Sentencia del
Tribunal Supremo (1ª) de 25 de ener de 2021 (Dª. María de los Ángeles
Parra Lucan).
[Ver esta resolución
completa en Tirant On Line Premium. https://www.tirantonline.com/tol/documento/show/8296330?index=7&searchtype=substring]
PRIMERO.- Antecedentes
Se suscita un conflicto entre la
libertad de información y el derecho al honor por las concretas menciones al
demandante, primero en un libro sobre la historia del narcotráfico gallego, y
luego en la campaña de difusión del mismo.
En las dos instancias se ha
desestimado la demanda de protección del honor y vamos a desestimar los
recursos por infracción procesal y casación interpuestos por el demandante y
confirmar que, en el caso, prevalece la libertad de información.
Resumen de antecedentes.
1. Son hechos probados o no discutidos que en nota a pie de
la página 234 del libro "Fariña", escrito por el Sr. Conrado y
publicado en septiembre de 2015 por la editorial "Libros del KO" se
afirma: «Según contó años después "o Piturro" entregó los 300 kilos que
se habían salvado a "tres fulanos que no eran gallegos". Metieron la
carga en un coche y se largaron de allí». «El coche, tal y como descubriría la
investigación años después, estaba a nombre de Bernabe, alcalde de O Grove,
afiliado al PP (otro más) y procesado en 2001 por un alijo de dos toneladas de
cocaína». Y en la página 242, párrafo segundo, se dice: «Aquel junio de 1991,
Orbaiz Picos se ofreció al Cartel de Cali para traer 2000 kilos de cocaína, lo
hizo a través de Bernabe, alcalde de O Grove por AP en 1983 y 1991 (este último
año ganó con mayoría absoluta, después de haber sido acusado de narcotráfico,
aunque duró dos días en el cargo), quien aceptó la propuesta y se puso en
contacto con Obdulio "o Carallán", al que ya conocemos de su época
como colaborador de "Sito Miñanco". Diez años más tarde, en 2001,
Garzón los procesó a todos». Igualmente, ha quedado probado en la instancia que
el Sr. Rosendo, en diversas entrevistas divulgadas en prensa y radio, se
refirió al Sr. Bernabe diciendo que había sido condenado por narcotráfico, que
era narcotraficante (Diario.es, "Ya veremos" emitido por la cadena
M80, Programa de Radio 3 de Salome, Onda Cero Galicia, Presentación de Fariña
en la librería Cronopios de Pontevedra, "Coordenadas" de Radio 3,
Onda Cero y programa Julia en la Onda).
2. El Sr. Bernabe interpuso demanda contra el Sr. Conrado y
la editorial "Libros del KO" en la que solicitaba se dictara
sentencia: i) en la que se declare que los demandados han llevado a cabo una
intromisión ilegítima en su derecho al honor; ii) se les condene solidariamente
a pagar 500.000,00 €, más los intereses legales que correspondan, a retirar de
futuras ediciones del libro "Fariña" cualquier mención sobre el
demandante en relación con la atribución al mismo de la comisión de hechos
delictivos relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes; iii) se
ordene la publicación de la sentencia a costa de los demandados al menos en dos
medios de prensa escrita, dos medios de prensa radiofónica, dos medios de
prensa digital y otros dos de prensa audiovisual, todos ellos de difusión
nacional; y iv) se aperciba a los demandados de abstenerse en lo sucesivo de
publicar informaciones falsas y vulneradoras del derecho al honor del
demandante.
El Sr. Bernabe alegaba que en la p.
234 del libro se le atribuía la propiedad de un vehículo automóvil en el que se
dice se trasladaron 300 kgs. de droga, lo cual es totalmente faso, y que nunca
había formado parte del Partido Popular. Añadió que el demandante fue alcalde
de la localidad de OŽGrove, aunque nunca por el Partido Popular según se decía
en el libro y en las entrevistas (se presentó por UCD y luego por AVI). Alegó
que, si bien estuvo procesado en dos ocasiones por sendos delitos relacionados
con el narcotráfico, en ambos casos se determinó su inocencia con respecto a la
comisión de los hechos que se le imputaban: en el primer caso por la sentencia
47/1993 de fecha 23 de diciembre de 1993 (sumario 6/1991), dictada por la
Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que puso fin
al proceso absolviendo al Sr. Bernabe de todos los pedimentos en su contra, y
en el segundo caso por la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de fecha 27
de abril de 2006 (recurso 876/2004) en la que se absuelve al Sr. Bernabe de
estos delitos, casando y anulando la sentencia dictada por la Sala de lo Penal
de la Audiencia Nacional en la que se le había condenado en primera instancia.
