Sentencia del Tribunal
Supremo de 5 de noviembre de 2019 (D. José Luis Seoane Spiegelberg).
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SEGUNDO.- Análisis del recurso de casación
interpuesto.
2.1.- Oposición de la parte demandada a
su admisibilidad.
La parte demandada se opone al
recurso interpuesto, alegando que la sentencia de la Audiencia no transgrede el
art. 1438 del CC, ya que no considera que las cuotas del préstamo hipotecario
constituyan cargas del matrimonio. No podemos compartir tal argumento, toda vez
que, en la sentencia de la Audiencia, expresamente se señala, como ratio
decidendi de su resolución, concretamente en su fundamento de derecho
séptimo, que "[...] respecto de las cuotas hipotecarias satisfechas hasta
la fecha de divorcio, debe tenerse en cuenta que, como hemos indicado, el actor
convivió maritalmente con la demandada en la vivienda de autos, siendo que una
de las obligaciones que tienen los cónyuges es la de contribuir al
sostenimiento de los gastos familiares, entre los que se encuentra el de la
vivienda familiar", con lo que claramente le está atribuyendo tal
calificación jurídica.
Por otra parte, si la recurrida
consideraba que la sentencia de la Audiencia, que le resultó en parte
desfavorable, y como tal generadora de gravamen (art. 448.1 LEC), era
incongruente, o incurrió en cualquier otro vicio procesal, lo que debió de
hacer fue interponer recurso extraordinario por infracción procesal, al amparo
del art. 469.1.2º LEC, que no puede ser articulado ahora como oposición al
recurso de casación interpuesto, máxime cuando fue cuestión sometida a la
consideración de la Audiencia y extensamente tratada por ésta en los
fundamentos jurídicos quinto y sexto.
Es más, el hecho de haber
contribuido a la satisfacción de las cuotas de los préstamos concertados para
abonar los materiales de la construcción fue alegado por el actor y admitido
por la parte demandada, que no lo cuestionó. En el fundamento de derecho tercero
de la sentencia de la Audiencia consta como, en la audiencia previa, se fijaron
como hechos controvertidos: "[...] si el demandante tiene derecho o no a
reclamar la propiedad de la mitad de la edificación o no, o bien, a ser
resarcido por su inversión en el inmueble", y, en este último concepto
controvertido entra, sin forzado encaje, el derecho a ser resarcido por las
sumas abonadas, con su propio peculio, para la adquisición de los materiales
necesarios para las construcciones privativas de la demandada.
2.2.- Consideraciones generales.
Desestimados estos motivos adjetivos
de oposición, entramos en el examen del recurso de casación interpuesto. Los
cónyuges estaban casados bajo el régimen de separación de bienes, en cuyo caso
no cabe hablar de un patrimonio común de los esposos, aunque ello no excluye
que existan bienes comunes adquiridos por ambos consortes durante el
matrimonio, en la proporción que proceda a las aportaciones de cada uno de
ellos, sometidos al régimen de la comunidad de bienes; de la misma manera que,
en virtud de la presunción del art. 1441 del CC, cuando no sea posible
acreditar a cuál de los cónyuges pertenece algún bien o derecho, corresponderá
a ambos por mitad.
Ahora bien, dicho régimen de
separación de bienes, si bien se fundamenta en la autonomía patrimonial de
ambos cónyuges, la misma no puede ser absoluta, dado que la convivencia
marital, la comunidad de vida que implica el matrimonio, requiere la necesidad
de atender a determinadas cargas de contenido económico, que deben ser
sufragadas por ambos consortes proporcionalmente a sus ingresos, lo que explica
el mandato normativo de los arts. 1318 CC, en sede del régimen económico
matrimonial primario, y 1438 del mismo texto legal, en este concreto de
separación de bienes, que imponen la obligación de contribuir al levantamiento
o sostenimiento de las cargas del matrimonio respectivamente. De las precitadas
normas surge el derecho de cada cónyuge a obligar al otro a efectuar dicha
contribución, y, de no observarse tan indeclinable deber, a instar incluso las
medidas cautelares "[...] a fin de asegurar su cumplimiento y los
anticipos necesarios o proveer necesidades futuras", como establece el
primero de los mentados preceptos, sin perjuicio claro está de los pactos que al
respecto pueden alcanzar los cónyuges.
En cualquier caso, dicha obligación
se impone, únicamente, en relación a los concretos gastos incardinables en el
concepto de cargas del matrimonio, por lo que en el supuesto específico que uno
de los cónyuges hubiera contribuido, en mayor cantidad que le corresponde a la
satisfacción de los precitados gastos, surgirá un indiscutible derecho de
reembolso, como resulta, en esta ocasión, del juego normativo de los arts. 1319
y 1440 del CC. Estas son las reglas de juego o premisas normativas sobre las
que hemos de resolver la presente controversia judicializada.
2.3.- Estimación del recurso.
