Sentencia del
Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2019 (D. José Luis Seoane Spiegelberg).
[Ver esta resolución
completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]
SEGUNDO.- Recurso extraordinario por
infracción procesal.
El mentado recurso extraordinario ha
de ser estimado, en tanto en cuanto la sentencia recurrida interpreta
incorrectamente lo normado en el art. 461 de la LEC y es contraria a la
reiterada jurisprudencia de este tribunal, relativa al contenido y alcance de
la impugnación del apelado contra la sentencia objeto de recurso de apelación.
En efecto, cuando una sentencia o
auto definitivo (art. 455 de la LEC) no ha satisfecho plenamente las
pretensiones o resistencias de las partes litigantes, causándoles un gravamen
en sus intereses (art. 448.1 LEC), pueden apelarla separadamente interponiendo
el correspondiente recurso de apelación; pero la ley igualmente admite que,
cuando una de ellas ha tomado la iniciativa recurriéndola, la parte que ha
dejado discurrir el plazo para hacerlo, consintiendo inicialmente la
resolución, que afecta desfavorablemente a sus intereses, pueda aprovechar la
oportunidad que le brinda la ley para impugnarla también en el trámite de
oposición al recurso de apelación de la contraparte (art. 461.1 LEC). En
definitiva, quien estaría dispuesto a aceptar una resolución desfavorable,
condicionado a que la parte contraria también la consintiese, si esta última
rompe el consenso tácito de acatamiento a la resolución judicial dictada, puede
recurrirla, en el trámite de oposición al recurso, convirtiéndose a su vez en
apelante, y determinando, con ello, que el Tribunal ad quem deba
pronunciarse sobre ambos recursos. La impugnación supone pues que se permita a
una de las partes salir de su inicial estado de pasividad, al conocer el recurso
de apelación interpuesto por la contraparte para convertirse también en
recurrente.
Bajo la denominación de apelación
adhesiva o adhesión a la apelación se conocía dicho recurso en la LEC de 1881
(arts. 858, 892 y 705), abordando la doctrina y la jurisprudencia la tarea de
ir delimitando sus contornos, sirviendo de simple botón de muestra al respecto
la STS de 30 de noviembre de 1964, que explicaba su razón de ser en los
términos siguientes:
"[...] pone en manos de la
parte apelada una facultad extraordinaria, enclavada en momento preciso y único
de su posible actuación procesal, que le permite salir del estado de pasividad
que observó en el tiempo señalado para la interposición del recurso, mostrando
su inicial conformidad con la sentencia recaída, que puede cesar al tener
conocimiento de que la misma fue objeto de apelación por la parte contraria; y
de ahí que la ley establezca un remedio extremo, para evitar un posible
desequilibrio en las respectivas posiciones y expectativas de los litigantes".
Esta posibilidad no desparece con la
nueva LEC 1/2000, sino que se conserva en el art. 461, si bien para evitar
posibles equívocos derivados de que se interpretara que la adhesión a la
apelación supondría compartir los argumentos del apelante principal, se
sustituyó tal término legal por la expresión normativa impugnación, pero sin
que ello afectase a su contenido y función procesal; si bien el Legislador no
logró plenamente sus designios, pues se conserva en el art. 527.1, cuando norma
que podrá pedirse la ejecución provisional "desde el traslado a la parte
apelante del escrito del apelado adhiriéndose al recurso".
Es necesario destacar que, tanto
antes como ahora, la impugnación se configura como un recurso autónomo,
únicamente subordinado en lo temporal a la interposición del recurso de
apelación por la contraparte, lo que ha sido considerado por la jurisprudencia
como verdadera derogación del principio de preclusión (SSTS de 25 de enero de
1978 y 21 de octubre de 1996), pero en modo alguno se trata de un recurso
accesorio, sino independiente, autónomo y con vida propia, que confiere a la
parte apelada la libertad de impugnar cualquier aspecto de la sentencia o auto
definitivo, que le cause gravamen en los términos de los arts. 448.1 y 456 LEC.
