Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de enero de 2025 (D. ANTONIO GARCIA MARTINEZ).
[Ver
esta resolución completa en Tirant Prime. https://www.tirantonline.com/tol/documento/show/10362613?index=0&searchtype=substring]
PRIMERO. Antecedentes del caso
1.La resolución recurrida desestima el recurso
de apelación interpuesto por la entidad demandante y confirma la sentencia de
primera instancia, que desestima la demanda interpuesta «en ejercicio de acción
de protección de los derechos fundamentales al honor y la protección de datos
de carácter personal y reclamación de cantidad por daños y perjuicios», en la
que se pide que:
«i) Se declare que la mercantil Transfrigo
Lens, S.L. ha incurrido en intromisión ilegítima en el derecho al honor,
intimidad personal, propia imagen y protección de datos de la mercantil Tir
Compostela, S.L. al promover la inclusión de dicha mercantil en el fichero
Asnef con omisión del cumplimiento de los requisitos legales para ello.
»i) Que la entidad demandada debe resarcir a
la actora por la lesión a sus derechos fundamentales.
»iii) Que se condena a la demandada a
Indemnizar a la actora en la suma de diez mil euros (10.000 €), en concepto de
daño moral genérico, más intereses procesales.
»iv) Se condena en costas a la mercantil
demandada.».
La Audiencia Provincial justifica la decisión
con tres razones: (i) la acción ejercitada en la demanda se basa exclusivamente
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, relativa a la protección de los
datos personales, así como en la normativa que la desarrolla, y este
planteamiento, que se confirma en el recurso de apelación, no es correcto
porque la normativa sobre protección de datos de carácter personal solo es
aplicable a las personas físicas; (ii) en el caso no puede negarse la certeza
de la deuda, y «[e]l hecho de que se hiciera constar en el registro una
cantidad superior a la adeudada no vulneraría el derecho al honor del afectado,
pues lo que le afecta es su consideración como moroso y no la concreta cantidad
que se incluya en el fichero como adeudada»; y (iii) la necesidad del requerimiento
previo de pago puede decaer atendiendo a su finalidad, y en este sentido «[n]o
puede estimarse sorpresa alguna en la actora cuando consta probado su
conocimiento por haber sido requerida de pago constando así en los correos
cruzados entre ambas partes. Por lo demás, aparece en el caso concreto ajena la
finalidad de presión o medio de coacción que se pretende disuadir con
habitualidad en estos casos entre grandes empresas contra particulares [...]
cuando finalmente resultó pagada la deuda contra el abono que la actora exigió
a la demandada para el pago y que efectuó porque como también resultó
acreditado la actora mantenía más facturas pendientes de pago con la misma.».
2.La entidad demandante ha presentado un
recurso de casación, el cual ha sido admitido. La entidad demandada y la fiscal
solicitan su desestimación.