proclamó, con
respecto al régimen de propiedad horizontal, que: «[...] la necesidad de
compaginar los derechos e intereses concurrentes de una pluralidad de
propietarios y ocupantes de los pisos, justifica, sin duda, la fijación, legal
o estatutaria, de específicas restricciones o límites a los derechos de uso y
disfrute de los inmuebles por parte de sus respectivos titulares». En
definitiva, impedir el uso para alquiler turístico constituye una prohibición,
que es legítima y que, por lo tanto, no cabe negar, dado que no altera el
contenido esencial del derecho de propiedad. O dicho de otra forma, las
facultades de los propietarios, para definir el destino de sus pisos o locales,
no son omnímodas, sino susceptibles de ser sometidas a límites tanto legales
como convencionales. Ello es así, dado que la titularidad dominical de los
comuneros no abarca una relación de pertenencia absoluta con facultades
inquebrantables de gozar y disponer, puesto que caben legítimas restricciones
al agere licere (al actuar permitido) que les corresponde y,
específicamente, en el régimen de la propiedad horizontal.
4.- La STC 37/1987, de 26 de marzo,
advirtió que: «[...] la fijación del «contenido esencial» de la propiedad
privada no puede hacerse desde la exclusiva consideración subjetiva del derecho
o de los intereses individuales que a éste subyacen, sino que debe incluir
igualmente la necesaria referencia a la función social, entendida no como mero
límite externo a su definición o a su ejercicio, sino como parte integrante del
derecho mismo. Utilidad individual y función social definen, por tanto, inescindiblemente
el contenido del derecho de propiedad sobre cada categoría o tipo de bienes».
QUINTO.- Normativa vigente objeto de
interpretación
1.- El art. 17.12
LPH establece: «El acuerdo por el que se limite o condicione el ejercicio
de la actividad a que se refiere la letra e) del artículo 5 de la Ley
29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en los términos establecidos
en la normativa sectorial turística, suponga o no modificación del título
constitutivo o de los estatutos, requerirá el voto favorable de las tres
quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las
tres quintas partes de las cuotas de participación. Asimismo, esta misma
mayoría se requerirá para el acuerdo por el que se establezcan cuotas
especiales de gastos o un incremento en la participación de los gastos comunes
de la vivienda donde se realice dicha actividad, siempre que estas modificaciones
no supongan un incremento superior al 20%. Estos acuerdos no tendrán efectos
retroactivos».
2.- A su vez, el art. 5.e) de la Ley
29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU) a que se refiere
el art.17.12 LPH, fue añadido por el art. 1.2 de la Ley 4/2013, de 4
de junio, con la siguiente redacción: «Quedan excluidos del ámbito de
aplicación de esta ley: (...) La cesión temporal de uso de la totalidad de una
vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o
promocionada en canales de oferta turística y realizada con finalidad lucrativa,
cuando esté sometida a un régimen específico, derivado de su normativa
sectorial». La letra e) del art. 5 LAU pasó a tener nueva redacción
tras la modificación por el art. 1.2 del Real Decreto-ley 21/2018, de 14
de diciembre (modificación dejada sin efecto tras la derogación
ex art. 86.2 CE del mencionado Real Decreto-ley, pero recuperada
posteriormente por el art. 1.2 del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de
marzo): «La cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y
equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en
canales de oferta turística o por cualquier otro modo de comercialización o
promoción, y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un
régimen específico, derivado de su normativa sectorial turística».
SEXTO.- Decisión de la Sala. El art.