3. El juzgado desestimó íntegramente la demanda.
La decisión del juzgado se basó en
la veracidad de las manifestaciones vertidas por el Sr. Conrado en el libro
"Fariña" (publicado por la editorial codemandada) y luego en diversos
medios de comunicación nacionales. El jugado destacó la labor investigadora
realizada en la publicación con apoyo en las sentencias y procedimientos en que
se vio envuelto el demandante, tuvo en cuenta su proyección pública, que en
cuanto político le sometería a una mayor riesgo de exposición de su honor e
intimidad, el interés general de la información, y concluyó que, pese a no ser
totalmente exactas, las manifestaciones sobre el actor eran veraces, no se
realizaron con intención de denigrar o difamar, y quedaban amparadas por la
libertad de información.
Su decisión se basó, en síntesis, en
las siguientes consideraciones: i) que la veracidad viene corroborada por el
hecho de que lo manifestado en el libro está basado en hechos probados
descritos en sentencias firmes y que el Sr. Conrado tuvo en cuenta otras
fuentes de información (recortes de prensa, fuentes policiales, jurídicas y las
declaraciones del actor como imputado), de modo que lo publicado es veraz; ii)
por lo que se refiere a que el coche en el que se transportó la droga estaba a
nombre del demandante porque en el libro no se le atribuye la propiedad y,
admitido por el actor que lo había alquilado, el significado era el mismo,
porque cedió el uso del vehículo, careciendo de importancia el título por el
que él disponía del vehículo; iii) por lo que se refiere a la alusión a que era
afiliado al Partido Popular porque así aparecía en varios recortes de prensa y
en cualquier caso no sería un dato que afectara al honor;
iv) porque aunque no se matizara por
el Sr. Conrado que el ahora demandante fue posteriormente fue absuelto, lo
cierto es que había sido procesado por dichos delitos, y posteriormente fue condenado
en el año 2005, y la sentencia fue confirmada en el 2007 por el Tribunal
Supremo, por un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico;
v) por lo que se refiere a lo manifestado en los medios de comunicación en los
que tilda de narcotraficante al Sr. Bernabe, tal manifestación se hace en un
contexto en el que está hablando de la relación de la política con el
narcotráfico y la reacción de la sociedad ante ese fenómeno y, según resulta de
los documentos aportados consistentes en recortes de prensa, el actor ganó unas
elecciones tras haber sido imputado por el Juzgado Central de Instrucción n.º 5
como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, e incluso se decretó su
prisión provisional, aunque después fuese absuelto en ese procedimiento por la
Audiencia Nacional, y asimismo después en el sumario 6/2001 fue condenado como
autor de un delito de tráfico de drogas, aunque después el Tribunal Supremo
casara la sentencia; reitera que, además, fue finalmente condenado por
sentencia firme por un delito de blanqueo de capitales procedente del
narcotráfico; de acuerdo con el criterio del Ministerio Fiscal, hay veracidad,
aunque no hubiera exactitud, porque la gravedad del delito por el que fue
condenado es de la misma intensidad que la de los delitos por los que fue
finalmente absuelto y ambos tienen las mismas connotaciones.
4. La Audiencia desestimó todos los motivos del recurso de
apelación interpuesto por el demandante.
i) En relación con la denunciada
infracción del art. 426.5 LEC por indebida admisión de pruebas aportadas por
los demandados en el acto de la audiencia previa en cuanto son de fecha
anterior a la contestación a la demanda y se encontraban a disposición de las
partes demandadas, dice la Audiencia que
«es cierto que dichos documentos son
de fecha anterior a la contestación a la demanda, pero no se puede olvidar que
el citado precepto autoriza a las partes aportar en dicho acto documentos que
acrediten hechos de relevancia para fundar las pretensiones de las partes que siendo
anteriores a los escritos de alegaciones iniciales, hubiesen llegado a noticia
de las partes con posterioridad, cuya alegación en el mismo acto permite el
art. 426.4 de la LEC y asimismo admite la aportación de documentos que
justifiquen alegaciones complementarias y adiciones. En el presente caso
constatamos que en dicho acto los demandados alegaron el nuevo conocimiento de
hechos anteriores conocidos a raíz del procedimiento de medidas cautelares
sustanciado a instancia de la parte actora y en particular de la sentencia
condenatoria del actor por blanqueo de capitales, la declaración del mismo como
imputado ante el Juzgado Central de Instrucción n.º 5, así como los demás
documentos que, no habiendo podido obtener con anterioridad, tienen relevancia
a los efectos de corroborar la veracidad de los hechos alegados en la
contestación a la demanda. Estos documentos por tanto no solo justifican los
hechos conocidos con posterioridad como fue alegado por los demandados y así
considerado por la juzgadora de primera instancia al resolver sobre su admisión
y el recurso formulado por la parte actora, sino que en puridad son
complementarios y adicionales a los hechos alegados en la contestación a la
demanda y por lo tanto aptos para ser presentados en la audiencia previa».
