Sentencia del
Tribunal Supremo de 5 de marzo de 2020 (D. JUAN MARIA DIAZ FRAILE).
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TERCERO.- La interpretación
jurisprudencial del art. 1535 del Código civil.
Delimitación del supuesto de hecho
habilitante. Ratio de la norma.
1.- Ámbito temporal y objetivo del
pleito sobre el crédito cedido que da origen a la facultad de su extinción
mediante el reembolso del precio pagado por la cesión, sus intereses y costas.
1.1. El art. 1535 del Código civil
establece: "Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a
extinguirlo, reembolsando al cesionario el precio que pagó, las costas que se
le hubiesen ocasionado y los intereses del precio desde el día en que éste fue
satisfecho.
"Se tendrá por litigioso un
crédito desde que se conteste a la demanda relativa al mismo.
"El deudor podrá usar de su
derecho dentro de nueve días, contados desde que el cesionario le reclame el
pago".
La sentencia de esta sala 690/1969,
de 16 de diciembre, definió el crédito litigioso de la siguiente forma: "aunque
en sentido amplio, a veces se denomina "crédito litigioso" al que es
objeto de un pleito, bien para que en este se declare su existencia y
exigibilidad, o bien para que se lleve a cabo su ejecución, sin embargo, en el
sentido restringido y técnico que lo emplea el artículo 1.535 de nuestro Código
Civil, "crédito litigioso", es aquél que habiendo sido reclamada
judicialmente la declaración de su existencia y exigibilidad por su titular, es
contradicho o negado por el demandado, y precisa de una sentencia firme que lo
declare como existente y exigible; es decir, el que es objeto de una
"litis pendencia", o proceso entablado y no terminado, sobre su
declaración".
La sentencia 976/2008, de 31 de
octubre, declaró que, a efectos del art. 1535 CC, se consideran créditos
litigiosos: "aquellos que no pueden tener realidad sin una sentencia firme
(SS. 14 de febrero de 1.903 y 8 de abril de 1.904), y desde la contestación de
la demanda (exigiéndose por la doctrina una oposición de fondo, aunque debe
admitirse la eventualidad de la oposición tácita de la rebeldía ex art. 496.2
LEC)".
A su vez, la sentencia 165/2015, de
1 de abril, ratificó dicho concepto y declaró que no cabe proyectar la figura
del retracto de crédito litigioso cuando éste ha sido transmitido conjuntamente
con otros, en bloque, por sucesión universal, no de forma individualizada, tal
y como sucede en los casos de segregación previstos en el art. 76 de la Ley
sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles.
En el mismo sentido se pronuncia la
reciente sentencia 464/2019, de 13 de septiembre.
Con arreglo a esta doctrina
jurisprudencial, la cualidad litigiosa del crédito requiere la concurrencia de
un doble requisito: uno temporal y otro material o de contenido. En cuanto al
primero, la pendencia del procedimiento debe existir ya y no haber finalizado
todavía en el momento en que se celebra el negocio jurídico de la cesión del
crédito. Como dice la sentencia 464/2019, de 13 de septiembre, el art. 1535 CC
establece el día inicial desde el que puede considerarse que un crédito es
litigioso (desde que se conteste a la demanda, o haya precluido el plazo de
contestación, como se deduce de nuestra sentencia 976/2008), pero no el final.
Este término final lo situó la citada sentencia 690/1969, de 16 de diciembre,
en la firmeza de la sentencia o resolución judicial, al declarar: "una vez
determinada por sentencia firme, la realidad y exigibilidad jurídica del
crédito, cesa la incertidumbre respecto a esos esenciales extremos, y
desaparece la necesidad de la protección legal que, hasta aquel momento, se
venía dispensando a la transmisión de los créditos, y pierden estos su
naturaleza de litigiosos, sin que a ello obste que haya de continuar litigando
para hacerlos efectivos y que subsista la incertidumbre sobre su feliz
ejecución, que dependerá ya, del sujeto pasivo; es decir, que el carácter de
"crédito litigioso", se pierde tan pronto queda firme la sentencia
que declaró su certeza y exigibilidad, o tan pronto cese el proceso por algún
modo anormal, como es, por ejemplo la transacción".
