Sentencia del
Tribunal Supremo de 25 de julio de 2012 (D. JUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE ).
QUINTO.-
Llegados a
este punto la voluntad impugnativa del recurrente permite a esta Sala corregir,
en beneficio del mismo, cualquier error de derecho suficientemente constatado (STS
212/99, de 18-2; 401/99, de 10-4; 306/2000, de 22-2; 268/2001, de 19-2;
139/2009, de 24-2; 625/2010, de 6-7, por cuanto esta Sala casacional, con asunción
de una plena jurisdicción, puede entrara en el estudio de una cuestión jurídica
de obligado estudio y resolución y que forma parte de la demanda de justicia,
inevitablemente unida a la tutela judicial efectiva que como derecho
fundamental, implícitamente está asumido por el acusado al formular la pretensión
revocativa. Siendo así debemos plantearnos si la aplicación de la agravante
específica presta en el art. 369-1-7 al haber tenido lugar los hechos en un
establecimiento militar ha sido o no correcta.
El fundamento de la
agravación, redacción dada LO 15/2003, pretende reforzar la protección de los lugares
que el precepto menciona y de las áreas exteriores con los mismos ("o en
sus proximidades") por las mayores facilidades que dichos criterios ofrecen
para difusión de las drogas, dadas sus características y su estructura
organizativa interna, por la perturbación que estas conductas pueden provocar
en el proceso de formación militar y porque concentran de forma regular un
número elevado de personas. Por ello, lo que realmente se protege es el
mantenimiento del orden y la disciplina en estos recintos, es decir, lo que se
protege es la propia institución militar, por cuanto en dichos lugares, resulta
especialmente dañino y perturbador que sus integrantes acceden a la droga, no
sólo por la repercusión en su salud, sino también, indirectamente porque afecta
al funcionamiento de la institución en que están integrados esos colectivos o
pueden provocar la frustración del cumplimiento de los fines propios de esos
centros.