ii) En relación con la denunciada
infracción que consistiría en recoger en el Antecedente de Hecho Sexto
valoraciones que deben ser realizadas en los Fundamentos de Derecho, la
Audiencia señala que no existe infracción alguna porque la exposición de hechos
probados comporta valoración de la prueba.
iii) Por lo que se refiere a la
omisión de hechos que el demandante- apelante considera relevantes en la
valoración de las manifestaciones del Sr. Conrado en los medios de
comunicación, advierte la Audiencia que el juzgado valora todas las expresiones
que el apelante considera intromisión ilegítima, por lo que no hay omisión
alguna.
iv) Por lo que se refiere a la
denuncia de la infracción de la jurisprudencia interpretativa de la colisión
entre el derecho a la información y derecho al honor, la Audiencia considera
que no hay tal. Tras realizar una síntesis de la doctrina constitucional y de
la jurisprudencia de esta Sala, concluye que concurren todos los elementos
exigidos por la jurisprudencia para reconocer la prevalencia del derecho a la
libertad de información y libertad de expresión frente al honor del apelante.
La sentencia de la Audiencia, que
declara expresamente que acepta los fundamentos de derecho de la sentencia del
juzgado, basa su valoración en las siguientes consideraciones:
«En el presente caso, la información
escrita publicada en el libro "Fariña" y las expresiones pronunciadas
por el demandado D. Conrado en las entrevistas otorgadas en los medios de
comunicación a que se refiere la demanda tenían un indudable interés general
por la propia materia objeto de la información referida a hechos de relevancia
penal grave, cuya persecución y castigo tiene indudable interés público
informativo, siendo desde luego hecho de trascendencia y repercusión social la
actividad de tráfico de drogas que afecta a la salud pública. Con relación a la
información sobre hechos de trascendencia penal declara también de la STS de 13
de julio de 2017 (ROJ: STS 2843/2017) al declarar con relación a la información
sobre delito y sus partícipes "Al tratarse de información concerniente a
procesos judiciales seguidos por hechos de relevancia penal, debía entenderse
implícito el interés general de la noticia. (...). Y, en suma, que el interés
de la sociedad por conocer el resultado de esos procedimientos unido a la
capacidad que tienen los medios de comunicación de influir con informaciones de
tal contenido en la formación de una opinión pública libre, justifica que la
libertad de información sea en estos casos muy relevante". Por otra parte,
se trata, en cuanto aquí interesa, de una información de interés general por
razón de la persona concernida, que en el caso ejercía el cargo público de
alcalde de la localidad de O'Grove.
»(...)
»Pues bien, por lo que respecta al
libro "Fariña" y en particular lo afirmado en primer lugar en la nota
a pie de la página 234, su autor, el demandado D. Conrado, como con acierto
aprecia la sentencia apelada, se limita a afirmar que el vehículo con el que
fueron trasladados 300 kilogramos de cocaína procedentes del cártel de Cali
desde Cedeira (A Coruña) hasta Madrid "estaba a nombre" de D. Bernabe
lo que coincide con los hechos declarados probados de la sentencia de la Sala
de lo Penal, Sección 2ª, de la Audiencia Nacional de 23 de noviembre de 1993
recaída en el Sumario 6/91 en los que se declara que el actor allí acusado
alquiló el vehículo Fiat-1 que después condujo otro acusado transportando la
cocaína por cuyos hechos se siguió el proceso penal. Asimismo, se declara que
el Sr. Bernabe participó en los hechos también probados, si bien se considera
que no se prueba la responsabilidad del mismo como partícipe de ningún delito,
pues, según se razona, existían indicios que le implicaban, pero su declaración
avalada por la de otro coacusado creó duda en el Tribunal de la participación
del mismo en los hechos. Por tanto, la afirmación expresada no puede sino
considerarse veraz. Por otra parte la afirmación añadida a la anterior
referente al hecho de que D. Bernabe "fue procesado en 2001 por un alijo de
dos toneladas de cocaína" es igualmente cierto, pues fue acusado en el
sumario 6/2001 seguido ante la Sala de lo Penal, Sección 3ª, que dictó
sentencia el 28 de enero de 2004 por la que se le condenaba como autor de un
delito contra la salud pública, aunque luego el aquí apelante resultara
absuelto en sentencia del Tribunal Supremo de 27 de abril de 2006 por la que se
estima el recurso de casación interpuesto por éste, de modo que no puede
entenderse vulnerado el derecho al honor del mismo por tales afirmaciones.