Además, como señala la sentencia
149/1991, de 28 de enero, el crédito puesto en litigio no puede consistir en
una relación jurídica obligacional ya agotada o consumida en el momento en que
se ejercita la acción del art. 1.535 CC.
En cuanto al contenido u objeto de
la acción judicial, debe tratarse de una acción de carácter declarativo cuya
pretensión sea la declaración de la existencia y/o exigibilidad del crédito, en
los términos señalados.
Finalmente, ha de tratarse de una
transmisión onerosa -por precio en dinero (aunque un sector doctrinal admite
también la posibilidad cuando la contraprestación consiste en bienes
fungibles)-, cuestión que aquí no se discute, y la facultad del art. 1.535 CC
ha de ejercitarse dentro del plazo legal de caducidad (extremo que si bien no
está exento de dificultades en cuanto al cómputo del dies a quo por la oscura
redacción del párrafo tercero del precepto citado, aquí tampoco ha sido objeto
de debate). Desde el punto de vista de la delimitación negativa del derecho,
quedan excluidos del mismo los supuestos de cesión en globo o alzada a que se
refiere el art. 1.532 CC, cuestión directamente relacionada con el segundo
motivo del presente recurso.
1.2. Frente a este concepto estricto
o restringido de crédito litigioso (que lo circunscribe a los supuestos en que
el pleito tiene por objeto la existencia o exigibilidad del crédito), en el que
se apoya la cesionaria demandada para negar la aplicabilidad del art. 1.535 CC
al estar referido el objeto del pleito invocado a la cláusula de limitación a
la baja de la variabilidad de los intereses ordinarios de los respectivos
créditos cedidos, cuestión que no afecta a la existencia ni a la exigibilidad
de tales créditos, la deudora cedida y demandante invoca la sentencia de esta
sala 149/1991, de 28 de febrero, conforme a la cual "...la estructura del
"crédito litigioso" presupone la existencia de una relación jurídica
de naturaleza obligacional y la pendencia del cumplimiento exacto de la
prestación, finalidad de aquélla, sea porque el pago aún no se puede exigir,
sea porque el pago no se ha efectuado voluntariamente, y un debate judicial
iniciado y no resuelto acerca de la existencia, naturaleza, extensión, cuantía,
modalidades, condiciones o vicisitudes de la expresada relación [...]".
De esta sentencia la demandante
infiere que la calificación del "crédito litigioso", en el sentido en
que esta locución es empleada por el art. 1.535 CC, comprende no solo aquellos
supuestos en que el crédito cedido es objeto de un procedimiento judicial
declarativo cuyo objeto sea la discusión de su existencia y exigibilidad, sino
también cualquier otro en que se debata sobre su naturaleza, extensión,
cuantía, modalidades, condiciones o vicisitudes. Lo que incluiría cualquier
pleito en que se pretenda un pronunciamiento relativo a una "cláusula
suelo", sea para obtener una declaración de nulidad, sea para obtener una
condena a la restitución de las cantidades abonadas indebidamente por su
aplicación, sea para obtener ambos pronunciamientos.
Aunque la reiteración de la doctrina
restrictiva, iniciada con la sentencia de 14 de febrero de 1.903 y que llega
hasta la más reciente 464/2019, de 13 de septiembre, con el paréntesis que
representa la sentencia 149/1991, de 28 de febrero, permite afirmar que la
doctrina jurisprudencial vigente en la materia es la que asume la tesis
restrictiva citada, resulta conveniente profundizar en los fundamentos últimos
de dicha solución a fin de despejar dudas y dotar al tráfico jurídico de la
necesaria certidumbre y seguridad jurídica, al dotar de la deseable uniformidad
a la interpretación de la norma debatida conforme a la función nomofiláctica
que corresponde al recurso de casación.
2.- Origen, fundamento y naturaleza
del denominado "retracto de crédito litigioso" o "retracto
anastasiano".
