Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2013 (D. JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA).
Tipo de Resolución: Sentencia SENTENCIA En la Villa de Madrid, a uno de
Febrero de dos mil trece.
PRIMERO.-
El único
motivo de los cuatro formulados, que fué admitido a trámite, refiere la
infracción del artículo 1968, en relación con el artículo 1902, ambos del Código
Civil, y el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad
Civil y Seguro en la
Circulación de Vehículos a motos (antes artículo 7). Basa la
parte recurrente tal motivo en que estableciendo el citado precepto el plazo de
un año para el ejercicio del derecho de repetición, resulta que la acción está
prescrita respecto de alguno de los pagos realizados, por cuanto el cómputo de
dicho plazo ha de hacerse, no como afirma la resolución recurrida, desde el
último pago, sino desde que se hizo el pago a cada uno de los perjudicados.
El motivo se desestima.
Dice la sentencia lo
siguiente: "El artículo 7º, último párrafo, de la Ley sobre Responsabilidad
Civil y Seguro en la
Circulación de Vehículos a Motor, pese a su especificidad
sobre el día inicial del cómputo de la prescripción (la fecha de pago al
perjudicado), no supone diferencia real con la regla general del artículo 1.969
del Código Civil, porque, como es patente, una pretensión de repetición, por su
propia índole, solo puede ejercitarse a partir del pago, como sucede, por
ejemplo, en el supuesto del artículo 1.158 del propio Código.
Por otra parte éste no liga su
efecto a la naturaleza de la pretensión civil, sino a los hechos sobre que
versa, de modo que, mientras esté pendiente un proceso penal, no podrá seguirse
otro civil sobre aquéllos; por ello es irrelevante que la demanda esté o no
vinculada a la resolución penal o que se trate de pretensiones de responsabilidad
extracontractual en sentido estricto o no, pues afecta también a las de
cualquier otra índole, siempre que los hechos objeto del proceso penal formen
parte de su causa, aunque no sea de modo exclusivo.
En el caso presente no ofrece
duda que los hechos origen del juicio de faltas están integrados en la causa de
las pretensiones ejercitadas en la demanda, no ya porque ésta los alegue, sino
porque no cabe repetir contra quien no sea responsable, por uno u otro título,
del accidente. El mencionado artículo 114 es aplicado como interruptor de la
prescripción de modo reiterado y notorio por la jurisprudencia (entre otras
muchas, sentencias del Tribunal Supremo de once de febrero de 1977, treinta de
diciembre de 1981, siete de mayo de 1984, veinticuatro de junio de 1988,
veintisiete de abril de 1992 y tres de marzo de 1998). Así pues ha de concluirse
que el curso de la prescripción estuvo interrumpido hasta la terminación del
proceso penal y desde ella no transcurrió un año hasta las reclamaciones
extrajudiciales, ni tampoco entre éstas y la interposición de la demanda. En
consecuencia la excepción de prescripción no está bien fundada y fracasa"
El artículo 10 del Texto
Refundido de la Ley
sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos
a Motor (antes artículo 7), en lo que aquí interesa, puesto que constituye la
razón de la reclamación formulada por el Consorcio, faculta al asegurador, una
vez efectuado el pago de la indemnización, a repetir: "... c) contra el
tomador del seguro o asegurado por causas previstas en la Ley 50/1980, de 8 de octubre,
de contrato de seguro, y en el propio contrato de seguro".
El pago de la indemnización,
dice la sentencia de esta sala de 11 de julio de 2011, es, "condición indispensable
para el nacimiento a favor de la aseguradora de la facultad de repetición a la
que alude el artículo y esta acción del asegurador contra el tomador de seguro
o asegurado prescribe por el transcurso del plazo de un año, contado a partir
de la fecha en que hizo el pago al perjudicado; plazo que no ha prescrito si se
tiene en cuenta que este pago que realiza la aseguradora tiene como día inicial
para el cómputo del año aquel en que la aseguradora pone fin a un mismo
siniestro, mediante el pago de las indemnizaciones al conjunto de perjudicados,
especialmente cuando, como aquí sucede, han interferido una diligencias penales
previas cuyo resultado podría haber determinado unas solución jurídica distinta
respecto de los pagos hechos durante su curso y de la posibilidad de repetir o
no frente al tomador o asegurado para su recuperación".
De ahí que fuese aplicable en
todo su rigor el art. 114 LEC que prohibe absolutamente seguir pleito sobre el
hecho que sea objeto de un juicio criminal hasta que en este recaiga sentencia
firme, lo que a su vez comportaba, conforme al art. 1969 CC, que el plazo de un
año no comenzará a correr hasta después de dictada esa sentencia firme.
Con esta interpretación
combinada de los arts.7. LRSCSCVM,114 LECriminal, 1969 CC y 40 LEC, dice la STS de 11 de noviembre de 2011,
no sólo se sigue la Doctrina
de esta Sala representada por las sentencias de 5 de octubre de 2010 (rec
1748/06, ap 45.1.), 7 de enero de 2011 (rec 1272/07, Ej 6º), 11 de julio de
2011 (rec 1058/08, FJ 2º), 19 de octubre de 2009 (rec 1129/05. FJ 5º) y 25 de
junio de 2008 (rec 3987/01, FJ 1º) sino que, además, se fomenta la pronta
satisfacción del perjudicado por el asegurador y, al propio tiempo, se evita a
este el riesgo de tener que soportar los intereses especiales de la Ley de Contrato de Seguro sin
por ello forzarlo a entablar un proceso civil ejercitando una acción de
repetición cuyos fundamentos de hecho y de derecho dependen del resultado del
proceso penal.
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