Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 2026 (Sentencia: 860/2026, Recurso: 7713/2021, Ponente: RAQUEL BLAZQUEZ MARTIN).
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PRIMERO.- Objeto de los recursos y
resumen de antecedentes
Las cuestiones que debemos resolver en los dos
recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por
quienes actuaron como arquitecto superior y arquitecto técnico en la
construcción de un edificio que presenta patologías y defectos, se centran,
esencialmente, en determinar si la comunidad de propietarios demandante está
legitimada para ejercitar acciones de responsabilidad contractual contra los
mencionados agentes de la construcción, o si tal legitimación se ve impedida
por el principio de relatividad de los contratos del art. 1257 del Código
Civil (CC).
La sentencia recurrida, que revocó en este
punto la sentencia de primera instancia, resolvió que la comunidad demandante
estaba legitimada para ejercitar las acciones de base contractual que en origen
correspondían a la cooperativa que habría promovido el edificio y que habría
firmado los contratos de arrendamiento de servicios, de modo que estimó
parcialmente la demanda. Los recursos por infracción procesal y de casación,
que defienden con argumentos similares la falta de legitimación activa de la
demandante y la falta de legitimación pasiva de los profesionales demandados,
van a ser desestimados.
Son antecedentes necesarios para resolver los
recursos, que resultan de los hechos acreditados o admitidos por las partes y
de las actuaciones de primera y segunda instancia, los siguientes:
1.La comunidad de propietarios del edificio
denominado « DIRECCION000», sito en la DIRECCION001 de Puerto Real (Cádiz),
interpuso una demanda por los defectos constructivos apreciados en el inmueble
contra el arquitecto superior y proyectista de la obra, D. Víctor, el
arquitecto técnico y director de ejecución, D. Pedro Francisco, la empresa
constructora, Construcciones Madroño S.A., y la aseguradora ASEFA, a quien se
atribuyó la condición de aseguradora en virtud de una póliza de seguro decenal
y responsabilidad civil. En dicha demanda se acumularon las acciones reguladas
en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE) y
las acciones de responsabilidad contractual basadas en el art. 1101 CC.
2.La empresa constructora fue declarada en
situación procesal de rebeldía. Las restantes partes demandadas contestaron a
la demanda en el sentido de oponerse a su contenido. Los arquitectos demandados
alegaron la prescripción de las acciones basadas en la LOE, la falta de
legitimación activa de la comunidad de propietarios para el ejercicio de la
acción contractual y la inexistencia de responsabilidad, cuestión esta sobre la
que sustentaron su falta de legitimación pasiva. La aseguradora ASEFA alegó también
su falta de legitimación pasiva por falta de cobertura de la póliza.
3.La sentencia de primera instancia estimó
parcialmente la demanda. En primer lugar, declaró la prescripción de las
acciones basadas en la LOE que se habían dirigido contra los arquitectos. A
continuación, declaró la falta de cobertura de la póliza de seguro concertada
en su día con Asefa. Respecto de la falta de legitimación invocada, la
sentencia apreció la falta de legitimación activa de la comunidad de
propietarios -y la falta de legitimación pasiva de los arquitectos- respecto de
las acciones de responsabilidad contractual, con el argumento de que el
contrato de obra fue suscrito en su día entre la sociedad cooperativa Hibiscus,
que actuó como promotora, y la empresa constructora Madroño S.A., del que no
constaba que formaran parte D. Pedro Francisco y D. Víctor.
Añadió que con la adjudicación de las
viviendas por la cooperativa a los socios cooperativistas se produjo la
disolución de dicha cooperativa y la constitución de la comunidad de
propietarios (más adelante apuntó que realmente se desconocía el destino último
de la cooperativa), para concluir sobre este punto que, por aplicación
del art. 1257 CC, la acción contractual únicamente podría ejercitarse
contra la constructora, al no existir vínculo contractual con el arquitecto
superior ni con el arquitecto técnico.
Tuvo en cuenta que no se habían aportado los
eventuales contratos firmados por estos profesionales y que, aunque el Sr.
Pedro Francisco, a preguntas del letrado de la parte actora, había manifestado
que fue contratado por la Sociedad Cooperativa Hibiscus, más tarde, a preguntas
de su letrado, rectificó y manifestó que había sido contratado por la
constructora. La sentencia argumentó también que, en todo caso, la comunidad de
propietarios carecía de legitimación activa porque no constaba que la cooperativa,
que tenía personalidad jurídica propia y era una entidad diferente, le hubiera
transmitido algún tipo de derecho.