17.12 LPH permite la prohibición de la actividad de alquileres
turísticos si el acuerdo se adopta por la doble mayoría de tres quintos
1.- El art. 17 LPH establece
las reglas por las que se tomarán los acuerdos para decidir los asuntos de
interés de la comunidad en atención a su naturaleza (instalación de
infraestructuras comunes para el acceso a los servicios de telecomunicación;
realización de obras o establecimiento de nuevos servicios con la finalidad de
supresión de barreras arquitectónicas; realización de obras o actuaciones que
contribuyan a la mejora de la eficiencia energética; establecimiento o
supresión de los servicios de portería, conserjería, vigilancia u otros comunes
de interés general; instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos
para uso privado en el aparcamiento del edificio; acuerdos que impliquen la
aprobación o modificación de las reglas contenidas en el título constitutivo o
en los estatutos; uso de los pisos para alquiler turístico, entre otros), con
el establecimiento de las mayorías precisas para la adopción de dichos
acuerdos.
2.- La cuestión controvertida, que
constituye el objeto de este proceso y del recurso de casación, consiste en
determinar si la expresión normativa del art. 17.12 LPH, referente al
«acuerdo por el que se limite o condicione el ejercicio de la actividad a que
se refiere la letra e) del artículo 5 de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos», permite la prohibición de tal destino. O
si, por el contrario, una decisión de tal clase constituye un acto
jurídico contra legem (contra lo dispuesto en la ley),
impugnable por la vía del art. 18 LPH; toda vez que, de acuerdo con la
interpretación literal por la que opta la sentencia recurrida, «condicionar» o
«limitar» no comprende prohibir. Cabe precisar que no nos encontramos ante un
supuesto de interpretación de una norma estatutaria bajo los condicionantes
restrictivos antes explicitados con la oportuna cita jurisprudencial, sino ante
la interpretación de un concreto precepto legal, a los efectos de dilucidar si
la nueva redacción del art. 17.12 LPH permite a la comunidad de
vecinos adoptar un acuerdo, por las mayorías explicitadas, que vede el uso de
alquiler turístico.
3.- Conforme a lo dispuesto en
el art. 3.1 CC, la interpretación de las normas jurídicas deberá llevarse
a efecto «según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto,
los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en
que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad
de aquellas». Es decir, conforme a los tradicionales criterios literal,
sistemático, histórico, sociológico y teleológico, que no conforman un numerus
clausus que vede la posibilidad de acudir a otros criterios
interpretativos. En cualquier caso, el precepto otorga preeminencia al espíritu
y finalidad pretendida por la norma, que se identifica con la ratio o razón de
ser que la justifica, lo que conduce a que el intérprete no deba detenerse en
la mera exégesis gramatical, sino prestar atención a los otros criterios
del art. 3.1 del CC, entre los que destaca la prevalencia del teleológico
o fin de la norma; es decir, el «por qué» y «para qué» fue dictada.
La sentencia de esta sala 149/1983, de 15 de marzo, señaló al respecto
que: «[...]" la interpretación de los preceptos positivos - sentencia
de veinticuatro de enero de mil novecientos setenta- debe ser obtenida, como
proclama la sentencia de catorce de octubre de mil novecientos sesenta y
cinco, no sólo de la letra estricta del texto, sino teniendo en cuenta su
sentido lógico- que busca el espíritu y sentido, así como la finalidad de la
Ley ...». Por su parte, la sentencia 519/1991, de 2 de julio, enseña que
el espíritu y finalidad de la norma no son: «[...] un mero elemento de
interpretación, sino la clave fundamental para orientar aquélla; de antiguo ha
sentado la doctrina de esta Sala la insuficiencia del criterio literal en la
interpretación de la norma jurídica y así dice la sentencia de 23 de marzo
de 1950 "que si bien en materia de interpretación de las normas
legales es preciso partir de la literalidad de su texto, no puede menos de
tenerse en cuenta el valor del resultado, a fin de que tal interpretación conduzca
a una consecuencia racional en el orden lógico».
