Sentencia del Tribunal Supremo (2ª) de 10 de septiembre de 2020 (D. Andrés Palomo del Arco).
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PRIMERO.- Recurre en casación la
representación procesal de Jaime, la sentencia que le condena como autor de un
delito de estafa agravada y de un delito de alzamiento de bienes; donde formula
como primer motivo por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1º de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, indebida aplicación del artículo 250.1.6º en
relación con el artículo 248 del Código Penal, según la legislación vigente en
el momento de la ocurrencia de los hechos.
1. Alega en definitiva, que en
ningún momento han quedado acreditadas las maniobras integradoras del engaño.
Reprocha que no se practicara pericial sobre la situación financiera de la
entidad e indica que los extractos bancarios permiten inferencias diversas a
las expuestas en la resolución recurrida.
Que de igual modo, añade, la
voluntad inicial de incumplimiento, carece de acreditación; y que tampoco
permite afirmar el engaño, la ulterior emisión de pagarés que no fueron
atendidos; y además, afirma, hubo pagos parciales, negociaciones para obtener
el cobro y algún aplazamiento consentido.
Por último, alude a la absolución de
Crescencia, su ex esposa, pese al contenido de algunos testimonios sobre la
real disponibilidad de las cuentas, en orden a cuestionar la condición de
administrador de hecho del recurrente; así como a la situación, cargas y
titularidad de las fincas trasmitidas, en aras de incidir en la dificultad para
hacer pago a la entidad perjudicada, TRANGRUAS PASTOR S.L.
2. La propia formulación del motivo,
determina inexorablemente su desestimación, pues es reiterada jurisprudencia que
el recurso de casación cuando se articula por la vía del art. 849.1 LECr ha de
partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de
instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de la prueba. Se
trata de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el
enfoque jurídico que a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar,
en discordancia con el Tribunal sentenciador.
La técnica de la casación penal
exige que en los recursos de esta naturaleza se guarde el más absoluto respeto
a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el
ámbito propio de este recurso queda limitado al control de la juridicidad, o
sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los
hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho
sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del
recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado.
Como el recurrente lo que discute es
la valoración de la prueba, sin atenerse a la intangibilidad de los hechos
probados, el motivo necesariamente se desestima.