»Otro tanto cabe concluir con
relación a las afirmaciones contenidas en el párrafo de la página 242 del libro
alusivas al aquí apelante y que el mismo considera intromisión ilegítima en su
derecho al honor, en tanto, como también así se razona en la sentencia apelada,
el autor se limita a afirmar que D. Bernabe fue procesado en 2001, como así lo
fue en el mencionado Sumario 6/2001. Además la alusión a que D. Bernabe pusiera
en contacto a Orbaiz Picos con el cártel de Cali para traer 2000 kilos de
cocaína, son de nuevo hechos declarados probados en la mencionada sentencia de
la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Sección 2ª, de 23 de noviembre de
1993 a cuyo hecho precisamente se considera en su fundamento de derecho cuarto
uno de los indicios de la participación en los hechos delictivos objeto de
dicho proceso penal que, no obstante, se considera insuficiente para la condena
de aquél, en los términos ya expuestos.
»Por lo demás que tanto en la nota a
pie de página, como en el pasaje indicados del libro se haga referencia a la
afiliación o pertenencia del Sr. Bernabe a un partido político legal, como es
el caso, ningún desdoro supone y por tanto en modo alguno puede considerarse
intromisión ilegítima en el sentido alegado.
»Por otra parte aunque es cierto que
en las entrevistas concedidas por D. Conrado a los diversos medios de
comunicación e incluso la presentación del libro, se apunta al apelante como
persona vinculada al narcotráfico o se refiere al mismo como narcotraficante, o
se alude a la condena del mismo por narcotráfico, se debe tener en cuenta que
dichas declaraciones se enmarcan en el relato del libro que se refiere al
tráfico de cocaína en Galicia y sus implicaciones sociales e incluso políticas
y si bien el Sr. Bernabe finalmente no llegó a ser condenado por los delitos de
tráfico de drogas -cocaína- por los que fue acusado en dos procesos penales, sí
lo fue por un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en
sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Secc. 2ª, de 27 de junio
de 2005, confirmada por la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de abril de
2007, cuyo delito de blanqueo encierra una conexión con el tráfico de drogas y
su entorno.
»(...)
»La veracidad, por lo tanto, no
equivale a una verdad material, sino que a estos efectos lo exigible es que sea
el resultado de una mínima actividad investigadora y en la que exista un mínimo
de investigación y de contraste de la información con los hechos, que sí se
produjo en el caso al ser el libro producto de la investigación y en concreto
de las publicaciones periodísticas efectuadas en la época, así como examen de
las resoluciones y actuaciones judiciales, y recaba también el testimonio de
personas que sobre el tema desarrollado podían aportar información.
En consecuencia, aunque las
expresiones contenidas en las entrevistas del Sr. Conrado a los medios de
comunicación aquí controvertidas, no son totalmente exactas e incurren en
ciertos errores, éstos no afectan a esencia de lo informado, no pueden ser considerados
rumores o afirmaciones sin contraste y están amparadas por la libertad de
información.
»Por último, las afirmaciones y
expresiones controvertidas no sobrepasan el fin informativo porque no contienen
expresiones inequívocamente ofensivas o vejatorias, innecesarias para ello.
»En cualquier caso, dichas
expresiones pueden ser consideradas también amparadas por la libertad de
expresión, más amplia que la libertad de información, en cuanto en aquéllas el
entrevistado emite creencias propias, que no excluye la crítica de la conducta
del otro, aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o
disgustar a quien se dirige ( SSTC 6/2000, de 17 de enero; 49/2001, de 26 de
febrero; y 204/2001, de 15 de octubre)».
5. El demandante interpone recurso por infracción procesal
y recurso de casación.
...
CUARTO. Motivos del recurso de casación
El recurso se funda en cuatro
motivos, de los que solo han sido admitidos los dos primeros.
El primer motivo denuncia indebida
aplicación del art. 18.1 CE, al no haberse garantizado el derecho al honor, a
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y del art. 1.1 y art. 7.7
de la LO 1/1982, de 5 de mayo. El segundo motivo denuncia que la sentencia
recurrida infringe el derecho a comunicar y recibir libremente información
veraz, previsto en el art. 20.1 d) CE y, asimismo infringe el art. 20.4 CE, ya
que el derecho a la información veraz tiene su límite en el respeto a los
derechos reconocidos en el Título I, en los preceptos de las leyes que lo
desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la
propia imagen, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y Tribunal
Constitucional que los interpreta.
