Auto de la Audiencia
Provincial de Madrid (s. 2ª) de 4 de diciembre de 2014 (D. Eduardo de Urbano
Castrillo).
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SEGUNDO.- Con carácter general, hay que decir que el
Código Penal español, igual que sucede con otros de nuestro entorno -Francia,
Italia...-tipifica como infracción penal, el intrusismo. Y lo hace de forma
diversificada, al considerarlo un delito o una falta.
Se trata de una infracción penal recogida ya, en Las
Partidas -Partida VII, Título VIII-, mantenida en la Novísima Recopilación y
presente en los Códigos Penales a partir del de 1822.
Modernamente, la STC 111/1993, de 25 de marzo, lo
considera una "infracción administrativa criminalizada" que, a la
vista de su origen y del bien jurídico protegido,debería despenalizarse para
todas aquellas profesiones que inciden sobre intereses sociales de escasa
entidad, pues otra cosa supone una vulneración del principio de
proporcionalidad.
En tal sentido el actual CP de 1995, lo incluye dentro
del Título de las Falsedades, como rúbrica del capítulo V, la expresión
"De la usurpación de funciones públicas y del intrusismo",
distinguiéndose en el art.402 el ejercicio indebido de actos propios de una
autoridad o funcionario público y, en el art.403 la conducta en cuanto afecte a
profesiones avaladas por "título académico (u oficial) expedido o
reconocido en España".
Este nivel de relevancia de la cuestión deriva, como
dijera la STS 22-1-2002, de que "obviamente el titular del bien jurídico
sólo será el Estado (aunque se pueda hablar de) la caracterización plural de
los sujetos afectados por la conducta intrusa", lo que legitima el derecho
del Estado a expedir títulos de determinadas profesiones para que sean
ejercidas con las garantías morales y culturales indispensables, a fin de
preservar la confianza de los usuarios y consumidores en la ordenación del
servicio que se presta por los distintos profesionales a fin de ver
razonablemente satisfechas sus necesidades.
También alcanza al derecho de los profesionales a evitar
se vean afectados por una competencia ilegal que perjudica su crédito ante la
sociedad y daña a sus profesionales en sus expectativas económicas y de
reconocimiento social. Pero la STC 111/1993 consideró que "los intereses
profesionales, privados o colegiales, aunque legítimos y respetables son
insuficientes por sí solos para justificar la amenaza de una sanción
penal".
De ahí que, recordando la importancia del principio de
proporcionalidad y la consideración de "ultima ratio" del derecho
penal, la doctrina más autorizada recalca, últimamente, la necesidad de tutelar
verdaderos valores fundamentales más que intereses corporativos, por muy
respetables que éstos sean, pues son de indudable menor nivel.
TERCERO.- En cuanto al delito en sí, la norma
sancionadora - artículo 403 CP - habla de título académico y oficial ya que
castiga al que "ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el
correspondiente título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con
la legislación vigente". E igualmente a quien "si la actividad
profesional desarrollada exigiere un título oficial" no estuviere en
posesión de dicho título.
El titulo, es el documento que reconoce la suficiencia de
una persona para ejercer una concreta profesión y disfrutar de los derechos que
a la misma otorgan las disposiciones legales vigentes.
Ahora bien, hay que distinguir entre título académico que
es aquél que se exige para determinadas profesiones que tienen rango
universitario (abogado, médico, ingeniero) y título oficial que supone el
reconocimiento de una capacitación técnica para el ejercicio de otras
profesiones que no exigen titulación universitaria (bastando un diploma, grado
medio, etc).
En cuanto al delito de intrusismo, abarca las profesiones
que requieren la expedición de un título oficial universitario y aquellas otras
que requieren un título oficial no universitario cuando tales acreditaciones
acreditan una capacitación especial de la que dependen bienes jurídicos de la
mayor relevancia, por ejemplo la profesión de controlador aéreo. Y ha de ser la
jurisprudencia la que vaya determinando qué profesiones se encuadran en este
segundo grupo.
Además, se incluyen los títulos extranjeros convalidados
por las autoridades españolas, pero la falta de este requisito - según SSTC
62/1984, 171/1994 y 102/1996 - no supone delito. Entrarían en el intrusismo
penal, sólo los casos de inexistencia de título o de título no convalidable.
Respecto a la expresión "actos propios de una
profesión" determinada, hay que decir que por acto propio ha de entenderse
aquel que específicamente está atribuido a unos profesionales en concreto con
exclusión de las demás personas.
Ello incluye en el delito, a quienes realizan actos
profesionales sin la titulación exigida, tanto por carecer de título, como por
poseerlo pero de menor rango competencial e incluso, a quienes están
inhabilitados profesionalmente, porque en ninguno de estos supuestos se posee
título habilitante para realizar concretos actos profesionales, en un momento
dado.
Y en cuanto a los sujetos, el sujeto activo o agente que
comete el delito, es la persona que careciendo de título habilitante realiza
actos de la profesión invadida. Pero no puede serlo el profesional que esté
suspendido, por el hecho de que posee el título aunque no pueda ejercerlo en
ese momento.
Los sujetos pasivos del delito, es decir quienes padecen
la acción delictiva, son varios, como consecuencia de los bienes jurídicos
protegidos. Por un lado, el Estado que ve desobedecida su función reguladora de
las profesiones, la sociedad sometida al peligro de que personas sin los
debidos conocimientos ejerzan actividades de riesgo para ella y los
profesionales que se ven afectados por una competencia ilícita de quienes no
tienen derecho a ejercer la profesión invadida.