En cuanto a su origen histórico,
como afirmamos en la sentencia 976/2008, de 31 de octubre, la normativa de los
arts. 1.535 y 1.536 CC, en los que se regula el alcance de la facultad de un
deudor de extinguir un crédito litigioso en caso de venta del mismo, mediante
el reembolso al cesionario del precio, costas e intereses: "tiene como
antecedentes el Derecho Romano y concretamente la Ley Anastasiana (Anastasio a
Eustatio, Ley 22, Tít. XXXV, Lib. 4º del Código, del Corpus Iuris Civilis), que
se justificó por Justiniano (Ley 23) por razones de humanidad y de benevolencia
(" tam humanitatis quam benevolentiae plena"), y se resume (Ley 24;
Epitome tomado de las Basílicas) en que "el que dio cantidades para que se
le cediesen acciones no consiga de las acciones cedidas nada más que lo que por
ellas hubiera dado", y el Proyecto de 1.851 (arts. 1.466 y 1.467)".
Como señalaba la misma sentencia
976/2008, se trata de una figura jurídica controvertida, cuyos detractores
señalan que se opone al derecho de propiedad, que tiene escasa utilidad
práctica y que no ha sido acogida por los Códigos más modernos (como el
italiano de 1942 y el portugués de 1967). Añade la misma sentencia que el art.
1.535 CC es un precepto "de aplicación problemática (pues son numerosas
las diferencias interpretativas, y no meramente de matiz, entre nuestros
civilistas que prestaron atención especial a su estudio); y con escaso
tratamiento en la doctrina jurisprudencial (en la que caben citar, singularmente,
las Sentencias de 14 de febrero de 1903, 8 de abril de 1904, 9 de marzo de
1934, 4 de febrero de 1952; 3 de febrero de 1968; 16 de diciembre de 1969; 24
de mayo de 1987 y 28 de febrero de 1991 [...]".
Es, pues, una figura controvertida
en la doctrina, abandonada por los Códigos europeos más modernos, de aplicación
práctica problemática y con escaso tratamiento en la jurisprudencia.
Sin embargo, su introducción en el
Código civil español, por inspiración del Código napoleónico, respondió a un
doble fundamento que era el mismo a que respondía el "retracto
anastasiano" en el Derecho Romano: desincentivar a los especuladores de
pleitos (que adquieren del demandante derechos judicialmente discutidos a bajo
precio para reclamar después dichos derechos de los demandados) y reducir la
litigiosidad ("cortar pleitos" en sintonía con la general enemiga y
repugnancia del Derecho Romano respecto de los "compradores de
pleitos" - vid. sentencia 976/2008 -).
La controversia sobre esta figura ha
alcanzado también a su propia naturaleza jurídica, discutiéndose si se trata de
un verdadero retracto legal (art. 1.521 CC) o bien una facultad atribuida ex
lege al deudor para realizar un pago parcial de su deuda con plenos efectos
liberatorios o, dicho de otro modo, una suerte de quita autorizada por la ley,
esto es, un privilegio legal que permite al deudor extinguir la deuda no por el
importe de lo adeudado, sino por el precio de la cesión (art. 1.156 CC).
Incluso calificado este derecho como un retracto responde a una marcada
finalidad extintiva, que se cumple porque subrogándose en su virtud el deudor
en la posición activa del crédito se produce su extinción por confusión.
