Sentencia del Tribunal Supremo (1ª) de 4 de febrero de 2021 (Dª. María de los Ángeles Parra Lucan).
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PRIMERO.-. Antecedentes
Se plantea como cuestión jurídica la
responsabilidad por deudas en el régimen de separación de bienes, en un caso en
el que la deuda ha sido contraída por uno solo de los cónyuges y el acreedor
pretende exigir responsabilidad al no contratante alegando que la deuda se
contrajo en el ejercicio de la potestad doméstica.
Por lo que interesa a efectos del
presente recurso son hechos probados o no discutidos los siguientes.
1. El 15 de junio de 2006, D. Higinio y D. José
suscribieron un documento privado en el que manifestaban que D. José debía a D.
Higinio 108.334,98 euros en concepto de préstamo y que se comprometía a
devolvérselos en el plazo máximo de un año, pero que si vendía antes de esa
fecha una nave de su propiedad se comprometía a pagar entonces lo adeudado.
El 28 de julio de 2008, en un nuevo
documento privado otorgado por D. José y D. Higinio, manifestaron que D. José
había pagado a D. Higinio la cantidad de 38.273,02 euros, "siendo ahora la
deuda pendiente de 70.061,96 euros en concepto de préstamo". Se añadió a
continuación un párrafo en el que se decía "Que la Sra. Sonsoles es
conocedora de la deuda que su marido el Sr. José tiene con el Sr.
Higinio". El documento fue firmado por D. Higinio, D. José y D.ª Sonsoles.
D. José y D.ª Sonsoles estaban casados
bajo el régimen de separación de bienes, en virtud de las capitulaciones
matrimoniales otorgadas el 22 de enero de 1991, de cuya existencia se hacía
indicación al margen de la inscripción del matrimonio en el Registro Civil
desde el 29 de enero de 1991.
2. Tras un monitorio que resultó infructuoso, el 5 de
diciembre de 2013, D. Higinio interpuso demanda de juicio ordinario contra D.
José y D.ª Sonsoles por la que solicitó la condena solidaria de ambos al pago
de 70.061,96 euros más intereses.
En su demanda, D. Higinio explicó
que había prestado el dinero por razones de amistad, que creía que los cónyuges
estaban sometidos al régimen de gananciales y por eso solo exigió en el primer
documento la firma del marido, y que, si exigió la firma de la esposa en el
segundo documento, creyendo que estaban sometidos al régimen de gananciales,
fue para asegurarse de que ella conocía el importe pendiente de pago en ese
momento. Añadió que el esposo carecía de bienes, que las capitulaciones fueron
otorgadas fraudulentamente, y que, a pesar de las relaciones comerciales entre
las sociedades de que eran socios y administradores tanto el demandante como el
esposo, el dinero se prestó para cubrir necesidades familiares. Invocó como
fundamento jurídico los arts. 1258, 1170 y ss., 1277, 1286 y 1440 y
concordantes, todos ellos del Código civil.
3. D. José se opuso a la demanda invocando falta de
legitimación pasiva basada en que la deuda se había originado como consecuencia
de la colaboración y cuenta corriente existente entre Calzados Alivio S.L. y
Coliseo Calzados S.L., de las que el actor y el demandado eran respectivamente
administradores únicos.
D.ª Sonsoles se opuso a la demanda
invocando falta de legitimación pasiva basada en que el actor no le prestó
ningún dinero, que ella no firmó el documento de 15 de junio de 2006 de
reconocimiento de deuda y que en el documento de 28 de julio de 2008 figuraban
como otorgantes D. Higinio y D. José, de quien se decía que debía al primero la
cantidad reclamada, mientras que la firma de ella no lo era en reconocimiento
de ninguna deuda, sino tal como se decía a los solos efectos de declarar que
era conocedora de la deuda de su marido con el actor. Negó la posibilidad de
fraude en atención a que las capitulaciones eran de fecha muy anterior a la
deuda que se reclamaba.
4. El juzgado estimó la demanda interpuesta contra D. José
y absolvió a D.ª Sonsoles.
El juzgado consideró que había
quedado acreditado, a la vista de la prueba practicada, que el dinero reclamado
por el demandante procedía de los préstamos que había hecho al demandado a lo
largo de una serie de años para que solventara sus problemas económicos, y
rechazó su falta de legitimación. En cambio, estimó la falta de legitimación de
D.ª Sonsoles al considerar, con apoyo en las declaraciones del propio
demandante, que ella no tuvo ningún trato ni recibió ningún dinero del actor,
que si exigió que ella firmara el documento de 28 de julio de 2008, fue para
estar seguro de que ella conocía la deuda que tenía su marido, al desconocer el
actor a ciencia cierta el destino a que el demandado aplicaba las cantidades
que le había ido entregando.