Esta naturaleza autónoma de la
impugnación, ya se había reflejado en la jurisprudencia de esta sala, bajo la
vigencia de la ley procesal derogada, cuando señalaba, por ejemplo, la STS de
20 de abril de 1992, que "a partir del acto adhesivo nos encontramos frente
a un nuevo recurso, con plenitud de efectos revisorios atribuidos a la
apelación", y, en el mismo sentido, la STS de 25 de noviembre de 1996; de
igual forma se expresa la STC 199/1988, de 25 de octubre, que insistiendo en
dichas ideas proclama que la apelación adhesiva "sólo es subordinada de la
apelación principal en lo que concierne a la oportunidad de su planteamiento,
pero como acertadamente sostiene el Ministerio Fiscal, se configura
autónomamente en punto a la posibilidad de integrar el contenido del recurso
sometido a decisión judicial con motivos propios referidos a los extremos en
que la resolución recurrida pueda resultar específicamente perjudicial para el
apelado, según previene el citado artículo 892 LEC".
Ahora bien, mientras que, bajo el
imperio de la LEC de 1881, en la regulación del juicio declarativo de mayor
cuantía, si el apelante principal desistía del recurso y el apelado se había
adherido al mismo, era preciso contar con la voluntad de éste último para que
la segunda instancia prosiguiese (arts. 846 y 849), tal trámite ya no es ahora
necesario, dada la redacción del vigente art. 450.2 de la LEC, que en tal caso
tiene sin más abandonadas exclusivamente las pretensiones de quien hubiera
desistido, lo que refuerza el carácter autónomo de la impugnación; o dicho de
otra forma, si el apelante principal abandona su recurso, el tribunal ad
quem debe resolver la impugnación no desistida de la parte inicialmente
apelada.
Lo que sí se exige es que la
resolución impugnada cause un gravamen al apelado recurrente, como así se
pronuncia, como no podía ser de otro modo, la STC 91/2010, de 15 de noviembre,
FJ 8, cuando señala que: "[...] la adhesión a la apelación, cuya
denominación actual de "impugnación" es significativa, también
requiere el perjuicio en la instancia (art. 461.1 LEC)", así como que el
apelante principal haya tenido la oportunidad de rebatir la impugnación
formulada por la parte apelada, a los efectos de evitar una lesión del derecho
constitucional de defensa reconocido el art. 24.2 CE, como así se ha expresado
la STC 23/2003, de 10 de febrero, al señalar:
"[...] este Tribunal, tras
admitir la viabilidad constitucional de la adhesión a la apelación, mediante la
cual el inicialmente apelado puede oponer una pretensión de impugnación de la resolución
apelada, autónoma y distinta de la formulada en la apelación principal,
determinando con ello una ampliación de la competencia devolutiva del Tribunal
ad quem cuyos requisitos y alcance corresponde dilucidar a los Tribunales
ordinarios, ha supeditado, desde la perspectiva constitucional del derecho a la
tutela judicial efectiva, la regularidad de tal situación procesal a que el
apelante principal haya podido disponer de la oportunidad de rebatir y
contradecir los argumentos de la pretensión impugnatoria articulada mediante la
apelación adhesiva en la misma medida en que el apelado debe disponer de la
posibilidad de rebatir contradictoriamente los argumentos de la apelación
principal (STC 102/1998, de 18 de mayo)".
Pues bien, en este caso, la sentencia
de instancia causó gravamen a la mercantil demandada impugnante y el apelante
principal tuvo oportunidad de ejercitar su derecho de defensa, mediante la
evacuación del traslado del trámite de oposición a la impugnación que, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 461.4 LEC, le fue expresamente
conferido.
Este tribunal, ya bajo la vigencia
de la nueva LEC, ha tenido oportunidad de pronunciarse en diferentes ocasiones
sobre la naturaleza, contenido y ámbito de la impugnación a la apelación,
siendo manifestación reciente de tal jurisprudencia la STS 257/2017, de 26 de
abril, que, con la oportuna cita de precedentes, se expresa en estos términos:
"2.- Los razonamientos
utilizados en la sentencia recurrida para declarar inadmisible la impugnación
formulada por el demandado no son correctos. Sin entrar en las matizaciones
aplicables a los supuestos especiales de pluralidad de partes en que los
pronunciamientos respecto de varios colitigantes son diferentes, la doctrina de
esta sala sobre la posibilidad de que el apelado impugne los pronunciamientos
de la sentencia de primera instancia que le sean desfavorables, sin necesidad
de que los mismos estén relacionados con los que son objeto de la apelación
principal, queda reflejada en las sentencias que se citan a continuación.