En el desarrollo conjunto de los
motivos del recurso se defiende, en síntesis, que se ha vulnerado el derecho al
honor del Sr. Bernabe por cuanto, aunque se trata de una información de interés
general, falta el fundamental requisito de la veracidad en la información
difundida, por cuanto se omitió deliberadamente el dato de la absolución del
Sr. Bernabe por los hechos relatados en el libro "Fariña", todo ello,
según dice, con ánimo de menoscabar su honor y destacando que era alcalde del
PP para dar mayor empaque a su libro. Argumenta que no se puede apoyar la
veracidad en la declaración de hechos probados recogidos en una sentencia que
fue revocada y que el Tribunal Supremo revocó la sentencia de la Audiencia
Nacional que le había condenado por tráfico de drogas. Argumenta también que,
si bien fue condenado por un delito de blanqueo de capitales, no por eso es
narcotraficante ni se justifica que se le pueda achacar la comisión de otros
hechos delictivos que nada tienen que ver con el blanqueo de capitales.
Finalmente, alega que el razonamiento de la sentencia recurrida acerca de que
las manifestaciones del Sr. Conrado en los medios de comunicación estarían
cubiertas por la libertad de expresión es contraria a la jurisprudencia que
considera que cuando se atribuye la comisión de hechos antijurídicos la
exposición de hechos y la emisión de valoraciones aparecen indisolublemente
unidad y no se justifica la imputación al criticado de hechos no veraces.
Dada la íntima conexión entre ambos
motivos van a ser analizados conjuntamente y, por las razones que se exponen a
continuación, van a ser desestimados.
QUINTO. Cuestión planteada en el recurso,
admisibilidad y doctrina de la Sala
1. Los dos motivos impugnan el juicio de ponderación de los
derechos en conflicto que realiza la sentencia recurrida y, especialmente, el
juicio sobre la veracidad.
El recurrente considera que la
información suministrada en el libro objeto de su demanda respecto de su
persona atenta a su honor y no está protegida por la libertad de información
reconocida en el art. 20.1.d) CE porque no es veraz. Además, y al hilo de una
afirmación de la sentencia recurrida respecto de la libertad de expresión en
relación con las manifestaciones realizadas por el Sr. Conrado en diversos
medios de comunicación, argumenta que tampoco se cumple el requisito de la
veracidad que es exigible cuando al expresar opiniones se imputan hechos
delictivos.
Ciertamente, en lo relevante para
este litigio, el libro comunica fundamentalmente hechos susceptibles de
contraste y sería por tanto expresión del derecho y la libertad de información,
mientras que en las manifestaciones realizadas en la campaña de difusión del
libro puede apreciarse el ejercicio de la libertad de expresión, al no
limitarse a la narración de hechos y contener opiniones, apoyadas en hechos,
sobre las cuestiones que se le planteaban al entrevistado acerca de las
relaciones entre el mundo del narcotráfico y algunas personas que ejercían o
habían ejercido cargos públicos.
2. La falta de veracidad de la información es una cuestión
de estricto carácter jurídico, vinculada a la ponderación sustantiva de los
derechos fundamentales en conflicto.
En los escritos de oposición se
invoca como causa de inadmisibilidad del recurso de casación que no plantea
cuestiones jurídicas sino que pretende una revisión de los hechos. Este óbice
de inadmisibilidad no va a ser estimado, sin perjuicio de la decisión de fondo
sobre los motivos planteados en el recurso, porque no concurre causa de
inadmisibilidad de las que esta Sala considera absolutas.
En el caso, ciertamente, en el
desarrollo del recurso de casación se alude conjuntamente a hechos y valoraciones
jurídicas vinculadas a la veracidad y el recurrente no ha interpuesto recurso
extraordinario por infracción procesal al amparo del art. 469.1.4º LEC que
permite, excepcionalmente, corregir la valoración de la prueba para la
determinación de los hechos probados sobre los que parten las valoraciones
jurídicas. Sin embargo, es doctrina reiterada que cuando se trata de
procedimientos relativos a la protección de los derechos fundamentales la Sala
no puede partir de una incondicional aceptación de las conclusiones probatorias
obtenidas por las sentencias de instancia, sino que debe realizar, asumiendo
una tarea de calificación jurídica, una valoración de los hechos en todos
aquellos extremos relevantes para apreciar la posible infracción de los derechos
fundamentales alegados (entre las más recientes, sentencias 372/2019, de 27 de
junio, y 562/2020, de 27 de octubre).
