Sentencia del
Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2020 (D. Pedro José Vela Torres).
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PRIMERO.- Resumen
de antecedentes
1.- En
2009, Dña. Gregoria contrató los servicios profesionales como abogado de D.
Ricardo, para que ejerciera su defensa en dos procedimientos judiciales.
No
consta que se realizara presupuesto previo ni que se firmara hoja de encargo o
documento similar. La Sra. Gregoria abonó 4.800 € (2.300 € por el primer asunto
y 2.500 € por el segundo), a cuenta, en concepto de provisión de fondos.
2.- El
Sr. Ricardo prestó sus servicios en un juicio ordinario que concluyó con
sentencia íntegramente estimatoria para los intereses de la Sra. Gregoria y que
comprendió también su ejecución y la ejecución de la tasación de costas. Así
como en otro juicio ordinario que terminó con sentencia desestimatoria de la
pretensión de la cliente.
El
abogado ha tasado sus servicios en tales procedimientos, en conjunto, en la
suma de 23.328,29 €, una vez deducida la cantidad adelantada como provisión de
fondos.
3.- El
Sr. Ricardo formuló una demanda contra la Sra. Gregoria, en la que solicitó que
se la condenara al pago de 23.328,29 €, intereses y costas.
4.- La
sentencia de primera instancia desestimó íntegramente la demanda. Consideró,
resumidamente, que la demandada tenía la cualidad legal de consumidora y que, a
falta de negociación individualizada y advertencia previa sobre el importe de
los honorarios, era abusivo calcularlos conforme a las Normas Orientativas de
los Colegios de Abogados. Debe entenderse que, respecto de los procesos
declarativos, los honorarios coincidían con las respectivas provisiones de
fondos solicitadas y abonadas; y en cuanto a las demandas de ejecución, no
fueron objeto de encargo.
5.-
Recurrida la sentencia de primera instancia por el demandante, la Audiencia
Provincial estimó el recurso de apelación. En lo que ahora importa, consideró
que: (i) debe entenderse que las ejecuciones también fueron objeto de encargo,
puesto que, aunque no mediara encomienda expresa, la Sra. Gregoria se aprovechó
de sus efectos sin objeción alguna; (ii) no hubo pacto sobre el importe de los
honorarios; (iii) tampoco se acordó que las entregas a cuenta como provisión de
fondos supusieran la totalidad de la retribución debida por los servicios
profesionales; (iv) ante la falta de acuerdo, resulta adecuado minutar los
servicios conforme a las normas colegiales. Como consecuencia de ello, revocó
la sentencia de primera instancia y estimó totalmente la demanda.
SEGUNDO.- Recurso
de casación. Planteamiento de los dos motivos
1.- El
recurso de casación, formulado al amparo del art. 477.2. 3º LEC, se enuncia en
dos motivos.
El
primer motivo denuncia la infracción del art. 5 de la Directiva 93/13/CEE,
sobre cláusulas abusivas en contratos con consumidores, en relación con la
sentencia de esta sala 265/2015, de 22 de abril, y la STJUE de 15 de enero de
2015.
El
segundo motivo denuncia la infracción del art. 14 de la Ley 2/1974, de 13 de
febrero, de Colegios Profesionales, en relación con la STJUE de 15 de enero de
2015.
2.- En
el desarrollo de ambos motivos, la recurrente aduce, resumidamente, que el
hecho de que el contrato no se documentara por escrito y fuera verbal no
excluye la aplicación de la legislación de consumidores, así como que, a falta
de pacto expreso u hoja de encargo, resulta abusivo aplicar las normas
colegiales orientativas.
3.-
Dada la evidente conexidad argumental entre ambos motivos, se resolverán
conjuntamente.