La sentencia pasó luego a analizar las pruebas
practicadas sobre las patologías constructivas exclusivamente desde el punto de
vista de la acción dirigida frente a la constructora con fundamento en la LOE,
sobre la que no se había alegado la prescripción. Concluyó que de las diversas
patologías expuestas en la demanda:
(i)Las humedades localizadas en el techo de la
planta sótano dedicada a garajes eran imputables al deterioro de la tela
asfáltica en puntos concretos y que ello obedecía a la falta de mantenimiento
por parte de la comunidad de propietarios; respecto de las humedades
localizadas en los muros de hormigón de la misma planta sótano, consideró que
se trataba de un defecto de proyecto sobre el que no cabía hacer
pronunciamiento alguno, dada la prescripción de la acción dirigida contra el
arquitecto con base en la LOE y la falta de legitimación apreciada respecto de
la acción de responsabilidad contractual.
(ii)Sobre las humedades de la planta sótano
dedicada a trasteros, no se había acreditado la causa que motivaba las
filtraciones de agua en los paramentos verticales afectados; respecto de las
filtraciones localizadas en la parte alta de los trasteros limítrofes con la
calle Septiembre de 1936, se estableció que la causa estaba en los defectos de
ejecución del acerado exterior, por lo que era ajena a los demandados; y
respecto de la inundación del suelo de los trasteros, se identificó el origen
en las fuertes precipitaciones pluviales de los años 2009 y 2010 y en la
realización de unas obras de soterramiento del tren, que fueron posteriores a
la entrega del edificio y que pudieron producir un cambio en el curso de las
aguas subterráneas, de modo que se trataba también de una patología ajena a la
actuación de los demandados.
(iii)Respecto de las humedades en el interior
de las viviendas, la sentencia apreció la responsabilidad de la constructora y
cuantificó el valor de las reparaciones a realizar en 153.330,70 euros.
El fallo de la sentencia declaró la falta de
legitimación de la demandante para el ejercicio de las acciones de
responsabilidad contractual, la existencia de patologías constructivas
exclusivamente en las viviendas y la responsabilidad legal de Construcciones
Madroño S.A., a quien condenó a ejecutar las reparaciones necesarias para
subsanar dichas patologías, con absolución del resto de los demandados por las
razones que se han resumido anteriormente. Las costas de los demandados
absueltos fueron impuestas a la parte actora, y respecto de la acción dirigida
contra la constructora, que había sido estimada parcialmente, la sentencia no
hizo imposición de las costas a ninguna de las partes.
4.La sentencia fue apelada por la demandante y
la audiencia provincial estimó parcialmente el recurso de apelación, en el
sentido de apreciar la legitimación activa de la comunidad de propietarios y
(i) declarar la responsabilidad contractual del arquitecto superior por las
filtraciones y humedades en el suelo de los sótanos, con la consiguiente
condena a reparar estas patologías o abonar el coste de la reparación de las
mismas, a determinar en ejecución de sentencia sobre las bases establecidas en
el fallo, que se ha transcrito en el antecedente de hecho segundo de esta
sentencia; (ii) declarar la responsabilidad contractual de Construcciones
Madroño y de D. Pedro Francisco, de forma conjunta y solidaria, por las
filtraciones en las partes altas de los sótanos de los garajes y trasteros y
por las filtraciones y humedades de las viviendas, con la consiguiente condena
a reparar estas patologías o abonar el coste de la reparación de las mismas, a
determinar en ejecución de sentencia sobre las bases establecidas en el fallo.
La sentencia no hizo imposición de las costas
causadas en primera ni en segunda instancia, excepto de las relacionadas con la
acción dirigida contra Asefa, cuya absolución fue confirmada, respecto de la
que se confirmó también la imposición de las costas de la primera instancia a
la parte demandante y se declaró que debía asumir igualmente las costas
causadas en segunda instancia.
5.La sentencia basó la revocación de la
dictada en primera instancia en una nueva valoración de la prueba y de la
fundamentación jurídica en la que se amparan las pretensiones ejercitadas.
Declaró como hechos probados los siguientes:
(i)La sociedad cooperativa Hibiscus tenía como
objeto exclusivo procurar viviendas a sus socios y familiares y, una vez
adjudicadas las viviendas construidas, se disolvió.
(ii)El arquitecto técnico y el arquitecto
superior -este en su doble condición de proyectista y responsable de la
dirección superior de la obra- tenían relación contractual con la cooperativa
Hibiscus. Consideró acreditado este hecho porque el arquitecto superior lo
había reconocido expresamente en el recurso de apelación, al referirse en la
página dos a las relaciones contractuales mantenidas con la cooperativa. En el
caso del arquitecto técnico, la audiencia estimo relevante que, a preguntas de
la parte actora en el acto de la vista, reconoció que había sido contratado por
la cooperativa Hibiscus. A ello añadió que, en aplicación del principio de
facilidad y disponibilidad probatoria, los demandados estaban en mejor posición
para aportar los contratos de arrendamiento de servicios firmados con cualquier
otra entidad que no fuera la cooperativa, y que dichos contratos no habían sido
aportados.