4.- Desde un punto de vista semántico, la
expresión legal «limite o condicione» establece dos supuestos distintos y
alternativos, uno de menor intensidad (el condicionamiento) y otro de mayor
alcance (la limitación), y dentro de esta última nada impide que la limitación
pueda llegar a la prohibición de la actividad. Según el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua, «limitar» no solo significa «poner límites a algo», sino
también, «fijar la extensión que pueden tener la autoridad o los derechos y
facultades de alguien». Es decir, la posibilidad de limitación conferida
legalmente a las comunidades de propietarios de limitar la actividad de pisos
turísticos en el inmueble puede suponer también su completa prohibición, que
sería el máximo del límite. Interpretación gramatical que queda reforzada por
el significado de «límite» en el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico:
«Delimitación de un territorio, de un derecho o del ámbito de las competencias
administrativas o jurisdiccionales». Lo que ha hecho el legislador es permitir
que las comunidades puedan delimitar el ejercicio de la actividad de pisos
turísticos, lo que, en su caso, incluye la posibilidad de su prohibición.
5.- En cuanto a la interpretación
teleológica, a los efectos de determinar la finalidad pretendida por las leyes,
la jurisprudencia suele acudir a sus preámbulos o exposiciones de motivos, en
tanto en cuanto constituyen un instrumento privilegiado para desvelar la razón
de ser de su regulación normativa (sentencias 205/2001, de 27 de
febrero; 877/2024, de 19 de junio; 929/2024, de 1 de julio;
y 1015/2024, de 17 de julio, entre otras muchas).
El preámbulo del RDL 7/2019, de 1 de marzo, de
medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, justifica precisamente la
urgencia de su aprobación con fundamento en las dificultades de los ciudadanos
de acceso a la vivienda en régimen de alquiler, así como por haberse generado,
en los últimos tiempos, un notorio incremento de las rentas, y,
consecuentemente, de los porcentajes de esfuerzo de los ingresos familiares
para cubrir las necesidades de habitación; y así señala: «No cabe duda de que,
aunque pueden existir diversos factores que explican este incremento de los
precios, el fenómeno creciente del alquiler turístico de vivienda a través de
plataformas p2p incide en un contexto en el que, además, la demanda de vivienda
en alquiler está creciendo con intensidad». Y añade que: «En materia de
viviendas de uso turístico, también se recoge en el título II una reforma del
régimen de propiedad horizontal que explicita la mayoría cualificada necesaria
para que las comunidades de propietarios puedan limitar o condicionar el
ejercicio de la actividad, o establecer cuotas especiales o incremento en la
participación de los gastos comunes de la vivienda, en el marco de la normativa
sectorial que regule el ejercicio de esta actividad y del régimen de usos
establecido por los instrumentos de ordenación urbanística y territorial».
Conforme a estas intenciones expresas del
legislador, el espíritu y finalidad de la norma no es contrario, sino que
propicia precisamente la interpretación de que la limitación de la actividad
del alquiler turístico comprenda su prohibición. La voluntad del legislador es
proclive a favor del arrendamiento residencial frente al alquiler turístico,
que se pretende restringir con la finalidad de incrementar el parque de
viviendas para la venta y arrendamiento, con la natural repercusión sobre los
precios y correlativa reducción del esfuerzo de las economías familiares.
Condicionar o restringir el ejercicio de aquella actividad no soluciona, al
menos, en la misma medida, la problemática de las dificultades de acceso a la
vivienda, que se pretenden corregir por medio de tal disposición
normativa.
6.- Por otra parte, atribuir dichas
facultades a los propietarios encuentra su fundamento en la consideración de
que el desarrollo de una actividad de tal clase puede generar molestias y
perjuicios -de ahí la posibilidad de condicionarla o restringirla que nadie
cuestiona, puesto que si se tratase de una actividad meramente inocua la
modificación carecería de sentido- que la realidad social constata,
especialmente en zonas de mayor incidencia turística, en las que el ocio
difícilmente se concilia con el descanso de los ocupantes de las viviendas con
fines residenciales, que son, en su caso, quienes adoptarán el acuerdo
limitativo, siempre que reúnan la mayoría cualificada de los 3/5 del número de
propietarios y cuotas de participación impuesta por la ley, que respeta la
regla de la proporcionalidad de la medida en cuanto a los intereses en
conflicto.