La jurisprudencia de esta sala se ha
hecho eco de este debate, y así en la citada sentencia 976/2008, de 31 de
octubre, ya se señalaba que esta facultad de extinguir el crédito litigioso si
bien es denominada por una parte de la doctrina como "retracto de crédito
litigioso", y como retracto se le da tratamiento procesal en la práctica
(vid. art. 266.2º LEC), sin embargo, "propiamente no lo es porque no hay
subrogación". A pesar de ello en la práctica judicial se ha seguido
manteniendo la denominación de retracto (v.gr. sentencia de esta sala 165/2015,
de 1 de abril), pues al margen de que cuando el derecho cedido sea un crédito o
un derecho real sobre cosa del deudor/ retrayente quede extinguido por
confusión o consolidación una vez ejercitado el derecho (lo que excluye la
subrogación en sentido propio) sin embargo son indudables sus analogías y similitudes
funcionales con el retracto en cuanto a la limitación que suponen sobre la
libre disposición del titular del derecho, la subsunción del
"retrayente" en las condiciones pactadas por dicho titular o cedente
con el cesionario del crédito o derecho cedido y el perentorio plazo de su
ejercicio (art. 1.524 CC). A ello se suma la necesidad de contar con un régimen
legal procesal que garantice el cobro del precio por parte del cesionario, lo
que se obtiene a través del régimen de la caución que fija el art. 266.2º LEC
para el caso del ejercicio de los derechos de retracto.
Así lo asumen también el demandante
de este pleito que invoca en defensa de su tesis sentencias recaigas en pleitos
sobre retractos arrendaticios, con cuya regulación existen también paralelismos
como, por ejemplo, respecto de la exclusión del "retracto" en el caso
de las cesiones de créditos en globo o a precio alzado (art. 1.532 CC) y en el
caso de las ventas conjunta de la vivienda arrendada con las restantes
viviendas o locales propiedad del arrendador que formen parte de un mismo
inmueble (art. 25.7 Ley 29/1994, de 24 de noviembre).
En este sentido, y en relación con
la citada exclusión, la sentencia 221/2017, de 17 de mayo, afirma: "[...]
se entiende que el retracto arrendaticio como tal excepción que es a la
libertad de contratación - nunca ha sido impuesto por el Código civil - habrá
de interpretarse, si no restrictivamente, sí en sus justos término".
3.- Carácter de norma excepcional
del art. 1.535 del Código civil. La ratio del precepto.
3.1. La regla general en nuestro
Derecho es la de la libre transmisibilidad de todos los derechos y
obligaciones, salvo pacto en contrario. Así resulta del art. 1.112 CC, conforme
al cual "Todos los derechos adquiridos en virtud de una obligación son transmisibles
con sujeción a las leyes, si no se hubiese pactado lo contrario"; de lo
que es una manifestación más la regulación del Código sobre la cesión de
créditos contenida en sus arts. 1.526 y siguientes.
Siendo la cesión de un crédito un
negocio jurídico válido, sus efectos han sido precisados por la jurisprudencia
de esta sala. Así la sentencia de 30 de abril de 2007 señaló sus tres
principales efectos jurídicos, sistematizando la doctrina jurisprudencial en la
materia: "a) el cesionario adquiere la titularidad del crédito, con el
mismo contenido que tenía el acreedor cedente, permaneciendo incólume la
relación obligatoria (SS. 15 nov. 1990, 22 feb. 2002, 26 sept. 2002, 18 jul.
2005); b) el deudor debe pagar al nuevo acreedor (SS. 15 mar. y 15 jul. 2002,
13 jul. 2004); y c) al deudor le asiste el derecho de oponer al cesionario,
todas las excepciones que tuviera frente al cedente (SS. 29 sept. 1991, 24
sept. 1993, 21 mar. 2002)".
Ello supone que el cesionario, como
señaló la citada sentencia de 30 de abril de 2007, en vía de principios,
"puede reclamar la totalidad del crédito del cedente, con independencia de
lo pagado (compraventa especial), y el deudor sólo está obligado a pagar la
realidad de lo debido (incumplido)".
Y añade, descartando la posible tacha
de ilicitud por enriquecimiento injusto del cesionario: "Frente a ello
debe rechazarse la alegación de enriquecimiento injusto efectuada [...] porque
no hay empobrecimiento, ya que, cualquiera que fuere el acreedor, la entidad
deudora paga lo que tiene que pagar (lo adeudado), y, además, la posibilidad de
reclamar el importe íntegro del crédito, y no lo que se pagó por él, tiene su
fundamento en la ley, como lo revela indirectamente la propia regulación del
denominado "retracto de crédito litigioso" (arts. 1535 y 1536
CC)".
Por tanto, el denominado retracto de
crédito litigioso constituye una excepción al régimen general de la cesión de
créditos, y como tal requiere una interpretación estricta acorde con dicho
carácter excepcional.
Que la regulación contenida en el
art. 1.535 CC es excepcional, integrando una norma especial o privilegiada,
resulta también de las siguientes consideraciones: 1.º Frente al régimen
general del art. 1.157 CC, conforme al cual "no se entenderá pagada una
deuda sino cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la
prestación en que la obligación consistía", en este caso se entiende
pagada la deuda mediante la ejecución de una prestación distinta
(cuantitativamente inferior) a aquella en que consistía la obligación.
2.º Frente al régimen general de las
obligaciones de los arts. 1.166 y 1.169 CC, conforme a los cuales "el
deudor de una cosa no puede obligar a su acreedor a que reciba otra diferente,
aun cuando fuere de igual o mayor valor que la debida" y, salvo pacto en
contrario, "no podrá compelerse al acreedor a recibir parcialmente las
prestaciones en que consista la obligación", en el caso de la cesión de
créditos litigiosos se autoriza legalmente la extinción de la totalidad de la
deuda mediante su pago parcial.
3.º Frente al criterio general del
art. 1.127 CC, según el cual "siempre que en las obligaciones se designa
un término, se presume establecido en beneficio de acreedor y deudor, a no ser
que del tenor de aquellas o de otras circunstancias resultara haberse puesto en
favor del uno o del otro", la aplicación del régimen del art. 1.535 CC a
un préstamo de amortización en plazos sucesivos, que no haya sido declarado
vencido anticipadamente en su totalidad, extinguiendo anticipadamente el
préstamo supondría excepcionar aquel precepto (incluso sin que concurran las
circunstancias que determinan la aplicabilidad de la nueva Ley 5/2019, de 15 de
marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, cuyo art. 23
atribuye novedosamente al prestatario incluido en su ámbito de aplicación el
derecho al reembolso anticipado).
4.º Frente al régimen especial de
las quitas parciales previstas por las más recientes regulaciones, vinculadas a
la especial protección de la vivienda habitual, cuando se trata de deudas
garantizadas mediante hipoteca constituida sobre la misma, en relación con la
deuda remanente tras la ejecución de la vivienda (vid. 579.2, a) LEC), o en
relación con las situaciones de insolvencia que afecten a personas y familias
en situación de vulnerabilidad social (vid. "Código de Buenas Prácticas
para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la
vivienda habitual", regulado en el anexo del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9
de marzo), el art. 1.535 CC no limita su ámbito de aplicación a la protección
de la vivienda habitual ni a personas físicas en riesgo de exclusión social.
5.º Con independencia de las
reservas antes apuntadas sobre una asimilación completa de la facultad de
extinción del crédito cedido en las condiciones fijadas por el art. 1.535 CC a
los derechos de retracto legal (art. 1.521 CC) no puede desconocerse, como se
ha señalado, su estrecha proximidad institucional a esta figura contractual,
incluyendo su virtualidad limitativa de la libre transmisibilidad de los bienes
o derechos afectados en cada caso para su titular. Y en tal sentido hay que
recordar el carácter restrictivo a que se sujeta por tal razón su
interpretación. Así lo ha afirmado también reiteradamente la Dirección General
de los Registros y del Notariado, v.gr. en la reciente Resolución de 25 de
julio de 2019, que haciéndose eco de la doctrina científica y de la
jurisprudencia de esta Sala afirma: "Los tanteos y retractos legales, como
ha señalado la doctrina científica, son limitativos del derecho de dominio en
tanto condicionan la facultad de libre disposición del titular dominical de la
cosa, pues si bien mantiene la libertad de enajenarla o no y de fijar las
condiciones concretas de la transmisión, tal facultad se ve restringida en
cuanto a la determinación de la persona del adquirente por la exigencia de
enajenarla precisamente al titular del derecho de retracto, quien ostenta una
preferencia legal frente a terceros adquirentes. Por ello los tanteos y
retractos legales son derechos taxativamente concedidos por la ley para
supuestos concretos con fundamento en el interés social, existiendo desde
antiguo una jurisprudencia que se inclina a favor de su interpretación
restrictiva (vid. Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de noviembre 1921, 9 de
julio de 1958 y 3 de julio de 1959) -si bien más recientemente, la Sentencia
número 450/2012, de 11 de junio, en relación con los tanteos y retractos
arrendaticios ha defendido un criterio de interpretación estricto, y no
restrictivo más allá de la concurrencia de los presupuestos y requisitos
legales exigibles para su realización-, y en todo caso sometidos a unos
estrictos requisitos no solo sustantivos sino también de ejercicio procesal,
tanto en cuanto al plazo (cfr. artículo 1524 del Código Civil) como al procedimiento
(artículo 266.2.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil)".
3.2. En relación con lo anterior hay
que recordar el fundamento del origen histórico del "retracto
anastasiano", basado en "razones de humanidad y de benevolencia (tam
humanitatis quam benevolentiae plena)", y en prevención y evitación de
abusos de los especuladores de pleitos.
El contexto socio-económico del
momento histórico en que se originó la especial facultad extintiva del deudor
respecto de los créditos cedidos de que trae causa del art. 1.535 CC, que hunde
sus raíces en el Derecho Romano, es muy distinto del propio de nuestros tiempos
y, en particular, de la situación surgida tras la reciente crisis económica y
financiera de los últimos años.
En este sentido, como señaló la
sentencia de esta sala núm. 165/2015, de 1 abril, la operación objeto del
pleito entonces resuelto (cesión en bloque por sucesión universal de diversos
créditos litigiosos a consecuencia de una segregación de una parte del
patrimonio de la sociedad acreedora que conformaba una unidad económica, al
amparo del art. 71 de la ley 3/2009, de 3 de abril), "no es ocioso
precisar que la operación descrita se proyecta en el marco regulatorio de un
intenso proceso de reestructuración y reforzamiento de los recursos propios del
sistema financiero de este país, sumido en una profunda crisis, preferentemente
de las tradicionales cajas de ahorro".
Situación que dio lugar a la
regulación especial integrada, en lo que aquí interesa, por el Real Decreto-Ley
9/2009, de 26 de junio, primero, por el que se creó el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y, posteriormente, el Real
Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del
régimen jurídico de las cajas de ahorro, que introducen nuevos procesos de integración
como el ejercicio indirecto de la actividad financiera a través de un banco, lo
que dio lugar a las correspondientes operaciones societarias de segregación de
activos y pasivos, y permitió la recapitalización de las entidades a través de
la creación de sociedades anónimas bancarias a las que las cajas de ahorro
transfirieron su actividad de naturaleza financiera (activos y pasivos).
En este mismo contexto hay que
situar la figura de las cesiones de carteras o conjuntos de créditos
(hipotecarios o de consumo, a consumidores o empresas) por parte de diversas
entidades de crédito a terceras entidades - con frecuencia fondos de inversión
extranjeros - de baja calificación crediticia (en situación de impago o riesgo
de impago, en fase de ejecución judicial o no), que responden, como ha señalado
la doctrina especializada, a la necesidad de "limpiar balances" a fin
de ajustar el valor de los activos (crediticios en este caso) al valor real.
Con ello se persigue un triple objetivo: mejorar el ratio financiero y de
morosidad de la entidad, mejorar la liquidez con la entrada de los ingresos
procedentes de la venta de la cartera y reducir las provisiones y costes de
gestión de estos activos. Finalidades distintas de las contempladas en la ratio
de la norma interpretada y, por el contrario, concomitante con la finalidad a
que respondía el art. 36.4,b) de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de
reestructuración y resolución de entidades de crédito, cuando excluye la
aplicación del art. 1535 CC en el caso de cesión de créditos litigiosos a la
sociedad de gestión de activos.
3.3. Por último, no puede dejar de
mencionarse el hecho de que junto con el favor debitoris, un objetivo esencial
del art. 1.535 CC en su concepción originaria era la de "cortar
pleitos". Por ello, la tipología del supuesto de hecho de la norma, como
señala mayoritariamente la doctrina, parte de vincular al acreedor/demandante
con la figura del retrayente, como criterio general o supuesto tipo.
Resultaría contrario a la citada
ratio del precepto (que, como se ha dicho, reconoce la facultad de extinción
del crédito cedido mediante el reembolso del precio de la cesión sólo en caso
de cesión de crédito litigioso, y no de cualquier otro que no lo sea, aun
cuando se encuentre en situación de impago) atribuir a todo deudor dicha
facultad por medio del expediente de presentar una demanda contra el acreedor,
con independencia de la existencia o carencia de fundamento para ello, y de su
estimación o desestimación futura, pues con ello se consigue un estímulo para
el litigio y no para su terminación, en oposición frontal a la finalidad del
precepto.
QUINTO.- Decisión de la sala sobre
el recurso de casación. Créditos impugnados por la empresa deudora cedida en
cuanto a la posible nulidad de una clausula suelo. Desestimación.
A la luz de las anteriores
consideraciones debemos ratificar el concepto de crédito litigioso que ha
venido ofreciendo reiteradamente la jurisprudencia de esta sala desde la
clásica sentencia de 14 de febrero de 1.903, pasando por las más recientes
sentencias 690/1969, de 16 de diciembre, 976/2008, de 31 de octubre, 165/2015,
de 1 de abril, hasta llegar a la sentencia 464/2019, de 13 de septiembre,
considerar como tal "crédito litigioso" aquél que "habiendo sido
reclamada judicialmente la declaración de su existencia y exigibilidad por su
titular, es contradicho o negado por el demandado, y precisa de una sentencia
firme que lo declare como existente y exigible [...]". O dicho en otros
términos: son créditos litigiosos "aquellos que no pueden tener realidad
sin una sentencia firme (SS. 14 de febrero de 1.903 y 8 de abril de 1.904), y
desde la contestación de la demanda (exigiéndose por la doctrina una oposición
de fondo, aunque debe admitirse la eventualidad de la oposición tácita de la
rebeldía ex art. 496.2 LEC)" - cfr. 976/2008, de 31 de octubre -.
Por tanto, aplicando la
interpretación asumida por dicha doctrina jurisprudencial, la posible
existencia de un pleito que verse sobre la naturaleza, condiciones u otras
vicisitudes a que se refiere la sentencia 149/1991, de 28 de febrero,
necesitará para generar el derecho previsto en el art. 1.535 CC afectar también
a la propia existencia o exigibilidad de la obligación (vid. sentencia
463/2019, de 11 de septiembre).
No es lo que sucede en el presente
caso en que lo debatido en el litigio proyectado sobre el crédito cedido se
refiere a una cláusula de limitación de la variación a la baja del tipo de
interés remuneratorio pactado (cláusula suelo), cuya eventual nulidad no afecta
a la subsistencia ni a la exigibilidad del resto de las obligaciones derivadas
del préstamo (devolución de capital conforme al régimen de amortización pactado
y pago de los intereses remuneratorios calculados sin la citada limitación).
A ello se une, como factor no
determinante pero sí coadyuvante, el hecho de que el promotor de la acción
judicial fue el deudor cedido frente a la entidad cedente, acción cuyo objeto
es la restitución de las cantidades cobradas indebidamente por la entidad
cedente (Bankia) en aplicación de la cláusula suelo debatida, así como la
declaración de nulidad de la misma estipulación, sin que, por otra parte,
conste la subrogación procesal pasiva en dicho pleito del fondo cesionario
(Burlington Loan Management Ltd). Situación que, como antes se dijo, no se corresponde
con la tipología general del supuesto de hecho subsumido en el ámbito del art.
1.535 CC.
Todo lo cual conduce a la estimación
del primer motivo del recurso de casación.
Estimado el citado motivo resulta ya
innecesario analizar el segundo y tercer motivo del recurso, formulados con
carácter subsidiario para el caso de no prosperar los anteriores.
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