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sábado, 15 de junio de 2024

Seguro decenal de daños. Transmisión de la vivienda edificada (interés asegurado). Legitimación posterior frente a la aseguradora. Desde que el promotor vendió la vivienda unifamiliar objeto de construcción (interés asegurado) a un tercero, perdió la condición de asegurado y, por tanto, la legitimación para reclamar contra la aseguradora con fundamento en el contrato de seguro en el que había dejado de ser parte. Legitimación que, desde la transmisión de la vivienda, corresponde al adquirente, quien desconocemos si se ha dirigido o no a la aseguradora en virtud del contrato de seguro decenal de daños (sobre todo, una vez que obtuvo la sentencia condenatoria contra el promotor), lo que podría haber realizado desde la compra de la vivienda. Lo anterior queda confirmado por la siguiente consideración: si conforme a la doctrina mayoritaria, el asegurador que paga la indemnización se subroga contra el agente de la edificación al que el defecto le resulte imputable (arts. 43 LCS y 18.2 LOE) y también contra el promotor -tomador del seguro- cuando pierda su condición de asegurado, por haber transferido la totalidad del edificio a terceros, carece de sentido que el promotor que ya no es propietario pueda reclamar una indemnización que incluso podría serle reclamada por vía de repetición. Se desestima el recurso de casación.

Sentencia del Tribunal Supremo (1ª) de 4 de junio de 2024 (D. PEDRO JOSÉ VELA TORRES).

[Ver esta resolución completa en Tirant Prime. Tirantonline.com. https://www.tirantonline.com/tol/documento/show/10038754?index=0&searchtype=substring]

PRIMERO.- Resumen de antecedentes

1.- La sociedad Construcciones Roberto F. Obaya, S.L. (en lo sucesivo, Construcciones), como empresa promotora de la construcción y contratista principal, suscribió con la compañía ASEFA S.A., Seguros y Reaseguros, una póliza de seguro decenal de daños, con un plazo de duración de diez años, desde el día 1 de diciembre de 2006 hasta el día 30 de noviembre de 2016.

El objeto del seguro era la construcción de una vivienda unifamiliar sita en Somió-Gijón, que fue transmitida por escritura pública de compraventa de 13 de marzo de 2008 a D. Cesar.

2.- En las condiciones particulares de la póliza constaban como tomador del seguro Construcciones y como asegurados el promotor y los sucesivos adquirentes que se convirtieran en propietarios del edificio o parte de él.

3.- En las condiciones generales figuraban las siguientes:

«14.1.- Desde la fecha de suscripción de la póliza hasta la finalización del periodo de cobertura:

»a).- El adquirente se subroga, en el momento de la enajenación, en los derechos y obligaciones que correspondían en la póliza al anterior titular.

»b).- El Asegurado está obligado a recibir, conservar y transmitir al adquirente la presente póliza ».

«14.2.- Hasta la fecha de comienzo de la garantía, cuando la transmisión implique un cambio de promotor en la edificación asegurada o en una fase de la misma:

»a).- Una vez verificada la transmisión, también deberá comunicarla por escrito al Asegurador o a sus representantes en el plazo de quince días.

»b).- Serán solidariamente responsables del pago de la prima el adquirente y el anterior titular o, en caso de que éste hubiera fallecido, sus herederos.

»c).- El Asegurador podrá rescindir el contrato dentro de los quince días siguientes a aquel en que tenga conocimiento de la transmisión verificada, en cuyo caso el Asegurador reembolsará al Tomador del Seguro la prima provisional satisfecha, deduciéndose los gastos incurridos y acreditados por aquél.

»d).- El adquirente de la cosa asegurada también puede rescindir el contrato si lo comunica por escrito al Asegurador en el plazo de quince días contados desde que conoció su existencia. En este caso, el Asegurador adquiere el derecho a la prima provisional percibida al momento de la suscripción de la póliza.