Esta doctrina determina que, en el
presente caso, sin apartarse de los hechos probados, la Sala deba analizar la
infracción denunciada atendiendo al conjunto documental invocado en el recurso,
que impugna la corrección de la valoración jurídica que ha realizado la
sentencia recurrida atendiendo al examen de varias sentencias penales y otras
fuentes de información empleadas por el autor del libro (publicaciones
periodísticas, actuaciones judiciales, etc.).
3. Centrada la cuestión en la incorrección del juicio de
ponderación del tribunal sentenciador sobre los derechos fundamentales en
conflicto, la decisión de esta Sala debe fundarse en su propia jurisprudencia y
en la doctrina del Tribunal Constitucional al respecto.
i) Según constante doctrina
jurisprudencial (recordada, recientemente por las sentencias 635/2020, de 25 de
noviembre, 359/2020, de 24 de junio, y 273/2019, de 21 de mayo):
«[P]ara que no se revierta en el
caso concreto la preeminencia de la que gozan en abstracto las libertades de
expresión e información sobre el derecho al honor es preciso que concurran dos
presupuestos comunes a aquellas, consistentes en el interés general o relevancia
pública de la información comunicada o de la opinión expresada, sea por la
materia, por razón de las personas o por las dos cosas, y en la necesaria
proporcionalidad en la difusión de las opiniones o de las informaciones, pues
se proscribe el empleo de expresiones manifiestamente injuriosas, vejatorias,
que no guarden relación o que no resulten necesarias para transmitir la idea
crítica o la noticia, y en cuanto a la libertad de información, además y en
todo caso, que la transmitida sea esencialmente veraz, entendiéndose la
veracidad "como el resultado de una razonable diligencia por parte del
informador a la hora de contrastar la noticia de acuerdo con pautas
profesionales y ajustándose a las circunstancias del caso, aunque la
información con el transcurso del tiempo pueda ser desmentida o no resultar
confirmada, faltando esa diligencia cuando se transmiten como hechos verdaderos
simples rumores carentes de constatación o meras invenciones"» ( sentencia
456/2018, de 18 de julio, citada por la 102/2019, de 18 de febrero).
ii) Es constante y conocida la
doctrina de que la libertad de expresión tiene un campo de acción más amplio
que la libertad de información porque no comprende como ésta la comunicación de
hechos objetivos susceptibles de contraste, sino la emisión de juicios,
creencias, pensamientos y opiniones de carácter personal y subjetivo. Puesto
que no siempre es fácil separar la expresión de pensamientos, ideas y opiniones
garantizada por el derecho a la libertad de expresión de la simple narración de
unos hechos garantizada por el derecho a la libertad de información (toda vez
que la expresión de pensamientos necesita a menudo apoyarse en la narración de
hechos y a la inversa), cuando concurren en un mismo texto elementos
informativos y valorativos es necesario separarlos, y solo cuando sea imposible
hacerlo habrá de atenderse al elemento preponderante (entre otra, sentencias
252/2019, de 7 de mayo, 370/2019, de 27 de junio, 599/2019, de 7 de noviembre,
51/2020, de 22 de enero, y 359/2020, de 24 de junio).
En el ámbito de la libertad de
expresión, las opiniones o juicios de valor emitidos -a diferencia de lo que
ocurre con la libertad de información- no se prestan a una demostración de su
exactitud y prueba de veracidad ( SS TC 24/2019, de 25 de febrero, FJ 4,
146/2019, de 25 de noviembre, FJ 5). Pero la doctrina de esta sala ha precisado
que aunque se considere prevalente la libertad de expresión, cuando se atribuye
la comisión de hechos antijurídicos, la exposición de los hechos y la emisión de
valoraciones aparecen indisolublemente unidas, por lo que ni siquiera esa
exposición de una opinión crítica y legítima justificaría la atribución o
imputación al criticado de hechos no veraces, que objetivamente considerados,
ofendan gravemente su honor, desacreditándolo públicamente tanto en el cargo
que desempeña como personalmente ( sentencias 508/2016, de 20 de julio,
750/2016, de 22 de diciembre, 450/2017, de 13 de julio, y 102/2019, de 18 de
febrero).
iii) Recogiendo la doctrina de la
Sala, la sentencia 170/2020, de 11 de marzo, recuerda que el deber de veracidad
ha de entenderse como el resultado de una razonable diligencia por parte del
informador a la hora de contrastar la noticia de acuerdo con pautas
profesionales y ajustándose a las circunstancias del caso, faltando esa
diligencia cuando se transmiten como hechos verdaderos simples rumores carentes
de constatación o meras invenciones.
iv) De esa doctrina se desprende que
lo exigible al profesional de la información es una actuación razonable en la
comprobación de los hechos para no defraudar el derecho de todos a recibir una
información veraz, reputándose veraz si se basó en fuentes objetivas y fiables,
perfectamente identificadas y susceptibles de contraste, de modo que las
conclusiones alcanzadas por el informador a partir de los datos contrastados
que resulten de aquellas sean conclusiones a las que el lector o espectador
medio hubiera llegado igualmente con los mismos datos.
