Auto del Tribunal Supremo de 25 de enero de 2017 (D. FRANCISCO
JAVIER ARROYO FIESTAS).
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PRIMERO.- El presente conflicto de
competencia se plantea entre el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Alcalá de
Henares y el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Guadalajara.
El Juzgado de Primera Instancia n.º
6 de Alcalá de Henares declaró su falta de competencia territorial con base en
que al momento de interponerse la demanda el domicilio de la demandada y de la
hija menor se encontraba en la localidad de Guadalajara, hecho conocido por el
actor y que fue ocultado en la demanda.
El Juzgado de Primera Instancia nº 1
de Guadalajara rechazó su competencia al estar el domicilio real de la
demandada al momento de interponerse la demanda en la localidad de Alcalá de
Henares, aplicando el principio de la perpetuatio jurisdiccionis, indicando que
en cualquier caso la inhibición se produjo de forma extemporánea al no haberse
producido inmediatamente después de interpuesta la demanda sino una vez que ya
se ha contestado la demanda.
SEGUNDO.- Visto el planteamiento de
la presente cuestión de competencia debemos tener en cuenta lo siguiente: a)
Dado lo controvertido del límite temporal en cuanto a la apreciación de la
competencia territorial, esta Sala, reunida en Pleno, ha dictado Auto de fecha
9 de septiembre de 2015, conflicto nº 87/2015, en el cual se establece la
siguiente doctrina: "...ante esa disparidad de criterios esta Sala declara
ahora, constituida en Pleno, que no cabe dar un mismo tratamiento procesal a la
competencia objetiva y a la territorial, y que la necesidad de conciliar el
tenor del art. 58 LEC, que opta por limitar el control de oficio al momento
inmediatamente posterior a la presentación de la demanda, con lo dispuesto en
los arts. 416 y 443.3 LEC, que posibilitan un control de oficio en momentos
posteriores, aconseja adoptar una solución intermedia, consistente en que el
control de oficio de la competencia territorial durante la fase declarativa de
los juicios ordinario y verbal tenga su límite, respectivamente, en el acto de
la audiencia previa y en el acto de la vista.".
b) En cuanto a la competencia
territorial para conocer de las medidas paterno filiales, sobre guarda y
custodia y alimentos de un menor, conforme al art. 769.3 LEC, viene determinada
por el domicilio común de los progenitores y, para el caso de que residan en
distintos partidos judiciales habrá de estarse al domicilio de la demandada o
de la residencia del menor a elección del demandante, siendo esta regla la
aplicable según numerosos autos de esta Sala, entre otros, de 28 de junio de
2002 (conflicto n.º 1090/01), 24 de octubre de 2002 (conflicto n.º 19/02), 11
de febrero de 2003 (conflicto n.º 27/02), 11 de junio de 2003 (conflicto n.º
14/03), 19 de diciembre de 2003 (conflicto n.º 38/03), 22 de octubre de 2004
(conflicto n.º 60/04), 25 de enero de 2007 (conflicto n.º 172/06), 19 de
diciembre de 2008 (conflicto n.º 143/08), 21 de septiembre de 2010 (conflicto
n.º 327/10), 13 de septiembre de 2011 (conflicto n.º 115/11), 15 de noviembre de
2011 (conflicto n.º 188/2011), 10 de enero de 2012 (conflicto n.º 176/2011), 9
de abril de 2013 (conflicto n.º 174/2013), 18 de marzo de 2015 (conflicto n.º
30/2015) y 8 de julio de 2015 (conflicto n.º 100/2015).
Mas en concreto esta Sala en Auto de
fecha 17 de junio de 2008 Rec 185/2007 establece: "El artículo 769 LEC
2000 a fin de atribuir la competencia para conocer de los procesos a que se
refiere el Capítulo IV del Título Primero del Libro Cuarto de aquella norma,
establece criterios diferentes según los mismos tengan por objeto situaciones
de crisis matrimonial o versen exclusivamente sobre guarda y custodia o
alimentos relativos a hijos menores.En los últimamente mencionados y para el
caso de residir los progenitores en distintos partidos judiciales -como aquí
sucede- se concede opción al demandante entre el Tribunal del domicilio del
demandado o el de residencia del menor. Evidentemente la distinción a que nos
referimos que coincide con la regla de competencia que para las acciones
relativas a la asistencia o representación de incapaces fija el artículo 52-5º
de la misma Ley, encuentra su fundamento en la circunstancia de que la tutela
de los intereses de los menores -como la de los incapacitados- se obtendrá más
fácilmente ante los Juzgados de sus propios domicilios, evitándoles los
dispendios y trastornos que generalmente suele comportar el sostener el litigio
en puntos alejados del mismo.", y en la misma línea el Auto de esta Sala
de 29 de enero de 2009, Recurso 211/2008.
TERCERO.- Atendida la doctrina de
esta Sala que se acaba de exponer la competencia para conocer del presente
recurso le corresponde al Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Guadalajara por
las siguientes razones: a) El Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Alcalá de
Henares al haber apreciado de oficio su falta de competencia territorial con
posterioridad a la contestación a la demanda pero antes de la celebración de la
vista estaba dentro del límite para ello debiendo en consecuencia rechazarse la
alegación de apreciación extemporánea realizada por el Juzgado de Primera
Instancia n.º 1 de Guadalajara.
b) El domicilio de la demandada, así
como de la hija menor al momento de interponerse la demanda estaba en la
localidad de Pioz (Guadalajara) al constar empadronadas en dicha localidad
desde el 4 de octubre de 2014, esto es, con anterioridad a la interposición de
la demanda, la cual se produjo con fecha 18 de febrero de 2015.
c) Por todo esto, y de conformidad
con el principio de supremacía del interés del menor que proclama con carácter
general el art. 2 de la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero de Protección
Jurídica del Menor, acreditado que los progenitores residen en partidos
judiciales distintos y que la demandante ha optado por el domicilio de la
demandada, lugar en el que igualmente reside la menor, esto es, Pioz, partido
judicial de Guadalajara, procede declarar la competencia territorial del
Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de esta última localidad.
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