»e).- Estas mismas normas regirán para los casos de muerte, suspensión de pagos, quita y espera, quiebra o concurso del Tomador del Seguro o del Asegurado».

lunes, 3 de junio de 2024

Préstamo usurario. En la sentencia 1378/2023, de 6 de octubre, a pesar de que el interés pactado (TAE 17,23%) era notablemente superior al interés medio en ese tipo de préstamos (11%), el TS entendió que las circunstancias que concurrían a la concesión del préstamo personal justificaban el interés convenido. Esas circunstancias eran que el préstamo personal se concedió para refinanciar dos deudas ya vencidas. Estas circunstancias, ligadas al riesgo de impago que suponía el precedente refinanciado, impedían en ese caso que pudiera calificarse de usurario el interés remuneratorio pactado. En el presente caso, si bien puede parecer que nos encontramos en el mismo supuesto, pues también ha quedado acreditado en la instancia que el destino de los préstamos fue, principalmente, pagar deudas pendientes, sin embargo no es así. En el precedente mencionado, superaba ligeramente los 6 puntos porcentuales, mientras que en el presente supuesto supera los 12 puntos porcentuales. Esta desproporción, como razona la Audiencia, es tan grande que difícilmente puede justificarse, siendo en este caso insuficiente el hecho de que no se hubieran recabado garantías y que el dinero fuera destinado a pagar deudas anteriores.

Sentencia del Tribunal Supremo (1ª) de 20 de mayo de 2024 (D. IGNACIO SANCHO GARGALLO).

[Ver esta resolución completa en Tirant Prime. Tirantonline.com. https://www.tirantonline.com/tol/documento/show/10030658?index=0&searchtype=substring]

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

Dimas, a través de un intermediario financiero, obtuvo de la entidad Astur de Hipotecas, S.L. la siguiente financiación: el 2 de junio de 2017, un préstamo por un importe de 35.000 euros, a devolver en siete años; el 18 de octubre de 2017, otro préstamo de 27.400 euros, a restituir en diez años; el 30 de octubre de 2017, un nuevo préstamo de 28.000 euros, también a devolver en diez años; y, finalmente, el 1 de diciembre de 2017, otro préstamo de 23.100 euro, con una vigencia de siete años.

En los cuatro préstamos el interés remuneratorio convenido era el 18% (TAE superior al 22%) y el bonificado de concertarse seguro de vida era el 15% (TAE superior al 19%).

2. En la demanda que inició el presente procedimiento, Astur de Hipotecas, S.L., ante el impago de más de tres cuotas en cada uno de estos cuatro préstamos, y de acuerdo con lo pactado, venció anticipadamente los contratos y reclamó las cantidades adeudadas, que cifraba en 121.367,21 euros.

La demandada se opuso a la demanda en el siguiente sentido: pidió que se declarase que los cuatro préstamos eran usurarios y que, en su consecuencia, se entendiera que el crédito adeudado era de un total de 83.782,51 euros.

3. El juzgado de primera instancia desestimó la causa de oposición de que los préstamos eran usurarios. Si bien reconoció que los intereses pactados "superan largamente el interés normal del dinero", consideró que, por las circunstancias concurrentes (la inexistencia de garantías; los préstamos servían para saldar deudas anteriores, con lo que se lograba un nuevo término), resultaba justificada la aplicación de unos tipos de intereses más altos de lo normal, de modo que no eran manifiestamente desproporcionados. En consecuencia, el juzgado condenó al demandado a pagar la cantidad reclamada.

domingo, 19 de mayo de 2024

Contrato de seguro de caución. Inexistencia de solidaridad frente a terceros entre las partes del contrato. La reclamación realizada al asegurado no interrumpe la prescripción frente al asegurador. Aunque el seguro de caución se configura en la LCS como un seguro de daños, en la práctica suele funcionar como una garantía de cumplimiento, de forma que el asegurador no indemniza el daño, sino que paga subsidiariamente por el deudor. Desde esta perspectiva, es jurisprudencia que el seguro de caución no conlleva una situación de solidaridad entre las partes.

Sentencia del Tribunal Supremo (1ª) de 9 de mayo de 2024 (D. PEDRO JOSÉ VELA TORRES).

[Ver esta resolución completa en Tirant Prime. https://www.tirantonline.com/tol/documento/show/10002237?index=0&searchtype=substring]

PRIMERO.- Resumen de antecedentes

1.- El 11 de abril de 2007, la compañía mercantil Inversiones Grudisan S.L. (posteriormente, Obsidione S.L.) suscribió sendos contratos de compraventa con Procom Martinsa Residencial Castellana S.A. (en lo sucesivo, Procom) sobre dos viviendas, con sus anejos, trasteros y dos plazas de garaje, por el precio conjunto de 1.466.969,80 €.