(iii)Las patologías constructivas no tenían
ninguna relación con la falta de mantenimiento del edificio, ya que los
importantes defectos de estanqueidad existentes aparecieron en los primeros
años de vida del edificio.
(iv)Todos los agentes de la edificación
demandados incumplieron sus obligaciones contractuales.
(v)El arquitecto superior, proyectista y
director de la obra, no previó en el proyecto una solución que garantizara la
impermeabilización del sótano, y esta es la causa de las filtraciones de agua
en todos los sótanos, tanto los destinados a garaje como los dedicados a
trasteros.
(vi)Las humedades en los techos de los garajes
y en las partes altas de los trasteros se deben a defectos de
impermeabilización del patio superior en su unión con las paredes de dichos
trasteros, lo que resulta imputable al arquitecto técnico director de ejecución
de la obra y a la constructora; la causa principal de la falta de estanqueidad
no es la ejecución deficiente del acerado exterior.
(vii)Las humedades en las viviendas tienen
distintas localizaciones. Las que se sitúan en los alrededores de los huecos de
las ventanas se deben a una defectuosa ejecución de los elementos estructurales
o de carpintería. Las que se ubican en la parte baja de algunos paramentos
verticales proceden de filtraciones de agua a través de las fisuras existentes
en la fachada y, por último, las que se aprecian en los techos de algunas
viviendas, en algunos casos son consecuencia del estado de la fachada y en otros
proceden de las filtraciones que se producen por la mala impermeabilización de
la cubierta. Por la etiología y extensión de estos defectos, la audiencia
consideró que obedecían al incumplimiento contractual del arquitecto técnico y
de la constructora.
6.A partir de estos hechos probados, la
Audiencia consideró que la demandante tenía legitimación activa para ejercitar
las acciones de responsabilidad contractual derivadas de los contratos firmados
en su día por la cooperativa, citando al efecto la sentencia de esta sala
de 27 de abril de 2009 (se refiere a la sentencia 274/2009), que
permite la transmisión de las acciones de la cooperativa a la comunidad de
propietarios. Añadió que los profesionales demandados tenían legitimación pasiva
para soportar estas mismas acciones porque había quedado demostrado el vínculo
contractual con la cooperativa.
7.Contra dicha sentencia D.ª Reyes, en
representación de su padre D. Víctor, y D. Pedro Francisco han interpuesto
recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.
SEGUNDO.- Planteamiento de los
recursos extraordinarios por infracción procesal
1.El recurso por infracción procesal
interpuesto en nombre de D. Víctor cuenta con dos motivos. El primero de ellos
se ha formulado por el cauce del ordinal segundo del art. 469.1 LEC, en la
redacción aplicable al caso, esto es, por la vulneración de las normas
reguladoras de la sentencia, e invoca la infracción de los arts.
217.1 y 2, y 265.1.1.º LEC.
En el desarrollo del motivo el recurrente
alega que la sentencia recurrida, a pesar de reconocer que las partes no han
aportado los documentos contractuales, aplica incorrectamente las consecuencias
de esta falta de aportación, que debiera perjudicar a la parte demandante, pues
es ella la obligada a aportar tales documentos por aplicación del art.
265.1 LEC, pese a lo cual no ha acreditado ni los contratos de arrendamiento de
servicios suscritos en su día entre la cooperativa promotora y los agentes de
la edificación ni tampoco los documentos que sustenten la subrogación en las
acciones contractuales de la cooperativa o de los socios cooperativistas. A su
juicio, ello implica la vulneración del art 217.2 LEC y de la
doctrina de esta sala que lo interpreta. Cita al efecto la sentencia
529/2013, de 24 de julio.
El segundo motivo, formulado al amparo
del art. 469.1.4.º LEC, también en la redacción aplicable al caso, se basa
en la infracción del art. 386 LEC en relación con el art. 218.2
LEC y 24 de la Constitución.
En el desarrollo de este motivo, el recurrente
alega que la sentencia presupone de forma totalmente ilógica y arbitraria que
la comunidad de propietarios está constituida por los mismos socios
cooperativistas que formaron en su día la cooperativa Hibiscus. A su juicio, se
trata de una presunción que carece de toda lógica, de un lado porque se
desconoce la identidad de los cooperativistas y la de los propietarios de las
viviendas, y de otro porque se da por hecho que la cooperativa se encuentra
disuelta y liquidada, sin que conste ninguna acreditación al respecto. Añade
que, según se desprende del acta de la comunidad de propietarios de 16 de mayo
de 2018, la demandante instó un primer procedimiento contra la cooperativa
promotora y que se desconoce el resultado de dicha reclamación.
2.El recurso por infracción procesal de D.