"3.- La sentencia 865/2009, de
13 de enero de 2010, cuyos argumentos son reiterados en las más recientes
sentencias 481/2010, de 25 de noviembre, y 124/2017, de 24 de febrero, explica
la naturaleza y finalidad de la nueva regulación de la impugnación en la Ley de
Enjuiciamiento Civil del año 2000, que es la aplicable al litigio objeto del
recurso y la actualmente vigente. Afirma esta sentencia:
""En la EM de la LEC se
expone la voluntad del legislador de prescindir del concepto de adhesión,
generador de equívocos, y conceder un trámite a quien, no siendo inicialmente
apelante, no sólo se opone al recurso de apelación interpuesto por otra de las
partes, sino que también decide impugnar la resolución pidiendo su revocación y
sustitución por otra que le sea más favorable.
"La finalidad de esta
regulación es conciliar, de un lado, la posibilidad de que quien resulta
parcialmente perjudicado por la sentencia pueda consentirla, absteniéndose de
interponer la apelación, en atención a los aspectos que le resultan favorables
y, de otro lado, el pleno ejercicio del derecho de defensa si la contraparte,
en definitiva, interpone recurso de apelación".
"4.- En la sentencia 127/2014,
de 6 de marzo, declaramos:
""1.- La impugnación de la
sentencia a que hace referencia el art. 461.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
es una oportunidad que se brinda a quien inicialmente presta conformidad con el
gravamen que la sentencia le supone, para que el mismo no se vea agravado por
el resultado eventual del recurso que interponga la contraparte.
"Presupone que estamos ante
sentencias que no estiman plenamente las pretensiones de las partes. Se fomenta
el aquietamiento de los litigantes ante sentencias que le sean parcialmente
desfavorables, de modo que solo si la parte contraria la recurre y su situación
puede agravarse respecto de la que resulta de la sentencia, el litigante que
inicialmente no apeló pueda también formular su impugnación.
"2.- Son dos los requisitos que
se exigen para que sea admisible la impugnación de la sentencia, que resultan
de la consideración conjunta de los apartados 1 y 4 del art. 461 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
"(i) El primero consiste en que
el impugnante no haya apelado inicialmente la sentencia. La impugnación no
puede utilizarse para ampliar los pronunciamientos sobre los que el apelante ha
formulado su recurso aprovechando el trámite de oposición al recurso formulado
por quien resulta apelado (sentencia de esta sala núm. 869/2009, de 18 enero de
2010). [...]
"(ii) El segundo requisito es
que la impugnación vaya dirigida contra el apelante. Las pretensiones
formuladas en el escrito de impugnación no pueden ir dirigidas contra las
partes que no hayan apelado. La sentencia núm. 865/2009, de 13 de enero de
2010, declara sobre este particular que `el artículo 461.4 LEC, al ordenar que
del escrito de impugnación se dé traslado únicamente al apelante principal,
revela que el escrito de impugnación no puede ir dirigido contra las partes que
no han apeladoŽ".
"5.- De lo anterior se desprende
la incorrección de la tesis sostenida en la sentencia de la Audiencia
Provincial, cuando apreció que había precluido la posibilidad de impugnar un
pronunciamiento de la sentencia de primera instancia porque el demandado no
apeló inicialmente los pronunciamientos condenatorios. Por el contrario, solo
precluye la posibilidad de impugnar (dejando aparte matizaciones aplicables a
las situaciones más complejas de pluralidad de partes) cuando el litigante ha
formulado recurso de apelación contra la sentencia que ha estimado parcialmente
las pretensiones de una y otra parte, y con motivo del traslado que se le da
del recurso de apelación interpuesto por la parte contraria, ese litigante que
también apeló inicialmente pretende ampliar, mediante la formulación de una
impugnación, los pronunciamientos objeto de su recurso de apelación inicial.
Afirma sobre esta cuestión la sentencia 905/2011, de 30 de noviembre:
""Lo que la doctrina
prohíbe es que la parte aproveche el trámite de impugnación para incorporar al
debate aspectos que no combatieron inicialmente en su recurso".