2.- En tales contratos se pactó que las cantidades entregadas a cuenta del precio estarían garantizadas mediante aval bancario, o cualquier otro medio que en derecho garantizara suficientemente la devolución. Para ello, se concertó con la compañía de seguros ACC Seguros (posteriormente, Zurich S.A.) una póliza de seguro de caución no obligatorio, del ramo denominado inversión de vivienda.

3.- El 1 de julio de 2011, como las viviendas y sus anejos no fueron entregadas en el plazo pactado, Obsidione S.L. demandó a la vendedora.

4.- El 8 de octubre de 2012, Obsidione cedió el crédito derivado del procedimiento a que dio lugar dicha demanda a GamadŽs Española S.L. El contrato de cesión se elevó a escritura pública el 19 de noviembre de 2012.

5.- El 28 de mayo de 2014 recayó sentencia estimatoria, que declaró resueltos los contratos de compraventa y condenó a la demandada a abonar la cantidad de 1.710.506,89 €.

6.- El 1 de junio de 2015 y el 16 de junio de 2017, GamadŽs realizó sendas reclamaciones extrajudiciales frente a Procom.

7.- El 3 de junio de 2015, GamadŽs realizo la misma reclamación a Zurich S.A., como aseguradora de Procom.

8.- El 1 de junio de 2018, GamadŽs formuló una demanda contra Zurich, en la que reclamaba el pago de 1.710.506,89 €, intereses y costas.

Demanda de declaración de una cuota de propiedad. La demanda es interpuesta por la exesposa contra el exesposo con apoyo en un documento privado que firmaron antes de contraer matrimonio tras haber adquirido conjuntamente una vivienda que luego sólo sería escriturada por el marido como comprador, de modo que en el Registro de la Propiedad él figura como único propietario. Se discute la eficacia del documento que refleja un porcentaje de la adquisición. El juzgado estimó la demanda y declaró que la esposa era copropietaria del 60% de la vivienda. La Audiencia Provincial desestimó la demanda atendiendo a que las partes, después de la compraventa, contrajeron matrimonio y varias cuotas del préstamo hipotecario se abonaron con dinero ganancial, por lo que el porcentaje de titularidad de cada cónyuge y de la sociedad de gananciales debe determinarse en un procedimiento de liquidación de la sociedad de gananciales conforme a lo aportado. El TS confirma la sentencia de la AP.

Sentencia del Tribunal Supremo (1ª) de 8 de mayo de 2024 (Dª. MARÍA DE LOS ÁNGELES PARRA LUCAN).

[Ver esta resolución completa en Tirant Prime. https://www.tirantonline.com/tol/documento/show/10002329?index=0&searchtype=substring]

PRIMERO.- Resumen de antecedentes

El proceso en el que se plantea el recurso de casación se inicia con una demanda de declaración de una cuota de propiedad. La demanda es interpuesta por la exesposa contra el exesposo con apoyo en un documento privado que firmaron antes de contraer matrimonio tras haber adquirido conjuntamente una vivienda que luego sólo sería escriturada por el marido como comprador, de modo que en el Registro de la Propiedad él figura como único propietario. Se discute la eficacia del documento que refleja un porcentaje de la adquisición.

El juzgado estimó la demanda y declaró que la esposa era copropietaria del 60% de la vivienda. La Audiencia Provincial desestimó la demanda atendiendo a que las partes, después de la compraventa, contrajeron matrimonio y varias cuotas del préstamo hipotecario se abonaron con dinero ganancial, por lo que el porcentaje de titularidad de cada cónyuge y de la sociedad de gananciales debe determinarse en un procedimiento de liquidación de la sociedad de gananciales conforme a lo aportado.

Recurre en casación la demandante y su recurso va a ser desestimado.

Son antecedentes necesarios los siguientes:

1. El 18 septiembre de 2006, la Sra. Matilde y el Sr. Jose Pablo suscribieron un documento privado por el que compraban a la Sra. Raimunda una vivienda sita en DIRECCION000 de DIRECCION001.

