Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de
febrero de 2017 (D. Rafael Sarazá
Jimena).
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TERCERO.- Decisión de la sala. La
caducidad de los contratos relacionados con la adquisición de productos
financieros complejos y de riesgo.
1.- Esta sala ha establecido
jurisprudencia sobre la caducidad de las acciones de anulación por error vicio
de los contratos relacionados con los productos o servicios financieros
complejos y de riesgo en sentencias como las 769/2014, de 12 de enero de 2015,
376/2015, de 7 de julio, 489/2015, de 16 de septiembre, 435/2016, de 29 de
junio, 718/2016, de 1 de diciembre, 728/2016, de 19 de diciembre, 734/2016, de
20 de diciembre, 11/2017, de 13 de enero, entre otras. Se trata por tanto de
una jurisprudencia asentada y estable.
2.- En estas sentencias hemos declarado
en relaciones contractuales complejas, como son con frecuencia las derivadas de
contratos bancarios, financieros o de inversión, la consumación del contrato, a
efectos de determinar el momento inicial del plazo de ejercicio de la acción de
anulación del contrato por error o dolo, no puede quedar fijada antes de que el
cliente haya podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo.
El día inicial del plazo de ejercicio de la acción será, por tanto, el de
suspensión de las liquidaciones positivas o de beneficios o de devengo de
intereses, el de aplicación de medidas de gestión de instrumentos híbridos
acordadas por el FROB, o, en general, otro evento similar que permita la
comprensión real de las características y riesgos del producto complejo
adquirido por medio de un consentimiento viciado por el error.
3.- La tesis que fundamenta el recurso
de casación formulado queda, por tanto, descartada, pues no se ajusta a la
jurisprudencia de esta sala sobre la fecha inicial del plazo de caducidad de
este tipo de acciones.
4.- Las alegaciones de Bankinter,
cuando se le puso de manifiesto la posible causa de inadmisión, tampoco pueden
ser estimadas.
La remisión por Bankinter a la
demandante de estadillos en los que, en los primeros meses, aparecía una
pequeña variación en el valor de las preferentes (en unos casos a la baja y en
otros al alza) respecto de la cantidad que pagó la cliente no tiene entidad
suficiente para ser considerado como un evento que permita la comprensión real
de las características y riesgos del producto complejo adquirido por medio de
un consentimiento viciado por el error y, por tanto, deba ser tomado en
consideración como momento inicial del plazo para ejercitar la acción de
anulación de los contratos. Como reconoce la recurrente, no fue hasta el año
2008 cuando se produjo el desplome en el valor de las participaciones
preferentes, que puede considerarse como el evento que permitió a la demandante
ser consciente del error en que había incurrido sobre la naturaleza y los
riesgos reales de los productos comercializados por Bankinter.
5.- En todo caso, como argumento de
refuerzo, la acción no podría considerarse caducada porque, cualquiera que
fuera el momento inicial del plazo de caducidad (la emisión de las órdenes de
compra, la remisión de los primeros estadillos, el desplome del valor de las
preferentes), dicho plazo finalizó no cuando se interpuso la demanda, sino
cuando se presentó la solicitud de diligencias preliminares previas a la demanda,
a las que se opuso la demandada.
En la misma sentencia 769/2014, de
12 de enero de 2015 a que antes hemos hecho referencia, declaramos:
«Incluso de aceptarse que el día
inicial del cómputo del plazo de cuatro años para el ejercicio de la acción
fuera el de perfección del contrato, como sostienen las sentencias de instancia
(lo que, como se verá, no es correcto), las diligencias preliminares fueron
promovidas por la demandante dentro del plazo de cuatro años contados desde esa
fecha inicial. Dado que a continuación de la tramitación de dichas diligencias
preliminares, una vez que la demandante pudo obtener la documentación
solicitada a la demandada, se procedió a la interposición de la demanda, ha de
considerarse que el transcurso del plazo de ejercicio de la acción cesó cuando
se promovieron las diligencias preliminares, y que la acción fue ejercitada
dentro de plazo, puesto que las diligencias preliminares son actuaciones
preparatorias del ejercicio de la acción que, una vez presentada la demanda a
continuación de aquellas, quedan integradas en el ejercicio de dicha acción a
los efectos de decidir si esta ha sido ejercitada en plazo.
»En este sentido, la sentencia de
esta Sala núm. 225/2005, de 5 abril, declaró:
»«El tema de la posible
"caducidad" de la acción de impugnación, referido, es tratado
acertadamente por las dos Sentencias de la instancia, y hay que estar a lo
decidido de conformidad por las mismas, dado que la cesación del
"iter" de esa caducidad obró con la presentación de las Diligencias
Preliminares del juicio, planteadas por la parte actora previamente a la de la
demanda de la esposa, pues, limitadas a la exhibición y aportación de
documentos que se referían al ejercicio de tal acción, lo actuado se unió,
formando parte de la demanda, conforme al art. 502-2º LEC, y dicha reclamación
se hizo antes del transcurso del término anual de caducidad dicho, ya que no
hay que separar el procedimiento referido del proceso propio, al formar parte
de él».»
6.- Dado que las órdenes de compra
fueron emitidas en julio de 2006 y las diligencias preliminares previas a la
interposición de la demanda fueron solicitadas en febrero de 2010, la acción
nunca podría haberse considerado caducada.
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