TERCERO.- Aplicación
a los contratos de arrendamiento de servicios profesionales de abogados de la
legislación de consumidores cuando el cliente tiene dicha condición legal
1.- En
la sentencia 203/2011, de 8 de abril, consideramos que una relación de
servicios profesionales entre un abogado y un cliente que tiene la cualidad
legal de consumidor está sujeta a la legislación protectora de los
consumidores, por lo que son inadmisibles cláusulas, pactos o prácticas
contractuales que, al socaire de la autonomía de la voluntad, incurran en
abusividad, por suponer un desequilibrio en detrimento del consumidor. En
particular, en lo que ahora interesa, declaró la mencionada sentencia:
"Sin
duda, lo acordado por los interesados lo fue en virtud del principio de
autonomía de la voluntad que se recoge en el artículo 1255 del Código Civil.
Ahora bien, este principio se desenvuelve con las limitaciones propias que
imponen las exigencias de la buena fe o la prohibición del ejercicio abusivo de
los derechos - artículo 1258 CC-, que también recoge la normativa propia de
consumidores y usuarios, con lo que se trata de evitar que se produzca un
desequilibrio entre los derechos y las obligaciones que resultan del acuerdo
retributivo".
Pronunciamiento
específico que debemos enmarcar en la jurisprudencia general de esta sala en la
materia, de la que es expresiva (por contener una completa recensión de los
pronunciamientos previos) la sentencia 107/2007, de 16 de febrero, que declara:
"[d]e
acuerdo con la jurisprudencia de esta Sala, general para el arrendamiento de
obras y servicios, al que por lo común se adscribe la relación entre el abogado
y su cliente (STS de 28 de enero de 1998), en cuyo régimen influye la relación
de confianza característica de algunas de las figuras que comportan gestión de
intereses ajenos, que carecen de una disciplina unitaria en el CC, el requisito
del precio existe aunque no se fije de antemano, ya que puede determinarse por
tasación pericial (SSTS de 23 de octubre de 1993 y 11 de septiembre de 1996).
En relación con los servicios profesionales (STS de 24 de junio de 2005) y
particularmente los que prestan los abogados a sus clientes, su apreciación
está sujeta al ejercicio de la facultad de moderación por parte del tribunal en
función de las circunstancias del caso, entre las que merecen especial
relevancia la naturaleza y cuantía del asunto, su grado de complejidad, la
dedicación requerida y los resultados obtenidos, la costumbre o uso del lugar y
la ponderación de criterios de equidad (STS 8 de noviembre de 2004).
"Específicamente
en relación con los servicios de abogado, declaran las SSTS de 25 de octubre de
2002, 1 de junio de 2005, 15 de junio de 2005 y 22 de diciembre de 2006, entre
las más recientes, que se remunerarán, según costumbre en forma notoria ya
admitida por esta Sala, con lo que el profesional señale en su minuta y, en
caso de disconformidad, con lo que resuelvan los tribunales oyendo previamente
a los colegios de abogados, a título de asistencia pericial no vinculante,
teniendo en cuenta las normas colegiales orientadoras sobre honorarios
profesionales, o, en todo caso, especialmente tratándose de servicios
extrajudiciales, con lo que corresponda a la costumbre y uso frecuente en el
lugar en que se suponen prestados, ya que el artículo 1544 CC no exige que el
precio esté fijado al tiempo de celebración del contrato, sino que basta con
que sea determinable, incluso por arbitrium boni viri [juicio de un
hombre bueno].
"La
STS de 15 de noviembre de 2006 declara, en relación con la determinación del
precio de los servicios de un abogado no fijado previamente y su apreciación
equitativa por el tribunal, que el criterio de equidad mantenido en la
instancia no puede tener acceso a la casación más que cuando sea arbitrario o
desorbitado.
"Constituye,
como es obvio, un presupuesto inexcusable la prueba por el abogado de la
realidad de los servicios prestados (SSTS de 24 de septiembre de 1988 y 30 de
abril de 2004), cuestión de hecho cuya valoración está también reservada al
tribunal de instancia".
2.- A
su vez, la STJUE de 15 de enero de 2015 (asunto C-537/2013, Birutë Ðiba)
estableció concluyentemente que la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril de 1993,
sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, es
aplicable a los contratos de servicios jurídicos concluidos por un abogado con
una persona física que actúa con un propósito ajeno a su actividad profesional.
