Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 2016 (D. Pedro José Vela Torres).
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CUARTO.- … 1.- El 448.1 LEC
establece que:
«Contra las resoluciones de los
Tribunales y Secretarios judiciales que les afecten desfavorablemente, las
partes podrán interponer los recursos previstos en la ley».
Se recoge así legalmente el
denominado «requisito del gravamen», que había sido ya acuñado por la
jurisprudencia anterior a la vigente LEC, por ejemplo, en la sentencia de esta
Sala de 10 de noviembre de 1981, al decir:
«La posibilidad de interponer
recursos y de combatir una concreta resolución, corresponde únicamente a quien
ocupe la posición de parte agraviada [...], por lo que es manifiesto que sin
gravamen no existe legitimación para recurrir».
Posición que seguía la
jurisprudencia constitucional sobre la necesidad de que la resolución judicial
supusiera un menoscabo genuino de la posición jurídica del recurrente en
relación con la situación en que se encontraba cuando comenzó el litigio (por
todas, STC 120/1995, de 17 de julio). Y que, tras la entrada en vigor de la
actual LEC, fue plenamente reiterada por esta Sala, por ejemplo, en sentencia
de 9 de marzo de 2007 :
«A este respecto ha insistido la
Sala que la exigencia de legitimación para recurrir viene condicionada por la
concurrencia de tres requisitos, cuales son: ser parte en el proceso, la
existencia de un gravamen o perjuicio y la no aceptación de la resolución
perjudicial. Ahondando más en lo expuesto, establecía la Sentencia de 19 de
noviembre de 1981 que la posibilidad de interponer recursos y de combatir una
concreta resolución corresponde únicamente a quien ocupa la posición de parte
agraviada o siendo tercero le alcancen los efectos de cosa juzgada, por lo que
es manifiesto que sin gravamen no existe legitimación pare recurrir y tampoco
viene permitido a un litigante invocar el perjuicio causado al otro por la
decisión de que se trate. Este principio se ha traducido ya en norma positiva,
al contemplar el art. 448.1 LEC 1/2000 de 7 de enero, el derecho a recurrir de
las partes contra las resoluciones judiciales que les afecten
desfavorablemente».