Pedro Francisco consta de tres motivos, formulados todos ellos al amparo
del art. 469.1.2.º LEC, en la redacción vigente a la fecha de su
interposición. Estos tres motivos, tal y como reconoce el propio recurrente,
están íntimamente conectados entre sí.
El primero de ellos invoca la infracción
del art. 217 LEC y de la jurisprudencia que lo desarrolla, por
vulneración de las reglas de distribución de la carga de la prueba.
En su desarrollo, alega que la sentencia
recurrida parte de que no se ha probado un hecho relevante para la decisión del
litigio, que sería la existencia y contenido de un contrato de arrendamiento de
servicios con la comunidad de propietarios demandante o con la cooperativa,
pese a lo cual atribuye las consecuencias de la falta de prueba a la parte que
no estaba obligada a probar dicho contrato. Con ello, la Audiencia incurre en
una indebida inversión de la carga de la prueba, pues exige al recurrente acreditar
el hecho de no haber sido contratado por la cooperativa promotora, pese a que
la carga de probar la base de la responsabilidad contractual competía a la
parte actora.
En el motivo segundo, basado en la infracción
de los arts. 217 y 265 LEC, se insiste en los mismos argumentos,
si bien se hace hincapié en que el art. 265 LEC obliga a la parte
demandante a aportar con la demanda los documentos en los que sustenta su
acción.
En el tercer motivo se insiste en la
infracción de los arts. 217 y 265.1 LEC, que se ponen ahora en
relación con los arts. 218.2 y 386.1 LEC, por indebida
aplicación de la prueba de presunciones y por falta de razonamiento suficiente
de la sentencia recurrida.
En su desarrollo, además de reiterar lo ya
dicho sobre la vulneración de las reglas de distribución de la carga de la
prueba, se alega la falta de motivación y la indebida aplicación de la prueba
de presunciones en la conclusión a la que llega la audiencia acerca de la
existencia de un contrato entre el recurrente y la promotora Hibiscus, pese a
que la sentencia de primera instancia reflejó que, a preguntas de su letrado,
había manifestado que fue contratado por la constructora. El mismo reproche se
dirige a la conclusión de la Audiencia según la cual la cooperativa había
transmitido sus derechos a la comunidad demandante, cuando se trata de dos
entidades jurídicas distintas y existe prueba de que la comunidad llegó a
demandar a la promotora.
TERCERO.- Recursos de casación.
Planteamiento
1.Los motivos de casación de ambos recurrentes
se basan en un argumentario similar. Los dos se formulan por interés
casacional, en la modalidad de oposición a la doctrina jurisprudencial de esta
sala, y plantean la infracción esencialmente de los arts.
1091, 1101 y 1257 del Código Civil.
2.En el recurso formulado en nombre del Sr.
Víctor se cita como norma complementaria el art. 7 de la Ley 27/1999, de
16 de julio, de Cooperativas. En el caso del recurso de casación de D. Pedro
Francisco, la alegada infracción de los citados artículos del CC se centra
en los arts. 1101 y 1257, y los argumentos sobre los que se sustenta
la vulneración invocada se desdoblan en dos motivos diferentes. En el segundo
de ellos se añade como norma infringida el art. 1544 CC.
CUARTO.- Causas de inadmisibilidad
planteadas por la parte recurrida
La parte recurrida ha alegado como causa de
inadmisibilidad del recurso de casación la alteración de la base fáctica de la
sentencia recurrida, al entender que dicha sentencia contiene una declaración
de hechos probados que resulta de la valoración conjunta de todas las pruebas
practicadas, y según la cual existió relación contractual entre los recurrentes
y la cooperativa, por un lado, y se produjo el efecto jurídico de la
transmisión de derechos de la cooperativa a los nuevos adquirentes de las
viviendas agrupados en la comunidad de propietarios, por otro.
Puesto que los óbices de inadmisibilidad
invocados por la parte recurrida no son de los que esta sala considera
absolutos y realmente afectan a cuestiones más relacionadas con la viabilidad
de los recursos que con su régimen de admisibilidad, quedarán respondidos al
analizar los distintos motivos.
QUINTO.-Resolución de los recursos
extraordinarios por infracción procesal. Agrupación de motivos. Decisión de la
sala. Desestimación
1.La evidente conexión argumental entre todos
los motivos de los recursos de infracción procesal interpuestos por los dos
recurrentes aconseja su análisis y decisión conjunta.
2.Los motivos relacionados con la infracción
del art. 217 LEC, con la vulneración de las reglas de distribución de la
carga de la prueba y con otros preceptos colaterales, como el art. 265
LEC, serán desestimados. Nos remitimos a la relación de hechos probados que
contiene la sentencia recurrida y reiteramos la doctrina que hemos expuesto en
innumerables sentencias acerca de la potencialidad del art. 217
LEC como núcleo del recurso extraordinario por infracción procesal.