Son resaltables las siguientes consideraciones del TJUE:
"23.
Pues bien, se ha de observar que en los contratos de servicios jurídicos, como
los que son objeto del litigio principal, y en relación con las prestaciones
ofrecidas por los abogados, existe en principio una desigualdad entre los
"clientes-consumidores" y los abogados a causa, en especial, de la
asimetría de la información de la que disponen esas partes. En efecto, los
abogados tienen un alto nivel de competencias técnicas que los consumidores no
poseen necesariamente, de modo que éstos pueden tener dificultades para
apreciar la calidad de los servicios que se les prestan (véase, en ese sentido,
la sentencia Cipolla y otros, C-94/04 y C-202/04, EU:C:2006:758, apartado 68).
"24.
Así pues, un abogado que, como en el litigio principal, presta en ejercicio de
su actividad profesional un servicio a título oneroso a favor de una persona
física que actúa para fines privados es un "profesional", en el
sentido del artículo 2, letra c), de la Directiva 93/13. Por tanto, el contrato
para la prestación de ese servicio está sujeto al régimen de esa
Directiva".
3.- Que
el contrato de arrendamiento de servicios profesionales celebrado entre las
partes no se documentara por escrito no es óbice para que se le aplique la
normativa protectora de los consumidores. La Directiva 93/13/CEE lo considera
así en su preámbulo: "Considerando que el consumidor debe gozar de la
misma protección, tanto en el marco de un contrato verbal como en el de un
contrato por escrito[..]".
El
Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios (en adelante, TRLCU) no excluye de su aplicación a los contratos
verbales, puesto que el art. 2 incluye en su ámbito objetivo las relaciones
entre consumidores o usuarios y empresarios, sin imponer una determinada
sujeción a forma. Del mismo modo, el art. 59.1 TRLCU establece que:
"Son
contratos con consumidores y usuarios los realizados entre un consumidor o un
usuario y un empresario".
Y el
art. 59.2 TRLCU:
"Los
contratos con consumidores y usuarios se regirán, en todo lo que no esté
expresamente establecido en esta norma o en leyes especiales, por el derecho
común aplicable a los contratos".
Esta
remisión al derecho común debe entenderse que engloba también los contratos
verbales, cuya validez ha sido reconocida generalmente por la jurisprudencia de
esta sala siempre que reúnan los requisitos previstos en el art. 1261 CC.
Aunque resulta palmario que la falta de documentación dificulta el ejercicio de
los controles que protegen la posición del consumidor.
4.- El
art. 60 TRLCU exige que en la información precontractual que debe suministrarse
al consumidor se proporcione información sobre el precio, aunque su apartado 2
c) contempla la imposibilidad de calcularlo razonablemente de antemano, en cuyo
caso habrá de informarse al consumidor de la forma en que se determinará.
Mientras que el art. 60 bis del mismo texto legal dispone que cada pago
adicional debe concertarse y consentirse expresamente por el consumidor. Y el
art. 65 que los contratos con los consumidores y usuarios se integrarán, en
beneficio del consumidor, conforme al principio de buena fe objetiva, también
en los supuestos de omisión de información precontractual relevante.
Para
objetivar esa buena fe a que se refieren tanto el art. 65 TRLCU como el art.
1258 CC, resulta útil acudir a normas de disciplina corporativa, como el
Estatuto General de la Abogacía (Real Decreto 658/2001, de 22 de junio) o el
Código Deontológico de la Abogacía Española. Así, el art. 13.9.b) del
mencionado Código establece la obligación del abogado de poner en conocimiento
del cliente, incluso por escrito, cuando éste lo solicite del mismo modo, el
importe aproximado, en cuanto sea posible, de los honorarios, o de las bases
para su determinación. Norma que, de forma evidente, pretende imponer como buena
práctica profesional que los honorarios sean libremente convenidos entre las
partes y no impuestos por el abogado con posterioridad a la prestación del
servicio.