Por el contrario, se reputará no
veraz la información que se apoye en conclusiones derivadas de meras
especulaciones, en rumores sin fundamento, carentes de apoyo en datos objetivos
extraídos de fuentes igualmente objetivas y fiables que estuvieran al alcance
del informador. De ahí que, cuando la fuente que proporciona la noticia reúne
características objetivas que la hacen fidedigna, seria o fiable, pueda no ser
necesaria una comprobación mayor que la exactitud o identidad de la fuente,
máxime si esta puede mencionarse en la información misma ( STC 178/1993, FJ
5.º, citada con reiteración por las de esta Sala, entre las más recientes,
456/2018, de 18 de julio, y 602/2017, de 8 de noviembre).
v) El requisito de la veracidad en
la transmisión de la información exigido en el art. 20.1.d) CE, que se refiere
fundamentalmente a la diligencia en la contrastación de la noticia, no resulta
excluido por la existencia de imprecisiones o errores circunstanciales que no
afecten a la esencia de lo transmitido ( sentencia de esta Sala 125/2020, de 26
de febrero, y las que en ella se citan).
SEXTO. Decisión de la Sala.
Desestimación del recurso de casación
La aplicación de la doctrina
anterior al caso determina que los dos motivos del recurso deban ser
desestimados por las razones que se dicen a continuación.
1. No existe controversia sobre el interés general del
asunto sobre el que versa la información recogida en el libro
"Fariña", en el que se menciona puntualmente al demandante, pues se
enmarcaba en un relato sobre la historia del narcotráfico gallego, de graves
consecuencias sociales y sobre lo que ha existido una vasta investigación
policial y abundantes procedimientos penales.
2. La controversia se ha centrado en el cumplimiento del
requisito de la veracidad que, en el caso de la libertad de información, junto
con el interés general del objeto de la información, determina la legitimidad
del ejercicio de dicha libertad pública y su prevalencia sobre el derecho al
honor, por contribuir a la formación de una opinión pública informada sobre
asuntos de interés general.
3. Desde esta perspectiva, resulta correcto el razonamiento
de la sentencia recurrida acerca de que la información contenida en el libro
sobre el Sr. Bernabe es veraz, tanto por reflejar la información dada a lo
largo del tiempo en diversos medios de comunicación, tal y como señaló el
juzgado, asumió la Audiencia, y esta Sala ha podido confirmar a la vista de la
documentación obrante en las actuaciones, como por lo que resulta de los
diferentes sumarios en los que fue acusado y juzgado el Sr. Bernabe y de las
sentencias penales que en unos casos le absolvieron y en otros le condenaron.
4. En la nota 33 de la página 234 del libro
"Fariña" no se citan resoluciones judiciales y no se dice que el Sr.
Bernabe fuera condenado, por lo que tampoco sería preciso, a efectos de la
información que se está proporcionando de la época a que se refiere el libro,
decir que fue absuelto de los delitos de tráfico de drogas. En el contexto del
libro objeto de la demanda, donde se refieren las relaciones entre el
narcotráfico y, por lo que aquí interesa, cargos políticos de las
administraciones públicas gallegas, lo que se dice del demandante está amparado
por la libertad de información en atención a que el demandante fue alcalde de
O'Grove y fue procesado por tráfico.
5. Por lo que se refiere al concreto detalle de la
titularidad del vehículo en el que se transportó la droga, lo relevante, como
se ha considerado correctamente por las sentencias de instancia, es que el
demandante disponía de su uso (lo tenía alquilado), hecho probado en una
sentencia firme, la de la sección 2.ª de la Audiencia Nacional de 23 de
noviembre de 1993 (hecho probado sexto y fundamento de derecho primero), por mucho
que se le absolviera por la duda razonable que tuvo el tribunal de su
participación en el negocio, siendo irrelevante que no fuera propietario del
vehículo (lo que, por otra parte, tampoco es exactamente lo que se afirma en el
libro, que dice que «estaba a nombre» del Sr. Bernabe).
