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miércoles, 12 de febrero de 2025

Intromisión ilegítima en el derecho al honor, intimidad personal, propia imagen y protección de datos de una mercantil por inclusión de la misma en el fichero Asnef con omisión del cumplimiento de los requisitos legales para ello. Se desestima. Lo que vulnera el derecho al honor no es que la cuantía de la deuda a la que se ha dado publicidad sea incorrecta, sino que se dé al afectado por esa información el tratamiento de moroso, incumplidor de sus obligaciones dinerarias, sin serlo. El carácter funcional del requerimiento previo de pago al deudor. La necesidad del requerimiento previo de pago puede decaer atendiendo a su finalidad, y en este sentido no puede estimarse sorpresa alguna en la actora cuando consta probado el conocimiento de la demandante -por haber sido requerida de pago, como consta en los correos cruzados entre ambas partes- y el hecho acreditado de que la entidad demandante mantenía más facturas pendientes de pago con la entidad demandada.

Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de enero de 2025 (D. ANTONIO GARCIA MARTINEZ).

[Ver esta resolución completa en Tirant Prime. https://www.tirantonline.com/tol/documento/show/10362613?index=0&searchtype=substring]

PRIMERO. Antecedentes del caso

1.La resolución recurrida desestima el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante y confirma la sentencia de primera instancia, que desestima la demanda interpuesta «en ejercicio de acción de protección de los derechos fundamentales al honor y la protección de datos de carácter personal y reclamación de cantidad por daños y perjuicios», en la que se pide que:

«i) Se declare que la mercantil Transfrigo Lens, S.L. ha incurrido en intromisión ilegítima en el derecho al honor, intimidad personal, propia imagen y protección de datos de la mercantil Tir Compostela, S.L. al promover la inclusión de dicha mercantil en el fichero Asnef con omisión del cumplimiento de los requisitos legales para ello.

»i) Que la entidad demandada debe resarcir a la actora por la lesión a sus derechos fundamentales.

»iii) Que se condena a la demandada a Indemnizar a la actora en la suma de diez mil euros (10.000 €), en concepto de daño moral genérico, más intereses procesales.

»iv) Se condena en costas a la mercantil demandada.».

La Audiencia Provincial justifica la decisión con tres razones: (i) la acción ejercitada en la demanda se basa exclusivamente en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, relativa a la protección de los datos personales, así como en la normativa que la desarrolla, y este planteamiento, que se confirma en el recurso de apelación, no es correcto porque la normativa sobre protección de datos de carácter personal solo es aplicable a las personas físicas; (ii) en el caso no puede negarse la certeza de la deuda, y «[e]l hecho de que se hiciera constar en el registro una cantidad superior a la adeudada no vulneraría el derecho al honor del afectado, pues lo que le afecta es su consideración como moroso y no la concreta cantidad que se incluya en el fichero como adeudada»; y (iii) la necesidad del requerimiento previo de pago puede decaer atendiendo a su finalidad, y en este sentido «[n]o puede estimarse sorpresa alguna en la actora cuando consta probado su conocimiento por haber sido requerida de pago constando así en los correos cruzados entre ambas partes. Por lo demás, aparece en el caso concreto ajena la finalidad de presión o medio de coacción que se pretende disuadir con habitualidad en estos casos entre grandes empresas contra particulares [...] cuando finalmente resultó pagada la deuda contra el abono que la actora exigió a la demandada para el pago y que efectuó porque como también resultó acreditado la actora mantenía más facturas pendientes de pago con la misma.».

2.La entidad demandante ha presentado un recurso de casación, el cual ha sido admitido. La entidad demandada y la fiscal solicitan su desestimación.

domingo, 23 de octubre de 2022

Desahucio por falta de pago de la renta. Enervación de la acción. Fehaciencia del requerimiento que no pudo ser entregado, pero del que se dejó aviso y que, finalmente, no llegó a conocimiento del destinatario, debido a su pasividad y voluntad de no recogerlo.

Sentencia del Tribunal Supremo (1ª) de 29 de septiembre de 2022 (D. ANTONIO GARCÍA MARTÍNEZ).

[Ver esta resolución completa en Tirant On Line Premium. https://www.tirantonline.com/tol/documento/show/9251844?index=0&searchtype=substring]

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1. D. Bartolomé, D. Antonio, D. Casiano y D.ª Carmen interpusieron una demanda de desahucio por falta de pago y reclamación de cantidad contra D. Jesús Manuel con el que la madre fallecida de aquellos, como usufructuaria del inmueble objeto del contrato, había concertado, con fecha 15 de abril de 2017, un contrato de arrendamiento sobre la vivienda del piso NUM000, del número NUM001, de la CALLE000 de Madrid. En la demanda se alegó que no cabía la enervación del desahucio.