En
consecuencia, cuando no exista contrato escrito ni hoja de encargo donde se
indique la retribución del abogado o los criterios para su cálculo, de los
arts. 60 y 65 TRLGCU se desprende que: i) el abogado debe informar a su cliente
antes del inicio de la relación contractual sobre el importe de los honorarios
que va a percibir por su actuación profesional; ii) la omisión de la
información precontractual sobre el precio se integrará, conforme al principio
de la buena fe objetiva, en beneficio del consumidor.
5.-
Dadas las peculiaridades de las relaciones entre abogado y cliente y las
dificultades para establecer apriorísticamente el precio de unos servicios cuyo
contenido concreto y duración temporal pueden desconocerse en el momento de
celebración del contrato, puede resultar ilustrativo lo dispuesto en los
Principies of European Law on Service Contracts, cuyo art. 1:102 prevé que,
cuando en el contrato no se concrete el precio o el método de su determinación,
se aplicará el precio de mercado en el momento de conclusión del contrato, lo
que implica un valoración del trabajo efectivamente realizado.
6.- La
Disposición Adicional Cuarta, en relación con el art. 14, de la Ley 2/1974, de
13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, permite que los Colegios de
Abogados elaboren criterios orientativos a los exclusivos efectos de la
tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados y para el cálculo de
honorarios y derechos que corresponden en la tasación de costas en asistencia
jurídica gratuita.
En
la misma línea, el art. 44 del Estatuto General de la Abogacía dispone que, si
no hay pacto expreso:
"se
podrán tener en cuenta, como referencia, los baremos orientadores del Colegio
en cuyo ámbito actúe, aplicados conforme a las reglas, usos y costumbres del
mismo, normas que, en todo caso, tendrán carácter supletorio de lo convenido y
que se aplicarán en los casos de condena en costas a la parte contraria".
7.- Es
decir, las normas colegiales constituyen previsiones supletorias, destinadas
preferentemente a la cuantificación de la condena en costas, la cuenta jurada y
la asistencia jurídica gratuita, pero que pueden tener un carácter orientativo,
a falta de pacto, para cuantificar el precio del arrendamiento de servicios,
cuando se utilizan de manera conjunta con otros datos o referencias, como
pueden ser la complejidad del asunto, los motivos del recurso -si lo ha habido-
u otras circunstancias que hayan concurrido en el caso.
8.-
Finalmente, debe advertirse que como los honorarios constituyen el precio del
contrato de arrendamiento de servicios profesionales, no cabe hacer
directamente un control de contenido sobre su abusividad (art. 4.2 de la
Directiva 93/13), sino que lo que procede es hacer un control de transparencia.
Y solo si no se supera dicho control, cabrá el pronunciamiento sobre una
hipotética abusividad.
CUARTO.- Decisión de la Sala sobre el recurso
de casación. Falta de transparencia que no constituye abusividad. Desestimación
1.- En este caso no consta que el abogado informara a la
clienta del montante, aunque fuera estimativo, de sus honorarios, ni que
hubiera un pacto expreso sobre una determinada cantidad. Pero de ello no cabe
deducir, sin más, como se postula en el recurso y resolvió la sentencia de
primera instancia, que la provisión de fondos constituyera, por sí sola, el
importe total de los honorarios.
La provisión de fondos, por su propia
naturaleza de adelanto, es una entrega a cuenta y, salvo que se pruebe que se
corresponde exactamente con los honorarios, no cabe presumir que suponga todo
lo debido. El art. 17 del Código Deontológico de la Abogacía configura
claramente la provisión de fondos como una entrega a cuenta y, por tanto, como
un abono parcial de los honorarios, puesto que distingue entre "provisión
de fondos y "honorarios definitivos", al decir:
"El Abogado tiene derecho a
solicitar y percibir la entrega de cantidades en concepto de fondos a cuenta de
los gastos suplidos, o de sus honorarios, tanto con carácter previo como
durante la tramitación del asunto. Su cuantía deberá ser acorde con las
previsiones del asunto y el importe estimado de los honorarios definitivos.