El 18 de diciembre de 2006 se otorga escritura de compraventa en la que únicamente interviene como comprador el Sr. Jose Pablo. Ese mismo día, la Sra. Matilde y el Sr. Jose Pablo suscriben un documento privado en que manifiestan lo siguiente:

"La vivienda sita en la DIRECCION000 inscrita en el Registro como finca NUM000, tomo NUM001 libro NUM002. folio NUM003 de la ciudad de DIRECCION001 que a partir del día 19 de Diciembre de 2006 será inscrita en el Registro a nombre de Jose Pablo es propiedad de Matilde a 60% y 40% de Jose Pablo, en caso de vender la casa Matilde serviría este documento para poderse hacer o Jose Pablo podría hacer efectiva la parte proporcional de Matilde, pero nunca se podría vender esta sin el consentimiento de Matilde y sin un previo documento que así lo certifique sirviendo este documento firmado por duplicado v sirviendo este documento acreditativo en cualquier situación, habiendo que cambiarlo cuando las dos partes lo acuerden y modificando los datos del Registro que en su día se deberá efectuar por no ser los actuales datos del Registro a favor de Jose Pablo".

Protección de la fe pública registral. Interpretación de requisito objetivo establecido en el art. 34 LH de que el tercero, para quedar protegido, adquiera el derecho “de persona que en el Registro aparezca con facultades para transmitirlo”. La inscripción del transmitente ha de ser anterior a la adquisición del tercero, ya que la protección del art. 34 LH se basa en la apariencia jurídica creada por la inscripción. Por ello, a los efectos del art. 34 LH hay que atender, no a la fecha de la inscripción del tercero, sino a la de la celebración del contrato que la originó.

Sentencia del Tribunal Supremo (1ª) de 8 de mayo de 2024 (Dª. MARÍA DE LOS ÁNGELES PARRA LUCAN).

[Ver esta resolución completa en Tirant Prime. https://www.tirantonline.com/tol/documento/show/10001952?index=0&searchtype=substring]

PRIMERO.- Objeto del recurso y resumen de antecedentes relevantes

En este recurso, en relación con la protección de la fe pública registral, se plantea el problema de la interpretación de requisito objetivo establecido en el art. 34 LH de que el tercero, para quedar protegido, adquiera el derecho "de persona que en el Registro aparezca con facultades para transmitirlo".

En un caso referido a la constitución de una hipoteca sobre una finca por el comunero que se la adjudicó en una extinción del condominio que luego es declarada inválida, la sentencia recurrida ha entendido que el acreedor hipotecario queda protegido porque el asiento de presentación del título del hipotecante se extendió antes que el de la hipoteca.

Interponen recurso de casación los copropietarios de la finca, y su recurso va a ser estimado. La escritura de extinción del condominio y la del préstamo con garantía hipotecaria se otorgaron sucesivamente de forma inmediata, de forma que al tiempo de otorgar la escritura de hipoteca ni estaba inscrita la titularidad del adjudicatario ni tampoco se había llegado a presentar su título en el Registro de la Propiedad.

Son antecedentes necesarios los siguientes.

1. El 12 de julio de 2015, Carmela y Valentina, Verónica y Violeta presentan demanda por la que solicitaban la nulidad de la extinción de condominio realizada sobre la finca registral n.º NUM000 del Registro de la Propiedad n.º 2 de Vélez Málaga, sita en la DIRECCION000, de la Caleta de Vélez Málaga, otorgada en escritura n.º 564, autorizada a instancia del demandado, Leandro (hijo de la primera y hermano de la otras tres codemandantes), el 15 de abril de 2015, así como la declaración de nulidad de hipoteca sobre la mencionada finca como garantía de un préstamo concedido por Banco de Castilla La Mancha S.A. mediante escritura otorgada el mismo día.

Relatan los siguientes hechos como fundamento de sus pretensiones. El 28 de febrero de 2008, las actoras otorgaron a nombre del demandado un poder especial por el que le conferían facultades para liquidar la sociedad conyugal del esposo y padre de las partes, fallecido el 4 de febrero de 2008, y para realizar las operaciones particionales, incluso la adjudicación de todos o alguno de los bienes a uno a cambio de abonar a otros el exceso en dinero, permitiendo incluso la autocontratación.

Contrato de arrendamiento rústico. Expiración del contrato por transcurso de plazo. Principio de la libre autonomía de la voluntad. Validez del pacto que excluye la prórroga tácita del contrato.

Sentencia del Tribunal Supremo (1ª) de 8 de mayo de 2024 (D. JOSÉ LUIS SEOANE SPIEGELBERG).

