Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de
octubre de 2017 (D. ANTONIO SALAS
CARCELLER).
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PRIMERO.- Seguido proceso de divorcio para la
disolución del matrimonio integrado por don Conrado y doña Mariana, que tenían
dos hijas mayores de edad, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 85
de Madrid fijó -como medidas definitivas- la atribución del uso de la vivienda
a doña Mariana hasta la liquidación de la sociedad de gananciales, una pensión
de alimentos a favor de cada hija de 400 euros mensuales a cargo del padre y
una pensión compensatoria a favor de la esposa por importe de 650 euros
mensuales, durante un plazo de tres años, atendiendo al hecho reconocido de que
la Sra. Mariana trabajaba por cuenta ajena antes y después del matrimonio, cesando
en su actividad laboral en el año 2001, momento en que las hijas contaban con 8
y 5 años de edad. La sentencia razona en el sentido de que
«[...]No puede discutirse tampoco la
capacidad de la demandada para incorporarse al mercado laboral, pues admite su
formación en idiomas y su formación académica, no pudiendo estimarse
justificado padecimiento de salud que la incapacite para el trabajo (...) en
atención a su edad es evidente que cuenta con aptitud para incorporarse al
mercado laboral, resultando prudente fijar la limitación que reclama el
demandante [...]».
Se interpuso recurso de apelación
por la demandada y la Audiencia Provincial de Madrid, sección 22.ª, lo estimó
parcialmente aumentando la cuantía de la pensión compensatoria a 850 euros
mensuales, con eliminación del límite temporal, sin perjuicio de que se pudiera
acudir a una modificación de medidas si varían posteriormente las
circunstancias. Afirma la Audiencia que
«[...]es preciso tener en cuenta el
parado de larga duración que configura la situación de la interesada quién dejó
el mercado laboral en el año 2001 lo que al margen de cualificación -sector del
turismo- es claro produce una más que evidente desventaja a la misma dadas las
características del actual mercado de trabajo, definido por la inestabilidad y
precariedad en el empleo y configurando una enorme competitividad lo que
dificulta en extremo el retorno de doña Mariana a la actividad laboral debiendo
tener en cuenta el desarrollo y avance de cuanto concierne al uso de las nuevas
tecnologías. y la aplicación de la informática a las técnicas y los trabajos de
oficina, lo que supone un plus añadido a aquella dificultad intrínseca de la
apelante para la reincorporación al trabajo[...]».
Contra dicha sentencia recurre en
casación el demandante don Conrado fijando como único objeto del recurso la
cuestión referida a la duración de la medida que entiende ha de limitarse tres
años.
SEGUNDO.- El único motivo del recurso se
formula por infracción del artículo 97 CC y de la doctrina jurisprudencial de
la Sala Primera del Tribunal Supremo emanada en torno a dicho precepto. Afirma
la parte recurrente que esta sala en reiteradas sentencias, y en concreto en
las que acompaña, determina que para otorgar una pensión compensatoria temporal
es menester que el Tribunal haga un juicio de prospección en virtud del cual,
valorando todas las circunstancias contempladas en el artículo 97 del Código
Civil, determine si se da o no una situación de idoneidad o actitud de la
beneficiaria de la pensión para superar el desequilibrio económico en un tiempo
concreto y determinado, alcanzando el Tribunal, en su caso, la convicción de
que no es preciso prolongar más allá del tiempo que se estime la percepción de
la pensión por la certeza de que va a ser factible en tal período
temporal la supresión del desequilibrio.
Añade también el recurrente que las
referidas sentencias fijan la doctrina de que las conclusiones alcanzadas por
la Audiencia Provincial, ya sea en el sentido de fijar un límite temporal a la
pensión, ya en el de justificar su carácter vitalicio, deben ser respetadas en
casación siempre que aquéllas sean consecuencia de la libre y ponderada
valoración de los factores a los que se refiere de manera no exhaustiva el
artículo 97 del Código Civil y que han de servir tanto para valorar la
procedencia de la pensión como para justificar su temporalidad, siendo posible
la revisión casacional únicamente cuando el juicio prospectivo sobre la
posibilidad de superar el inicial desequilibrio en función de los factores
concurrentes, se muestre como ilógico o irracional, o cuando se asiente en
parámetros distintos de los apuntados por la jurisprudencia para determinar el
grado de certeza de que la persona beneficiaria de la pensión pueda
superar el desequilibrio económico en un tiempo concreto, en cuyo caso deberá
el Juzgador decantarse por la temporalidad de la pensión, y no por su carácter
indefinido.
Concluye dicha parte recurrente
afirmando que no resulta lógico otorgar a la pensión compensatoria fijada en
favor de la esposa - cuya cuantía no se discute - un carácter indefinido, pues
si se analizan las circunstancias que concurren, hemos de concluir que en el
caso concreto y a través del juicio prospectivo ordenado por la doctrina de
nuestro Tribunal Supremo, hay una previsible certeza de que doña Mariana, en un
tiempo prudencial, pueda restablecer el desequilibrio producido con motivo del
divorcio.
TERCERO.- Resulta así que la propia parte
recurrente reconoce que el juicio prospectivo realizado por la Audiencia solo
ha de ser revisado cuando se muestre ilógico o irracional, de lo cual se deduce
que en el caso presente no procede dicha revisión en tanto que la Audiencia ha
valorado adecuadamente la situación de hecho a la hora de decidir sobre el
carácter indefinido de la obligación de pago de la pensión.
Esta sala ha declarado en sentencia
de 24 de octubre de 2013 (Rec. 2159/2012), y reiterado en la de 8 de septiembre
de 2015 (Rec. 2591/2013), entre otras, que la transformación de la pensión
establecida con carácter indefinido en temporal puede venir dada por la idoneidad
o aptitud para superar el desequilibrio económico, y, alcanzarse por tanto la
convicción de que no es preciso prolongar más allá su percepción por la certeza
de que va a ser factible la superación de este desequilibrio; juicio
prospectivo para el cual el órgano judicial ha de actuar con prudencia y
ponderación, con criterios de certidumbre, pues a ella se refiere reiterada
jurisprudencia de esta Sala (SSTS 27 de junio 2011, 23 de octubre de 2012,
entre otras).
En este caso no basta que la esposa
haya trabajado y tenga cierta cualificación -en parte, condicionada por la
dedicación a labores domésticas durante bastantes años- para dar por cierto que
podrá acceder al mercado laboral en un plazo determinado, cuando es conocida la
dificultad que aún existe para ello como consecuencia de una larga crisis
económica y que la interesada ha superado ya la edad de cincuenta años. La
fijación temporal de la pensión ha de partir de la convicción del tribunal de
que, dentro del plazo fijado, se ha de poder restaurar el equilibrio por los
propios medios del cónyuge beneficiario. Cuando no existe tal convicción -como
ocurre en el caso- lo oportuno es el establecimiento de la pensión con carácter
indefinido, lo que no implica un derecho a cesar en la búsqueda de tal restauración
del equilibrio mediante ingresos propios y la imposibilidad de solicitar una
modificación de medidas cuando tal búsqueda no se produce, con la finalidad
-que no puede encontrar amparo en derecho- de mantener el percibo de la pensión
por parte de quien se beneficia de ella. Lo que procede, en definitiva, es
hacer una ponderación de las circunstancias concurrentes a efectos de decidir
en cada caso lo más adecuado en atención a los intereses en conflicto;
ponderación que se ha de entender realizada correctamente por la Audiencia
Provincial, lo que impide que el recurso prospere.
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