"La falta de pago de la provisión
autorizará a renunciar o condicionar el inicio de las tareas profesionales, o a
cesar en ellas".
Además, en el supuesto litigioso, no es
razonable considerar que la defensa jurídica en dos pleitos cuyas cuantías
sumadas superaban los 366.000 € tuviera un precio inferior a 5.000 €.
2.- Tampoco cabe considerar que no hubiera encargo expreso
de la dirección jurídica en la fase de ejecución del proceso que terminó con la
sentencia estimatoria de la pretensión de la Sra. Gregoria, pues aparte de que
debe entenderse que el encargo incluía todas las gestiones tendentes a la plena
satisfacción de los intereses de la clienta, es absurdo que la labor
profesional del abogado se hubiera limitado a obtener una sentencia que no iba
a servir de nada si no se ejecutaba. Aparte de que, como correctamente razona
la Audiencia Provincial, la Sra. Gregoria se aprovechó sin objeción de los
resultados de dicha ejecución.
Cosa distinta es que una práctica
profesional transparente hubiera exigido una información previa individualizada
sobre los honorarios devengados durante las distintas fases procesales.
3.- A falta, pues, de pacto expreso y conforme a la
normativa legal expuesta, cabe concluir que la relación contractual entre las
partes, en lo que se refiere a la cuantificación de los honorarios
profesionales, no fue transparente, porque no hubo información al respecto.
Ahora bien, teniendo en cuenta que cuando se celebró el contrato no estaba en
vigor la actual redacción del párrafo segundo del art. 83 TRLCU, que parece
equiparar la falta de transparencia a la abusividad, resulta aplicable la
jurisprudencia del TJUE que establece que, respecto de los elementos esenciales
del contrato (precio y prestación) una vez apreciada la falta de transparencia
es cuando debe hacerse el juicio de abusividad (por todas, SSTJUE de 30 de
abril de 2014, C-26/13, Kásler; y de 26 febrero de 2015, C-143/13, Matei).
4.- Pues bien, si tomamos en consideración que el trabajo
consistió en la dirección jurídica de dos procedimientos civiles complejos en
todos sus trámites, incluyendo la ejecución en uno de ellos, los elevados
intereses económicos en conflicto y que los honorarios minutados por el letrado
se adaptan a las normas colegiales, de lo que cabe presumir que no son
excesivos (puesto que corporativamente tienen el carácter de mínimos), no cabe
considerar que la fijación de la retribución profesional, aunque no fuera
transparente, resultara abusiva, porque no causa un grave desequilibrio entre
las partes ni manifiesta mala fe por parte del letrado (art. 80.1 TRLCU, a
sensu contrario).
Como advirtió la STUE de 26 de enero de
2017, C-421/14, Banco Primus, a efectos del juicio de abusividad, para
determinar si una cláusula causa en detrimento del consumidor un "desequilibrio
importante" entre los derechos y las obligaciones de las partes que se
derivan del contrato, deben tenerse en cuenta, en particular, las normas
aplicables en Derecho nacional cuando no exista un acuerdo de las partes en ese
sentido, para analizar si el contrato deja al consumidor en una situación
jurídica menos favorable que la prevista por el Derecho nacional vigente. Y
respecto a en qué circunstancias se causa ese desequilibrio
"contrariamente a las exigencias de la buena fe", habrá que comprobar
si el profesional podía estimar razonablemente que, tratando de manera leal y
equitativa con el consumidor, éste aceptaría una cláusula de ese tipo en el
marco de una negociación individual.
Por un lado, hemos visto que la aplicación
de normas legales no hubiera conducido a un resultado diferente respecto al
importe de los honorarios. Y por otro, al haberse ajustado el profesional a los
mínimos corporativamente previstos, podría presumir razonablemente que la
consumidora habría aceptado esa cuantía.
Por lo que la sentencia recurrida no
infringe las normas legales citadas ni se aparta de la jurisprudencia
comunitaria o nacional.
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