2. El arrendatario demandado se opuso a la demanda. Alegó mora accipiendi y, subsidiariamente, que cabía la enervación, puesto que:

"[...] no ha recibido ningún requerimiento fehaciente y lo suficientemente formal para jugarse la situación de la posible enervación del contrato [...]".

3. El Juzgado de Primera Instancia estimó la demanda, declaró resuelto el contrato y haber lugar al desahucio, y condenó al demandado a pagar a los demandantes la cantidad de 12.000 euros, reclamada en la demanda, así como las demás cantidades que resultaran adeudadas por rentas y consumos hasta el desalojo efectivo de la vivienda, y las costas del proceso.

Sobre la enervación, el Juzgado de Primera Instancia anota, en el fundamento de derecho tercero de la sentencia, el siguiente razonamiento:

sábado, 19 de junio de 2021

Acción directa del subcontratista contra el dueño de la obra. Cuando el subcontratista haya reclamado extrajudicialmente el pago al dueño de la obra, dicha reclamación no supone el ejercicio de la acción directa, pero implica la obligación del dueño de no realizar ningún pago al contratista desde el momento en que se le hizo el requerimiento y cualquier pago realizado posteriormente no tendrá efectos liberatorios.

Sentencia del Tribunal Supremo (1ª) de 1 de junio de 2021 (D. Pedro José Vela Torres).

[Ver esta resolución completa en Tirant On Line Premium. https://www.tirantonline.com/tol/documento/show/8454981?index=0&searchtype=substring]

TERCERO.- Nueva sentencia, teniendo en cuenta lo alegado en el recurso de casación motivo de casación. Acción directa en contratos de obra pública anteriores a la Ley 24/2011, de 1 de agosto

1.- El art. 201 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, regulaba la transmisión de los derechos de cobro y permitía al contratista ceder su crédito frente a la Administración (dueña de la obra), aunque para que la cesión fuera efectiva frente a la Administración era imprescindible que se le notificara de forma fehaciente. Una vez que la Administración tuviera conocimiento del acuerdo de cesión, el mandamiento de pago habría de ser expedido a favor del cesionario.

2.- La relación entre dicho art. 201 de la Ley 30/2007 y el art. 1597 CC (acción directa del subcontratista contra el dueño de la obra) fue interpretada por la sentencia del pleno de esta sala 215/2014, de 30 de abril, que declaró que después de la notificación de la cesión ya no operaba la acción directa del subcontratista de la obra del art. 1597 CC. De tal forma que, bajo la normativa aplicable (la anterior a la Ley 24/2011, de 1 de agosto, que excluyó en todo caso la acción directa del subcontratista en los contratos de obra con Administraciones Públicas), cabía la acción directa, pero mientras el crédito contra la Administración Pública no hubiera sido cedido y notificada la cesión a la Administración.

3.- Con anterioridad a la Ley 24/2011, la transmisión de la certificación tenía la misma naturaleza que la transmisión de créditos prevista en los arts. 1526 y ss. CC. Su efecto fundamental era la transmisión de la titularidad del crédito al cesionario, que para su eficacia frente a la Administración requería la notificación del acuerdo.

Es decir, la notificación de la cesión de la certificación de obra a la Administración era requisito para su eficacia frente a la Administración, pero entre las partes (cedente y cesionario) el negocio traslativo surtía efecto desde la fecha en que se llevaba a cabo la cesión o el endoso, de tal manera que "el crédito debe considerarse incorporado al patrimonio del endosatario desde que tiene lugar la cesión" (sentencia 1086/2006, de 6 de noviembre).

Ello conlleva que, una vez que la Administración tenía conocimiento del acuerdo de cesión, el mandato de pago había de ser expedido a favor del cesionario para que tuviera efectos liberatorios.

viernes, 23 de abril de 2021

Enervación de la acción de desahuicio. El requerimiento ha de serlo por impago de renta o cantidades asimiladas, y además ha de ser fehaciente y con la claridad suficiente. En el caso enjuiciado el requeriminto no hace referencia alguna a los conceptos ni a las cantidades concretas adeudadas, por lo que no puede evitar la enervación del desahucio.

Sentencia del Tribunal Supremo (1ª) de 29 de marzo de 2021 (D. FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS).

[Ver esta resolución completa en Tirant On Line Premium. ]

PRIMERO.- Antecedentes.

1.- La demanda.

- La demanda se interpone por una persona individual que es la arrendadora frente a la sociedad mercantil que es la arrendataria de una terraza.