5. La sentencia de primera instancia fue recurrida en
apelación por D. Higinio y por D. José.
6. La Audiencia, en primer lugar, desestima el recurso de
apelación interpuesto por D. José y confirma su condena al considerar
acreditado que recibió el dinero reclamado a título personal y no en
representación de la mercantil de la que era socio único. A los argumentos del
juzgado añadió que "incluso en el caso de que se tratase de deudas
derivadas de la relación mercantil entre las sociedades que se mencionan, ello
no invalida el reconocimiento personal de deuda, es decir, no excluye en
absoluto que el demandado quedase vinculado personalmente en la cancelación de
la misma, que es lo que precisamente se desprende de modo palmario del propio
reconocimiento de deuda expresamente firmado a título personal ("Ambos
actúan en su propio nombre y derecho"), así como del posterior documento
de pago parcial redactado en los mismos términos".
La Audiencia, en segundo lugar,
estima el recurso de apelación del demandante por lo que se refiere a la
aplicación del art. 1440 CC y la exigibilidad de responsabilidad a D.ª Sonsoles.
La Audiencia condena a D. José y a
D.ª Sonsoles a abonar al demandante 70.061,96 euros más intereses,
estableciendo una responsabilidad solidaria respecto de los eventuales bienes
comunes del matrimonio y una responsabilidad subsidiaria de D.ª Sonsoles.
7. D.ª Sonsoles interpone recurso por infracción procesal y
recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial. Solicita de
manera principal que, con estimación del recurso por infracción procesal se
dicte sentencia atendiendo a lo alegado en el recurso de casación (disp. final
16.1.7.ª LEC).
8. La parte demandante, ahora recurrida, en su escrito de
oposición al recurso, invoca causa de inadmisión por carencia manifiesta de
fundamento. Sostiene que la recurrente trata de convertir este recurso en una
tercera instancia porque impugna la conclusión a que ha llegado la sentencia
recurrida, en especial en atención a los documentos de reconocimiento de la
deuda, también el segundo firmado por la recurrente, en el que se deja
constancia de que el préstamo se concedió en atención a las relaciones de
amistad existentes entre las partes, para hacer frente a necesidades
personales.
Recurso extraordinario por
infracción procesal
SEGUNDO. Planteamiento del recurso
extraordinario por infracción procesal
El recurso se funda en cuatro
motivos.
El primer motivo, al amparo del art.
469.1.2.º LEC, denuncia la infracción del art. 217 LEC, apartados 1, 2, 3, 6 y
7, en cuanto a los efectos de la falta de prueba de la deuda reclamada como de
naturaleza doméstica. En su desarrollo argumenta que la sentencia recurrida
invierte la carga de la prueba y exige a la demandada, que no recibió el
dinero, que pruebe que no fue destinado a la potestad doméstica, cuando el
actor reconoció que no sabía a qué destinaba el marido el dinero que le prestó.
El segundo motivo, al amparo del
art. 469.1.4 LEC, denuncia que la resolución que se recurre incurre en
razonamiento arbitrario e ilógico en la valoración de la prueba con vulneración
de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 24.1 CE. En su desarrollo
sostiene que la sentencia, como no puede valerse de ningún tipo de prueba, solo
puede acudir a razonamientos arbitrarios e ilógicos para encuadrar la cantidad
reclamada en la potestad doméstica.
El tercer motivo, al amparo del art.
469.1.4 LEC, denuncia la vulneración de los derechos fundamentales reconocidos
en el art. 24.1 CE, por incurrir la sentencia recurrida en un error notorio o
patente en la valoración de la prueba. En su desarrollo sostiene que habría quedado
demostrado que la deuda reclamada nació de las relaciones comerciales entre las
mercantiles Calzados Alivio S.L. y Coliseo Calzados S.L., por lo que no podrían
enmarcarse en deudas de la potestad doméstica.
El cuarto motivo, al amparo del art
469.1.4 LEC, denuncia que la sentencia recurrida incurre en un razonamiento
arbitrario e ilógico en la valoración de la prueba, dando lugar a una
vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 24.1 CE. En su
desarrollo sostiene que la sentencia recurrida utiliza una fundamentación
contradictoria e ilógica para resolver la naturaleza de la deuda.