[Ver esta resolución completa en Tirant Prime. https://www.tirantonline.com/tol/documento/show/10002335?index=0&searchtype=substring]

PRIMERO.- Antecedentes relevantes

A los efectos decisorios del presente recurso de casación, debemos partir de los antecedentes siguientes:

1º.- Las partes litigantes se encuentran vinculadas por un contrato de arrendamiento rústico suscrito el 17 de enero de 2015. En el referido contrato se pactó, en la cláusula segunda, lo siguiente:

"El presente contrato finalizará a 31 de diciembre de 2019. La duración del presente contrato no podrá ser prorrogada, por lo que la finca habrá de ser desalojada por el arrendatario en la fecha de vencimiento, sin necesidad de denuncia por parte del arrendador".

2º.- Con carácter previo a la presente demandada, el arrendador remitió al arrendatario un burofax de 6 de junio de 2019, con advertencia expresa de su obligación de dejar las fincas el 31 de diciembre de 2019. El demandado contestó a dicha carta negándose al desalojo de las fincas.

3º.- El arrendador interpuso demanda de desahucio por expiración del plazo contractual. Su conocimiento correspondió al Juzgado de Primera Instancia número 1 de Daimiel, que la tramitó por los cauces del juicio verbal 389/2020. Seguido el procedimiento, con oposición de la parte demandada, se dictó sentencia 39/2021, de 1 de junio, estimatoria de la demanda deducida.

Entendió el juzgado que las partes pactaron una duración del contrato de cinco años, dado que se acordó que el pago de la renta se haga por anualidades siendo la primera el 24 de diciembre de 2015, por lo que se respetó el contenido del art. 12.1 LAR. Y, en síntesis, consideró que el contrato se rige por el principio de la libre autonomía de la voluntad, y que la posibilidad de pactar la renuncia a la prórroga del contrato era perfectamente legítima, y no contraria a ninguna norma imperativa de obligada observancia, que imponga un número concreto de prórrogas.

sábado, 18 de mayo de 2024

Usucapión. Propiedad horizontal. Doctrina jurisprudencial que interpreta los distintos requisitos sobre la usucapión ordinaria de bienes inmuebles, en especial el justo título, así como la condición y modificación de la naturaleza común de los bienes en el régimen de propiedad horizontal, distinguiendo entre elementos comunes por naturaleza y por destino.

Sentencia del Tribunal Supremo (1ª) de 8 de mayo de 2024 (Dª. MARÍA DE LOS ÁNGELES PARRA LUCAN).

[Ver esta resolución completa en Tirant Prime. https://www.tirantonline.com/tol/documento/show/10001937?index=0&searchtype=substring]

PRIMERO.- Resumen de antecedentes

El procedimiento que da origen a este recurso se inicia con el ejercicio de una acción reivindicatoria por parte de la comunidad de propietarios y algunos de los copropietarios contra quien adquirió del promotor-constructor en virtud de documento privado de fecha 1 de agosto de 1990, además de un local, la vivienda- NUM004 de un edificio que se proyectaba construir en un solar propiedad del constructor.

En ese momento el edificio estaba definido en una escritura de obra nueva y división horizontal mediante escritura otorgada por el promotor-constructor en fecha 14 de marzo de 1989 en la que se decía que el edificio se compondría "de planta baja o primera, planta segunda, tercera y cuarta y terraza". Después del otorgamiento del mencionado contrato de compraventa, se produjeron varias subsanaciones del título constitutivo mediante el otorgamiento de escrituras en las que intervinieron, además del constructor, algunos adquirentes de elementos privativos (escrituras de 3 de agosto de 1990 y de 12 de marzo de 1991, para hacer constar que, además, había una planta NUM000 o NUM004, compuesta de nueve trasteros; escritura de 6 de junio de 1991, en la que se manifiesta que en realidad en la planta NUM000 solo existen tres trasteros lavaderos, según se acredita mediante certificación expedida por el Ayuntamiento, y que su uso exclusivo es anejo inseparable de las viviendas NUM005, NUM006 y NUM007, que en ese momento pertenecían al constructor).

La parte demandada solicitó la desestimación de la demanda invocando la prescripción ordinaria por haber poseído desde su compra la vivienda del NUM004 en concepto de dueño, pública, pacífica e ininterrumpidamente, al igual que los trasteros ubicados en la misma planta, que luego adquirió a los propietarios de los mismos.