6. También es esencialmente veraz la información que se
proporciona en la página 242 del libro "Fariña", y que ha sido objeto
de transcripción en el primer fundamento de esta sentencia. El recurrente
impugna esta valoración porque considera que, al tratarse de hechos probados de
una sentencia de la Audiencia Nacional que fue anulada por una sentencia de la
Sala Segunda del Tribunal Supremo, no pueden darse como ciertos.
En atención a las circunstancias,
este argumento no puede ser aceptado.
Es verdad que la sentencia de la
Sala Segunda Tribunal Supremo de 27 de abril de 2006 estimó el recurso de
casación del ahora demandante contra la sentencia de la Audiencia Nacional de
28 de enero de 2004, cuyos hechos transcribió y de la que dijo que se había
basado en exclusiva en declaraciones de un arrepentido sin realizar
comprobaciones adicionales. Pero también es cierto, como puso de manifiesto el
juzgado de primera instancia en el actual procedimiento (y sus fundamentos son
expresamente aceptados por la Audiencia), que tales hechos son un reflejo de lo
declarado por el propio recurrente ante el Jdo. de Instrucción n.ª 5 de la
Audiencia Nacional en las diligencias previas 398/1994. En consecuencia, no
habría falta de veracidad al dar cuenta de los mismos con fines informativos en
el contexto del libro objeto de esa demanda, aunque la sentencia de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo absolviera al ahora demandante. Como advierte la
sentencia ahora recurrida, la misma Sala Segunda, en otra sentencia posterior,
de fecha 25 de abril de 2007, que condenó al ahora demandante por blanqueo de
capitales procedentes del narcotráfico, tuvo en cuenta como indicio para
considerar acreditada la procedencia del dinero la conexión o proximidad con el
mundo de la droga que resultaba de los sumarios que dieron lugar a las dos
sentencias de la Audiencia Nacional mencionadas.
7. Esta Sala, por lo demás, comparte el criterio de la
sentencia recurrida acerca de que el error en la afiliación o pertenencia a un
partido político legal no supone desdoro ni comporta intromisión ilegítima en
el honor del demandante y, en cualquier caso, sería un error circunstancial que
no afecta a la esencia de la información que se quiere comunicar.
8. En atención a las circunstancias, tampoco puede ser
aceptado el argumento del recurrente acerca de que la condena por blanqueo no
justifica las manifestaciones vertidas por el autor del libro en prensa
tildándole de narcotraficante. Aunque se le condenara, según explica, por «dolo
eventual», por su negligencia por no comprobar el origen del dinero que
trasladaba para su blanqueo, es muy significativo, a los efectos que aquí
interesan, que la condena fue por un delito de blanqueo de capitales
procedentes del narcotráfico, tal como resulta de la sentencia de la Sala
Segunda de 25 de abril de 2007. En esa sentencia se explican las razones por
las que se considera probado que el dinero blanqueado procedía del
narcotráfico, aunque no hubiera una condena previa por narcotráfico, en particular
por haber constancia de la relación del autor con actividades de tráfico de
drogas a las cuales podía vincularse el origen del dinero.
9. Así, las cosas, partiendo de los datos anteriores,
tampoco falta el requisito de la veracidad en la alusión al demandante en las
entrevistas concedidas por el autor del libro como persona vinculada al
narcotráfico, condenado por narcotráfico, e incluso narcotraficante. Prevalece
la libertad de información y expresión pues, sin sumar calificativos injuriosos
o innecesarios, al expresar sus valoraciones sobre las relaciones entre el
mundo del narcotráfico y la política y el clima social de tolerancia hacia la
cultura heredada del contrabando de tabaco, el Sr. Conrado mencionó al
demandante como ejemplo de cómo algunos políticos tras haber sido acusados,
procesados e incluso condenados, se presentaban a las elecciones y obtenían el
respaldo popular. Ello, tal y como ha quedado reflejado en los apartados
anteriores no eran invenciones ni se basaba en simples rumores carentes de
constatación y, por el contrario, contaba con los apoyos que ya han quedado
expuestos.
10. Todo lo anterior determina que el
recurso de casación deba desestimarse y, consecuentemente, confirmamos la
sentencia de la Audiencia Provincial, que aborda correctamente el conflicto
entre el derecho al honor y la libertad de información en este concreto
supuesto.
SÉPTIMO.- Costas
La desestimación de los recursos de
casación y extraordinario por infracción procesal determina la imposición de
las costas devengadas por ambos recursos a la parte recurrente ( arts. 398.1 y
394 LEC).