7.- Tampoco consideramos que las únicas
posibilidades que el art. 17.12 LPH oferta a los propietarios con
respecto a las molestias y perjuicios derivados del alquiler turístico sean las
del art. 7.2 LPH; es decir, una vez producidos, reaccionar frente a ellos
a través de lo dispuesto en este precepto, cuando las propias normas
estatutarias posibilitan vedar de antemano determinadas actividades que
permitan delimitar a los copropietarios la finalidad fundamentalmente
residencial de sus inmuebles, sin que la vida vecinal se vea alterada por
actividades económicas que la experiencia demuestra introducen un elemento
perturbador en la convivencia comunitaria.
En este sentido, los intereses de la
colectividad expuestos en el RDL 7/2019, y los generales de los propietarios de
los pisos y locales, convergen en cuanto a la problemática derivada del
alquiler turístico, siempre que concurran los presupuestos del art. 17.12
LPH, que operan como excepción al régimen de la unanimidad. Como ya se ha
expuesto, el Tribunal Constitucional ha reconocido que las restricciones
legales o estatutarias al derecho de goce de los pisos en comunidades de
vecinos no son, por sí mismas, contrarias al art. 33 CE, siempre que
obedezcan a la función social de la propiedad privada (SSTC 301/1993, de 21 de
octubre, y 28/1999, de 8 de marzo).
Dentro de esta función social, es una
aspiración legítima de una comunidad de propietarios la evitación de
potenciales molestias para el resto de los vecinos (art. 7.2 LPH) y de posibles
conflictos de convivencia entre los propietarios y los indeterminados y
ocasionales usuarios de uno o varios de los departamentos.
8.- Finalmente, el art. 17.12
LPH supone una excepción a la regla de la unanimidad (cada vez más en
retroceso, tras las últimas reformas legales, como demuestra la modificación de
la LPH por el Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre), al introducir la
doble mayoría de tres quintos, por lo que sería contradictorio someter la
prohibición de los alquileres turísticos al régimen de unanimidad, puesto que
ello sería tanto como hacerla imposible, ya que bastaría el voto en contra del
propietario del piso en el que se pretende ejercer la actividad para
impedirlo.
9.- Por todo lo expuesto, el recurso de
casación debe ser estimado. Lo que supone la anulación de la sentencia
recurrida y, por los mismos fundamentos jurídicos, la desestimación del recurso
de apelación y la confirmación de la sentencia de primera instancia.
SÉPTIMO.- Costas y depósitos 1.- Al
haberse estimado el recurso de casación, no procede hacer expresa imposición de
las costas por él causadas, según previene el art. 398.2
LEC. 2.- La desestimación del recurso de apelación, conlleva que
deban imponerse a la recurrente las costas causadas por el mismo, según
previene el art. 398.1 LEC. 3.- Igualmente, debe acordarse
devolución del depósito constituido para el recurso de casación y la pérdida
del depósito constituido para el recurso de apelación, de conformidad con
la disposición adicional 15ª, apartados 8 y 9, LOPJ.
F A L L O
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por
la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido
1.º- Estimar el recurso de casación
interpuesto por la comunidad de propietarios del DIRECCION000 de Madrid, contra
la sentencia núm. 361/2022, de 6 de julio,
dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 10ª, en el recurso de
apelación núm. 249/2022, que casamos y anulamos.
2.º- Desestimar el recurso de apelación
interpuesto por Delsa Patrimonial Management Group S.L. contra la sentencia núm. 474/2021, de 20 de diciembre, dictada por
el Juzgado de Primera Instancia núm. 43 de Madrid, en el juicio ordinario núm.
244/2021, que confirmamos.
3.º- Imponer a Delsa Patrimonial
Management Group S.L. las costas del recurso de apelación.
4.º- No hacer expresa imposición de las
costas del recurso de casación.
5.º- Ordenar la devolución del depósito
constituido para el recurso de casación y la pérdida del depósito constituido
para el recurso de apelación.
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