La?carga?de la?prueba?no tiene por finalidad
establecer mandatos que determinen quién debe probar o cómo deben probarse
ciertos hechos, sino establecer las consecuencias de la falta de
prueba?suficiente de los hechos relevantes. La prohibición de una sentencia
de? non liquet(literalmente, «no está claro») que se establece en
los? arts. 11.3.º LOPJ?y? 1.7º CC, al prever el deber inexcusable de
los jueces y tribunales de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan,
hace que, en caso de incertidumbre a la hora de dictar sentencia, por no estar
suficientemente probados ciertos extremos relevantes en el proceso, deban
establecerse reglas relativas a qué parte ha de verse perjudicada por esa falta
de prueba.
Esa es la razón por la que el precepto que la
regula, el? art. 217 LEC, no se encuentra entre las disposiciones
generales en materia de prueba?(arts. 281 a 298), sino entre las normas
relativas a la sentencia, pues es en ese momento procesal cuando han de tener
virtualidad las reglas de la?carga?de la?prueba, al decidir a quién ha de
perjudicar la falta de?prueba? de determinados extremos relevantes en el
proceso.
Solo se infringe dicho precepto si la
sentencia adopta un pronunciamiento sobre la base de que no se ha probado un
hecho relevante para la decisión del litigio, y atribuye las consecuencias de
la falta de?prueba?a la parte a la que no le correspondía la?carga de
la?prueba?según las reglas establecidas en el? art. 217 LEC?y
desarrolladas por la jurisprudencia (por todas, sentencias 244/2013, de 18
de abril y 484/2018, de 11 de septiembre). Como dice
la sentencia 1729/2025, de 26 de noviembre, el art. 217 LEC no
determina quién debe probar o cómo han de probarse ciertos hechos, ni qué
niveles de prueba son exigibles, sino establecer las consecuencias de la falta
de prueba suficiente de los hechos relevantes (SSTS 189/2016, de 18 de
marzo; 316/2016, de 13 de mayo; 603/2022, de 14 de
septiembre y 911/2022, de 11 de octubre), en cuyo caso el juez
estimará o desestimará las pretensiones deducidas en función de a quien
corresponda la carga de su demostración.
En fin, en palabras de la sentencia
443/2026, de 23 de marzo, el problema de la carga de la prueba es el de la
falta de prueba, de modo que solo se vulnera el art. 217 LEC cuando
se atribuyen las consecuencias negativas de un hecho dudoso a la parte a quien
no corresponde su acreditación, pero no cuando la decisión se funda en pruebas
efectivamente practicadas y valoradas. De ahí que, metodológicamente, antes de
examinar la eventual infracción de dicha norma, deba verificarse si los hechos
relevantes para la decisión han quedado o no acreditados.
En este caso, la sentencia recurrida no
resuelve el litigio sobre la base de una situación de incertidumbre fáctica ni
desplaza las consecuencias de la falta de prueba, sino que parte de un conjunto
de hechos que declara acreditados a partir de la prueba practicada, por lo que
no existe ninguna vulneración del art. 217 LEC. Declara probado, con apoyo
en la prueba testifical, que la sociedad cooperativa Hibiscus tenía como objeto
exclusivo procurar viviendas a sus socios y familiares y que se disolvió cuando
se realizaron las adjudicaciones. También consideró acreditada la relación
contractual existente entre el arquitecto técnico y el arquitecto superior por
reconocimiento expreso de ambos. En el caso del arquitecto técnico, la
Audiencia estimó relevante que a preguntas de la parte actora en el acto de la
vista reconociera que había sido contratado por la cooperativa Hibiscus, pese a
que luego se desdijera al responder a las preguntas de su letrado.
La sentencia recurrida no utiliza ningún
mecanismo de inversión de la carga probatoria. Sí tiene en cuenta el principio
de facilidad y disponibilidad probatoria del art. 217.7 LEC, que no se
cita como infringido, cuando razona que los demandados estaban en mejor
posición para aportar los contratos de arrendamiento de servicios firmados con
cualquier otra entidad que no fuera la cooperativa, y que dichos contratos no
habían sido aportados.
Tampoco se aprecia vulneración del art.
265 LEC, que además no es una norma reguladora de la sentencia, precisamente
porque la comunidad de propietarios no tenía por qué disponer de unos contratos
de arrendamiento de servicios en los que no había sido parte, ni tales
documentos forman parte del ámbito estricto del art. 265.1.1.º («[l]os
documentos en que las partes funden su derecho a la tutela judicial que
pretenden»), pues podía suceder, como de hecho ha sucedido, que las partes
demandadas no negaran el hecho, por lo demás previsible, de haber firmado los
correspondientes contratos con la cooperativa. Es más, el arquitecto superior,
en la página 8 del recurso, dice literalmente que «[e]sta parte nunca ha
cuestionado que el arquitecto fue contratado por la Sociedad Cooperativa
andaluza Hibiscus, por lo que ninguna demostración en este sentido se requería,
pues no fue un hecho controvertido por las partes, ahora bien los términos de
dicho contrato [...] no han sido acreditados en el proceso ni por quien reclama
su incumplimiento». Este reconocimiento apuntala aún más la carencia de
fundamento del recurso por infracción procesal basado en los arts.