El juzgado y la Audiencia Provincial han estimado la demanda al considerar que el título invocado para la usucapión es nulo por ser contrario a las normas imperativas de la Ley de propiedad horizontal y al art. 396 CC, por lo que no era justo título. Recurre en casación la parte demandada y su recurso va a ser estimado.

Tal como resulta de las actuaciones son antecedentes necesarios los siguientes.

Demanda de juicio de precario interpuesta por Coral Homes, S.L.U. El TS entiende que no puede atribuirse a la demandante, dadas las conexiones existentes con la acreedora ejecutante y con la adjudicataria, CAIXABANK S.A., la condición de tercero ajeno al procedimiento de ejecución hipotecaria, cuyo título provenga de una transmisión onerosa llevada a efecto al margen o extramuros del procedimiento hipotecario. En consecuencia, la entrega de la posesión de la vivienda litigiosa, y la eventual suspensión del lanzamiento en los términos previstos en el art. 1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, si procede, debe sustanciarse dentro del propio procedimiento de ejecución hipotecaria.

Sentencia del Tribunal Supremo (1ª) de 8 de mayo de 2024 (D. JOSÉ LUIS SEOANE SPIEGELBERG).

[Ver esta resolución completa en Tirant Prime. https://www.tirantonline.com/tol/documento/show/10002024?index=0&searchtype=substring]

PRIMERO.- Antecedentes relevantes

A los efectos decisorios del presente juicio de precario hemos de partir de los antecedentes siguientes:

1º.- Es objeto de este proceso la demanda que es interpuesta por Coral Holmes, S.L.U., contra los ignorados ocupantes de la vivienda unifamiliar, sita en DIRECCION000 (Alicante).

En el hecho primero de la demanda se afirma la titularidad dominical de la entidad actora Coral Holmes, S.L.U., y se aporta poder otorgado por dicha mercantil, en el que consta que "[...] al efecto de cumplir con la obligación de identificación del titular real que impone la Ley 10/2010, de 28 de abril, manifiesta que el socio único de IBERIAN AZUL HOMES S.L, unipersonal, hoy CORAL HOMES S.L., unipersonal, es CAIXABANK S.A.".

2º.- El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Alicante y se siguió en rebeldía de la parte demandada. Finalizó por sentencia estimatoria de la acción deducida.

3º- Por D. Juan, en su condición de deudor hipotecario y ocupante del inmueble, que había solicitado el sobreseimiento del procedimiento de ejecución hipotecaria, que fue acordado por auto de 26 de noviembre de 2020, apeló la sentencia, al entender que se había producido un fraude de ley, que la pretensión ejercitada se debería haber tramitado en el marco de la ejecución hipotecaria, que se encontraba en una situación de vulnerabilidad a las que se refiere la Ley 1/2013, así como que, al dictarse el auto de sobreseimiento y archivo de la ejecución hipotecaria, contaba con título válido para continuar en la posesión del inmueble.

sábado, 11 de mayo de 2024

Contratos bancarios y financieros. Préstamo hipotecario. Titulización mediante la emisión de participaciones hipotecarias suscritas por un fondo de titulización de activos. Legitimación del banco hipotecante para promover un juicio declarativo dirigido a obtener la resolución del préstamo, por impago, y al cobro de la totalidad de lo adeudado.

Sentencia del Tribunal Supremo (1ª) de 30 de abril de 2024 (D. RAFAEL SARAZÁ JIMENA).

[Ver esta resolución completa en Tirant Prime. Tirantonline.com. https://www.tirantonline.com/tol/documento/show/9997957?index=0&searchtype=substring]

PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (en adelante, BBVA) presentó una demanda de juicio ordinario contra D. Gerardo y D.ª Apolonia en la que solicitó, como pretensión principal, que se declarara resuelto el préstamo hipotecario y se condenara solidariamente a los demandados al pago de lo adeudado por principal e intereses remuneratorios y moratorios.

Los demandados opusieron, entre otros argumentos defensivos, la falta de legitimación activa de BBVA pues había cedido su derecho de crédito a FTA201, Fondo de Titulización de Activos.

2.- Tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial, ante la que apelaron los demandados, desestimaron las excepciones y demás argumentos defensivos esgrimidos por los demandados (en concreto, el de falta de legitimación activa de BBVA) y estimaron la pretensión principal de la demanda.