- En la demanda se ejercitan las acciones de falta de pago de la renta y reclamación de cantidad.

- Según la demanda, la mercantil arrendataria debe el importe de actualización de la renta, según lo pactado, desde febrero de 2017.

2.- Contestación a la demanda.

En lo que ahora interesa, se alegó que no se había efectuado requerimiento de pago fehaciente que impidiera la enervación.

3.- La sentencia de primera instancia.

Estimó en parte la demanda: condenó al pago de la cantidad reclamada y declaró enervada la acción.

viernes, 12 de febrero de 2021

Condiciones generales de la contratación. Pronunciamiento sobre costas cuando el consumidor que ha formulado reclamación extrajudicial contra la entidad financiera con relación a la cláusula suelo antes de la entrada en vigor del RDL 1/2017, y la ha visto rechazada, interpone la demanda tras la entrada en vigor de dicha norma. Entiende el TS que si el consumidor formulaba la reclamación a la entidad financiera para que dejara de aplicar la cláusula suelo y le devolviera lo cobrado en su aplicación, la entidad financiera la rechazaba, el consumidor interponía una demanda y la entidad financiera se allanaba, que es lo sucedido en este caso, había de entenderse que concurría mala fe en la demandada a efectos de su condena en costas. Esta era la solución procedente en estos casos con anterioridad a la entrada en vigor del RDL 1/2017, por aplicación del régimen general del art. 395.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y también lo fue con posterioridad, por la aplicación de lo previsto en dicho RDL 1/2017.

Sentencia del Tribunal Supremo (1ª) de 27 de enero de 2021 (D. Rafael Sarazá Jimena).

[Ver esta resolución completa en Tirant On Line Premium. https://www.tirantonline.com/tol/documento/show/8296305?index=3&searchtype=substring]

PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.- Los hechos más relevantes para la resolución de este litigio pueden resumirse del siguiente modo:

i) D. Amadeo firmó el 12 de abril de 2010 una escritura de compraventa con subrogación en el préstamo hipotecario previamente concedido por el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Badajoz, actualmente Ibercaja Banco S.A (en lo sucesivo, Ibercaja) a la promotora Comprohersa, según escritura de 31 de agosto de 2007.

ii) En esta última escritura suscrita entre la entidad financiera y la promotora, bajo la rúbrica «Interés durante el periodo de amortización», se había establecido el interés remuneratorio referenciado al Euribor, con un diferencial de un punto, que podía reducirse hasta 0,6 en función del grado de vinculación que resultara de la contratación de otros productos. En la misma estipulación, se incluyó una cláusula suelo-techo del siguiente tenor:

«[e]n ningún caso por aplicación de la revisión que debe producirse en cada periodo, el tipo de interés nominal anual a aplicar podrá ser inferior al TRES COMA SETENTA Y CINCO (3,75%) POR CIENTO, ni exceder del DOCE POR CIENTO».

iii) En la escritura de compraventa con subrogación intervino la entidad bancaria; en ella se amplió el capital del préstamo y se incluyó una cláusula en la que se decía que el comprador conocía y aceptaba las condiciones del préstamo en el que se subrogaba. Esas condiciones no habían sido incorporadas a la escritura de esta nueva operación.

viernes, 9 de septiembre de 2016

Préstamo mercantil sin plazo de vencimiento. Exigencia de requerimiento notarial para reclamar el pago del art. 313 C.Com. La interpretación mayoritaria que se ha hecho por la jurisprudencia del precepto citado aboga por una exigencia no formalista de ese previo requerimiento, considerando acreditado el mismo cuando conste fehacientemente aun cuando no se haya efectuado mediante requerimiento notarial.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (s. 8ª) de 29 de abril de 2016 (D. Enrique García-Chamón Cervera).

[Ver resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]
QUINTO.- Resta por examinar la última alegación del recurso sobre la infracción del artículo 313 del Código de comercio, en concreto, si es exigible la restitución del préstamo al no constar el previo requerimiento notarial.
Hemos de partir de que el préstamo carece de fecha de vencimiento lo que significa que se pactó por tiempo indeterminado y en estos casos, el artículo 313 del Código de comercio declara "no podrá exigirse al deudor el pago sino pasados treinta días, a contar desde la fecha del requerimiento notarial que se le hubiere hecho."
En nuestro caso, no consta ningún requerimiento de devolución de la suma prestada realizado de forma fehaciente antes de iniciar este proceso y, solo consta que los actores han reclamado verbalmente a su hermano Isidoro que devolviera la suma prestada o se computara en su haber, a efectos de la división y adjudicación de la herencia de sus padres, la cantidad de 40.000.- € recibida por la mercantil EXPOPLASTI, S.L.
Siguiendo a la SAP Castellón, Sección 3ª, 12 de junio de 2015 se exige un requerimiento fehaciente aunque no sea notarial: "Ciertamente como señala la parte apelada, de acuerdo a la jurisprudencia que cita, la interpretación mayoritaria que se ha hecho por la jurisprudencia del precepto citado aboga por una exigencia no formalista de ese previo requerimiento, considerando acreditado el mismo cuando conste fehacientemente aun cuando no se haya efectuado mediante requerimiento notarial.