217 y 265 LEC.
3.Los motivos relacionados con la infracción
del art. 386 LEC y con la lógica del juicio de inferencia de la
llamada prueba de presunciones serán también desestimados.
Es reiterada la jurisprudencia de esta sala
según la cual las presunciones no operan como medios de prueba, pues no figuran
como tales dentro de la relación del art. 299 LEC, a diferencia de lo que
sucedía con en el derogado art. 1215 CC. En la LEC 1/2000, el Libro II,
Título I, Capítulo VI, se denomina precisamente «De los medios de prueba y las
presunciones», configurándolas como entidades jurídicas distintas, Y de ahí que
la jurisprudencia no las repute como medios de prueba, sino como auténticos
procesos pensantes (SSTS 653/2022, de 11 de octubre; 987/2023, de 20 de
junio; 1724/2023, de 12 de diciembre y 762/2025, de 14 de mayo),
para que, con fundamento en unos hechos base, debidamente demostrados,
construir una consecuencia fáctica, al existir entre ellos un vínculo preciso y
directo según las reglas del criterio humano.
Con todo, lo importante es que la Audiencia
realmente no aplica el art. 386 LEC ni acude al juego de las
presunciones para llegar a la conclusión de que las acciones que en origen
correspondían a la cooperativa por los defectos constructivos fueron
transmitidas a los cooperativistas cuando se produjo la disolución. Ni siquiera
estamos ante una valoración probatoria, sino ante una cuestión jurídica de
fondo, que excede del marco puramente procesal, y que será analizada al tratar
los recursos de casación.
SEXTO.-Resolución de los recursos de
casación. Agrupación de motivos. Decisión de la sala. Desestimación
1.Como sucedía con los motivos de los recursos
por infracción procesal, los dos recursos de casación presentan un contenido
similar, sin perjuicio de algunas variantes colaterales que no impiden el
estudio conjunto de los distintos motivos planteados por las partes.
2.El sustento argumental de los recursos que
se apoya en la falta de relación contractual entre los recurrentes y la
cooperativa conduce a la carencia manifiesta de fundamento de los motivos de
casación basados en la inexistencia o el desconocimiento del contenido de dicha
relación contractual, ya que alteran la base fáctica de la sentencia recurrida,
que debe ser mantenida en casación, salvo que prospere un recurso
extraordinario por infracción procesal basado en la errónea valoración de las
pruebas, que en este caso ni siquiera ha sido planteado.
La sentencia 607/2025, de 22 de abril,
entre otras muchas, explica las razones que justifican la necesidad de respetar
los hechos probados en el recurso de casación:
«Sobre la necesidad de respetar los hechos
probados en el planteamiento de la controversia jurídico-sustantiva objeto de
casación se pronuncian, entre otras muchas, las sentencias 251/2023, de 14
de febrero, y 1754/2023, de 19 de diciembre. Esta última recuerda que la
finalidad nomofiláctica de control de la aplicación de la norma y de creación
de doctrina jurisprudencial que caracteriza al recurso de casación impone el
cumplimiento de unas exigencias técnicas muy concretas y un mayor rigor formal,
«pues la tutela judicial efectiva en los procesos civiles se satisface
ordinariamente con dos instancias». La técnica casacional «exige razonar sobre
la infracción legal, prescindiendo de los hechos y de la valoración probatoria
[...]», y «plantear al Tribunal Supremo cuestiones jurídicas sin apartarse de
los hechos», toda vez que «el objeto del recurso de casación es la revisión del
juicio jurídico [...], lo que supone examinar únicamente la corrección de la
interpretación y aplicación de la norma llevadas a cabo por el Tribunal "a
quo", comprobando la aplicación al supuesto de hecho previsto en la ley
del previo juicio de hecho y la aplicación al caso enjuiciado de la norma
sustantiva en sí misma, de tal modo que el juicio fáctico queda siempre al margen
del recurso de casación». Por ello, los motivos del recurso de casación deben
respetar la valoración de la prueba contenida en la sentencia recurrida, lo que
implica: (i) que no se puede pretender una revisión de los hechos probados ni
una nueva valoración probatoria; (ii) que no pueden fundarse implícita o
explícitamente en hechos distintos de los declarados probados en la sentencia
recurrida, ni en la omisión total o parcial de los hechos que la Audiencia
Provincial considere acreditados (petición de principio o hacer supuesto de la
cuestión). [...]