Pues bien, en el caso que nos ocupa,
no se discute que la casa litigiosa con sus anexos es titularidad privativa de
la esposa, como tampoco que, para su construcción, ambos litigantes
suscribieron sendos préstamos hipotecarios, cuyas cuotas de amortización fueron
satisfechas por los litigantes, sin que podamos determinar en qué concreto
porcentaje. Es evidente que tal acto jurídico genera un derecho de reembolso
del marido, por las cantidades satisfechas para sufragar la construcción de la
casa privativa de la que fue su esposa, como así lo declaró la sentencia de la
Audiencia, en pronunciamiento judicial firme. Ahora bien, se le negó el derecho
al reintegro de la mitad de las referidas cuotas abonadas durante el
matrimonio, al considerar que debían reputarse como cargas del matrimonio, en
aplicación de lo normado en el art. 1438 del CC.
El recurso debe ser estimado, toda
vez que existe una consolidada jurisprudencia de este tribunal, que viene
sosteniendo que las cuotas de amortización del préstamo hipotecario con el que
se sufraga la adquisición de la vivienda, a través de la cual se satisfacen las
necesidades de habitación del matrimonio, no se reputan cargas del mismo. En
este sentido, se expresa la STS 206/2013, de 20 de marzo, con citas de otras
resoluciones, cuando dispone:
"Resulta aplicable en el
supuesto que nos ocupa la jurisprudencia de esta Sala, SSTS de 31 de mayo 2006,
5 de noviembre de 2008, 28 de marzo 2011, 29 de abril de 2011 y 26 de noviembre
de 2012, según las cuales, la hipoteca no puede ser considerada como carga del
matrimonio, en el sentido que a esta expresión se reconoce en el artículo 90
CC, porque se trata de una deuda contraída para la adquisición del inmueble que
debe satisfacerse por quienes ostentan título de dominio sobre el mismo de
acuerdo con lo estipulado con la entidad bancaria, en este caso por ambos
cónyuges, con independencia de si su disfrute es otorgado a un concreto
copropietario y, por tanto, el pago de la hipoteca cuando ambos cónyuges son
deudores y el bien les pertenece, no puede ser impuesta a uno solo de ellos,
sino que debe ser relacionado y resuelto de acuerdo con el régimen de bienes
correspondiente a cada matrimonio, que en el caso es el de separación de
bienes.
Según la STS de 31 de mayo de 2006,
la noción de cargas del matrimonio debe identificarse con la de sostenimiento
de la familia, debiendo ser atendidas tales cargas por ambos cónyuges en cuanto
abarcan todas las obligaciones y gastos que exija la conservación y adecuado
sostenimiento de los bienes del matrimonio y los contraídos en beneficio de la
unidad familiar, considerándose también como contribución el trabajo dedicado
por uno de los cónyuges para la atención de los hijos comunes (artículo 103.3.ª
CC). Pero no cabe considerar como cargas del matrimonio los gastos generados
por ciertos bienes que, aun siendo de carácter común, no son bienes del
matrimonio, pues en el año 2004 otorgaron los esposos la correspondiente
escritura de capitulaciones matrimoniales y se acogieron al régimen de
separación de bienes y la vivienda familiar que está gravada con la hipoteca la
adquirieron por compra en el año 2006. En consecuencia, la normativa aplicable
a tal bien era la propia del régimen general de la copropiedad y, en concreto,
el artículo 393 CC, que establece que el concurso de los partícipes en las
cargas será proporcional a sus respectivas cuotas, que se presumen
iguales".
En el mismo sentido también,
posteriormente, las SSTS 72/2014, de 17 de febrero; 516/2016, de 21 julio y
246/2018, de 24 de abril, señalando ésta última que:
"[...] esta sala se ha
pronunciado reiteradamente excluyendo del concepto de cargas matrimoniales los
pagos correspondientes a la amortización del préstamo hipotecario que grava la
vivienda familiar, pues de la amortización del préstamo habrá de responder
quien lo suscribió pero por razón de dicha obligación así contraída y no por la
existencia de matrimonio entre los prestatarios".
Este recurso se fundamenta en la
infracción del art. 1438 del CC, lo que circunscribe nuestro conocimiento a las
cantidades abonadas durante el matrimonio, al tratarse de un precepto relativo
al régimen económico de separación de bienes, que exige la persistencia de la
unión, pues precisamente rige para regular las relaciones patrimoniales entre
quienes ostentan la condición de cónyuges.
Por todo ello, el recurrente tendrá
derecho al reembolso de la mitad de las cantidades empleadas a la amortización
de las cuotas de los préstamos, destinados a la adquisición de los materiales
precisos, para levantar las construcciones privativas de la demandada, también
durante la vigencia del matrimonio, y no sólo, a partir de la fecha de la
sentencia de divorcio, como limitó su condena la Audiencia Provincial, lo que
se determinará en ejecución de sentencia a través del examen de las cuentas
bancarias de amortización de tales cuotas.
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