"Pero si ante una estimación
parcial de las pretensiones de una y otra parte, un litigante se aquietó
inicialmente y no formuló recurso de apelación, puede aprovechar el trámite de
oposición al recurso de apelación formulado por el litigante contrario para
impugnar a su vez la sentencia, y tal impugnación puede afectar a
pronunciamientos que sean objeto del recurso de apelación principal o a otros
pronunciamientos ajenos a tal recurso, con tal de que le sean desfavorables y
que la impugnación sea dirigida contra el apelante.
"6.- La sentencia 869/2009, de
18 de enero, aborda directamente la cuestión planteada en este recurso, y, como
consecuencia de la doctrina sentada por la sala sobre la naturaleza y finalidad
de la impugnación, afirma la posibilidad de formular en la impugnación
pretensiones divergentes respecto de las que son objeto del recurso de
apelación, que es lo que ha hecho el demandado en este litigio. Dice así la
sentencia:
""La impugnación a que se
refiere el artículo 461 es por tanto un instrumento procesal que la Ley pone al
alcance de la parte que se aquieta con el fallo de primera instancia que no le
resulta totalmente favorable y que es apelado por la contraria, para insertar
pretensiones autónomas y eventualmente divergentes de la apelación principal,
evitando el riesgo de que a través del recurso se agrave en su contra ese
pronunciamiento"".
Pues bien, la sentencia de la
Audiencia interpreta incorrectamente la doctrina sentada por la sentencia de
esta sala 127/2014, de 6 de marzo, que, en modo alguno, veda a la mercantil
apelada la posibilidad abierta de aprovechar el trámite de oposición al recurso
de apelación, para, además de articular los motivos obstativos a su
prosperabilidad, impugnar a su vez la resolución de primera instancia
desfavorable, insertando pretensiones autónomas y divergentes a las específicas
de la apelación principal.
En efecto, en este caso, no nos
encontramos ante un supuesto en el cual, quien ostenta la condición jurídica de
apelante, se valga del trámite de oposición al recurso de apelación igualmente
interpuesto por la contraparte, para adicionar nuevos motivos a los ya
formulados en su escrito inicial de apelación, a modo de una nueva y
extemporánea oportunidad, lo que está vedado; sino que la sociedad demandada
apelada, que no había disentido inicialmente del fallo de la sentencia de
instancia, utiliza lícitamente la oposición al recurso interpuesto por la
entidad actora, para recurrir, por primera vez, la sentencia dictada en
aquellos concretos extremos que le habían resultado desfavorables (arts. 448.1
y 461,1LEC); esto es, la condena pecuniaria que le fue impuesta, la cual, no
tolerada por la parte accionante, que pretendió elevar el importe judicialmente
determinado mediante su escrito de apelación, transfiere ahora y deja expedita
a la demandada apelada la oportunidad jurídica de recurrirla también, mediante
la impugnación formulada en el escrito de oposición a la apelación, operando
entonces como un recurso autónomo, no condicionado a los concretos extremos
objeto de la apelación inicialmente interpuesta por la entidad actora.
En virtud del conjunto argumental
antes reseñado y jurisprudencia interpretativa del art. 461 de la LEC, el
recurso extraordinario por infracción procesal debe ser estimado, al haber
quedado indebidamente imprejuzgada la impugnación oportunamente formulada por
la parte demandada apelada, que fue considerada, de manera errónea,
improcedente, por lo que la conculcación de la normativa procesal y correlativo
restablecimiento del orden jurídico adjetivo vulnerado conlleva anular la
sentencia de la Audiencia Provincial, y reponer las actuaciones al momento en
que se cometió la infracción, con la finalidad restaurativa de que la Audiencia
entre en el fondo de las cuestiones planteadas por el impugnante, con las
correlativas, en su caso, repercusiones cuantitativas sobre el fallo de la
condena pecuniaria impuesta.
Es la Audiencia la que debe
pronunciarse con libertad de criterio, al conocer de la impugnación formulada,
sobre si nos hallamos ante una cuestión nueva, lo que prima facie no
aparece lo sea, o sobre la indebida admisión del recurso de apelación,
existiendo resoluciones de la Dirección General de Tributos, como la de la
consulta vinculante V2527, de 29 de septiembre, en la que se ha establecido que
sólo el recurso de apelación, que presente una parte -el recurrente- queda
gravado por la tasa, pero no los escritos de impugnación, que se producen con
posterioridad al recurso y dentro de la tramitación del mismo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario