Sentencia del Tribunal Supremo (1ª) de 5 de abril de 2022 (Dª. MARÍA DE LOS ÁNGELES PARRA LUCAN).
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PRIMERO.- En el curso de un
procedimiento de liquidación de gananciales se discute la inclusión en el
activo de ingresos obtenidos antes de la disolución del régimen económico por
sentencia de divorcio. En el caso, en atención a las circunstancias
acreditadas, existe una previa y significativa separación fáctica con
desvinculación personal y patrimonial que hace de difícil justificación con
arreglo a criterios éticos y de buena fe la reclamación por parte de un cónyuge
de derechos sobre bienes a cuya adquisición no ha contribuido.
Tal y como
han quedado acreditados en la instancia, por lo que aquí interesa, son hechos
relevantes para la resolución del presente recurso los siguientes:
1. Leocadia y
Casimiro contrajeron matrimonio el 8 de septiembre de 1988 bajo el régimen de
separación de bienes. El 27 de abril de 2000 otorgaron capitulaciones y
pactaron que su régimen económico fuera el de gananciales.
El 31 de
enero de 2014, Casimiro interpuso demanda de divorcio contra su esposa.
El 28 de
mayo de 2015, el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Alcobendas dictó
sentencia por la que decretó el divorcio y se pronunció sobre las medidas
solicitadas por las partes (uso de la vivienda, pensión compensatoria,
alimentos), rechazando expresamente pronunciarse sobre la fecha de extinción
del régimen de gananciales, para lo que se remitió al procedimiento de
liquidación.
El 16 de
septiembre de 2016, la Sección 22.ª de la Audiencia Provincial de Madrid dictó
sentencia por la que resolvió la apelación e impugnación de ambos esposos sobre
las medidas aprobadas en primera instancia y expresamente declaró que no
procedía hacer declaración alguna sobre la fecha de disolución de la sociedad
legal de gananciales.
La sentencia
de esta Sala 96/2019, de 14 de febrero, desestimó los recursos interpuestos por
la esposa contra la anterior sentencia y por los que impugnaba la desestimación
de su solicitud de una pensión compensatoria.
2. El 20 de abril de
2016, Leocadia presentó solicitud de formación de inventario para la
liquidación del régimen económico matrimonial de gananciales. En ese momento no
se había dictado todavía en el procedimiento de divorcio la sentencia de la Audiencia
y Leocadia alegó que, al no ser firme la sentencia de primera instancia, la
sociedad de gananciales persistía, de conformidad con los arts. 95 y 1392.3 CC,
lo que invocó a efectos de la inclusión en el inventario de los ingresos y
bienes adquiridos por Casimiro.
Casimiro se
opuso a la propuesta de inventario presentada por Leocadia y, por lo que aquí
interesa, argumentó que, con independencia de que la apelación de la sentencia
nunca afectaría a la disolución del régimen, en el caso no procedía incluir en
el activo ninguno de sus ingresos desde el 8 de noviembre de 2013, fecha de la
separación de los esposos, que se produjo con aquiescencia de ambas partes.
3. A la hora de
aprobar las partidas del inventario, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia
n.º 1 de Alcobendas, de fecha 23 de noviembre de 2017, entendió que los efectos
de la disolución producida por la sentencia de divorcio debían retrotraerse al
momento en que se produjo la separación de hecho el 8 de noviembre de 2013. Su
razonamiento fue el siguiente:
"los
hechos propios de ambas partes, coetáneos y posteriores, acreditan su voluntad
de ruptura personal y patrimonial, no meramente convivencial, lo que determina
que si bien -tal y como se establece en la norma civil- la disolución de la sociedad
legal de gananciales se produce con la sentencia de divorcio, los efectos de
dicha disolución de la sociedad legal de gananciales entre ambos cónyuges y a
los fines que ahora nos ocupan habrán de retrotraerse al momento en que se
produce la referida separación de facto entre ellos, esto es el 8 de noviembre
de 2013".
4. La esposa impugnó
la sentencia, por lo que aquí interesa, sosteniendo que el 8 de noviembre de
2013 el esposo abandonó motu propio el hogar familiar por lo que, de
conformidad con la doctrina de la Audiencia Provincial de Madrid, la disolución
de la sociedad habría tenido lugar en la fecha del auto de medidas
provisionales previas (auto de 19 de septiembre de 2014 y auto de complemento
de 24 de octubre de 2014).
5. La Audiencia confirmó
el criterio del juzgado, con apoyo en el siguiente razonamiento:
"Efectivamente,
el que no conste consentimiento expreso de la actora para dar por finiquitada
la convivencia conyugal o para disolver la sociedad de gananciales no significa
que no lo hubiere tácito. Así, no consta dato alguno en las actuaciones que
permita determinar su disconformidad con la salida del demandado del domicilio
común, sino más bien al contrario, pues llegó a prohibirle su acceso al mismo
una vez fue dejado por éste (voluntad separativa personal). Igualmente, queda
constancia en autos de que le revocó el derecho de usufructo vitalicio que
ostentaba sobre la vivienda familiar (voluntad separativa personal y
patrimonial). Y en la propia demanda origen del presente procedimiento reconoce
aquélla que las cuentas bancarias se mantuvieron conjuntas sólo hasta noviembre
de 2013, es decir, hasta que el demandado salió del domicilio (voluntad
separativa patrimonial), sin que el hecho de que siguiese haciéndose alguna
operación en las mismas represente otra cosa que los coletazos propios de todo
cierre societario, máxime cuando se trata en especial de ingresos que eran
objeto de inmediato traspaso precisamente debido a la separación económica
aceptada por ambas partes.
"(...)
Evidentemente, si el vínculo personal y patrimonial de los litigantes quedó
extinguido -por sus actos propios, libres, palmarios y efectivos- con su
separación de hecho definitiva, no puede defenderse que la disolución del
régimen económico matrimonial se produjera con posterioridad, como pretende la
parte impugnante, esto es, en la fecha en que se dictó el auto de medidas
provisionales previas, sino precisamente cuando se produjo dicha separación, es
decir, el cese así estructurado de la convivencia conyugal".
6. La esposa
interpone recurso por infracción procesal y recurso de casación contra la
sentencia de la Audiencia.
…
CUARTO.- El recurso de
casación consta de dos motivos.
1. En el primero, al
amparo de los arts. 477.2.3º y 477.3 LEC, por interés casacional, se denuncia
la infracción por la sentencia de apelación de los arts. 95 y 1393.3º del
Código Civil y la oposición a la doctrina jurisprudencial de la Sala Primera
del Tribunal Supremo que los interpreta. Cita las sentencias de 6 de mayo de
2015, de 6 de noviembre de 2013, de 21 de febrero de 2008, de 27 de febrero de
2007, de 23 de febrero de 2007, de 14 de marzo de 1998 y de 2 de diciembre de
1997.
En su
desarrollo argumenta que no concurren los presupuestos exigidos por la jurisprudencia
para considerar que el régimen económico se disolvió con la separación, pues
para ello es preciso que exista una definitiva y prolongada ruptura de la
convivencia conyugal que, además de consentida por ambas partes, ponga de
manifiesto una inequívoca voluntad de ponerle fin y vaya acompañada de la
consiguiente ruptura económica que revele una irrevocable y mantenida voluntad
de ambas partes de llevar una vida económicamente independiente.
2. En el segundo
motivo, al amparo de los arts. 477.2.3º y 477.3 LEC, por interés casacional, se
denuncia la infracción por la sentencia de apelación de los arts. 95, 1392.1º y
1392.1º del Código Civil y la oposición a la doctrina jurisprudencial de la
Sala Primera del Tribunal Supremo que los interpreta.
En su desarrollo
cita las sentencias 278/1997, de 4 de abril, 1266/1998, de 31 de diciembre,
15/2004, de 30 de enero, 216/2008, de 18 de marzo, y 297/2019, de 28 de mayo.
En su desarrollo insiste en que la disolución del régimen de gananciales se
produce con la firmeza de la sentencia de divorcio que, según dice, en el caso
sería la sentencia de esta Sala de fecha 14 de febrero de 2019.
3. Dada la estrecha
relación entre los dos motivos se analizarán de manera conjunta, lo que haremos
partiendo de la doctrina de la Sala sobre la cuestión planteada.
QUINTO.- La sentencia
136/2020, de 2 de marzo, sintetizando la doctrina de la Sala, recuerda que la
cuestión referida al momento en el que se produce la disolución de la sociedad
de gananciales está expresamente regulada en los arts. 95 (redactado por la Ley
15/2015, de 2 de julio), 1392 y 1393 CC. En particular, conforme a esta
regulación, en caso de divorcio judicial la disolución de la sociedad de
gananciales la produce la firmeza de la sentencia como un efecto legal.
En las
sentencias 297/2019, de 28 de mayo, y 501/2019, de 27 de septiembre, citadas a
su vez por la sentencia 136/2020, de 2 de marzo, también dijimos:
"la
jurisprudencia de esta Sala ha admitido que cuando media una separación de
hecho seria y prolongada en el tiempo no se integran en la comunidad bienes
que, conforme a las reglas del régimen económico serían gananciales, en
especial cuando se trata de bienes adquiridos con el propio trabajo e industria
de cada uno de los cónyuges y sin aportación del otro".
Además, de
acuerdo con la sentencia 297/2019, de 28 de mayo:
"la
separación duradera mutuamente consentida a la que se refiere la doctrina de la
Sala para rechazar pretensiones abusivas de un cónyuge, matizando el tenor del
art. 1393.3.º CC, no es la que deriva de la situación que se crea tras la
admisión de la demanda de divorcio (art. 102 CC) ni con el dictado de las
consiguientes medidas provisionales (arts. 103 CC y 773 LEC)".
Por tanto,
no deben equipararse a las situaciones de separación que permiten rechazar
pretensiones abusivas de un cónyuge la mera admisión a trámite de la demanda de
divorcio ni el dictado del auto de medidas provisionales (sentencia 297/2019,
de 28 de mayo), ni la salida del domicilio familiar de uno de los esposos
seguida de la presentación de la demanda de divorcio (sentencia 501/2019, de 27
de septiembre), ni el dictado de un auto que acuerda la orden de protección (sentencia
136/2020, de 2 de marzo).
Pero sí es
posible rechazar las pretensiones de un cónyuge dirigidas a reclamar derechos
sobre bienes a cuya adquisición no ha contribuido cuando, en atención a las
circunstancias del caso, se trate de un ejercicio abusivo del derecho contrario
al principio de buena fe proclamado en el art. 7 CC (sentencias 226/2015, de 6
de mayo, y las anteriores que en ellas se citan; 297/2019, de 28 de mayo;
501/2019, de 27 de septiembre; y 136/2020, de 2 de marzo).
SEXTO.- La aplicación al
caso de la doctrina de la Sala determina la desestimación conjunta de los dos
motivos del recurso de casación, pues la sentencia recurrida no es contraria a
la jurisprudencia.
Conviene
advertir previamente que la recurrente ha ido modificando su argumentación a lo
largo del procedimiento. En la apelación solicitó que se tuviera en cuenta el
auto de medidas y ahora considera que el momento de disolución del régimen de
gananciales a efectos de la confección del inventario en la liquidación debe
ser cuando se dictó nuestra sentencia de fecha 14 de febrero de 2019, por la
que se resolvió su recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia que,
en el procedimiento de divorcio, desestimó su impugnación de las medidas
acordadas. Vaya por delante que este planteamiento en ningún modo podría
admitirse, pues la impugnación que afecta únicamente a los pronunciamientos
sobre medidas no impide la declaración de la firmeza del pronunciamiento sobre
el divorcio (art. 774.5 LEC), como ocurrió en el caso, por lo que a efectos del
art. 95 CC la sentencia del juzgado que declaró el divorcio era sentencia
firme.
Tampoco son
admisibles los argumentos de la recurrente acerca de que nos encontramos ante
normas imperativas que determinan que necesariamente deba estarse a la fecha de
la sentencia de divorcio a la hora de liquidar el régimen de gananciales con
independencia de la postura procesal mantenida por las partes. Es evidente que
de la misma manera que si las partes están de acuerdo en atribuir carácter
privativo o ganancial a determinado bien, o acerca de que uno de ellos asuma el
pago de deudas comunes, también pueden ponerse de acuerdo en liquidar
atendiendo a determinada fecha, o renunciar a alguno de los derechos que les
reconoce la ley, quedando siempre a salvo los derechos de terceros.
Dicho lo
cual, también debemos afirmar que la decisión de la sentencia recurrida no es
contraria a la jurisprudencia. Ciertamente, la sentencia del tribunal
provincial, al reproducir sentencias anteriores de ese mismo tribunal, contiene
algunas afirmaciones que podría entenderse que no se ajustan a la doctrina de
esta Sala. Sin embargo, la razón por la que en el caso la Audiencia confirma el
criterio del juzgado y rechaza la impugnación de la ahora recurrente no es
contraria a nuestra doctrina.
La sentencia
no declara la retroacción de la disolución de la sociedad de gananciales por el
mero hecho de que el esposo se marchara del domicilio familiar. De manera
previa a pronunciarse sobre las concretas pretensiones de las partes referidas
a la inclusión en el activo y en el pasivo del inventario de diversas partidas,
y para rechazar la pretensión de la esposa referida a determinados bienes, la
sentencia advierte que en atención a las concretas circunstancias concurrentes
constan "actos propios, libres, palmarios y efectivos" de ambos
cónyuges que muestran una "voluntad separativa personal y
patrimonial" a partir de noviembre de 2013, fecha que coincide con la
salida del esposo del domicilio común. Luego aplica este criterio a distintas
partidas que se discuten.
La sentencia
recurrida llega a esta conclusión a partir de una serie de datos, meramente
fácticos algunos, expresivos de una voluntad de separación personal, pero con
un componente jurídico indudable en otros casos, reveladores de una desvinculación
patrimonial libremente consentida. Así, en particular, tiene en cuenta que la
esposa llegara a prohibirle al esposo el acceso al domicilio después de su
salida; o que, desde noviembre de 2013, ya no mantuvieran cuentas conjuntas,
según admitió la propia actora en su demanda; también que, en virtud de una
"escritura de revocación", la esposa revocara, en atención al
deterioro de su relación, la donación del usufructo de la hasta entonces
vivienda familiar, donación otorgada en la escritura previa por la que donó a
sus hijos la nuda propiedad del inmueble con reserva de usufructo y donación al
marido del usufructo, de modo que no se extinguiría hasta el fallecimiento del
cónyuge que sobreviviera al otro.
Partiendo de
las circunstancias de este supuesto, la conclusión de la sentencia recurrida no
es contraria a la doctrina de la Sala, puesto que la voluntad de separación
personal y económica que resulta del comportamiento de ambos cónyuges permite
apreciar que nos encontramos ante una previa y significativa separación fáctica
con desvinculación personal y patrimonial que hace de difícil justificación con
arreglo a criterios éticos y de buena fe la reclamación por parte de la esposa
de derechos sobre bienes a cuya adquisición no ha contribuido.
Por todo
ello, el recurso de casación se desestima.
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