Pero perjudicados, en particular, lo serán las concretas
personas que se hayan visto defraudadas por el falso profesional, y hayan
podido sufrir lesiones o una estafa.
Y una cosa es el ejercicio indebido de una profesión,
siempre sancionable, ya por vía administrativa, disciplinaria o civil, y otra
la represión penal, que sólo aparece cuando se dan los requisitos previstos en
los tipos penales para estas conductas.
En efecto, las modalidades delictivas son: como delito,
pueden distinguirse: a) un tipo básico (art.403 párrafo primero); b) un tipo
atenuado (art.403 primer párrafo "in fine" y c) un tipo agravado
(art.403 párrafo segundo) El tipo básico consiste en realizar actos propios de
una profesión sin estar amparado en el título académico o universitario
correspondiente. La pena prevista es de multa de seis a doce meses.
El tipo atenuado castiga idéntica conducta cuando se
refiera a profesión con título oficial, no necesariamente de rango
universitario o académico, con pena de multa de tres a cinco meses.
La STS 2066/2001, de 12 de noviembre, estableció que debe
excluirse la aplicación del tipo atenuado del inciso segundo en "supuestos
en que el intrusismo se produzca en profesiones que requieran una especial
capacitación de la que dependan bienes jurídicos de la máxima relevancia constitucional,
como son la vida, la integridad corporal, la libertad y la seguridad". De
dicha sentencia es fácil deducir que se refiere a quienes actúan en el mundo
sanitario o en la policía, sin ostentar una categoría profesional que exija
título universitario.
En cuanto al tipo agravado incluye tanto atribuirse la
condición de profesional como realizar actos propios de tal profesión.
Y como falta de intrusismo, se acoge en el artículo 637
CP la conducta de: "El que usare pública e indebidamente, uniforme, traje,
insignia o condecoraciones oficiales, o se atribuyere públicamente la cualidad
de profesional amparada por un título académico que no posea". Y la
sanciona con pena de localización permanente de dos a 10 días o multa de 10 a
30 días.
Se castiga el simple aparentar que se es un determinado
profesional, sin serlo, mediante el uso público o externo de lo que hace a la
sociedad tener por profesional a quien no lo es, esto es, usar determinado
uniforme - militar, médico...-, o llevar insignias y condecoraciones que a uno
no le corresponden o presentarse como tal, siempre que se trate de profesión
amparada por un título académico que no se posea.
No es necesario pues, realizar actos propios de profesión
alguna, bastando el aparentar o presentarse como miembro de una profesión con
título académico, sin serlo. Un ejemplo sería el graduado social que se
atribuya públicamente la condición de abogado, sin serlo.
Ante la claridad del precepto, no incurre en este ilícito
penal quien, estando en situación de jubilación o no ejercicio - así por
encontrarse en excedencia- se atribuye la condición o usa uniforme o
condecoraciones propias de una profesión o carrera a la que perteneció por
poseer el título correspondiente.
CUARTO.- En el CP anterior, el de 1973, regulaba la falta
de otro modo, castigando con pena de multa al titulado o habilitado que
ejerciere su profesión sin hallarse inscrito en el respectivo colegio,
corporación o asociación, siempre que tal registro fuera exigido
reglamentariamente para poder ejercer la profesión.
Ahora que ha desaparecido tal falta, para incurrir en
ilícito penal se exige, pues, algo más que una mera inobservancia
administrativa, ya que para ser sancionado penalmente, se exige un
comportamiento revelador de estar en posesión de una cualificación que en
realidad no se posee, por ser esta conducta mucho más grave para la confianza
de los ciudadanos que un mero incumplimiento colegial o administrativo.
Es decir, actuar como abogado sin estar colegiado ya no
es ni siquiera falta penal, sino que por el art.34 del nuevo Estatuto de la
Abogacía aprobado el 12 de junio de 2013, cuestión de orden disciplinaria a
denunciar ante el Colegio a fin de que por los órganos rectores de éste se
adopten las medidas oportunas, al considerarse infracción muy grave en su
art.123 d). Y si pudiera decirse que tal norma no es aplicable al caso, por ser
posterior a los hechos atribuidos al recurrido, el Estatuto General de la
Abogacía Española aprobado por RD 658/2001, de 22 de junio, tipifica en su
artículo 84 h). como infracción muy grave "el intrusismo profesional y su
encubrimiento".
En definitiva, el delito requiere, en la actualidad de
dos elementos: el ejercicio de actos propios de una profesión titulada y
hacerlo careciendo de dicha titulación.
Y debido al bien jurídico protegido, que no es tanto los
intereses corporativos de una determinad profesión como el interés general de
la sociedad sobre la realidad de la preparación técnica y académica exigible a
determinados profesionales, lo relevante es esa carencia de preparación, que
viene objetivamente determinada por un título académico expedido por el Estado
pues ello supone un fraude social y al tiempo un peligro para la atención que
la sociedad tiene derecho a recibir de quienes se presentan como profesionales
de una determinada rama o especialidad del saber.
Por lo que el hecho de que no se esté de alta en el
colegio respectivo o al día en el pago de las cuotas sociales, son cuestiones
de menor entidad, que tienen, además, una respuesta en el ámbito deontológico
disciplinario.
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