Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio
de 2016 (Dª. Ana María Ferrer
García).
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QUINTO.- La entrada en vigor de la reforma operada en el CP por la
LO 1/2015 ha dado entrada a una nueva petición por parte del recurrente Sr.
Jose Carlos en el sentido de que se deje sin efecto la condena por falta de
lesiones por imprudencia leve del derogado artículo 621 CP que se le impuso.
Pretensión que debe prosperar al haber quedado despenalizado tal
comportamiento, lo que configura la nueva legislación como más favorable al
acusado y, en consecuencia, retroactivamente aplicable de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 2.2 CP, lo que afectara a los pronunciamientos de
índole penal. Sin embargo se mantendrán los relativos a la responsabilidad
civil, tal y como interesó la Fiscal, por aplicación de la disposición
transitoria cuarta de la Ley 1/2015 del siguiente tenor literal: " La
tramitación de los procesos por falta iniciados antes de la entrada en vigor de
esta Ley por hechos que resultan por ella despenalizados o sometidos al régimen
de denuncia previa, y que lleven aparejada una posible responsabilidad civil,
continuarán hasta su normal terminación, salvo que el legitimado para ello
manifestare expresamente no querer ejercitar las acciones civiles que le
asistan, en cuyo caso se procederá al archivo de lo actuado, con el visto del
Ministerio Fiscal.
Si continuare la tramitación, el
juez limitará el contenido del fallo al pronunciamiento sobre responsabilidades
civiles y costas, ordenando la ejecución conforme a lo dispuesto en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal."
En principio se trata de una
disposición dirigida especialmente a los procesos que a la fecha de entrada en
vigor de la ley se encontraban en tramitación con arreglo a las normas del
juicio de faltas regulado en el Libro VI de la LECrim. Así lo indica el título
de la disposición "Juicios de faltas en tramitación" y su apartado 1
a tenor del cual "La tramitación de los procesos por falta iniciados antes
de la entrada en vigor de esta Ley, por hechos que resultan tipificados como
delitos leves, continuará sustanciándose conforme al procedimiento previsto
para el juicio de faltas en el Libro VI de la vigente Ley de Enjuiciamiento
Criminal."
Ahora bien, el tenor literal del
apartado segundo, ya transcrito, que alude en general a "la tramitación de
los procesos por falta iniciados antes de la entrada en vigor de esta...."
permite su aplicación a cualquier tipo de proceso en el que se sustancie
responsabilidad por falta, aunque por aplicación del artículo 14.3 de la LEcrim
y las reglas de conexidad lo sea por los trámites del procedimiento para
delitos. No existe razón alguna que justifique que, en atención al cauce
procesal, la misma infracción goce de diferente régimen de derecho transitorio.
Tampoco es obstáculo que la causa se
encuentre en fase de recurso, porque en tanto no recaiga sentencia que ponga
fin al proceso en todas sus instancias, cabe interpretar que el mismo permanece
en "tramitación". Al hilo de ello, la disposición transitoria cuarta
es perfectamente compatible con la tercera que contiene las reglas de
invocación de la normativa aplicable en materia de recursos, especialmente
centradas en fijar el momento en el que procede efectuar la alegación.
Por ello, en este caso, teniendo en
cuenta no se penará la falta que ha sido destipificada, quedando reducido el
objeto del proceso al resarcimiento civil de los perjudicados, que no han
renunciado expresamente al mismo.
Podría plantearse que la aplicación
de lo señalado en la disposición transitoria, y el consiguiente mantenimiento
del pronunciamiento relativo a una responsabilidad civil que dimana de una
infracción ya inexistente por haber quedado despenalizada, a otros procesos
distintos del juicio de faltas supone una interpretación extensiva en contra
del reo. Sin embargo el hecho de que un determinado comportamiento se
despenalice o quede sometido a régimen de denuncia previa, no implica
modificación de las responsabilidades civiles que puedan dimanar del mismo,
sino, en su caso, la vía de reclamación. De otro lado no se puede olvidar que
la disposición que nos ocupa es una norma de carácter transitorio y basada en
razones de seguridad jurídica y economía procesal, que en ningún caso va a
suponer para el acusado un pronunciamiento de condena distinto del que
procedería en la vía civil. Eso sí, siempre supeditado a la constatación de los
presupuestos que de conformidad con la legislación derogada habrían dado lugar
a una responsabilidad penal de la que, a su vez, surge la civil. Pues en otro
caso no perdurarían los presupuestos que justifican la intervención de los
tribunales penales.
Encontramos un precedente de esta
regulación en la disposición transitoria 2 de la LO 3/1989 de 21 de junio, de
actualización del Código Penal. Su constitucionalidad fue entonces cuestionada
y validada por el Pleno del Tribunal Constitucional en la STC 213/1996 de 19 de
diciembre, que descartó cualquier vulneración de la tutela judicial efectiva y
del derecho a un proceso con todas las garantías. Valoró el Tribunal
Constitucional los intereses en conflicto, y entre ellos los de las víctimas,
que en otro caso, ante supuestos de despenalización sobrevenida, se verían
obligadas a iniciar un procedimiento de carácter civil para ser resarcidas. Y
así afirmó la citada sentencia " sólo se trata de una regla transitoria
y que viene, más que a innovar o modificar, a expresar el principio de la
perpetuatio jurisdictionis, efecto positivo primordial de la litispendencia,
conforme al cual una vez establecida la jurisdicción y competencia de un
determinado Juez o Tribunal para el conocimiento de un concreto asunto,
perdurarán hasta la conclusión del proceso para el que se poseen dichas
jurisdicción y competencia. Y en atención a su contenido y finalidad cabe
observar, en primer lugar, que tal principio, basado en innegables razones no sólo
de economía procesal sino de seguridad jurídica, permite lograr que en una
situación transitoria como la presente se respete al máximo la garantía para el
justiciable que se deriva del derecho al Juez ordinario legalmente
predeterminado (art. 24.2 CE), puesto que continúa conociendo del
asunto, hasta su terminación, el mismo órgano judicial al que previamente la
Ley invistió de jurisdicción y competencia (SSTC 199/1987 y 65/1994,
entre otras) ". Lo que mantiene toda su vigencia en la actualidad.
En la medida de que el recurso ha
habilitado el trámite para solicitar que quede sin efecto la condena por la
falta mencionada, el mismo se va a considerar parcialmente estimado.
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