TERCERO. Decisión de la Sala. Estimación
del recurso por infracción procesal
Debemos dar respuesta en primer
lugar al óbice de inadmisibilidad planteado por la parte recurrida y las
razones por las que lo rechazamos conducen, al mismo tiempo, a estimar el
primer motivo del recurso por infracción procesal en el que la parte recurrente
denuncia infracción de las reglas de la carga de la prueba.
En efecto, no concurre la causa de
inadmisibilidad de los recursos porque, contra lo que se dice en el escrito de
oposición, la sentencia recurrida no considera probado que la deuda se
contrajera por el marido en el ejercicio de la potestad doméstica y, a pesar de
ello, declara la responsabilidad de la esposa al amparo de los arts. 1440.II y
1319 CC.
La sentencia recurrida, tras
advertir que "aunque en principio, correspondería al demandante la carga
de la prueba de que dichas cantidades se recibieron en el ejercicio de la
potestad doméstica" añade que "aquí hemos de aplicar la excepción que
expresamente previene el artículo 217 LEC, y que configura la denominada
facilidad de la prueba". De esta forma, a pesar de que la valoración de la
prueba practicada no le lleva a afirmar que la deuda fue contraída en el
ejercicio de la potestad doméstica, la sentencia concluye que es aplicable el
art. 1319 CC, al que se remite en sede de separación de bienes el art. 1440 CC.
La sentencia recurrida basa su
decisión de condena a la esposa en la facilidad de la prueba del destino del
dinero que el esposo recibió del actor, pues previamente ha expuesto las
razones que le permitirían tanto admitir como excluir que la deuda se
corresponde con el ejercicio de la potestad doméstica del esposo: de un lado,
por parecer excesivas para lo que el art. 1440.II CC denomina "potestad
doméstica ordinaria" y el art. 1319 CC "necesidades ordinarias de la
familia", si bien apunta que repartidas en los seis o siete años que se
dicen prestadas se aproximarían a lo que es ordinario; por otra parte, en
atención a la intervención de la codemandada en el documento de fecha 28 de
julio de 2008, lo que apuntaría a la potestad doméstica; finalmente, la
consideración de que, al menos respecto de la cantidad devuelta de 38.273,02
euros, sería aceptable la alegación de los demandados de que la deuda se
correspondía con la relación comercial existente entre las mercantiles de que
eran administradores demandante y demandado. Más adelante, incluso, la propia
sentencia justifica la no imposición de las costas a la demandada por la
existencia de "dudas sobre la naturaleza doméstica de la deuda, dada la
relativamente alta cuantía de la cantidad prestada y la posible existencia de
relaciones comerciales en los términos sugeridos por los codemandados".
Así las cosas, debemos concluir que
la sentencia recurrida invierte la carga de la prueba, trasladándola a la
esposa demandada, cuando era el actor quien debía asumir la carga de acreditar
el presupuesto necesario para la estimación de su demanda, que el préstamo que
hizo al marido se dirigía a financiar las necesidades de su familia, lo que la
propia sentencia impugnada viene a reconocer que no ha hecho.
En consecuencia, procede estimar el
primer motivo del recurso por infracción procesal lo que, sin necesidad de
examinar los restantes motivos de dicho recurso, lleva directamente a la
aplicación de la regla 7.ª del apartado 1 de la Disposición Final Decimosexta
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según la cual:
"Cuando se hubiese recurrido la
sentencia por infracción procesal al amparo del motivo 2.º del apartado primero
del artículo 469, la Sala, de estimar el recurso por ese motivo, dictará nueva
sentencia, teniendo en cuenta, en su caso, lo que se hubiere alegado como fundamento
del recurso de casación. Del mismo modo resolverá la Sala si se alegare y
estimare producida una vulneración del artículo 24 de la Constitución que sólo
afectase a la sentencia".
Recurso de casación
CUARTO. Motivo del recurso y marco
normativo
1. Planteamiento del recurso de casación. El recurso
se funda en un único motivo en el que, con cita de los preceptos sobre
interpretación ( arts. 1281, 1282 y 1283 CC y de la doctrina jurisprudencial
que los interpreta), se impugna la eficacia que la sentencia recurrida atribuye
a la intervención de la codemandada en el escrito de fecha 28 de julio de 2008
a efectos de interpretar que la deuda estaba vinculada con la potestad
doméstica y aplicar el régimen de responsabilidad previsto en los arts. 1440.II
y 1319 CC.