»3.La falta de respeto a la base fáctica
determina, según jurisprudencia reiterada (p.ej. las citadas sentencias
251/2023 y 1754/2023, y las sentencias 622/2023, de 27 de
abril, 284/2022, de 4 de abril, y 686/2019, de 17 de diciembre) que
concurra la causa de inadmisión de carencia manifiesta de fundamento
del art. 483.2.4.º LEC, apreciable en sentencia como razón para desestimar
el recurso, sin que obstaculice esta conclusión el que el recurso en su día
fuera admitido a trámite, por el carácter provisorio de la admisión acordada
inicialmente, al hallarse sujeta a un examen definitivo en la sentencia
(p.ej. sentencias 1569/2024, de 20 de noviembre, y 1503/2024, de 12
de noviembre, con cita de las sentencias 97/2011, de 18 de
febrero, 548/2012, de 20 de septiembre, 564/2013, de 1 de octubre,
y 146/2017, de 1 de marzo)».
3.Desde el punto de vista de la legitimación
activa de la comunidad de propietarios para ejercitar las acciones de
responsabilidad contractual que en origen correspondían a la cooperativa, hemos
de recordar, con la sentencia 666/2026, de 4 de marzo, que desestimó un
recurso fundado en el principio de relatividad de los contratos del art.
1257 CC, planteado en términos similares a los que ahora se invocan, con estos
argumentos:
«[el recurso] parte de la premisa de que la
acción contractual solo puede ser ejercitada por quienes suscribieron
directamente el contrato con la promotora, de modo que los actuales comuneros
-en cuanto adquirentes posteriores-carecerían de legitimación para reclamar.
Sin embargo, tal planteamiento no puede ser acogido, en la medida en que
desconoce [...] la doctrina jurisprudencial de esta sala sobre la legitimación
de los adquirentes sucesivos. Así, la sentencia 494/2022, de 22 de
junio, con cita de las sentencias 597/1997, de 30 de junio,
y 269/2011, de 11 de abril, en un supuesto en el que se discutía la falta
de correspondencia entre las calidades constructivas entregadas y las ofertadas
por la promotora, habiéndose estimado en instancia la demanda de los
adquirentes directos y desestimado la de los segundos adquirentes por falta de
legitimación al no existir cesión expresa de acciones por parte de quienes
compraron directamente de la promotora, y en el que en casación se denunció la
infracción de los arts. 1101 y 1124 CC en relación con
el art. 1257 del mismo texto legal, declaró que «los recurrentes (como
segundos adquirentes de la viviendas) están legitimados para reclamar en este
procedimiento, en defensa de sus derechos, adquiridos derivativamente en base a
la compraventa de los anteriores titulares, que nunca renunciaron a sus
derechos».
Resulta, pues, irrelevante, tanto el hecho de
que no se haya aportado una lista de cooperativistas como la acreditación de la
coincidencia exacta entre los antiguos miembros de la cooperativa y los
actuales integrantes de la comunidad de propietarios demandante.
4.Por otro lado, es también doctrina reiterada
de esta sala la que reconoce la legitimación de las comunidades de propietarios
para ejercitar acciones contra los agentes de la construcción por vicios o
defectos, con base en la LOE o en el régimen general de responsabilidad
contractual, incluso aunque esos vicios o defectos afecten a elementos
privativos. La sentencia 666/2026, de 4 de mayo, razona sobre esta
cuestión:
«Finalmente, la conclusión alcanzada por la
sentencia recurrida en relación con la legitimación activa de la Comunidad se
ajusta a la doctrina jurisprudencial de esta Sala, que ha reconocido de forma
reiterada dicha legitimación para reclamar por los daños causados tanto a
elementos comunes como privativos, incluso cuando la acción ejercitada tenga
fundamento contractual (por todas sentencias 383/2017, de 16 de
junio, 555/2015, de 7 de octubre, y 278/2013, de 23 de abril) [...].
[S]iendo la Comunidad -esto es, el conjunto de los actuales comuneros- la
directamente perjudicada por tales defectos, actuando a través de su
presidente, que ostenta su representación legal en juicio y fuera de él en
todos los asuntos que le afecten (artículo 13.3 LPH), de modo que carecería de
sentido negar dicha legitimación por el hecho de que los actuales comuneros no
fueran los compradores originarios, quienes, de haber transmitido sus
viviendas, ya no serían titulares de los derechos afectados por los defectos
constructivos existentes en el edificio».