3.- D.ª Apolonia ha interpuesto un recurso de casación contra esta última sentencia, basado en un motivo, que ha sido admitido.

SEGUNDO.- Motivo único

1.- Planteamiento. En el encabezamiento del motivo se citan como infringidos los arts. 15.1, 22, 23, 24 y 25.1 de la Ley 5/2015.

En el desarrollo del motivo se argumenta que, como mediante la titulización se produce la cesión del crédito, el titular de los derechos inherentes al mismo y con ello de la relación jurídica u objeto litigioso (art. 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) pasa a ser el fondo de titulización, por lo que en virtud de la cesión, BBVA dejó de ostentar los derechos de crédito y el accesorio de garantía hipotecaria. Por ello, quien goza de legitimación activa para exigir el crédito es la entidad gestora del fondo de titularización, no BBVA, aunque conserve la "titularidad registral".

Liquidación de la sociedad de gananciales. Inclusión un crédito a favor del cónyuge que, después de la disolución del régimen económico matrimonial, ha satisfecho con dinero propio una deuda que era de cargo de la sociedad de gananciales y respecto de la cual, en el convenio regulador aprobado por la sentencia de divorcio, las partes acordaron que ambos abonarían el cincuenta por ciento. Los pagos de deudas relacionadas con bienes que en su momento tuvieron la consideración de gananciales, pero que se producen disuelta dicha sociedad y vigente la comunidad postganancial, pueden ser exigibles en fase de liquidación de gananciales.

Sentencia del Tribunal Supremo (1ª) de 24 de abril de 2024 (Dª. MARÍA DE LOS ÁNGELES PARRA LUCAN).

[Ver esta resolución completa en Tirant Prime. Tirantonline.com. https://www.tirantonline.com/tol/documento/show/9998126?index=0&searchtype=substring]

PRIMERO.- En la fase de formación de inventario para la liquidación de la sociedad de gananciales se plantea la procedencia de incluir un crédito a favor del cónyuge que, después de la disolución del régimen económico matrimonial, ha satisfecho con dinero propio una deuda que era de cargo de la sociedad de gananciales y respecto de la cual, en el convenio regulador aprobado por la sentencia de divorcio, las partes acordaron que ambos abonarían el cincuenta por ciento.

Tal como constan en las actuaciones son antecedentes necesarios los siguientes

1. La Sra. Rocío y el Sr. Gaspar contrajeron matrimonio el 28 de agosto de 2004 en Valverde de Mérida (Badajoz). No tuvieron descendencia.

Su matrimonio ha estado sometido al régimen económico matrimonial supletorio de gananciales.

El 14 de diciembre de 2009, la Sra. Rocío y el Sr. Gaspar suscribieron un documento en el que, bajo el título de "convenio regulador", manifestaban que ante las discrepancias surgidas en el matrimonio que dificultaban la convivencia, acordaban que solicitarían judicialmente la disolución del matrimonio por divorcio, y establecían numerosos acuerdos de carácter patrimonial como, por ejemplo, el carácter propio que a partir de la firma del documento tendrían los ingresos de uno y otro, el destino de la vivienda conyugal, sita en Humanes de Mohernando (Guadalajara), de carácter ganancial (cuyo uso se atribuía al esposo hasta la liquidación de gananciales, acordando que serían de cuenta de él los pagos de todos los gastos que gravan la propiedad y los gastos de uso del inmueble), así como la atribución a la esposa del uso de una vivienda que pertenecía a ambos por mitad y en proindiviso, al haber sido adquirida antes de contraer matrimonio, la improcedencia de fijar alimentos y pensión compensatoria.

En el mismo documento recogieron igualmente el acuerdo de liquidar parcialmente la sociedad de gananciales, y a estos efectos expusieron un inventario. En el activo del inventario incluyeron la vivienda sita en Humanes (Guadalajara) con sus muebles y ajuar, unos vehículos, así como un crédito de la sociedad frente a ambos por los pagos del préstamo hipotecario realizados por la sociedad para la adquisición de la vivienda comprada antes de contraer matrimonio. En el pasivo incluyeron los préstamos hipotecarios que gravaban las dos viviendas mencionadas así como un "préstamo personal con la entidad Ibercaja, del que resta por amortizarse la cantidad de 13 000 euros, aproximadamente" (partida tercera).