2. Marco normativo. Responsabilidad por deudas en el
régimen de separación de bienes. Deudas contraídas en el ejercicio de la
potestad doméstica. La regla general en el régimen económico matrimonial de
separación de bienes es que las obligaciones contraídas por cada cónyuge son de
su exclusiva responsabilidad, tal y como establece el art. 1440.I CC. Sin
embargo, y de manera excepcional, cuando uno de los cónyuges actúe en el
ejercicio de la potestad doméstica y contraiga obligaciones para atender las
necesidades ordinarias de la familia, el otro responderá de manera subsidiaria
de su cumplimiento en virtud de la remisión del art. 1440.II CC al art. 1319.II
CC.
Esta regla permite que, a pesar de
la separación patrimonial, el tercero pueda exigir responsabilidad al cónyuge
que no contrató ni generó la deuda contraída para satisfacer las necesidades
ordinarias de la familia. La excepción a la regla de separación de
responsabilidades se justifica por la comunidad de vida propia del matrimonio y
beneficia a los acreedores al mismo tiempo que favorece el mayor crédito de los
cónyuges para atender a las necesidades familiares. Por ello, a pesar de que el
precepto no limita los actos o contratos que generen obligaciones siempre que
se dirijan al fin previsto en la norma, será preciso, para que el acreedor
pueda exigir responsabilidad al cónyuge con el que no contrató, si no la prueba
cumplida del concreto uso o destino del gasto, lo que escapa a las
posibilidades de conocimiento y prueba del tercero, sí al menos una apariencia
razonable de su destino familiar y doméstico. Habitualmente ese destino
resultará de la propia naturaleza de los bienes adquiridos o de los servicios
contratados, pero no hay que negar que, en caso de necesidad, uno de los
cónyuges recurra a un préstamo para obtener fondos para atender a las
necesidades familiares. Lo que sucede es que, en tal caso, el acreedor que
pretenda exigir responsabilidad al otro cónyuge deberá acreditar que los fondos
prestados se destinaron a tal fin.
QUINTO. Decisión de la sala. Desestimación
de la demanda interpuesta contra D.ª Sonsoles
En el supuesto presente, con arreglo
al grado de prueba practicada, esta sala valora que no puede considerarse
acreditado que el préstamo concertado entre el demandante y el esposo de la
demandada se destinara a satisfacer las necesidades de la familia.
Es relevante en el caso la
existencia de unas relaciones comerciales entre el demandante y el esposo de la
demandada, así como que la deuda por las importantes cantidades reconocidas
como debidas se generara durante los años en los que existían tales relaciones,
tal y como resulta de las facturas y albaranes aportados por las partes. Que el
marido reconociera en su propio nombre la deuda en concepto de préstamo,
pronunciamiento que ha quedado firme, comporta que sea él quien deba responder,
pero ello no determina, en virtud del principio de separación de
responsabilidades propio del régimen económico matrimonial de separación de
bienes, que también deba responder su esposa con sus propios bienes, toda vez
que no ha quedado acreditado que el dinero que se dice prestado se destinara a
satisfacer las necesidades de la familia.
Partiendo de las relaciones del
acreedor únicamente con el esposo, que fue este quien exclusivamente recibió el
dinero y otorgó un primer documento de reconocimiento de deuda, la firma de la
esposa en un segundo documento en el que se reitera que el marido debe dinero
al actor y ella se limita a manifestar que lo sabe, no comporta ni la asunción
de ningún tipo de responsabilidad a título personal ni es prueba del destino
del dinero, que el propio actor reconoció no saber a qué se había destinado
como explicación de la razón por la que pidió la firma de ella en el segundo
documento de reconocimiento de deuda efectuado por el marido.
Debemos añadir, por lo demás, que
los cónyuges estaban sometidos al régimen de separación de bienes en virtud de
las capitulaciones otorgadas varios años antes del nacimiento de la deuda
contraída por el marido y que ahora se reclama, por lo que no puede apreciarse
el fraude que el demandante alegó en su demanda y en su recurso de apelación.
Como consecuencia, ha de
desestimarse la demanda interpuesta por el hoy recurrido, D. Higinio, contra
D.ª Sonsoles.
SEXTO. Costas
La estimación de los recursos de
casación y extraordinario por infracción procesal determina que no se impongan
las costas devengadas por ninguno de los dos recursos.
Se imponen a D. Higinio las costas
de su recurso de apelación, ya que debió ser desestimado. Se le imponen
igualmente las costas de la primera instancia respecto de D.ª Sonsoles.
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