La sentencia 278/2013, de 23 de abril,
que cita otras anteriores (de 18 de julio de 2007, 30 de abril de 2008 y 16 de
marzo de 2011 y 8 de julio de 2003) explica de las comunidades de propietarios
«gozan de legitimación "para demandar la reparación de los daños causados
tanto a los elementos comunes como a los privativos del inmueble - STS de
26 de noviembre de 1990.-, y no puede hacerse por los extraños discriminación
en punto a si los distintos elementos objetivos son de titularidad dominical
privada o común», a lo que añade:
«Con ello en modo alguno se vulnera
el artículo 24 CE, por cuanto la legitimación se identifica con la
propiedad del inmueble cuya reparación se interesa, siendo la indefensión más
aparente que real pues en ningún caso se han planteado cuestiones relativas al
propio contrato, como cláusulas exonerativas o arbitrales que, de haberse
invocado, se hubieran tenido en cuenta previa justificación mediante la
aportación de los contratos».
5.Respecto del régimen de autopromoción en
sistemas cooperativos, la sentencia 756/2014, de 7 de enero de 2015, en
relación con una cooperativa que aún no se había disuelto porque no todas las
viviendas habían sido objeto de adjudicación, razona:
«En el mismo sentido, hemos admitido la
legitimación de una cooperativa que no se encontraba disuelta en el momento de
interponer la demanda para exigir responsabilidad a la constructora por la mala
ejecución de la obra, aunque hubiera procedido a transmitir las viviendas a los
cooperativistas y a terceros, pues «como promotora que es conserva su
legitimación, ya que en ningún caso la legitimación de los propietarios borra
la legitimación de los?promotores».
Se admite, pues, en estos casos, una
legitimación dual que está justificada, desde las exigencias del art. 10
LEC, por la titularidad de la situación jurídica controvertida, esto es, por la
identificación en cada caso de quién o quiénes se han visto perjudicados por
los daños asociados a las patologías constructivas que están en la base de la
responsabilidad contractual. De ahí que no sea especialmente relevante para la
resolución de los recursos el hecho, no debidamente acreditado, de que la comunidad
de propietarios hubiera intentado ejercitar acciones contra la cooperativa en
su condición de promotora, pues realmente solo se reconoce la existencia de un
acto de conciliación sin avenencia, y la sentencia de primera instancia recoge
la incertidumbre sobre la existencia y terminación de ese eventual proceso.
La sentencia 274/2009, de 27 de abril, en
un caso en el que la demanda había sido interpuesta por una parte de los
propietarios (en lugar de hacerlo a través de la comunidad), tiene en cuenta
que, una vez adquirida la titularidad real de las viviendas por sus
adquirentes, estos poseen la facultad de interponer las acciones que les
competan en defensa de sus derechos aunque antes hubieran estado integrados en
una cooperativa:
«La demanda no ha sido promovida por
"COOPERATIVA DE VIVIENDAS covilega", sino por los titulares de
viviendas unifamiliares merced al ejercicio de acciones por incumplimiento
contractual y por responsabilidad decenal derivada de vicios constructivos.
»Nos encontramos ante un contrato de ejecución
de obra, donde una de las partes, concretamente la propiedad, está compuesta
por una gran variedad de personas que, aunque incluidas en una Cooperativa, son
los destinatarios finales de todos los derechos y obligaciones contractuales,
con la carencia por sí mismas de la posibilidad física de vigilar la
observancia de la actividad constructiva llevada a cabo, cuya labor
correspondía a la sociedad gestora y la Dirección Facultativa; desde esta
perspectiva, una vez adquirida la titularidad real de las viviendas, poseen la
facultad de interponer las acciones que les competan en defensa de sus
derechos».
Esta conclusión es extrapolable a los
supuestos en que, como el que ahora enjuiciamos, los adquirentes no litigan a
título individual, sino a través de la comunidad de propietarios que han
formado.
También la sentencia 103/2013 -aunque
realmente corresponde al año 2014-, de 28 de febrero de 2014, que analiza
acciones de origen contractual, apunta:
«La cooperativa demandante asume una posición
de defensa de los intereses de sus miembros o cooperativistas que le capacita
para ejercitar cualquier acción en defensa de los intereses concertados con los
mismos».
6.La sentencia recurrida respeta y aplica este
conjunto jurisprudencial, por lo que no existe la vulneración del art.
1257 CC que denuncian los dos recursos.
7.Por lo demás, los hechos probados que, como
se ha indicado, no han sido impugnados a través del oportuno recurso por
infracción procesal, justifican la responsabilidad contractual de los
recurrentes, de modo que tampoco existe vulneración alguna de los arts.
1101 y 1145 CC.
SÉPTIMO.- Costas y depósitos
1.De acuerdo con lo previsto en el art.
398.1 LEC, en relación con el 394.1 LEC, las costas de los recursos
extraordinario por infracción procesal y de casación deben ser impuestas a los
recurrentes.
2.Procede acordar también la pérdida de los
depósitos constituidos, de conformidad con la disposición adicional 15ª,
apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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