jueves, 25 de febrero de 2016

Procesal Civil. Condena en costas en caso de allanamiento. Ejercitada demanda de nulidad de cláusula suelo la entidad financiera demandada se allana totalmente. Se imponen las costas a la demandada al apreciar la existencia de mala fe dado que a la entidad financiera demandada se le reclamó con carácter previo que dejara sin efecto la cláusula general objeto de litis y la restitución de las cantidades indebidamente percibidas antes de la interposición de la demanda en dos ocasiones.

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia de 22 de diciembre de 2015 (Dª. María Dolores de las Heras García).

[Ver esta resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]
SEGUNDO.- En materia de costas es de aplicación lo dispuesto en el art. 395 de la L.E.C.
Dicho precepto señala que: "Si el demandado se allanare a la demanda antes de contestarla, no procederá la imposición de costas salvo que el tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en el demandado ", y el párrafo siguiente, dentro de este mismo punto nº1, añade que "se entenderá que, en todo caso, existe mala fe, si antes de presentada la demanda se hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera dirigido contra él demanda de conciliación".
La ratio legis del citado artículo no es otra que las costas sean satisfechas por aquel litigante que con su conducta reacia al cumplimiento de su obligación y por su recalcitrante actitud de impago, da lugar a que el acreedor se vea obligado a sostener un proceso en efectividad de sus legítimos intereses económicos y en satisfacción de sus desconocidos derechos con las molestias y gastos inherentes al planteamiento de todo litigio.
Debiendo entenderse "requerimiento fehaciente", no en sentido de que sea necesario un instrumento público propiamente dicho, sino que bastará pues cualquier procedimiento que permita probar que en su día el acreedor puso en conocimiento del deudor su voluntad de ejercitar el derecho de crédito; lo que implica que el acreedor podrá utilizar para acreditar la reclamación fehaciente de la deuda, cualquier mecanismo que tenga la suficiente fuerza probatoria, como puede ser un burofax, sin necesidad de acudir a la intervención notarial propiamente dicha.

sábado, 30 de enero de 2016

Procesal Civil. Allanamiento. Condena en costas cuando se aprecie mala fe de la parte demandada, debiendo entenderse el "requerimiento fehaciente", no en sentido de que sea necesario un instrumento público propiamente dicho, sino que bastará pues cualquier procedimiento que permita probar que en su día el acreedor puso en conocimiento del deudor su voluntad de ejercitar el derecho de crédito; lo que implica que el acreedor podrá utilizar para acreditar la reclamación fehaciente de la deuda, cualquier mecanismo que tenga la suficiente fuerza probatoria, como puede ser un burofax, sin necesidad de acudir a la intervención notarial propiamente dicha.

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia de 9 de diciembre de 2015 (Dª. María Dolores de las Heras García).

[Ver esta resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]
PRIMERO.- De conformidad con lo preceptuado en el art. 21 de la L E C si el demandado se allana a todas las pretensiones del actor el juez dictara sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por este, salvo si el allanamiento se hiciera en fraude de ley o supusiera renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero.
No dándose en el presente caso ninguno de esos supuestos es por lo que procede la estimación de la demanda rectora del presente pleito.
SEGUNDO.- En materia de costas es de aplicación lo dispuesto en el art. 395 de la L.E.C.
Dicho precepto señala que: "Si el demandado se allanare a la demanda antes de contestarla, no procederá la imposición de costas salvo que el tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en el demandado ", y el párrafo siguiente, dentro de este mismo punto nº1, añade que "se entenderá que, en todo caso, existe mala fe, si antes de presentada la demanda se hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera dirigido contra él demanda de conciliación".
La ratio legis del citado articulo no es otra que las costas sean satisfechas por aquel litigante que con su conducta reacia al cumplimiento de su obligación y por su recalcitrante actitud de impago, da lugar a que el acreedor se vea obligado a sostener un proceso en efectividad de sus legítimos intereses económicos y en satisfacción de sus desconocidos derechos con las molestias y gastos inherentes al planteamiento de todo litigio.